Las agencias federales estadounidenses de supervisión financiera —Reserva Federal, FDIC, NCUA y OCC— emitieron una declaración conjunta de política de enforcement destinada a apoyar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para facilitar la recuperación económica y la estabilidad financiera en Venezuela.

La medida se vincula con los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 frente a la costa norte venezolana, al oeste de Caracas, que causaron daños significativos en varias ciudades y generaron una crisis de asistencia humanitaria en la región.

Las agencias reconocen que la provisión oportuna de ayuda humanitaria puede verse afectada si las instituciones financieras evitan prestar servicios por incertidumbre regulatoria. Por ello, se comprometieron a no iniciar acciones supervisoras o de enforcement relacionadas con determinados requisitos de la Bank Secrecy Act, la USA PATRIOT Act y otras normas antilavado administradas por FinCEN y las agencias, cuando se trate de servicios financieros autorizados en Venezuela.

El compromiso aplica a servicios financieros autorizados prestados por instituciones supervisadas por esas agencias a personas o entidades ubicadas en Venezuela entre el 31 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.

Para poder ampararse en esta política, las instituciones deberán cumplir ciertas condiciones: estar actualmente en cumplimiento de su programa BSA, continuar realizando esfuerzos razonables de cumplimiento, no haber sido objeto de una acción final de enforcement por incumplimientos BSA en los 24 meses previos y mantenerse en cumplimiento de las regulaciones y autorizaciones de sanciones administradas por OFAC.

La declaración aclara que la política no protege incumplimientos conscientes, voluntarios o intencionales de los requisitos BSA, ni se extiende a otras leyes o regulaciones no mencionadas expresamente.

Fuente: NCUA