La Casa Blanca publicó el 16 de octubre de 2026 la Orden Ejecutiva 14436, mediante la cual el presidente Donald Trump estableció disposiciones para implementar la Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, legislación promulgada el 18 de setiembre de 2026.

La ley proporciona un marco para imponer medidas restrictivas contra personas y entidades extranjeras, así como aranceles sobre productos importados desde Rusia y determinados países vinculados a la adquisición de energía rusa o a mecanismos de evasión de sanciones internacionales.

Entre las disposiciones previstas se encuentra un incremento arancelario del 500% sobre mercancías procedentes de Rusia, sujeto a las excepciones establecidas legalmente.

Asimismo, la orden contempla aranceles adicionales del 100% sobre productos provenientes de los cinco mayores importadores de petróleo crudo y gas natural de origen ruso, cuando dichos países realicen conscientemente nuevas compras a partir del 18 de octubre de 2026.

Un tercer mecanismo establece aranceles del 100% sobre bienes provenientes de los cinco principales países facilitadores de la evasión de sanciones relacionadas con el petróleo ruso. 

No obstante, el aspecto más relevante de la decisión es que la propia orden presidencial suspende temporalmente la aplicación de dichos aranceles, mediante las facultades de exención previstas en el artículo 115 de la ley.

La suspensión también comprende numerosas disposiciones sancionatorias de la Graham Act, incluyendo las contempladas en sus artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 117, en los términos especificados por la orden.

La decisión se fundamenta en una determinación presidencial de que las exenciones responden al interés nacional de Estados Unidos. Según el documento, las correspondientes certificaciones y explicaciones fueron remitidas al Congreso.

Las exenciones permanecerán vigentes hasta que el presidente o las autoridades competentes determinen que corresponde adoptar nuevas medidas.

Es importante destacar que esta suspensión no elimina ni modifica automáticamente las sanciones estadounidenses preexistentes contra Rusia. La orden establece expresamente que las medidas adoptadas bajo otras órdenes ejecutivas relacionadas con actividades del Gobierno ruso continúan siendo aplicables. 

Por otra parte, el documento asigna responsabilidades de implementación y seguimiento al Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, Departamento de Energía y Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Estas autoridades deberán monitorear las compras internacionales de petróleo y gas natural rusos, así como las actividades de países que puedan facilitar la evasión de sanciones, e informar periódicamente al presidente sobre las circunstancias que podrían justificar futuras decisiones.

Desde la perspectiva del cumplimiento financiero, la medida resulta relevante porque establece un marco de posibles sanciones y restricciones comerciales adicionales, cuya aplicación dependerá de decisiones posteriores de las autoridades estadounidenses.

Para las instituciones financieras, particularmente aquellas que participan en operaciones de comercio exterior, financiamiento internacional y corresponsalía bancaria, resulta importante distinguir entre las disposiciones cuya aplicación fue suspendida y las sanciones que continúan vigentes bajo otros instrumentos jurídicos.

Fuente: White House