Columnas Económicas 2024

Manizales es la tercera ciudad del país en la medición del Índice Subnacional de Emprendimiento (ISE) del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartiendo el top 5 con Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, y logrando la mejor posición en el Eje Cafetero, donde Armenia y Pereira ocuparon la sexta y décima posición respectivamente entre las 23 ciudades evaluadas.

Si bien, Manizales logró en el resultado global el tercer puntaje más alto del índice, en las 8 dimensiones de medición y sus 61 indicadores hay temas que deben servir para hacer un llamado de atención al ecosistema de emprendimiento de la ciudad. Las dimensiones con mejor posición nacional fueron entorno de negocios (2), adaptación tecnológica e innovación (3) y ecosistema innovador y generación de conocimientos (2), y en el resto las posiciones estuvieron entre el top 12: capital social (8), infraestructura (9), desempeño emprendedor (10) y financiamiento (12).

Pero, analizando los indicadores internos se detalla que Manizales ocupa posiciones poco favorables en la comparación nacional, como son valor de fondos de capital emprendedor (23), solicitudes al fondo emprender (16), acceso a financiación (12), capital semilla (12), crédito a las empresas para innovar (12), inversión pública en calidad de educación básica y media (20), pertinencia de la educación terciaria para emprendimiento (21), índice de gestión empresarial (10), experiencia en emprendimiento (14), existencia de espacios institucionales para el desarrollo de redes entre emprendedores (16), facilidad para iniciar una empresa (21), facilidad para cerrar una empresa (19), eficiencia del marco regulatorio (19), índice de conectividad vía aérea (18), costo de energía eléctrica (21), importaciones de bienes de alta tecnología (16), adquisición y adaptación de tecnologías (15), empleo en empresas jóvenes (14), desempeño exportador (15) y empresas que exportan por primera vez (10).

El llamado de atención al ecosistema es para establecer una mesa intersectorial entre Gobierno local y departamental, empresas, gremios e instituciones para abordar el detalle de estos indicadores, desde sus fuentes, limitaciones, interpretaciones y sesgos. Pero, a grandes rasgos, al revisar los datos se muestra situaciones de gestión de recursos nacionales, promoción de fuentes de financiamiento locales y nacionales, infraestructura de transporte y costos, insumos tecnológicos para producción, impacto laboral y exportador del emprendimiento reciente y, posiblemente lo más valioso del índice, la percepción de emprendedores y expertos en emprendimiento regionales en la pertinencia de la educación en emprendimiento, prácticas organizacionales internas, aprovechamiento de espacios institucionales, coyuntura de entorno para abrir y cerrar empresa, regulaciones y capacidades de innovación.

La ciudad ha hecho una labor significativa por más de una década en la promoción del ecosistema de emprendimiento, donde los buenos resultados se materializan directa o indirectamente en el global del índice. Sin embargo, en los ciclos de vida de las estrategias de desarrollo económico territorial es sano hacer un alto en el camino y humildemente reconocer los temas que se pueden fortalecer, aquellos que definitivamente deben cambiar y los aspectos a intervenir con prioridad. Lo más saludable es darse cuenta que no hay perfección y siempre existirán oportunidades de mejoramiento. La inercia de la gestión, la falta de autocrítica y la comodidad del tiempo se convierten en enormes enemigos de la acción.

Una pregunta frecuente entre amigos y relaciones de pareja es sobre la intención de tener hijos, con una percepción generalizada de que actualmente el deseo de reproducción ha disminuido considerablemente. De hecho, el DANE publicó las estadísticas vitales en Colombia para 2023 (cifras preliminares) con un total de 510.357 nacimientos, para una variación relativa del -11% frente al 2022 y más del -30% en comparación con finales del siglo XX, siendo el valor más bajo en lo corrido del siglo XXI.

De esta forma, en Colombia las tasas específicas de fecundidad disminuyen en los últimos 5 años en todos los grupos de edad y la tasa global de fecundidad desciende de 1,8 hijos por mujer en 2014 a 1,2 en 2023, donde solamente 2 departamentos (Vaupés y La Guajira) tendrían tasas sobre el nivel teórico de fecundidad de reemplazo poblacional, lo que implica un punto de inflexión en la demografía del país con consecuencias estructurales de menor velocidad en el crecimiento de la población y su respectivo rejuvenecimiento.

La coyuntura de disminución en los nacimientos entre 2022 y 2023 se generó en todos los departamentos. En Caldas y Manizales los nacimientos fueron de 6.698 y 2.388 respectivamente en el año 2023, comparado con más de 16 mil y 6 mil nacidos vivos en el departamento y municipio en el 2000. Luego de la capital, los municipios con más nacimientos fueron La Dorada (652), Villamaría (426), Riosucio (392), Chinchiná (386), Anserma (246) y Supía (231), mientras los de menor cuantía fueron Belalcázar (87), Pácora (74), Risaralda (70), Norcasia (66), Victoria (61), Filadelfia (57), San José (40), La Merced (36) y Marulanda (22).

En este análisis también es importante examinar la fuerza demográfica de salida en las muertes, para tener un balance del crecimiento vegetativo de la población. En este sentido, en el 2023 se registraron 265.047 defunciones no fetales en Colombia, variación relativa del -7,7% frente al 2022, pero con una tendencia gradual de incremento en el siglo XXI con un aumento de más del 35% frente al 2000, con una mayor incidencia de mortalidad en hombres y en grupos de edad mayor a los 70 años, y donde las cinco principales causas de muerte sobre el total son enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y agresiones (homicidios). Por departamentos, las tasas de mortalidad más altas se presentaron en Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle del Cauca, siendo a su vez los territorios con mayor índice de envejecimiento poblacional.

De esta forma, el país presenta un saldo favorable entre nacimientos y muertes no fetales, sin embargo, esta realidad no es generalizada. Por ejemplo, para 2023 en Caldas el número de defunciones fue de 6.623 (saldo marginalmente favorable con los 6.698 nacimientos) y en Manizales de 2.785 (saldo desfavorable con los 2.388 nacimientos), es decir, un mayor número de población de salida (muerte) que de entrada (nacimiento), en donde la mitad de las causas de muerte fue por enfermedades isquémicas del corazón, crónicas de las vías respiratorias inferiores y cerebrovasculares (31,6%) y tumores malignos (19,7%).

Esta nueva realidad demográfica nacional y local debe abrir discusiones de sostenibilidad en los sectores de educación y protección social, la dinámica competitiva del mercado laboral, el tamaño de mercado y la productividad para las empresas, los servicios de transporte, alimentación y vivienda y en las concepciones de organización de vida familiar, ya que, estamos experimentando un cambio demográfico histórico con evidencia hasta el momento irreversible.  

El inicio de la revolución industrial en el siglo XIX fue unos de los momentos de mayor innovación económica, social y cultural de la humanidad, no solamente por el aumento de los índices de producción industrial, la evolución de los procesos empresariales y la trasformación de las ciudades, sino porque representó un momento histórico donde la sociedad escapa de la famosa trampa malthusiana, en honor al clérigo británico Thomas Malthus, quién afirmó en 1798 que el crecimiento demográfico (progresión geométrica) era mayor que la capacidad de generar alimentos (progresión aritmética), proyectando una catástrofe poblacional.

Precisamente la revolución industrial fue la primera vez en la historia que el modelo económico permitió aumentar la producción de riqueza, y al mismo tiempo, la expansión de la población, hecho sin precedentes que impulsó el capitalismo industrial, y posteriormente, el capitalismo financiero y global en el mundo. Los países industrializados dieron los primeros pasos hacia el aumento de capacidades de generar más riqueza en la población, permitiendo mejores condiciones sociales; mientras los países más rezagados, aún siguen sufriendo el problema del bajo crecimiento para enfrentar la pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

En ambos casos, la desigualdad económica ha sido un común denominador, lo cual, se debe a que las capacidades de producción de riqueza son diferentes entre los segmentos de la población, lo cual, limita la velocidad y volumen entre los grupos para crear, distribuir y consumir la riqueza generada. Esta realidad invita a pensar que la mejor manera de reducir la desigualdad económica es por la vía de un mayor crecimiento económico, que básicamente centra la atención en la generación de valor de los factores de la producción, desde el capital por la inversión privada y el trabajo con su productividad. En este último, la solución estaría en fortalecer las capacidades de la población trabajadora para generar riqueza, lo cual, implica cerrar las brechas de activos sociales de las personas, en lo que se refiere a oportunidades de educación, salud, alimentación, recreación y demás variables del desarrollo profesional y humano, que sirven de herramientas de cada persona para aprovechar sus capacidades en el proceso de producción.

En este cierre de capacidades emerge el Estado como un agente responsable de focalizar sus esfuerzos humanos, técnicos y financieros para que las personas tengan la oportunidad de nivelar y robustecer sus activos sociales para la satisfacción de sus necesidades y deseos, función que se garantiza con los impuestos. En este sentido, ¿Por qué Colombia es uno de los países más desiguales del mundo? La respuesta obvia es las capacidades de las personas, pero la inquietud es la eficiencia del Estado. Si el Estado cumpliera con su función, que implica una redistribución de los ingresos, el coeficiente de GINI que mide la desigualdad económica debería reducirse después de impuestos, situación que no sucede para Colombia y es extraña en la comparación internacional.

Así las cosas, los discursos con base en la lucha dela desigualdad económica quedan reducidos a nada si no existen cambios profundos y estructurales en el uso de los recursos públicos, que son esos impuestos recogidos de la riqueza anual generada por el sector privado, hogares y empresas. Si no debatimos sobre el foco y composición del gasto público, y un análisis crítico de la función del Estado, será imposible aprovechar las fuerzas del crecimiento y continuaremos en una trampa de la pobreza en el mediano y largo plazo. 

En el trimestre octubre-diciembre 2023 la tasa de desempleo en Manizales fue de 9,4%, ubicándose en la en la séptima posición entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, por encima del promedio de las 13 principales ciudades (9,3%), registrando un aumentando 0,9 puntos porcentuales (pp) frente a 2022, lo cual, se explica por una mayor reducción en la demanda laboral (-1,2 pp) versus la oferta laboral (-0,7 pp), donde los ocupados variaron -0,8% y los desocupados 11,3%. En resumen, el mercado de trabajo de Manizales entró en el cuarto trimestre 2023 en una fase de desaceleración, con la destrucción de 1.890 empleos y una fuerte reducción absoluta en los sectores de industria manufacturera (-2.780), transporte y almacenamiento (-2.349), construcción (-1.704) y hoteles y restaurantes (-880).

Esta destrucción de empleo en Manizales es señal de una menor dinámica del sector privado, ya que, los empleos de obrero y empleado particular se redujeron en -2,5%, para una pérdida de -3.484 ocupados, hecho que deja a Manizales como la ciudad de mayor alza en el desempleo entre las 23 ciudades, seguido de Cartagena, donde la generalidad en el resto fue tener una caída en la tasa, generándose un punto de inflexión en la economía local. Así, Manizales cerró el 2023 con 224.552 personas ocupadas y 24.787 desocupados, y una tasa de desempleo del 9,9%, la segunda más baja en el periodo 2008-2023, seguido del 9,5% en 2015 y 10,1% en 2022, marcando un reto para la administración municipal actual, frente a su propia gestión pasada, los factores externos y las propuestas de política local.

Justamente esta coyuntura exige que la ciudad y sus actores se articulen en una agenda local para el fortalecimiento del mercado de trabajo, en la cual, se tenga presente las evoluciones recientes de los indicadores globales, pero también los cambios de mediano plazo, donde sectores como comercio y actividades artísticas y entretenimiento han perdido conjuntamente cerca de 6 mil empleos en la última década, mientras otros sectores han ganado ocupados, por ejemplo actividades profesionales y servicios administrativos y educación y salud con más de 4 mil y 7 mil nuevos empleos respectivamente, más de 2 mil en información y comunicaciones y más de mil en actividades financieras, industria y suministro de servicios públicos y gestión de desechos, en un proceso donde el sector privado ha sido protagonista, pasando de generar 55 de cada 100 empleos a 62 de cada 100, con reducciones de los ocupados en empleo doméstico, cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneración.

La gradual transformación del mercado de trabajo de Manizales hacia sectores de servicios de valor agregado, manteniendo su vocación industrial y robusteciendo la importancia del sector privado, en una avanzada transición demográfica, una coyuntura macroeconómica compleja de estancamiento en el consumo y la inversión y de incremento en la incertidumbre institucional y política nacional, necesitará de acciones de política local que avancen hacia el fortalecimiento de competencias, habilidades,  conocimientos y condiciones de salud de las personas para integrarse en los mercados con una mayor productividad, y el desarrollo de procesos de innovación y crecimiento empresarial, con el objetivo de escalar en tamaño y diversificación de empresas para continuar con los círculos virtuosos de la formalidad y una mejor utilización del factor producción trabajo con más alto capital humano.

¿Cuáles serán las políticas locales de empleo?

Posiblemente en la historia económica, política y social de la humanidad uno de las obras clásicas de mayor influencia en los sistemas de pensamiento fue El Capital de Karl Marx, sociólogo alemán que hizo una crítica al capitalismo de la época inspirado en la filosofía de Hegel y Feuerbach, el pensamiento socialista utópico francés e inglés y la doctrina económica del valor trabajo de los clásicos. Uno de los principales postulados de Marx fue la explotación laboral como mecanismo del capitalista para extraer el valor de la producción generada por el trabajo, lo cual, generaba tensiones en el sistema y era una de las claves para entender la lucha de clases.

Su pensamiento provocó una revolución intelectual, desatando un impresionante movimiento social de los trabajadores, que gradualmente resultó en el siglo XX y XXI en un avance sustancial de reconocimiento de sus derechos, la libertad sindical y la negociación colectiva entre trabajador y empleador, representando unos de los puntos más relevantes de la fortaleza democrática en el mercado del trabajo. En las últimas tres décadas, el marco conceptual evolucionó hacia una agenda mundial alrededor del trabajo decente, bajo 4 pilares defendidos por la Organización Internacional del Trabajo, a partir de los cuales se han promovido nuevas regulaciones en el mercado de trabajo, seguramente bien intencionadas, pero con un discurso constante desde la precariedad laboral y desafortunadamente sin renunciar al estilo comunicativo de ataque al sector privado característico del Marx del siglo XIX.

El enorme obstáculo de esta posición es establecer un supuesto universal de mala intención del empresario y reducir los problemas laborales al cumplimiento de leyes, sin entender las fuerzas endógenas del funcionamiento de este mercado. En este sentido, se olvida el primer pilar del trabajo decente que es crear empleos e ingresos productivos, lo cual, implica centrar la atención en las capacidades de oferta y demanda de producir riqueza, donde ambas se retroalimentan de manera dinámica. En la oferta, los conocimientos, competencias, habilidades y salud de la fuerza de trabajo, es decir el capital humano, se relaciona con la especialización y un mayor rendimiento individual que a nivel de empresa genera más valor agregado, y, por ende, mejor remuneración. En la demanda, la escalabilidad de las empresas está asociada a más capacidad de penetración de mercados, robustez en procesos organizacionales y un mayor volumen para producir y distribuir riqueza.  

Desde ambas fuerzas, estadísticamente se evidencia que, a mayor capital humano y tamaño de las empresas, las condiciones de empleabilidad y formalidad laboral de los ocupados son más favorables, en términos contractuales, derechos laborales, protección social y remuneración, lo que significa que estas dos fuerzas del mercado del trabajo son los verdaderos mecanismos de movimiento social y laboral, y que desde el trabajo decente representan el objetivo final. Si reflexionamos desde este punto, la culpa de la precariedad laboral estaría en los sistemas de educación, los programas de bienestar social y en salud desde edad temprana de las personas y las políticas de fortalecimiento y desarrollo empresarial y promoción de la competencia, todas en el ámbito de acción del sector público.

Lo más curioso es que los abanderados de la lucha laboral en Colombia son generalmente trabajadores del sector público que omiten esta evidencia empírica, tienen mayores beneficios laborales comparativamente con el resto de los ocupados del país, y continúan viendo enemigos en el sector privado. Ustedes ¿qué creen? ¿de quién es la culpa de la precariedad laboral?

En las discusiones en el Congreso de la República alrededor de los proyectos de reformas hay un debate político y económico profundo sobre el rol del Estado en el funcionamiento del sistema social, el cual, es impulsado desde el Presidente de la República con una crítica constante a lo que algunos denominan el “modelo económico neoliberal”. Básicamente, la postura es que este modelo ha dejado desamparado a varios sectores de población, incrementado la desigualdad económica, y proponiendo un rol mucho más activo del Estado para contrarrestar lo que en teoría se denominan las fallas del mercado.

La reducción de los problemas a la simple solución de un Estado interventor es el fondo de la tensión actual en la política y la economía del país. Así, en todas las acciones y discursos gubernamentales, como en los proyectos de reforma, sale a la luz el deseo de incrementar el poder estatal como ese agente magnánimo que actúa guiado por el bienestar social, que juega a equilibrar la balanza a nombre de la justicia. Si bien, el sector público cumple una función esencial de inversión social, y ha sido co-protagonista del desarrollo económico en la historia, el reduccionismo de más Estado para la sociedad omite la realidad que esté no es un agente omnipresente, omnisciente y omnipotente, sino que está personificado por individuos que cumplen funciones públicas establecidas por la Ley.

De esta manera, así como existen las fallas del mercado, en la teoría económica también se encuentran los fallos del Estado, partiendo del comportamiento individualista de los políticos y burócratas públicos, que son seres humanos como aquellos del sector privado, y que en su intervención en los asuntos económicos y sociales pueden ocasionar ineficiencias, donde el costo social es asumido por la sociedad y el costo económico financiado por los privados.

La complejidad de la discusión no es la decisión de tener un mayor o menor tamaño del Estado en la economía, sino entender el rol del Estado y su funcionamiento actual. Por un lado, el Estado tiene la función de redistribuir la riqueza generada anualmente en el país por medio de los impuestos extraídos a los hogares y las empresas, los cuales, deberían utilizarse prioritariamente en inversión social para el bienestar de las personas. Por otro lado, la estructura actual del sector público en Colombia deriva en un déficit fiscal anual, una deuda pública creciente y un abultado porcentaje de egresos públicos en gastos de funcionamiento, donde sobresalen cargos directivos de entidades públicas con ingresos mensuales entre los 55 y 70 millones de pesos, hecho de natural recelo social y moral en un país donde el 47,1% de los ocupados tiene ingresos inferiores a 1 SMMLV y un 11,3% de 1 SMMLV según DANE para el periodo enero-octubre 2023.

Ojalá el deseo de una mayor intervención del Estado en la economía fuera acompañado de una intención real de mayor eficiencia en la inversión social y productiva, aspecto necesario para la fórmula del desarrollo económico; en caso contrario seguiremos en una defensa ideológica inútil por el Estado sin hacer la pregunta incómoda ¿para qué un Estado?