El desplome del fondo de inversión Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), administrado por Sara Goldring y sus hijos, dejó a más de 700 personas damnificadas en Uruguay. La empresaria fue imputada en 2023 por apropiación indebida, pero continúa libre, sin prisión domiciliaria ni medidas cautelares, salvo la prohibición de salir del país.

La nota relata las historias de tres personas afectadas: Martín, quien abrió cuentas para asegurar el futuro de su hijo con discapacidad; Florencia, que ahorró US$ 200.000 para que su hijo estudiara en Montevideo; y María, una mujer de 65 años que vivía de los intereses generados por su inversión y que ahora teme ser una carga para su hija.

Goldring operaba a través del Banco Jefferies (EE.UU.), realizando movimientos diarios que generaban ganancias por volumen, independientemente del resultado de la inversión. Este modelo de negocio, conocido como churning, agravó los riesgos. Se comprobó que CVM modificaba documentos firmados por los inversores, cambiando su perfil a uno agresivo sin su conocimiento. También se verificó que Goldring usó fondos de algunos para cubrir pérdidas de otros, lo que motivó la imputación penal.

El banco Jefferies embargó sus cuentas y, aunque ella alegó no haber cometido delitos en EE.UU., las investigaciones siguen en curso. Paralelamente, se propuso un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) que ofrece recuperar apenas el 50% de los créditos a cambio de retirar todas las acciones judiciales. De los US$ 120 millones adeudados, solo se devolverían unos US$ 9 millones. El acuerdo cuenta con el aval del BCU y la Liga de Defensa Comercial, pero ha sido duramente criticado por los damnificados.

Las tres familias relatan haber recibido estados contables presuntamente adulterados y consejos que los disuadieron de retirar su dinero. Viven con insomnio, culpa, y desesperanza. Aún no saben si podrán recuperar algo. Mientras tanto, Goldring continúa viviendo en Montevideo y caminando por la rambla cada sábado.

Fuente: Montevideo Portal