El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para reforzar la normativa contra el lavado de activos recibió críticas por parte del Colegio de Contadores. Las principales objeciones se centran en:

• La extensión del plazo de conservación documental a 10 años, considerado excesivo.

• La obligación de reportar operaciones sospechosas al elaborar auditorías o informes de revisión limitada.

La presidenta del Colegio, Cristina Freire, sostuvo que estos cambios implican una sobrecarga operativa, mayor capacitación y costos. También señaló que las auditorías no son actividades de riesgo, ya que se realizan a posteriori de los hechos, y que históricamente no han derivado en reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Según la UIAF, los contadores solo presentaron 8 ROS entre 2020 y 2024, mientras que los abogados 4. Freire cuestionó si la nueva normativa incentivará ROS realmente útiles o simplemente incrementará el volumen sin efectividad.

Por su parte, Sanda Libonatti (SENACLAFT) defendió la conservación prolongada de documentación como herramienta clave para investigaciones penales complejas o cooperación internacional, y sostuvo que ciertas inconsistencias detectadas en auditorías sí pueden dar lugar a ROS válidos.

Fuente: El Observador