Obras Sociales

Obras sociales, contexto y situación actual. Corrientes, Argentina

PAMI: Falta plata y tiempo, sobran vidas

El mal financiamiento de la obra social PAMI provoca un gran costo de tiempo y recursos al sector de salud en la provincia. Los principales afectados son los afiliados, sobre todo los de 60 años en adelante. La demanda de pacientes aumenta, la demora en la atención también y los pagos e ingresos disminuyen. El precio de los insumos sube, los pedidos no llegan y las listas de espera crecen. Lo que no aumenta ni mejora es el tiempo y la salud de los pacientes. Pero no es solo el PAMI ¿Qué está pasando? Esta investigación lo revela.

Contexto de las obras sociales

Es de conocimiento general que las obras sociales son una herramienta sumamente útil para los pacientes y que estos no necesiten pagar por los servicios de salud. Pero ¿cómo está funcionando realmente esta herramienta? y ¿qué tan rentable resulta tener una obra social? Son dos preguntas que orientan el principio de esta investigación. En primer lugar, resulta necesario explicar qué es una obra social, de manera sencilla; es una organización que presta atención sanitaria y social a los trabajadores y sus familias, que forma parte de la seguridad social y se financia con los aportes de los trabajadores y los empleadores, está sujeta al control estatal e integrada al Sistema Nacional del Seguro de Salud y debe cubrir todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Según los datos del equipo de abogados de “Amparando Salud”, actualmente en la Argentina existen 292 obras sociales nacionales que brindan atención de salud a más de 25 millones de personas. Se clasifican en tres tipos: las nacionales, las provinciales y las creadas por ley especial. Este último grupo son obras sociales que no se encuentran controladas por ningún organismo público, surgieron para brindar atención médica a trabajadores de ciertos organismos o grupos poblacionales específicos; se destaca dentro de ese grupo, para esta investigación, el INSSJyP (conocido como PAMI) de la Ley 19.032 y las empresas de medicina prepaga (Ley 26.682). También clasifica lo que el PMO debe dar: 1. Atención médica 2. Internación 3. Medicamentos. Con toda esta información se puede ver que, de manera general, hay suficientes organismos para la cobertura de salud que se necesite y resultan fundamentales para el sistema de salud que hay en el país.

Sin embargo, respondiendo a la primera pregunta, el sistema de cobertura de la salud no funciona tan bien. En primer lugar, porque existen casos de denegación de tratamientos, medicamentos o de la continuidad de la obra social luego de la jubilación, es decir, personas que quedan desamparadas ante el sistema como, por ejemplo, el caso de Guadalupe Pazos de 41 años que le detectaron, luego de 4 meses de consultas en hospitales, guardias y consultorios, un cáncer del tejido linfático y se enteró que su obra social no cubría todos los estudios para poder tratárselo. En segundo lugar, por el financiamiento que reciben las obras sociales; según el trabajo elaborado por Adecra+Cedim -la cámara nacional que nuclea a más de 420 instituciones de salud privada entre ellas clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio- la Argentina está sumida en una severa crisis laboral estructural que dibuja una situación en la que el empleo formal en relación de dependencia, el del sector público y el monotributo crecieron, pero no constituyen una fuente de financiamiento genuino, sumado a que también subió el número de los adultos mayores de 65 años, "producto del proceso de envejecimiento", y el del  empleo informal; por lo tanto, "Si el PBI no crece, pero la población sí, hay cada vez más bocas que alimentar con la misma cantidad  de panes", resumió Jorge Colina, asesor económico de la Cámara. En tercer lugar, la situación del copago, en el que los propios pacientes se ven en la situación de hacer pagos particulares al médico o, incluso, en cuarto lugar, la denegación de la asistencia o prestación médica por parte del personal de salud. Estas, entre otras razones, se desarrollan en la investigación.

Esto último ya responde a la segunda pregunta. Sí, es rentable tener una obra social, pero no garantiza cubrir todos los medicamentos, estudios o prestaciones. Tampoco garantiza que el personal de salud se limite a cobrar simplemente lo que le otorga la obra social, ni tampoco promete que la velocidad en el tratamiento o la atención sean las más adecuadas, no solo por la falta de financiamiento, sino también por el atraso en los pagos. Es decir, el sistema funciona, pero la rentabilidad cada vez empeora debido a la desestructuración, inconsistencia financiera y asignación ineficiente de los recursos. Esto plantea un escenario de costos y trabas dentro del sistema de salud donde las personas se encuentran en una especie de laberinto de trámites y arreglos, pero ¿cómo afecta esta situación a las personas mayores de 65 años, el grupo más vulnerable de la sociedad, y cómo lo resuelve o maneja el PAMI? Esa es la pregunta que orienta el desarrollo de esta investigación.

PAMI: situación actual

A partir de los datos recabados y las declaraciones por parte de Adecra+Cedim, actualmente el PAMI cubre a un sector de la población que crece cada vez más, pero siempre con la misma regla de financiamiento. El 11% de la población argentina tiene más de 65 años. Según los datos publicados por el PAMI, para marzo de 2022, hay en la provincia de Corrientes 423.840 personas afiliadas, de las cuales 101.205 son mayores de 60 años en adelante. Estas cifras nos hablan de un número significativo para una provincia con 1.197.553 de habitantes, de las cuales más de un 35% de esas personas requieren del funcionamiento de esta obra social para obtener medicamentos, prótesis, asistencia, estudios, pruebas y poder acceder económicamente a servicios o prestaciones médicas más complejas.

El funcionamiento del PAMI se vio afectado con gravedad en este año debido al ciberataque de hackers que dejó inactivo el sistema para poder acceder a la app y conseguir turnos o validar recetas. Estos lograron publicar 1.6 millones de archivos, prácticamente 830 GB de datos sobre historias clínicas, estudios y todo tipo de datos personales que vulneran la el derecho a la confidencialidad y la seguridad personal de los afiliados. De parte del PAMI se había informado que los servicios de atención se renovarían automáticamente, pero la Defensoría de la Tercera Edad informó una triplicación en el número diario de denuncias de adultos mayores en las semanas siguientes. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, se vio en la situación de autorizar las ventas de la industria farmacéutica y de productos médicos sin la información que posibilita su trazabilidad nacional.

Para el desarrollo de esta investigación resulta importante remarcar este suceso y la importancia de las declaraciones o informes por parte de la Defensoría de la Tercera Edad, y también las acciones que realiza la ANMAT para que se pueda entender el contexto en el que está inserta la investigación y la reciente situación por la que tuvo que atravesar el PAMI. Resulta menester aclarar que la Defensoría de la Tercera Edad se trata de una entidad pública que busca velar, resguardar, asegurar y defender los derechos de las personas mayores, según lo establecido en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y en la Ley 27.360 de Protección de los derechos humanos en los adultos mayores. Dentro de los derechos que menciona la convención, se destacan los siguientes para la labor de esta investigación:

o   Igualdad y no discriminación por razones de edad. Queda prohibida la discriminación por edad en la vejez.

o   Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.

o   Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

o   Derecho a la salud.

o   Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo.

La importancia de esta organización cobra mayor relevancia cuando esos derechos se encuentran vulnerados y es uno de los espacios que recibe sus denuncias o la de sus familiares. Un dato importante, dentro del carácter revelador de la investigación, es que la provincia de Corrientes cuenta con un organismo equivalente, a nivel administrativo, a la Defensoría de la Tercera Edad que es la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes. Esta información se considera de utilidad y de carácter importante cuando se habla acerca de la situación del PAMI y sus afiliados mayores a 60 años.

Otra situación que se presenta es la incapacidad de resolución por parte del PAMI cuando su sistema cae, lo que provoca que las farmacias no puedan comprobar el precio y el descuento de los medicamentos para ciertos afiliados. Esto ya lo menciona el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Corrientes, Ricardo Peris, cuando a principios de este año se encargó de responder por qué ocurre esta situación y culpar al sistema del PAMI que ya se había caído por aquel entonces; también esto significa un doble esfuerzo por parte de las farmacias para anotar y avisar después a los afiliados cuando regrese el sistema para poder darles sus medicamentos. Otra consecuencia es la, evidente, espera que deben transitar para poder recibir la medicación, y en las personas de tercera edad, es lógico asumir y entender, que el tiempo es un factor que adquiere un nivel de importancia mucho mayor.

Un problema que tiene lugar cuando se habla de obras sociales es la falta de abastecimiento o stock. Por ejemplo, una situación que se presentó en la provincia a principios de este año fue la falta de pañales para adultos. En su momento el director ejecutivo de Unidad de Gestión Local (UGL) Corrientes de PAMI, Cristian Ruíz Aragón, dijo que se debía a que las farmacias no “stockean” de manera adecuada, delegando la mala administración y distribución. Otra situación se presenta con la falta de insumos médicos importados para el diagnóstico clínico y la realización de cirugías y trasplantes, lo que deriva en la suspensión, en el mejor de los casos reprogramación, de dichos procedimientos. Así es como se presentaba la situación en julio de este año según las declaraciones del director del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, quien también dibujaba la situación llena de incertidumbre, y que se ponía en riesgo la vida de los pacientes. Otra consecuencia que deriva de la misma falta de ingresos es la que menciona el Dr. Guillermo Duré, presidente del Colegio de Bioquímicos, acerca de porqué los laboratorios de análisis clínicos dejaron de atender a pacientes de obras sociales y prepagas, donde explica que se trata de un aumento exponencial de los insumos importados, incluso los más básicos como las jeringas, que se tienen que comprar en dólares; incluso remarca que, como el acceso al dólar oficial es imposible, “debemos ir al dólar blue y hace que todo sea más caro”.

Esta clase de inconvenientes perjudican a los afiliados y la respuesta que suelen recibir es que pueden dejar su denuncia en la oficina local del PAMI. No solo evidencia una situación de destrato y un tanto cruel frente a los afiliados, sino que también se suma a otros inconvenientes, como pude ser la clara falta de personal profesional en las localidades del interior que trabajen con la obra social, un problema que ya se empezaba a mencionar desde la sede de PAMI en Goya durante el año 2021 debido a la falta de arraigo en los profesionales a causa de los bajos sueldos; esta sigue siendo una problemática actualmente, empeorando la situación para los afiliados a obras sociales. También resulta desventajoso para los propios afiliados residir en zonas muy alejadas ya que se puede ver con frecuencia la derivación de los pacientes en el interior hacia la capital o centros urbanos más grandes para, por ejemplo, la realización de procedimientos de mediana o alta complejidad, como intervenciones quirúrgicas o trasplantes de órganos, pero también les resulta más sencillo a los afiliados la obtención de prótesis y ortesis como pueden ser muletas, sillas de rueda, bastones, entre otros.

Un contexto que también resulta importante es los ingresos que reciben los afiliados que ya están jubilados, es decir, si el dinero que reciben por su jubilación les alcanza para poder pagar los medicamentos y otras prestaciones de salud. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, habla acerca de esta situación a nivel país, sostiene que los jubilados apenas llegan a cubrir sus necesidades en un 30%, en otras palabras, si pagan las expensas, no pueden comprar sus medicamentos. Actualmente, para el mes de noviembre, los titulares de jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en noviembre el mismo monto de haberes que en septiembre, cuando se hizo el ajuste del 23, 29% por la Ley de movilidad. Las jubilaciones mínimas están en $87.459,76 pesos y el haber máximo en $588.521,35 pesos. También se les da un bono adicional de 37.000 a quienes reciban los haberes más bajos. En Corrientes recién pudieron terminar de cobrarse en el mes de octubre las prestaciones y bonos de septiembre. Estos números apuntan a que ningún jubilado cobra menos de $124.460 pesos. Eso es bajo teniendo en cuenta la inflación que supera el 100% con posible camino hacia una hiperinflación y donde la variedad de medicamento para las personas mayores de 60 años, normalmente, constituye una polifarmacia en la que cada paciente consume entre tres y cuatro medicamentos diariamente.

Financiamiento

Ahora, la pregunta importante se encuentra en cuánto dinero le otorga la obra social al personal médico por atender a sus afiliados, qué tan rentable y fiable les resulta lo que les paga y, desde el lado del paciente, qué tan útil es y cuántos descuentos se les otorga. Estos datos tienen la intención de revelar el financiamiento por parte de la obra social y entender por qué ocurren las situaciones y posibilidades planteadas en la hipótesis de esta investigación. No se busca cuestionar el manejo del financiamiento ni tampoco denunciar la falta de ingresos, es una observación de la realidad basada en datos y visiones del tema.

Un dato importante al hablar de esto es el nuevo plan de médicos de cabecera PAMI 2023, donde según los datos que la misma obra social otorga, se incluye: un aumento de hasta un 600% en el valor de las consultas, un pago por cada consulta realizada y el pago fijo para tareas administrativas. Lo novedoso del nuevo modelo es un sistema mixto que combina la asignación fija mensual con una retribución adicional por consultas especiales y, desde el propio PAMI, justifican este plan con la intención de aumentar la cantidad de turnos disponibles y se reduzca el tiempo de espera de los afiliados para que reciban atención médica; razones que demuestran que lo planteado en la hipótesis es un problema real.

Luego, otro dato “positivo”, para otorgarle alguna connotación, sería que por parte del gobierno nacional se anunció la universalización del programa alimentario del PAMI para todos los afiliados con más de 60 años que se encuentren en el haber medio y mínimo, y pasa a beneficiar a más de tres millones de personas. A nivel local, en la provincia de Corrientes los que se benefician son 80.000 afiliados. También corresponde mencionar, relacionado a los beneficios, los descuentos de medicamentos para los afiliados ya que el PAMI es, actualmente, la que tiene mayor cobertura de medicamentos en el país y, en abril de este año, incorporaron 200 más; según estos datos, las personas afiliadas se deberían de ahorrar aproximadamente unos 17.600 pesos por mes. Es importante este tipo de datos porque hablan de beneficios a los afiliados y al personal de salud, pero la intención no es quedarse solo con esto.

El ingreso que reciben los médicos de cabecera del PAMI, según los datos publicados por “Glassdoor” – una página de conversaciones en el lugar de trabajo, impulsada por la misión de ayudar a encontrar trabajos y empresas –, que toma en cuenta el mercado laboral, junto con otros tipos de pago como bonos en efectivo, bonos de acciones, reparto de ganancias, comisiones de ventas y propinas; establece que el sueldo promedio por año es de $1.352.997 pesos. Esa información aparece como estimativa teniendo en cuenta tres informes de sueldos que fueron proporcionados por empleados a la página y que, al calcular los bonos y remuneraciones adicionales, se estableció ese promedio. La intención de esta información es compararla con la siguiente.

El sueldo de un médico de cabecera del PAMI siempre depende de la cantidad de pacientes que tenga asignado, pero siempre recibe el ingreso, independientemente de que atienda o no a los pacientes, ese dato es importante a tener en cuenta para más adelante, pero esto significa que no dependen de la atención. Actualmente, según los datos provistos por la médica que se contactó, para noviembre de 2023, el sueldo fijo por mes de un médico de cabecera en la provincia de Corrientes es de $296.400 pesos, un monto que no es suficiente, en la mayoría de los casos para cubrir el costo de todos los insumos o prestaciones médicas. Por otro lado, en el caso de los hospitales o clínicas privadas, cada uno tiene su sistema a la hora de recibir y distribuir el ingreso que reciben del PAMI.

En los hospitales de la provincia, como por ejemplo el Vidal, tienen un fondo en común donde se recibe el dinero procedente de todas las obras sociales, donde también está el PAMI, y en su caso al no tener médicos de cabecera relacionados a alguna obra en particular, ya que en principio los hospitales están destinados a personas sin obra social, lo que se hace es agruparlo todo en ese fondo y luego se dividen los ingresos según una normativa provincial. Las áreas que más se cubren con este ingreso son las de farmacia, para la reposición de insumos, la del personal de enfermería y la de ciertas especialidades médicas que no tienen un convenio directo con el PAMI u otra obra social, como puede ser el caso de los cirujanos. Esta información suele representar el modus operandi en las instituciones de salud de carácter gratuito en la provincia, obviamente pueden existir variaciones, pero en general no suele haber ningún tipo de preferencia o elección en las obras sociales o ingresos que se reciben en los hospitales, ni tampoco situaciones de pagos particulares, ya que también se pone en riesgo la reputación y calidad del servicio médico de la institución.

En el caso de las clínicas es similar, pero tiene aspectos que las diferencian claramente. En primer lugar, sí trabajan con médicos de cabecera y personal de salud que realiza atenciones particulares, es decir, el entorno de trabajo ya es distinto y se presentan situaciones y casos diferentes; también se trata de un contexto donde la posibilidad de que exista un copago por parte del paciente es más alta, a pesar de estar cubierto por una obra social. Sin embargo, es importante destacar que en el caso de PAMI no suele ser frecuente esta clase de trato porque el paciente que se atiende, la mayoría de veces, pasa la edad de 60 años, son personas jubiladas y el contacto con el paciente, según comenta la médica que dio la información, es más delicado; sumado a la imagen negativa que te da querer cobrar a un afiliado del PAMI. Incluso la propia obra social ya prevé y atiende mucho los casos de denuncia de este tipo en contra del personal de salud.

Respecto al financiamiento del PAMI a las clínicas, se toma el caso de una en la capital correntina que tiene una médica de cabecera del PAMI; ella tiene 780 pacientes, recibe dos montos mensuales por su atención: una es la cápita por cada paciente, que es alrededor de $380 pesos por paciente; el otro es por consulta, si la consulta es de evolución de salud o consulta presencial, 1.500 pesos por consulta. Se hacen dos consultas cada seis meses. Entonces, por cada paciente hay un monto máximo que puede recibir si tienen las consultas. Pero “esas consultas se validan por el sistema del PAMI y no siempre se puede hacer el cálculo de cuánto se recibe por paciente”, comentó. Sin embargo, se puede calcular cuánto ingresa por paciente a través del primer monto, lo que da un total de $296400 pesos al mes por cada paciente. Si se incluye lo que ingresa por las consultas, el número aumenta, pero depende directamente de la asistencia de los pacientes a las mismas.

Personal médico y pacientes

Brevemente se deben aclarar ambas situaciones, la del personal de salud y la de los pacientes. La información es abundante y se busca ser claro con las realidades expuestas en la investigación.

El personal de salud se encuentra en una situación difícil. Los ingresos del PAMI en las instituciones públicas o privadas son bajos. La cantidad de pacientes es muy alta. La ganancia por las consultas y servicios prestados es mínima y no sirve para recomponer los recursos utilizados en todas las intervenciones que se realizan. El valor del peso disminuye cada vez más y los insumos utilizados son, en su gran mayoría, de producción extranjera y se venden en dólares. El pago por el servicio prestado, por ejemplo, en marzo, llega 6 meses después. En el caso de los médicos de cabecera, los más beneficiados en la situación, tampoco tienen un ingreso alto por el conjunto de pacientes asignados y el sueldo varía según la cantidad de consultas. Por lo tanto, el panorama es así: muchos pacientes, pocos pagos y tardíos, ingresos bajos y falta de insumos. ¿Qué genera? Un espacio donde no dan los tiempos para atender a todos los pacientes, donde no se cobra en tiempo y forma, generando la necesidad de esperar a cobrar por servicios prestados hace meses para reponer insumos o cubrir gastos, y donde los pacientes, al esperar más tiempo, evidentemente se quejan y afectan a la reputación del profesional o personal de salud de la institución. Hay miradas más resolutivas, como la de la médica que otorgó los datos:

“¿Sale más rentable para los médicos de cabecera demorar la prestación del servicio? No, lo que pasa es que es un sistema que por ahí ya está viciado y uno tiende a demorar y a hacer las consultas. Yo no creo que la demora sea mayor que la rentabilidad. Yo creo que la costumbre del sistema es mandar unas sobre consultas a especialistas que podrían responder tranquilamente los médicos de cabecera.”

También menciona que al médico de cabecera no le resulta rentable la demora de las consultas por la diferencia en el valor de la consulta que los médicos quieren recibir y lo que el PAMI paga. Aclara también que los servicios prestados se cobran por mes en montos fijos, sobre todo ecografía y laboratorio. Por otro lado, revela que las radiografías se facturan directamente al PAMI y que los costos por transfusiones de sangre representan un gasto que varía de acuerdo al mes. Eso mismo también sucede con el pedido de ambulancias.

En el otro lado, los pacientes centrales de esta investigación, los de edad mayor a 60 años del PAMI, se encuentran en una situación más difícil aún. Todas se relacionan directamente con la situación del personal de salud. Tienen mucho tiempo de espera para ser atendidos. Tienen que sacar turnos, lo que genera más espera. Tienen que realizar trámites y pedidos al PAMI, a su edad les resulta más complicado y tedioso. Si sufren un accidente grave, por ejemplo, una fractura de cadera y necesitan un reemplazo, la disponibilidad de esos insumos es baja y el tiempo de pedido y entrega es alto. La complejidad de las intervenciones médicas aumenta mucho y el riesgo aumenta con mayor velocidad en la espera. Su vulnerabilidad les impide disponer de tiempo para realizar todos sus cuidados por su cuenta. Algunos requieren de asistencia y enfermería constante o elementos de prótesis (cadera, marcapasos, etc) y órtesis (sillas de ruedas, bastones, etc) que también los dispone el PAMI, generando más tiempos de espera. Todo esto para un sector de pacientes donde el tiempo no corre igual que para los demás.

Algunos datos del PAMI (julio 2022, la última actualización) para fundamentar: son 1.875.940 los afiliados que reciben tratamiento de medicina física y rehabilitación. En Corrientes son 144.477 los afiliados que cuentan con tratamiento farmacológico. Los afiliados que reciben diálisis en Corrientes son 176. También, de todos los afiliados, son 42.476 los que se encuentran en internación de instituciones geriátricas. Estos números son, debido a su falta de actualización, estimativos, pero que visibilizan la situación actual y, por supuesto, respaldan la situación planteada y visibilizada en la investigación.

Interpretación

A partir de la información desplegada, se puede concluir que las consecuencias presentes por la fata de financiamiento en la salud pública son varias y son graves. Es una realidad que está presente, y esta investigación busca nombrarlos, contextualizarlos y visibilizarlos, centrado en las obras sociales y, en específico, en el PAMI por el público al que se encuentra especialmente dirigido, las personas de tercera edad y la vulnerabilidad que eso significa. Es evidente que la intención no es criticar el sistema de salud pública privilegiado que tenemos en nuestro país, pero sí es necesario sacar a la luz estas cuestiones que afectan a todos los afiliados a las obras sociales, pero también a aquellos que no tienen una. Se trata de un problema de carácter nacional que, desde la mirada local, tiene un panorama difícil y tedioso que puede resultar complicado de entender y resolver, por lo tanto, mucho más aún para una persona en su vejez.

De igual manera, es de suma importancia aclarar que tampoco existe un único culpable acerca de la situación actual de las obras sociales, ni tampoco se busca delegar responsabilidades o culpas a las instituciones o entidades que se mencionan; lo que sí pretende la investigación es tener un carácter de denuncia a través de la exposición de datos, situaciones y declaraciones que permitan dibujar en la mente del lector la imagen realista de un sistema que tiene fallas y estas no se deben ignorar o esconder con la excusa de que se trata una herramienta pública y gratuita; por el contrario, esa es la principal razón para atender con mucha más responsabilidad un sistema que nos involucra a todos. El rol del estado tiene un papel principal y la economía debe ser tomada como un factor decisivo.

Como aclaración final, antes de los aportes que se podrían implementar, no se debe minimizar la carga laboral que este sistema presenta para el sector de salud, todo el personal médico encargado de la atención de pacientes y todo el sector encargado de la compra y venta de insumos utilizados, la distribución y la generación de sistemas de atención al público. Se trata de una esfera de trabajo enorme que padece las dificultades de un sistema que los desgasta laboralmente y, como se vio en los datos, los pone en situaciones moralmente complicadas y económicamente riesgosas. La visión del lado del paciente es importante, pero el que se encuentra del otro lado también, no se debe descuidar al personal que lleva a cabo el trabajo de mantener el funcionamiento de las obras sociales y el sistema de salud, la situación actual no es favorable para nadie y el tiempo no corre igual para todos.

¿Qué se puede hacer?

Los aportes, por llamarlos de alguna manera, salen de la experiencia de años de trabajo de los profesionales, pero también de la interpretación que se puede hacer de los datos expuestos. Es evidente que no se puede solucionar la situación solo con sugerencias, pero resulta un poco irresponsable realizar un texto con un carácter de denuncia y no ser capaz de poner aquello que podría llegar a iniciar una charla constructiva para un sistema mejorado o más llevadero para todos, pero más comprensible y enfocado, en este caso, a los mayores. No se pretende adjudicar a estas ideas un significado de relevancia significativa a la hora de resolver cuestiones relacionadas al sistema de salud, pero sí tienen la intención de provocar una conversación, más allá de que se trate de contradecir lo expuesto o dicho en esta investigación, el objetivo es que se hable del tema y se busque mejorar la situación para facilitar la ayuda y aportes a las personas de tercera edad principalmente, pero en general a todos los afiliados a las obras sociales, y por qué no, quizá, surja la idea de optimizar el sistema público de salud.

La primera idea consiste en mejorar el trato, velocidad y empatía para la atención a los pacientes de carácter vulnerable, como los adultos mayores, para que no resulte un rompecabezas de trámites de turnos, papeles y permisos. Es una sugerencia que afecta a todos, pero que resulta mucho más necesaria para este sector y que no se cree un ambiente de crueldad, intolerancia o impiedad hacia personas que no cuentan con la misma cantidad de tiempo o energías que los demás. Otra es la remuneración apropiada al sector profesional de salud por llevar a cabo intervenciones de carácter riesgoso, pero también la disponibilidad rápida y efectiva de los insumos necesarios para realizarlas. La reducción de los tiempos de pedido y entrega de los mismos es sumamente importante, las vidas no deben ponerse en riesgo por cuestiones burocráticas o trámites administrativos. También, la médica de cabecera de la clínica en Corrientes comenta tres puntos que deberían mejorarse: primero, el pago de las prestaciones debería de realizarse a los 30 días como máximo. Segundo, las actualizaciones de valores deberían realizarse de acuerdo a el porcentaje de inflación medido todos los meses. Tercero, las obras sociales deberían agilizar y facilitar a los afiliados la autorización de cirugías/procedimientos que precisen ser realizados de manera urgente.

Para finalizar, la situación se puede ver beneficiada a través de un sistema que premie la atención dedicada a los pacientes, que se entregue en tiempo y forma el pago por los servicios prestados y, de esa forma, el ecosistema laboral genere un ambiente donde la calidad del servicio y rapidez en la atención se incentiven, beneficiando tanto a los pacientes como al personal de salud. Conseguir esto puede resultar difícil, pero los ajustes son posibles y la realidad actual no puede continuar con la implementación de listas de espera o copagos por parte de los pacientes. La situación empeora si tomamos exclusivamente a las personas mayores y la vulnerabilidad que presentan, la ayuda que necesitan y la gravedad que empeora con los años; si bien no todas estas situaciones se hacen presente cuando hablamos del PAMI, no se debe ignorar que esto ocurre con otras obras sociales y que no está exenta de sucederle a los mayores. Al final, se trata de salud y como decía René Favaloro, “en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad”.

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