En mayo de 2024, el Banco Central del Uruguay (BCU) impuso sanciones económicas que superan los US$ 100.000 a dos casas de cambio con operaciones en Montevideo, Maldonado y Rivera. Las multas se derivaron de incumplimientos en la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU llevó a cabo auditorías que revelaron deficiencias en los procedimientos de verificación de identidad de clientes y en los controles internos de ambas instituciones. Estas falencias comprometen la capacidad de las casas de cambio para detectar y prevenir operaciones vinculadas al lavado de activos.

El BCU enfatizó la necesidad de que todas las entidades financieras implementen sistemas integrales de prevención, que incluyan procedimientos efectivos para la identificación y monitoreo de clientes, garantizando así la transparencia y seguridad del sistema financiero uruguayo.

Fuente: El Observador