La revolución digital es probablemente el hito tecnológico, económico y sociológico más destacado durante las dos primeras décadas del Siglo XXI. La digitalización se ha extendido a gran velocidad, partiendo de un entorno previo altamente interconectado. En apenas 20 años hemos pasado de una era de cambios a un cambio de era: la era digital.
La digitalización constituye una innovación tecnológica disruptiva y, en apariencia, irreversible. Esta nueva era se siente ya en la sociedad, en las instituciones —públicas y privadas— y en el sistema económico, desvelando con frecuencia la necesidad de adaptar las leyes y normas que regulan nuestra convivencia para aprovechar el nuevo potencial. La digitalización puede favorecer transversalmente la consecución de una creciente libertad económica, mejorando los mercados, los modelos de negocio, y alterando los propios conceptos de empresa y de consumidor.
Las implicaciones para las administraciones pueden ser incluso más profundas que para el sector privado ya que ofrece una oportunidad histórica para que el sector público cumpla de forma más eficaz y eficiente con sus objetivos, mejore la regulación desde los principios de la regulación económica eficiente, promueva la competencia y aumente el bienestar.
En este sentido, la digitalización ha venido acompañada del desarrollo de mecanismos y modelos de negocio que permiten mitigar o solucionar determinados fallos de mercado en los que se apoyaban los poderes públicos para intervenir en el mercado. La digitalización también contribuye a dificultar los procesos de captura regulatoria y permite reforzar la eficacia y ampliar los efectos de la función de promoción de la competencia y su repercusión en la sociedad. Esta mayor y mejor difusión de información en la era digital resulta fundamental para generar debate instruido y aumentar la probabilidad de que el análisis y las recomendaciones realizadas permeen en los poderes públicos. Se puede conseguir con abundante evidencia empírica facilitada por el big data que la normativa mejore en la dirección más favorable al cumplimiento de los objetivos de interés general marcados por los poderes públicos competentes.
Por otro lado, la digitalización también repercute positivamente en otras formas de intervención pública en los mercados, en concreto cuando el sector público actúa de proveedor de bienes y servicios o de comprador. Permite que se introduzcan distintos tipos de mejoras en la prestación de servicios públicos en ámbitos como el sanitario o educativo, facilita una mayor contestabilidad y competencia en mercados donde tradicionalmente el servicio se ha prestado a través de un monopolio de carácter público, y mejora la eficiencia y la presión competitiva en el aprovisionamiento público.
A su vez, la digitalización puede facilitar mejoras sustanciales en el propio funcionamiento del sector público, proporcionando una mayor permeabilidad a las ideas del mercado y del método científico, fomentando la transparencia, el cumplimiento de la normativa y la captación de talento.
Finalmente, en un mundo cada vez más digital y competitivo puede haber valor añadido en contar con autoridades independientes de productividad que, desde la independencia, la transparencia y la especialización, faciliten el contraste técnico y la promoción de las necesarias reformas estructurales, de carácter microeconómico, tan costosas de llevar a cabo en la práctica sin un análisis e información previos.
En todos los sectores, España está hambrienta de reformas económicas inteligentes: reformas estructurales que favorezcan la promoción de la competencia, la defensa de la libertad de elección y la libertad de empresa; reformas en la regulación de los sectores de red —como la energía, el transporte, el agua, el sector postal o las telecomunicaciones—; transformaciones que optimicen los servicios de interés general esenciales para el bienestar y desarrollo de la sociedad como la educación, la sanidad o la justicia. La digitalización puede permitir que la regulación se alinee en mayor medida con la eficiencia económica, mejorando el trabajo del sector público y el bienestar de los ciudadanos.