La Jersey Financial Services Commission (JFSC) publicó el 21 de octubre de 2026 los resultados de una consulta sobre modificaciones al régimen de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, relacionadas con la designación de oficiales de cumplimiento y la posibilidad de apoyarse en procedimientos de debida diligencia realizados por terceros.
Las reformas forman parte del Financial Services Competitiveness Programme, iniciativa del Gobierno de Jersey orientada a reducir cargas administrativas innecesarias para las instituciones financieras, manteniendo estándares adecuados de prevención de delitos financieros.
El proceso comenzó con una consulta gubernamental el 30 de enero de 2026, seguida de modificaciones a la Money Laundering (Jersey) Order 2008, aprobadas el 17 de abril de 2026. Algunas disposiciones sobre oficiales de cumplimiento entraron en vigor el 30 de junio de 2026, mientras que las restantes modificaciones comenzarán a aplicarse el 31 de octubre de 2026.
Una de las principales novedades consiste en permitir que determinadas entidades supervisadas evalúen si resulta necesario designar un Money Laundering Compliance Officer (MLCO), considerando su tamaño, complejidad y exposición a riesgos de lavado de activos.
La JFSC aclaró que no establecerá umbrales numéricos fijos basados en la cantidad de empleados, clientes u operaciones. En su lugar, las entidades deberán efectuar una evaluación individualizada y documentada, basada en sus características y perfil de riesgo.
No obstante, la posibilidad de no designar un MLCO no implica la eliminación de las obligaciones de cumplimiento. Conforme al artículo 11 de la Money Laundering (Jersey) Order 2008, las entidades deberán mantener mecanismos apropiados y consistentes de monitoreo del cumplimiento. Cuando no exista un MLCO designado, la responsabilidad de asegurar estos controles permanecerá en el órgano de dirección.
En materia de debida diligencia, las modificaciones introducen un enfoque más flexible para los acuerdos mediante los cuales una entidad se apoya en verificaciones realizadas por terceros, conocidos como mecanismos de reliance.
Para relaciones calificadas como de riesgo menor, una garantía escrita proporcionada por el tercero podrá resultar suficiente. En cambio, cuando el riesgo sea superior o no pueda clasificarse razonablemente como bajo, deberán adoptarse medidas adicionales proporcionales al riesgo identificado.
La autoridad también aclaró que las pruebas de verificación (testing) no serán obligatorias en todos los casos, sino una de las posibles herramientas que las instituciones podrán utilizar para demostrar que adoptaron medidas adecuadas.
Otro cambio relevante consiste en ampliar de dos a cinco días hábiles el plazo de referencia considerado generalmente razonable para obtener documentación de identificación en estos acuerdos. Excepcionalmente, podrán justificarse demoras superiores cuando la entidad demuestre haber actuado de manera diligente y oportuna.
La JFSC informó que recibió 26 respuestas sustantivas durante el proceso de consulta, provenientes de instituciones financieras, entidades no financieras, profesionales, consultores y asociaciones sectoriales. Las observaciones recibidas permitieron ajustar las propuestas, particularmente para evitar que la flexibilización debilitara los mecanismos de control interno.
Finalmente, la autoridad anunció que las versiones actualizadas de sus manuales y materiales de orientación serán publicadas el 2 de noviembre de 2026, una vez que entren en vigor las modificaciones restantes.