El proyecto de reforma de la ley de lavado de activos —aprobado por el Senado y aún pendiente de aprobación en Diputados— incorpora cambios orientados a adecuarse a estándares internacionales, fortalecer la prevención y sanción del lavado y mejorar la coordinación estatal. Según explicó a La Mañana la Dra. Valentina Paullier, gerenta senior del Departamento Legal de KPMG Uruguay, los cambios incluyen la ampliación de delitos precedentes (ciberdelitos, delitos ambientales, fraude financiero), la reducción de umbrales para delitos como estafa y contrabando, el fortalecimiento de las facultades de la Senaclaft, la incorporación de fiduciarios no financieros como sujetos obligados, la reducción del límite para operaciones en efectivo y la supresión de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

El proyecto también introduce el decomiso ampliado y la eliminación de la presunción automática de riesgo reducido en operaciones bancarizadas, exigiendo un análisis de riesgo específico. Paullier aclaró que los profesionales no deberán actuar como perseguidores del delito, sino como colaboradores en la prevención. Señaló que los cambios deberían mejorar la efectividad estatal en la detección e investigación del lavado, aunque advirtió que el equilibrio en las nuevas potestades de la Senaclaft dependerá de su reglamentación.

La experta indicó que la restricción al uso de efectivo puede ser eficaz en operaciones de mayor volumen y que los sectores afectados serán aquellos sujetos obligados por la norma. Para adaptarse, las empresas deberán capacitarse, revisar procedimientos de debida diligencia y ajustarse a los nuevos requisitos de registro y conservación de documentación. El principal desafío será una implementación equilibrada que no genere cargas desproporcionadas.

Fuente: La Mañana