El Banco Central del Uruguay (BCU) dio a conocer un proyecto normativo que introduce cambios relevantes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT). Las modificaciones propuestas se centran en dos ejes principales: los criterios para la aplicación de debida diligencia a personas expuestas políticamente (PEP) y la posibilidad de tercerizar tareas de monitoreo de operaciones por parte de las instituciones supervisadas.

En primer lugar, el proyecto propone una evaluación diferenciada del riesgo según se trate de PEP nacionales o extranjeras. Mientras que las PEP extranjeras continuarán siendo clasificadas como de riesgo alto —lo que implica la aplicación de debida diligencia intensificada (DDI)—, las PEP nacionales podrán ser evaluadas con un enfoque más flexible, acorde al riesgo detectado

En segundo lugar, el proyecto abre la posibilidad de que las entidades reguladas puedan tercerizar el monitoreo de cuentas y transacciones. Esta tercerización estará sujeta a autorización previa del BCU, y deberá cumplir con los requisitos que se establezcan reglamentariamente. La institución seguirá siendo responsable de conservar las alertas generadas y los análisis asociados, manteniendo así la trazabilidad del control ejercido.

Estas propuestas se enmarcan en el fortalecimiento del enfoque basado en riesgos, en línea con las recomendaciones del GAFI, y buscan brindar mayor flexibilidad operativa a las instituciones sin debilitar los mecanismos de control.

Proyecto: Banco Central