El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) publicó un informe específico sobre los riesgos de financiamiento ilícito asociados al uso de stablecoins y billeteras no custodiadas, poniendo especial énfasis en las transacciones peer-to-peer (P2P) que se realizan sin intermediarios regulados.

El documento señala que las stablecoins han crecido significativamente, superando las 250 en circulación a mediados de 2025 y alcanzando una capitalización de mercado superior a USD 300.000 millones. Asimismo, se destaca que representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas con activos virtuales en 2025, frecuentemente vinculadas a esquemas complejos de lavado de activos mediante billeteras no custodiadas.

El informe advierte que características como la estabilidad de precio, liquidez e interoperabilidad facilitan su uso legítimo, pero también las convierten en herramientas atractivas para organizaciones criminales, financiadores del terrorismo y actores estatales, incluyendo grupos vinculados a Corea del Norte en delitos cibernéticos y actores iraníes en financiamiento de proliferación.

Entre las principales vulnerabilidades identificadas se encuentran las transacciones directas P2P sin participación de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y las dificultades para controlar operaciones entre distintas cadenas (cross-chain), lo que puede dejar fuera de alcance los controles antilavado.

En respuesta, el FATF señala que aún son pocas las jurisdicciones que han desarrollado marcos regulatorios específicos para stablecoins y recomienda la implementación efectiva de la Recomendación 15, asegurando que emisores, intermediarios y demás participantes estén sujetos a obligaciones claras en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo.

El reporte también propone buenas prácticas como la adopción de controles técnicos por parte de emisores (incluyendo congelamiento o bloqueo de activos), el fortalecimiento de capacidades técnicas en supervisores y fuerzas de seguridad, la mejora de los mecanismos de cooperación internacional y el desarrollo de alianzas público-privadas para identificar y mitigar riesgos emergentes.

Fuente: FATF