La Senaclaft elaboró un informe estadístico sobre las actuaciones en materia de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo entre 2019 y 2023. Durante este período, se observó un crecimiento del 7% en el número de sujetos obligados no financieros bajo supervisión, debido principalmente a la incorporación de organizaciones sin fines de lucro (ONG) al Registro de Sujetos Obligados en 2020 y al aumento de registros de inmobiliarias, constructoras y promotores.
En contraste, el sector financiero experimentó una disminución del 22% en la cantidad de sujetos obligados registrados, atribuida a la reducción en el número de asesores de inversión.
Entre 2019 y 2023, la Senaclaft y el Banco Central del Uruguay (BCU) realizaron un total de 1.647 actuaciones de supervisión, con 971 dirigidas al sector no financiero y 680 al sector financiero. En 2023, se llevaron a cabo 581 fiscalizaciones, duplicando el número respecto al año anterior.
Durante este quinquenio, se aplicaron 156 sanciones, siendo 2023 el año con mayor número de sanciones (54), con multas que ascendieron a 2.090.000 Unidades Indexadas (aproximadamente $12.273.000). De este monto, el 62,7% correspondió al sector no financiero y el 37,3% al sector financiero.
Los escribanos fueron los más sancionados en 2023 por incumplimientos en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, seguidos por los usuarios y explotadores de zonas francas. Las inmobiliarias, constructoras y promotores inmobiliarios no registraron sanciones en los últimos tres años, aunque habían sido los más sancionados en 2020. Las organizaciones sin fines de lucro recibieron nueve sanciones en 2023.
En el sector financiero, los intermediarios de valores fueron los más sancionados durante el período 2019-2023, así como en el último año.
Estos datos reflejan el compromiso de la Senaclaft en supervisar y sancionar a los sectores que no cumplen con las normativas establecidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Uruguay.
Fuente: El País