El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que varios acusados fueron condenados a prisión por su participación en un esquema destinado a ingresar contrabando al Federal Correctional Institution – Jesup —FCI-Jesup—, en Georgia. Las sentencias fueron impuestas por la jueza federal Lisa Godbey Wood y anunciadas por la fiscal federal Margaret E. “Meg” Heap, del Distrito Sur de Georgia.

La principal acusada, Ashley Brown, exfuncionaria penitenciaria y posteriormente supervisora de manejo de materiales en FCI-Jesup, fue condenada a 48 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Brown se había declarado culpable de 24 cargos de aceptación de sobornos por parte de un funcionario público y 16 cargos de lavado de activos.

Según los documentos judiciales y testimonios citados por el Departamento de Justicia, entre mayo y setiembre de 2022, Brown recibió dinero de internos de FCI-Jesup mediante Cash App a cambio de introducir contrabando en el establecimiento penitenciario. Los bienes ingresados incluían metanfetamina, teléfonos celulares, K2 y marihuana, que luego eran entregados a coacusados para su distribución a otros internos mediante el sistema de comisaría de la prisión.

La investigación determinó que Brown recibió más de US$ 80.000 por su participación en el esquema. El caso muestra la conexión entre corrupción pública, uso de medios de pago digitales y lavado de activos en el contexto de economías ilícitas dentro del sistema penitenciario.

Otros acusados vinculados al caso también fueron condenados. Adrian Sims, interno de FCI-Jesup, recibió una pena de 78 meses de prisión por posesión de contrabando en prisión. Navarus Bryant, también interno del establecimiento, fue condenado a 57 meses de prisión tras declararse culpable de 24 cargos de pago de sobornos a un funcionario público y 24 cargos de lavado de activos.

El caso fue investigado por la Office of the Inspector General del Departamento de Justicia. La fiscalía destacó que los funcionarios penitenciarios tienen la responsabilidad de preservar la seguridad e integridad de las instituciones carcelarias, y que el ingreso de drogas y celulares compromete la seguridad de todo el establecimiento.

Fuente: Justice.Gob