El 14 de agosto de 2025, inversores damnificados por el caso Conexión Ganadera remitieron una carta a la Comisión de Hacienda del Senado, denunciando que organismos públicos habrían facilitado el fraude mediante acciones u omisiones. Entre las entidades señaladas están el Banco Central del Uruguay (BCU), la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco República (BROU), la Secretaría Antilavado (Senaclaft), y los ministerios de Ganadería e Interior.

Los denunciantes destacaron la contradicción entre el BCU —que hasta enero de 2025 consideraba las operaciones como “contratos de capitalización ganadera”— y la DGI, que luego reclamó impuestos como si fueran inversiones financieras. También cuestionaron que el BCU no restringiera la publicidad de Conexión Ganadera y mantuviera en reserva información desde 2018. Solicitan anular el crédito de la DGI en el concurso, levantar la confidencialidad del BCU e investigar a personas y entidades presuntamente involucradas.

El documento describe la maniobra como un “esquema delictivo sin referencias”, denuncia la manipulación de referentes políticos y exige al Estado actuar “a fondo” para castigar a los responsables y reparar a las víctimas.

Fuente: Montevideo Portal