El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua está utilizando normas internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) como herramientas de persecución política contra opositores exiliados. 

En el informe titulado “Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras, Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos”, se describe cómo el gobierno difunde acusaciones falsas en redes sociales para vincular a exiliados con delitos financieros, lo que genera alertas de cumplimiento en bancos y afecta gravemente su estabilidad económica.

Según el informe, muchos exiliados enfrentan obstáculos para abrir o mantener cuentas bancarias en países como Costa Rica y Estados Unidos. En varios casos, los bancos cerraron cuentas sin brindar explicaciones claras, en ocasiones calificando a los solicitantes como “personas políticamente expuestas” (PEP). También se reportan trabas en casas de cambio internacionales, donde se impusieron procedimientos administrativos excesivos.

La ONU concluye que esta manipulación constituye una forma de represión financiera transnacional, que busca ampliar la persecución más allá de las fronteras nicaragüenses. 

Esta práctica, advierte el informe, socava la integridad de los sistemas globales de cooperación jurídica y coloca en riesgo a solicitantes de asilo, quienes podrían enfrentar detenciones arbitrarias o juicios políticamente motivados.

Fuente: 100Noticias