En términos de derecho, todo habitante y visitante de la Ciudad de México está amparado y protegido por un amplio paquete de leyes y normas, locales, nacionales e internacionales. En esa lógica, toda vulneración o violación a algún derecho consagrado en este andamiaje institucional, representa una falta (o un delito, si se comprueba su gravedad o persistencia) que debe castigarse, corregirse, repararse y/o, en su caso, garantizarse su no repetición.

A la capacidad legal que tienen las personas para exigir el cumplimiento, respeto y garantía de sus derechos ante los tribunales se le llama justiciabilidad. Esto significa que, si el Estado o un tercero vulnera estos derechos, las personas pueden acudir ante un juez o instancia nacional o internacional para reclamar una reparación.

Para que un derecho sea justiciable, debe poder ser exigido y garantizado ante un tribunal. Para lograrlo deben cumplirse condiciones legales, normativas y procesales fundamentales:

1. Consagración normativa: El derecho debe estar reconocido formalmente en la Constitución, leyes nacionales o tratados internacionales.

2. Exigibilidad jurídica: La norma debe ser lo suficientemente clara y específica para que un juez pueda determinar quién es el titular del derecho (el afectado), quién es el sujeto obligado (el Estado o un particular) y cuál es la obligación incumplida.

3. Legitimación activa: La persona o grupo afectado debe tener la facultad legal para presentar la demanda o recurso, demostrando que sufre un perjuicio real y directo.

¿Cómo hacer justiciables, entonces, los derechos humanos de segunda generación –económicos, sociales y culturales– de los habitantes y trabajadores, en particular quienes formamos parte del ecosistema del arte y la cultura de la Ciudad de México, ante el incumplimiento de la Ley de Fomento Cultural de la capital (Título III, Artículo 16, Inciso III), en la que se obliga a la Jefatura de Gobierno a “(...) III. Asignar al sector cultural como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto programable del presupuesto de la Ciudad”?

Este incumplimiento representa que en lugar de asignarle al sector cultural “como mínimo” $6 mil millones de pesos este año (poco más de 340 millones de dólares), sólo se asignaron $1,345 millones de pesos, eso significa que sólo se asignó el 22% de lo que obliga la ley.

VULNERACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO Y AL PAGO DIGNO

¿Cómo demostrar que este incumplimiento vulnera los derechos de los habitantes y visitantes de la capital del país, y entre ellos, de quienes integran el ecosistema del arte y la cultura, incluidos los trabajadores del aparato institucional, como los que reciben su pago a través del Capítulo 3000?

En entrevista reciente en el Canal AhoraMx, la propia Secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño (a.k.a Ana Francis Mor), declaró que en esa secretaría laboran unas 3 mil personas, mil por nómina, otros mil por honorarios (presumiblemente Capítulo 3000), y finalmente otros mil como beneficiarios de diferentes programas (como los becarios de las Utopías, por ejemplo). Si esto es así y dejando fuera a quienes trabajan por nómina, al menos dos mil trabajadores no tendrían relación laboral con la institución si entramos a revisar su situación contractual, luego entonces, dado que sus pagos provienen de la asignación presupuestal, son afectados directos y principales de este incumplimiento de la Ley de Fomento. Ese es un derecho vulnerado: el derecho al trabajo.

El derecho al trabajo en México está consagrado en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), recientemente reformada para amparar a todos los artistas y creadores. Garantiza el acceso a un trabajo digno, socialmente útil y protege derechos irrenunciables como un salario justo, jornada regulada y seguridad social. ¿Cómo, la persistencia del Capítulo 3000 vulnera los derechos de quienes trabajan en el aparato institucional con antigüedad de 10, 15 o 20 años en las mismas condiciones?

En respuesta a una solicitud de información de hace un año, pude confirmar que el presupuesto asignado a la SC capitalina en 2025 fue de $1300 millones de pesos, de los cuales, $750 millones fueron al costo de operación –incluida la nómina–, y los otros $550 millones fueron a Fomento y Desarrollo Cultural. Aun cuando no queda claro en dónde se contabilizan los pagos a los mil trabajadores en modalidad de Capítulo 3000 y los pagos a los otros mil beneficiarios de programas, todo queda inscrito dentro de los $1300 millones asignados en 2025. Lo que seguiría es saber la cifra exacta de cuál sería el costo de basificarlos y hacer “justiciable” su derecho al trabajo.

Si con el 22% alcanza para pagar a mil trabajadores basificados, ¿sería posible hacerle justicia a los otros 2 mil trabajadores (la mitad por Capítulo 3000 y la otra mitad como “beneficiarios” de diversos programas), con el cumplimiento del 100% de la asignación presupuestal? La aritmética simple dice que sí, y sobrarían recursos para lo otro, lo fundamental cuando hablamos de Fomento a la Cultura y las Artes, recursos proporcionales al tamaño del ecosistema, como hemos propuesto, con la creación de una base de datos que nos diga cuántos somos (Llave Cultural CDMX) y un Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) capitalino. 

¿Y LOS ARTISTAS?

Pero vayamos al tema que más nos preocupa, el de los artistas y creadores independientes que habitan y le dan rostro cultural a la capital de la transformación. ¿Cómo demostrar que el incumplimiento de la Ley de Fomento también vulnera sus derechos, y cuáles son o serían esos derechos presumiblemente vulnerados?

Los abogados consultados me han advertido, desde distintas posiciones y posturas, que una acción jurídica sería muy prolongada, extenuante y, posiblemente, infructuosa, dada la dificultad de probar que expresamente se vulneran derechos al incumplirse con la asignación presupuestal, a menos que podamos demostrar que hay afectaciones directas, a menos que, a su decir, podamos probar que, por ejemplo, la autoridad reiteradamente enfatiza que no tiene presupuesto suficiente para la cultura (porque sólo recibe la cuarta parte de lo que por ley le corresponde) y que eso vulnera –nuestros– derechos (al trabajo, a la salud y la seguridad social, etc), como en el caso que acabo de referir, de trabajadores que laboran bajo la modalidad del Capítulo 3000, o en la modalidad de “beneficiario” de algún programa, cuya afectación es directa, real y comprobable.

Si podemos probar esto –concluyen los abogados–, que la autoridad insiste reiteradamente que no tiene recursos económicos para cumplir ante propuestas, solicitudes, requerimientos o exigencias tanto de trabajadores como de la ciudadanía (artistas y creadores incluidos), y que eso afecta de alguna manera sus –nuestros– derechos, entonces podemos probar que hay una obligación incumplida por parte de un sujeto obligado en contra de un afectado. 

En síntesis, se probaría que se vulneran diversos derechos culturales, económicos y sociales de la ciudadanía y de los trabajadores del sector (incluidos los artistas) porque la instancia responsable de garantizarlos no recibe los recursos suficientes por parte del gobierno en turno. El incumplimiento de la ley deriva en afectación directa a los derechos. Esta es una primera línea a construir y desarrollar con toda la amplitud posible, con evidencias –que sobran– y testimonios –que desbordan por todos lados. Si fuéramos a los tribunales con esto, tal vez no ganaríamos, pero es un hecho que el Gobierno de la Ciudad de México perdería mucho, capital político, capital social, credibilidad, poder. ¿Eso es lo que buscamos? No, pero si nadie quiere escuchar, lo primero es lograr que escuchen.

OTRAS AFECTACIONES

Adicional a esto, pero en otra línea, está la posible comisión de actos de corrupción al asignar presupuesto a ciertas “obras” o “actividades” bajo el supuesto de tráfico de influencias (licitaciones a modo para que los mismos de siempre y desde hace décadas ganen los contratos para desfiles, obras monumentales o producciones de espectáculos), o el de asignar presupuesto para la producción de una actividad, pagando sólo algunas tareas y no todas, o sólo a ciertos proveedores, como sucede –por poner un ejemplo– con el caso de la exposición “Nopalera en el corazón”, de la que ya he escrito, consistente en 200 estructuras con forma de nopal intervenidas creativamente por un número equivalente de artistas y creativos “invitados”, hechas de fibra de vidrio y montadas sobre sendas bases, cuyo costo de fabricación (sólo producción) fue de $4.5 millones de pesos (según el oficio que recibí a través de la Plataforma Nacional de Transparencia), pagados sin falta por la Secretaría de Cultura, pero cuya erogación en honorarios a los artistas “invitados” fue de 0 pesos, bajo el argumento de que “no hay presupuesto” para eso. Sucedió con esa exposición, y con la siguiente, de Ajolotes intervenidos por artistas y creadores. Más allá de la falta de ética al comisionar obras sin pago, está la posible falta administrativa que eso implica, o que debería implicar.

¿Está permitido que funcionarios de la Secretaría de Cultura soliciten obras para el espacio público sin pago por ello, bajo el argumento de falta de presupuesto? ¿Cuántas obras y actividades artísticas o creativas que inaugura el gobierno de la ciudad están hechas bajo este esquema? ¿Hay o no hay presupuesto, o no es suficiente? Esta normalización de la precarización y la pauperización es también atentatoria contra el derecho al trabajo. Bajo esta secuencia de preguntas y sus respuestas, debería haber consecuencias.

DE LOS RECURSOS SUFICIENTES Y LAS REFORMAS A LA LEY

Una revisión simple a la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, y particularmente del SEXTO de sus Artículos Transitorios (al final de la ley), permite advertir la relevancia del incumplimiento que he detallado a lo largo de este texto. Es menester decir que esta Ley fue promulgada el 18 de enero del 2018, cuando todavía era Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, y que su Secretario de Finanzas era el actual Secretario de Hacienda federal, Edgar Amador Zamora.

De enorme trascendencia es el hecho de que en relación a la obligación de la Jefatura de Gobierno, y del propio Congreso capitalino para asegurar la asignación de los recursos suficientes para el cumplimiento de esta ley y con ello la garantía de los derechos culturales, se haya incluido un Artículo Transitorio ex profeso para ello, que dice, a la letra:

"SEXTO.-El Gobierno de la Ciudad de México deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la entrada en vigor de la presente Ley y La Asamblea Legislativa deberá proveer los recursos necesarios a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley y, en lo sucesivo se garantizará para cada año fiscal correspondiente las partidas presupuestales destinadas al cumplimiento del presente Decreto."

Pero es todavía más irónico que apenas un año después, el 15 de abril de 2019 y ya con un nuevo gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum, el Congreso local haya realizado una reforma a ese transitorio en particular, para ampliarlo:

"El Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con el principio de progresividad de los derechos, realizará las provisiones presupuestales necesarias para fortalecer las capacidades técnicas y financieras del Instituto a fin de favorecer el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos culturales de las personas que habitan y visitan la Ciudad de México, así como la defensa de los mismos a través de los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad previstos por la normatividad aplicable. El Congreso de la Ciudad de México garantizará, para cada año fiscal correspondiente, proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto."

¿De qué Instituto se habla? Del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, una entidad que debería tener un rol protagónico en la vida cultural institucional de la ciudad, pero que desde su creación en diciembre de 2018 es prácticamente invisible. Bajo la dirección general de la misma persona desde su inicio, Jesús Galindo Calderón, no tiene página de internet y lo más relevante que ha producido es una Cartilla de Derechos Culturales y un Prontuario normativo en materia de derechos culturales. En siete años y medio.

NO ES CHANTAJE, ES EXIGENCIA DE JUSTICIA

En conclusión, de 2018 a la fecha, ocho años después, el presupuesto anual a Cultura en la Ciudad de México ha sido menor al 2% del gasto programable como lo manda la ley. Queda claro, entonces, que la afectación a los derechos es evidente y demostrable y que su cumplimiento es exigible para hacer justiciables a cabalidad los derechos que hemos enunciado en este recorrido. Sabemos quiénes son los afectados y quiénes son los sujetos obligados a cumplir.