El 18 de setiembre, la Comisión de Hacienda del Senado recibió a delegaciones de la Asociación de Escribanos del Uruguay y del Colegio de Abogados del Uruguay para analizar el proyecto de reforma de la ley de prevención de lavado de activos remitido por el Poder Ejecutivo el 5 de junio. 

Los escribanos señalaron que la iniciativa implica un retroceso al eliminar la presunción de debida diligencia simplificada para operaciones bancarizadas, duplicando controles en transacciones simples como la compra de un auto o una vivienda. 

También expresaron preocupación por la inclusión de permutas, la ausencia de un régimen de transición, los riesgos derivados de las SAS digitales y la posible exposición de quienes reportan operaciones sospechosas. 

El Colegio de Abogados coincidió en criticar la eliminación de la simplificación en operaciones de bajo riesgo, la extensión del plazo de conservación de registros de cinco a diez años y las facultades otorgadas a la SENACLAFT para exigir documentación, advirtiendo que pueden afectar el secreto profesional y el derecho de defensa. 

Ambas reclamaron umbrales claros y medidas proporcionadas que eviten sobrecargas desproporcionadas y garanticen seguridad jurídica. La próxima semana comparecerá el Colegio de Contadores ante la Comisión.

Fuente: El Observador