El término «productividad» es posiblemente el concepto económico más importante para el bienestar social a corto y largo plazo. Esencialmente, y de forma no estrictamente técnica, la productividad relaciona el producto obtenido con los insumos necesarios para obtenerlos. Es decir, una mayor productividad (a nivel empresa, sector o país) logra más resultados con los mismos inputs y los mismos resultados con menos inputs o cualquier combinación lineal entre ambos casos.

La productividad no es un objetivo por sí misma, sino un medio para facilitar una mayor calidad de vida en la sociedad. Como indica Banks, la productividad tiene relación esencial con el funcionamiento eficiente del lado de la oferta en las economías (Banks, 2015). No obstante, debe recordarse la estrecha relación de la productividad con los salarios reales a medio plazo. Los mercados competitivos tienden a igualar salarios y productividad de los trabajadores.

El crecimiento de la productividad es el determinante fundamental del nivel de vida de un país. Una frase ya célebre escrita por un economista brillante pone de relieve la importancia de la productividad: «La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país para aumentar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende, casi en su totalidad, de su capacidad para aumentar la producción por trabajador» (Krugman, 1990).

Ahora bien: ¿cómo se mejora la productividad? La productividad se mejora a través de reformas que favorezcan su incremento por dos vías, bien paliando fallos del mercado —por ejemplo, en investigación básica, sistema educativo o provisión de infraestructuras— o bien eliminando fallos del sector público —por ejemplo, un sistema fiscal ineficiente, un sistema judicial inadecuado, o barreras de acceso o de ejercicio introducidas innecesariamente en la regulación o en su aplicación por las administraciones públicas—. Podemos convenir en denominar «reformas estructurales» a dicho tipo de proyectos microeconómicos de compleja ejecución y creciente necesidad en la era digital destinados a mejorar la productividad. Efectivamente, la evidencia disponible muestra que las reformas microeconómicas o de carácter estructural son difíciles de implantar exitosamente. Ya lo eran en la época analógica, pero la digitalización podría haber reducido comparativamente su coste.

Para maximizar las posibilidades de concluir con provecho dichas opciones de política económica pro-productividad la literatura indica que es conveniente que se cumpla un doble requisito. En primer lugar, que las propuestas normativas estén bien fundamentadas en la evidencia disponible y el análisis. En segundo lugar, que estén apoyadas mayoritariamente por la sociedad (OCDE, 2010). Estas dos condiciones incrementan las probabilidades de implantación de las mismas y facilitan que los resultados de las políticas que mejoran la productividad sean llevados a buen puerto.

En nuestra opinión, ambos requisitos resultarían a priori menos costosos de alcanzar en la era digital. Tanto la disponibilidad de información relevante como su análisis científico es menos costoso, más preciso y verificable gracias a la digitalización. Por otro lado, la obtención de un apoyo mayoritario a una política correcta sería en principio más fácil, igualmente, en una sociedad digital, ampliamente conectada e informada a menor coste, y donde puede ser más fácil recopilar la evidencia, trasladar argumentos e intentar convencer.

Habría un tercer factor que debe también ser considerado. En su diseño, publicidad e implantación, las reformas estructurales sufren adicionalmente un problema de consistencia dinámica. Dicho problema es análogo al que padece la política monetaria sin una autoridad independiente (Kydland y Prescott, 1977) o, de forma más general, de forma coincidente al problema ya identificado por Strotz en la optimización intertemporal de la utilidad (Strotz, 1955).

En este sentido, existe una amplia evidencia empírica y una larga experiencia internacional referente al interés de contar con una autoridad independiente para ayudar en la implantación, o directamente implantar, políticas con costes no asumibles por la Administración a corto plazo (Alesina y Summers, 1993). Al mismo tiempo, dicho instrumento no será creíble sin una institución con amplia reputación social. Esta conclusión también cuenta con el respaldo de una extensa literatura referente a la calidad institucional como variable fundamental para el crecimiento económico de los países (Banks, 2009 y 2012; Acemoglu y Robinson, 2012 y OCDE y FMI, 2014).

Lograr apoyo para las políticas favorables a la productividad y, en particular, para las políticas que modifican normas y expectativas económicas derivadas de intereses creados nunca ha sido sencillo. También era oportuno contar con una AIP en la era analógica, y diversos países así lo consideraron(38). No obstante, es previsible que por los efectos favorables de la digitalización sobre la transparencia de las instituciones —voluntaria e involuntaria— la era digital requerirá de instituciones con mayor independencia de los grupos de interés que en épocas precedentes. Dicha independencia, real y percibida, deberá aunarse con elevadas capacidades técnicas. En esta situación de creciente transparencia digital, los Gobiernos requerirán probablemente de un instrumento reputacional que pueda, desde la independencia, funcionar como experto creíble y transparente en reformas microeconómicas. Esta posición parece más difícil de alcanzar directamente desde los departamentos ministeriales competentes, responsables de las propuestas normativas. Por el contrario, podría ser desempeñada con eficiencia por una autoridad técnica independiente cuyas opiniones o decisiones puedan ser aportadas internamente, frente a los departamentos ministeriales, y, externamente, de cara a los grupos de presión y la sociedad.

En definitiva, en un ambiente cada vez más digital y competitivo a nivel mundial, puede haber gran valor añadido, desde la independencia y la especialización técnica, en contar con autoridades independientes de productividad (AIP). Dichas AIP podrían colaborar con las administraciones competentes empleando los nuevos instrumentos digitales a disposición del sector público con la misión de incrementar la productividad y, en consecuencia, los salarios reales y el nivel y calidad de vida de los ciudadanos.