El resultado más notorio de la actual coyuntura Covid-19, más allá del número de contagiados y fallecidos de esta pandemia, es el desempleo generado por las estrategias de confinamiento social. Es una preocupación generalizada de todos los sectores de la población, que refleja el deterioro en las condiciones económicas. Tener al desempleo en el centro del debate público-privado ha generado una oleada de propuestas, donde el escenario de recesión económica incentiva la creatividad: reducción de la jornada laboral, contratación por horas, reforma laboral, aumento del salario mínimo por encima de la regla universal, reducción de salario mínimo o diferenciado por regiones, regulación legal del trabajo en casa, entre otras.
Todas estas tienen una sombrilla común: considerar que las imperfecciones en el mercado laboral se encuentran fuertemente relacionadas con aspectos regulatorios o normativos y que la expedición de una Ley cambiará sustancialmente la dinámica en el mercado y fluirá la anhelada conexión entre la oferta y la demanda. En mi criterio, esta mirada parcial deja de lado la variable estructural de mediano y largo plazo para comprender las problemáticas del mercado laboral que hace referencia al concepto del emprendimiento de forma integral. La razón es que lo único que permite que se genere empleo es la empresa. En la medida que el tejido empresarial aumente sus velocidades de crecimiento y las unidades logran movilizarse tempranamente en su ciclo de pequeñas a grandes empresas, en un incentivo global de competencia aunado con productividad, ese es el círculo virtuoso que permite la generación del empleo. Sin embargo, el emprendimiento en el país, desde el discurso ligero, ha caído en la simple concepción de la cantidad versus la calidad, donde se prioriza las metas de creación de empresas someramente sobre el crecimiento empresarial. Siguiendo el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021 del Consejo Privado de Competitividad, se pueden exponer algunos puntos relevantes para la comprensión del estado del emprendimiento en el país:
(i) Altos niveles de concentración de mercados, es decir, estructuras de mercado con poderes monopólicos, resultado de una baja competencia económica. Colombia ocupa el puesto 105 entre 141 economías en el indicador de competencia doméstica del Foro Económico Mundial.
(ii) Bajos niveles de complejidad económica. Colombia ocupa el puesto 56 entre 133 países en el índice de complejidad del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard y tiene uno de los mayores índices de concentración de la canasta exportadora (índice HH).
(iii) Altos niveles de autoempleo como respuesta al bajo crecimiento empresarial y la baja sofisticación del aparato productivo. Colombia debería tener tasas de autoempleo sobre el 34% según el tamaño de su economía, pero se encuentra superior al 50%.
(iv) Altos niveles de emprendimiento por necesidad. Colombia ocupa el puesto 5 entre 50 economías en la tasa de actividad empresarial temprana según el GEM, pero más del 90% explicado por una motivación asociada a la escasez de ofertas de trabajo.
(v) Altos niveles de informalidad laboral y empresarial, como efecto colateral del bajo crecimiento empresarial y en los niveles de sofisticación. En Colombia más del 60% de las unidades productivas no tiene registro mercantil, 4.000 empresas generan el 50% del empleo formal privado y menos del 1% son empresas exportadoras.
(vi) Baja movilidad empresarial de pequeñas unidades productivas a medianas y grandes empresas. En Colombia las empresas crecen a una menor velocidad en el tiempo frente a las comparaciones internacionales, incentivando la baja productividad, la rígida competencia y empresas poco competitivas.
En esta coyuntura se estrena la Ley de Emprendimiento en el país, la cual, tiene cinco ejes principales: (i) simplificación de cargas y trámites; (ii) ampliar acceso de mercado de Mipymes a compras públicas; (iii) impulsar las fuentes de financiamiento; (iv) articular acciones nacionales alrededor del emprendimiento; y (v) desarrollar capacidades y habilidades de emprendimiento en todos los niveles de educación. De esta nueva Ley, me inquieta pensar en la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para que las empresas (pequeñas, medianas o grandes) realmente crezcan por encima de sus pares internacionales?, en otras palabras ¿cómo pasar la página de un ecosistema de emprendimiento a un ecosistema de escalamiento y aceleración de empresas? Ahí está el reto principal, el resto son acciones que ayudan a aceitar el mercado, pero no son el motor.
La coyuntura de la pandemia Covid-19 y sus implicaciones sobre el sistema económico han desnudado gradualmente muchas situaciones sociales que antes pasaban “desapercibidas” en la marea de estadísticas oficiales. Cuando utilizo el término “desapercibido” hago referencia a que seguramente se sabía de su existencia, pero en el balance anual no se profundiza en este tipo de realidades. Particularmente esta crisis ha manifestado las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de diversos sectores de la economía colombiana. Uno de estos son los micronegocios, que hacen parte del complejo tejido empresarial.
Generalmente, cuando se hace alusión a los empresarios, el imaginario es alrededor de grandes infraestructuras y organizaciones con importante trayectoria que son los que mueven el termómetro de la actividad económica de los territorios. Pero, después de estos, existen millones de pequeñas unidades productivas, que son la principal fuente de ingreso para millones de hogares en Colombia. Siguiendo la Encuesta de Micronegocios 2019 del DANE se estima que hay más de 5,8 millones de micronegocios en el país, donde se evidencian panoramas de alta fragilidad. De esos 5,8 millones de unidades, el 87,6% tiene como situación de empleo a su propietario en cuenta propia y el restante 12,4% son patronos o empleadores. Estas unidades emplean a más de 8,3 millones de personas (75,8% con una sola persona). El 87,5% de los propietarios no generan aporte al sistema de seguridad social, el 94,8% no realiza pagos a riesgos laborales, el 75,7% no tiene RUT y el 87,8% no está registrado en Cámara de Comercio. El 34,8% inició el negocio porque no tenía otra alternativa y el 44,1% tiene más de 10 años de funcionamiento. En materia tecnológica, el 89,7% no usa dispositivos electrónicos, el 38,5% no usa teléfono celular y el 76,1% no usa internet en su operación (77,5% porque no lo necesita, 10% por costoso y 6% por desconocimiento de uso).
Desde el análisis económico, este tipo de estadísticas que realizan un acercamiento particular a las realidades del sistema, se convierten en un significativo instrumento para la focalización de políticas económicas, productivas y empresariales, especialmente en una coyuntura donde los vientos desfavorables de la crisis han impactado más severamente a sectores con mayores condiciones de debilidad socioeconómica. Más allá del discurso de espíritu emprendedor, en una narrativa casi religiosa, la mayoría de los micronegocios son el resultado de los bajos crecimientos empresariales agregados en el país, las fuertes estructuras oligopólicas y los precarios niveles de sofisticación, con el consecuente estancamiento en la movilidad vertical de las industrias (evolución dentro del ciclo pequeña, mediana y grande empresa) y deficitarios procesos internos de generación de empleo formal. Esperemos que esta crisis sirva para pensar la Colombia que se encuentra en la otra cara de la moneda y en el paisaje social suele pasar "desapercibida".
Ñapa: ¿Y Manizales? Según la encuesta existen 37.111 micronegocios, 88,5% en situación de cuenta propia del propietario y un 11,5% como patrón o empleador, en su mayoría dedicados al sector de servicios (51,7%) y comercio (36,9%). El 66% son hombres, mostrando preferencias de género en este segmento empresarial. La diferencia de ingresos entre el propietario cuenta propia y el patrón o empleador es significativa, siendo de promedio mensual de $2.304.821 para el primero y de $13.967.803 para el segundo. La condición de los micronegocios en Manizales pone en evidencia la latente vulnerabilidad frente a la coyuntura Covid-19, ya que, más del 50% de su operación se produce en sitios frecuentemente no fijos como es puerta a puerta o domicilio (23,1%), ambulante sitio descubierto (13,5%) y vehículo con o sin motor (10%), en donde, el 71,5% son visibles al público. En materia de vulnerabilidad, se debe mencionar también que el 40,4% tuvo como motivo principal la constitución del negocio no tener otra alternativa de ingreso y un 7,4% para complementar o mejorar el ingreso corriente, y apenas el 27,3% lo identificó como una oportunidad en el mercado y el 16,4% para ejercer su oficio, carrera o profesión. Y, frente a indicadores de formalidad, el 48,1% reporta no tener Registro Único Tributario-RUT, el 77,5% no tener Cámara de Comercio y el 66% de los propietarios afirma no aportar a salud y pensión.
Nota: Según el DANE, se entiende por micronegocio una “unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción”. Asimismo, el empleador es la “persona que dirigen su propia empresa económica o ejerce por su cuenta una profesión u oficio, utilizando uno(a) o más trabajadores(as) remunerados(as), empleados(as) y/u obreros(as)” y cuenta propia la “persona que explota su propia empresa económica o que ejerce por su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningún(a) trabajador(a) (empleado[a] u obrero[a]) remunerado(a). Esta persona puede trabajar sola o asociada con otra(s) persona(s) de igual condición.”
Manizales es un caso particular de análisis en el contexto nacional. En diversos discursos, resalta como una ciudad pequeña, y algunos más optimistas la categorizan como una ciudad mediana del país. En términos demográficos, Manizales ocupa la posición 17 entre 1.122 municipios de Colombia en tamaño poblacional, lo cual empieza a brindar algunas luces. Manizales sobresale porque son 1.053 municipios con poblaciones por debajo de los 100 mil habitantes y representa el 5,9% de la población total de Bogotá, el 17,9% de Medellín, el 19,5% de Cali y el 36% de Barranquilla (únicas ciudades por encima de un millón de habitantes). Con esto, Manizales estaría en las 15 principales urbes del país, tomando solamente las ciudades capitales.
En un discurso desde la geografía económica, se esperaría que las principales ciudades tengan las mejores condiciones socioeconómicas, al tener unas fuerzas de atracción favorables relacionadas con los tamaños de mercado. Y claramente, en generación de riqueza, las primeras ciudades concentran los ejes de crecimiento económico del país. Pero, cuando se evalúan las condiciones sociales, se pueden encontrar estadísticas que no dejan de ser curiosas para cualquier espectador. Allí entra Manizales.
Destacan cifras como ser la tercera ciudad con mayores niveles de competitividad, tener la menor proporción de población ocupada informal, liderar el índice de progreso social y la clasificación Doing Business y recientemente registrar la menor incidencia de pobreza monetaria. Los resultados anteriores reflejan situaciones estructurales del tejido económico, productivo e institucional que responden a factores multidimensionales y que logran de forma sinérgica como ciudad mediana o pequeña crear un ambiente social favorable. Esto son claramente ventajas que se deben potencializar, pero no pueden eclipsar las fragilidades de ese mismo sistema que se debe reforzar.
En términos poblaciones, cuando se hace el intento de dar un rostro humano a cada estadística, significa que en Manizales habitan 87.429 personas en situación de pobreza monetaria, es decir, que viven con menos de $377.753 mensuales, que representa el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios). También hay que destacar que existe una brecha de género de 3,2 puntos porcentuales en la pobreza monetaria a favor de los hombres. La incidencia de pobreza monetaria asciende al 42,9% de un jefe de hogar en situación de desocupación laboral. Si se adiciona a la clase vulnerable de la ciudad, el 46,9% de la población de Manizales vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad de ingresos, y al mismo tiempo, es la ciudad con la mayor proporción de clase media en el país, con el 49,9% de sus habitantes, reflejando una dicotomía social que no debería pasar desapercibida. Adicionalmente, la incidencia de informalidad laboral alcanza el 60,4% en los pobres y el 48,4% en los vulnerables, frente al 33,5% en la clase media y el 15,7% en la clase alta.
Así, Manizales es un caso especial, y con base en los indicadores se alimentan los discursos de ser la ciudad con la mejor calidad de vida en el país. Esto último puede ser un argumento subjetivista, respetable, y que así no sea cierto, ojalá la ciudad siga construyendo argumentos a favor. Pero en la mirada desde el análisis económico, las lecturas deben ser equilibradas y su misión es evitar que como sociedad se caiga en una miopía generalizada que oculte los retos para seguir fortaleciendo el sistema económico y social.
Todas las estadísticas oficiales en el país gradualmente están mostrando que el golpe de la pandemia Covid-19 y sus estrategias de Gran Cuarentena están llevando a un fuerte retroceso en los avances económicos y sociales que se habían logrado en los últimos años. Es natural que en la medida que evolucione la reapertura económica, las cifras atípicas comiencen un proceso de normalización que periódicamente se reflejarán en los datos. Sin embargo, este hecho no puede ocultar que detrás de cada estadística existe una persona que está perdiendo calidad de vida y que las cicatrices en su desarrollo personal, profesional y como miembro de la sociedad pueden ser de mediano y largo plazo. Este es el caso de los jóvenes, que algunos etiquetan como la “generación del futuro” que será la base de la productividad en el mediano plazo. Pues bien, las estadísticas oficiales hasta el momento solo permiten concluir la condición de fragilidad laboral en este grupo poblacional.
En el trimestre móvil junio-agosto 2020, la tasa de desempleo en la población joven (14 a 28 años) en Colombia fue de 27,9%, la cifra más alta en la historia del siglo XXI, seguida del mismo periodo en 2002 con el 25,2%. Adicionalmente, este drama laboral tiene sesgos de género: en hombres la tasa de desempleo fue de 22,1% y en las mujeres de 36,2%, aumentando la brecha de 8,9 puntos porcentuales-pp a 14,1 pp entre 2019 y 2020. De este modo, los jóvenes representan el 31,1% de la población en edad a trabajar en el país, de los cuales, el 51,3% son económicamente activos y de estos un total de 1.776.303 están en condición de desocupación. La preocupación no es solamente por los jóvenes desocupados, incluso en el grupo de ocupados se muestran fenómenos de vulnerabilidad social que no deben pasar por alto: el 35,4% presentó una reducción en su actividad económica y de ingresos, 19,4% se siente solo, estresado, preocupado o deprimido, 18,1% no ha podido realizar pagos de facturas y deudas y 13,1% ha presentado problemas para conseguir alimentos o productos de limpieza.
¿Y las cifras para Manizales? Para el mismo trimestre, la tasa de desempleo juvenil ascendió a 39,7%, cifra que no había superado el 30% en los últimos quince años, llegando a 19.950 personas entre 14 a 28 años en la ciudad en desocupación, situación que en pocas palabras significa que se perdieron más de 14 mil empleos y se sumaron más de 11 mil personas al desempleo en los jóvenes. Lo más preocupante fue registrar la cifra más alta en la comparación en el Eje Cafetero y resaltar entre las 5 ciudades con mayor desempleo juvenil en el país.
Las conclusiones y lecturas de esta coyuntura pueden ser diversas. Yo elegí algunas preguntas: ¿será el momento de preguntarnos en Manizales si vale la pena discutir una política laboral juvenil? ¿existen políticas sectoriales de generación de empleo juvenil? ¿existen estrategias de financiación y apoyo empresarial a jóvenes emprendedores? ¿existen iniciativas de formación en capacidades y habilidades para el trabajo diferenciadas para los jóvenes? ¿existe alguna medida de promoción y sensibilización de empleo juvenil con el sector privado? Si existen, es una labor conjunta institucional de hacer socialización, pero si no existen, es una invitación a reflexionar de problemáticas y prioridades como ciudad: ¿Cómo emplear a los jóvenes?
En julio 2020 la tasa de desempleo nacional en hombres fue de 16,2% y 26,2% en mujeres, en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas ascendió a 21,1% en hombres y 29,1% en mujeres, duplicándose la brecha de género entre 2019 y 2020. Para el trimestre abril-junio 2020, las 23 ciudades y áreas metropolitanas tuvieron una brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres de -4,7 puntos porcentuales-pp, donde las mayores brechas se registraron en Florencia (-13,3 pp), Quibdó (-11,2 pp), Santa Marta (-10,6 pp), Montería (-9 pp), Ibagué (-8,2 pp), Cali (-7,6 pp), Riohacha (-7,1 pp), Barranquilla (-6,3 pp), Manizales (-6 pp) y Valledupar (-5,9 pp). En un contexto regional, Manizales registró una tasa de desempleo en mujeres de 28,9% (aproximadamente las doceava más alta entre las 23 ciudades), Pereira de 28,2% y Armenia de 35,1%, lo que representa un incremento frente a 2019 de 16,7 pp, 18,2 pp y 15,3 pp respectivamente.
La crisis económica generada por las medidas de contención de la pandemia por Covid-19 ha llevado al mundo a experimentar diversos indicadores históricos de caída en la actividad económica, que, en forma sistémica, han afectado a diversos sectores y mercados, donde el choque es heterogéneo según las estructuras económicas iniciales. Un ejemplo de esto es el mercado laboral de las mujeres, que ha sido quizás el más golpeado en esta coyuntura. Para julio 2020, según rangos de edad, la mayor reducción en la población ocupada en el país fue entre los 25 y 54 años de edad, con más 2,5 millones de personas, de los cuales, 1,6 millones han sido mujeres. Por el tamaño de empresa, en la reducción de más de 4 millones de ocupados, el 60% ha sido en empresas hasta de 10 personas, donde el 73% ha sido en población de mujeres. Y, la población inactiva registró un aumento de 2,7 millones de personas, 68% mujeres, de las cuales, más del 80% se dirigió a oficios del hogar.
¿Acaso el Covid-19 funciona con enfoque de género? La respuesta es claramente que no y la explicación es que las medidas de “apagar la economía” desnudaron la fragilidad del ecosistema laboral y empresarial de muchos segmentos de la población, como son las mujeres. Para cierre de 2019, del total de ocupados nacional, el 0,3% de los hombres tiene una posición de empleado doméstico con respecto al 7% en las mujeres, 2,3% de los hombres son trabajadores familiares sin remuneración (incluye trabajadores familiares sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares) contra el 5,7% de las mujeres y el 4,5% de los hombres son patrón o empleador frente al 2,4% en las mujeres. Por ramas de actividad, el 22,3% de los hombres se ocupa en el sector agrícola y el 21,4% de las mujeres en el sector de comercio, el 4,1% de los hombres en servicios de alojamiento y comida frente al 12,2% de las mujeres en este sector y el 5,1% de los hombres en actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios contra el 15,1% de las mujeres. La población inactiva es 1,8 veces más en las mujeres, donde el 27,8% se dedica a estudiar y 58,9% a oficios del hogar, en comparación con el 56,7% de estudios y 8,1% de oficios del hogar de los hombres. Y, el tiempo total de trabajo promedio es de 54,4 horas a la semana en hombres y 63,6 horas en las mujeres, 47,7 horas de trabajo remunerado para los hombres y 39,5 horas para las mujeres.
El drama laboral femenino pone de manifiesto la exigencia de plantear estrategias de reactivación de empleo con enfoque de género. Es urgente que las administraciones locales actúen focalizando apuestas de generación de capacidades laborales en mujeres y microempresas en este segmento demográfico. Es el momento propicio para pasar de los discursos y simples cuotas de género en los cargos públicos y estructurar un programa con objetivos claros de diferenciación de políticas laborales en las mujeres. La alianza con el sector productivo es fundamental, en la medida de generar conciencia y destrabar posibles nudos generaciones ligados a sistemas de cultura. Igualmente, la conversación debe surgir con el sector educativo, buscando puntos de inflexión en la reproducción de sistemas laborales discriminatorios con patrones de género. La tarea no es fácil. El reto es inaplazable.
Entre enero-junio 2020 las exportaciones de Caldas registraron una variación del -5% (de las más bajas en el país) y el área aprobada de construcción un -28,5%. La tasa de desempleo en el área metropolitana de Manizales fue de 20,3% y en la población de 14 a 28 años de 32,1%. La producción real de la industria manufacturera en Manizales retrocedió un -13,1% y las ventas reales un –17,7%. La inflación, para enero-julio 2020, cierra en un 1,38%, con fenómeno deflacionario en las divisiones de bienes y servicios de prendas de vestir y calzado (-2,72%), muebles y artículos para el hogar (-1,76%), transporte (-0,64%) e información y comunicación (-6,01%).
Luego de un largo periodo de cuarentenas, cierres, toques de queda y todo tipo de estrategias de confinamiento social, desde julio ha llegado un periodo de relajación de medidas, que ha sido acompañado de pruebas piloto de inicio de actividades en diversos sectores de la economía, así como espacios de interacción social para la ciudadanía. Es plausible el cambio de discurso hacia la importancia de preservación de la vida económica, en un balance con la vida de salud física y mental.
Precisamente, Manizales fue una de las ciudades que más rápidamente tomó medidas (acertadas o no) para enfrentar la pandemia, donde una de las metas esperadas era tener un menor número de contagiados y fallecidos por Covid-19. En un sentido lógico, lo positivo de las cuarentenas tempraneras era tener resultados efectivos para reactivar la economía lo más pronto posible. Las cifras ya brindan esa condición y la microgerencia de la pandemia pasa a un segundo plano. ¿Qué porcentaje es atribuible a las acciones y medidas implementadas?, ¿qué tanto a la cultura ciudadana?, ¿qué tanto a la estructura económica más formal?, ¿qué tanto? Son preguntas que tendremos que responder en algún momento para lecciones en un futuro. Por ahora, lo importante es la reactivación económica del territorio.
Sin embargo, aún genera una inquietud: ¿Existe realmente un plan de reactivación económica o simplemente es un plan de reapertura de actividades económicas? Vale la pena aclarar que son dos cosas distintas. Un plan de reactivación contempla acciones de reapertura, pero también estrategias de corto y mediano plazo para recuperar la dinámica económica. Mientras, un plan de reapertura es volver a poner en funcionamiento las actividades con todos los protocolos de bioseguridad, con la esperanza que todo vuelva a ser como antes. La evidencia empírica nacional e internacional está mostrando que el choque puede ser más profundo de lo previsto y que el inicio de actividades no está abordando los choques indirectos sobre el comportamiento y la confianza de los agentes económicos. Hasta el momento en Manizales pareciera más un plan de reapertura, aclarando que aún no se conoce un plan de reactivación económica diferenciado. En actitud propositiva, un plan de reactivación podría contemplar acciones como:
Reducción temporal del impuesto predial para propietarios de locales comerciales.
Suspensión temporal de cobro de servicios públicos para establecimientos de comercio.
Suspensión (congelación) temporal de deudas financieras y/o interés de deuda con el municipio.
Ampliación (o suspensión temporal) de plazos para pagos de impuestos locales y financiación de los mismos con intereses bajos a un periodo de uno o dos años.
Para organizaciones de base (donde sea factible), un plan de tránsito agresivo de digitalización, marketing digital y virtualización de procesos. Es una gran oportunidad para People Contact.
Asistencias técnicas con las unidades más débiles de la cadena productiva, frente a estructuración de pasivos y negociaciones de financiamiento (estrategia de crisis empresariales).
Ampliar horarios de atención de los establecimientos de comercio, incluso las 24 horas, especialmente aquellos con servicios de domicilio. Igualmente, se debe procurar regular según vocaciones de las comunas: El comercio no especializado (tiendas y supermercados) es de mayor relevancia en la Comuna Ciudadela del Norte, La Fuente y Atardeceres, que sobre Cumanday, Palogrande o La Estación.
Revisar convenios de fortalecimiento empresarial con instituciones de la ciudad y enfocarlos exclusivamente hacia acciones de intervención con indicadores de impacto.
Planes de infraestructura vial, física o residencial.
Reorganización de la administración y su presupuesto en materia de gastos.
Posiblemente algunas de estas ideas se están construyendo, o están en ejecución, otras se han planteado y descartado y otras no se han tenido en cuenta. Mi punto central es la importancia de tener un verdadero plan de reactivación que no sea solamente un plan de reapertura. Y, lo más importante, comunicarlo, en una narrativa articulada de crisis. En Bogotá y el país se está planteando un Plan Marshall, ¿cuál es la estrategia diferenciada de Manizales?
Entre los precursores, cercanos y fundadores de la teoría de la elección pública es posible mencionar al economista sueco Johan Gustaf Knut Wicksell (1851-1926), el economista escocés Duncan Black (1908-1991), el economista estadounidense Kenneth Joseph Arrow (1921-2017) y al economista estadounidense James McGill Buchanan (1919-2013).
La gestión de lo público es una de las responsabilidades más grandes que puede existir dentro del sistema de funcionamiento de una economía. Es irreal pensar en algún momento en la historia de la humanidad donde el sector público, personificado en el ente del Estado, no haya ejercido una influencia significativa en las realidades de los agentes. Como lo menciona el economista coreano Ha-Joon Chang (1963-) o la economista italiana Mariana Mazzucato (1968-), el Estado ha desempeñado un papel crucial en los ámbitos del desarrollo económico, tecnológico y social, que, en muchas ocasiones, se ha dejado en un segundo plano, en pro de favorecer la utopía de las economías de libre mercado y glorificar algunos agentes particulares. Hay que reconocer que el desarrollo es el resultado del protagónico articulado del sector público y privado y las diversas fuerzas colectivas que acompañan a dicha alianza.
Desde algunas posturas teóricas, la intervención del Estado se ha justificado por la existencia de fallas de mercado o la provisión de bienes públicos, en ambos casos, donde la “libre” fuerza de las economías de mercado en competencia imperfecta no logran ejercer resultados óptimos para el bienestar general y el sector público juega un rol de “equilibrador de fuerzas”, “taponador de huecos” o “inversor de última instancia”. Sin embargo, otras vertientes teóricas, por ejemplo, la teoría de la elección pública (vertiente de la microeconomía en el estudio de la economía a problemas de las ciencias políticas), parte del principio del individualismo en el comportamiento de los políticos y burócratas, afirmando que estos tienden a maximizar sus propios intereses por encima del interés colectivo, y en su función de reparar fallos de mercado terminan provocando fallos de Gobierno, generando ineficiencia en el sistema económico, político y social, donde las decisiones políticas no tienen costo para el Estado sino para la sociedad.
¿Por qué estamos hablando de estos conceptos teóricos? Precisamente son temas que estamos viviendo más cerca de lo que creemos. En Manizales, las recientes investigaciones periodísticas del diario La Patria (consultar El Espejo del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y sus hilos de poder), las críticas subyacentes que soportan la iniciación de dichas investigaciones a la administración municipal, así como algunos casos muy sonados que empiezan a perder interés ciudadano (la famosa ciclo-banda preferencial) son un ejemplo de posibles fallas de Gobierno o de Estado desde la teoría de la elección pública porque serían decisiones de naturaleza política, bajo la sombrilla del buen Gobierno, que solo representan el interés individual y no el colectivo de la ciudad.
Sin duda, la gestión pública se encuentra expuesta a más detracciones que aplausos, pero cuando se revelan investigaciones como el caso de La Patria la balanza se empieza a inclinar con fuerza hacia la primera, fenómeno que puede acabar en serios problemas de credibilidad y gobernabilidad, afectando la eficiencia de la acción pública, donde el único perdedor es el ciudadano. Para evitar o mitigar los problemas de elección pública, los Gobiernos deben iniciar por ofrecer posturas constructivas, donde se reconozcan los fallos internos, especialmente en la crisis económica y sanitaria que estamos atravesando. Desde la vida personal hasta en la vida pública, la mirada de un tercero es la realidad que proyectamos, así no la reconozcamos. Siempre es posible enderezar el camino.
La desigualdad económica es generalmente medida por el Coeficiente de Gini, en una escala de 0 a 1 donde 1 es una máxima desigualdad. Para 2018, el Gini de Colombia fue 0,517, siendo Chocó (0,579), La Guajira (0,552) y Cauca (,0520) los departamentos más desiguales del país. En el Eje Cafetero se registran tasas inferiores al contexto nacional: Caldas (0,49), Quindío (0,447) y Risaralda (0,439).
Recientemente un grupo de más de 80 millonarios en el mundo, denominado Millionares for Humanity, solicitó abiertamente a los Gobiernos avanzar en políticas de tributación más agresivas para las grandes fortunas con el objetivo de hacer frente a los costos derivados por la pandemia Covid-19, especialmente por la emergencia sanitaria y la atención de la población más vulnerable. Una iniciativa plausible, pero que pareciera aún no tener la suficiente voluntad política y la necesaria comprensión de su importancia.
Según el World Inequality Lab (https://wid.world/es/world-inequality-lab-es/) en regiones como África Subsahariana el 54% del ingreso nacional es percibido por el 10% de las personas de mayores ingresos, en medio Oriente este porcentaje asciende al 61% y en Europa se estima en un 37%. Todas las regiones del mundo muestran tendencias de crecimiento en estos patrones en los últimos 35 años. Igualmente, se evidencia que dentro del periodo 1980-2016 el 50% de las personas de menores ingresos en el mundo solamente recibió el 13% del crecimiento del ingreso en términos reales, mientras el 1% absorbió el 27% del crecimiento total. Y, en el mismo periodo, la riqueza pública ha tenido crecimientos muy débiles o incluso negativos, en comparación con el incremento en la riqueza privada, mostrando las exigencias recientes de los Gobiernos en materia de deuda. En el mundo, según la estimación del índice de Gini del Banco Mundial, Colombia se ubica como uno de los países más desiguales del mundo, posición que comparte con otros países como Brasil, Honduras, Angola, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, México, Perú, Bolivia, República Dominicana y Turquía.
La concentración de la riqueza, fenómeno inherente del modelo capitalista, no es un mal resultado por sí mismo, ya que hace parte de las dinámicas propias de la propiedad privada. Sin embargo, su prolongación abultada en el tiempo condiciona las capacidades de reacción de las sociedades frente a coyunturas como la actual pandemia y envía señales claras de los retos del mismo sistema. La desigualdad, desde una visión microeconómica, representa una reducción en los activos de las personas, profundizando su vulnerabilidad social en momentos de choques bruscos; y desde una visión macroeconómica, atenta contra uno de los objetivos básicos de la política económica. Por estas razones, la coyuntura Covid-19 debe servir de muy buena excusa para tomar decisiones al respecto en materia de tributación. En el contexto colombiano, es urgente revisar las diversas recomendaciones para aumentar eficientemente el recaudo tributario, discusión alrededor de pisos de declaración, base gravable, tasas efectivas de IVA, exenciones y otras gabelas fiscales diferenciadas que están en contra de los principios de equidad vertical y horizontal en el sistema tributario. Una buena estructura tributaria tiene el propósito de disminuir la desigualdad económica y aumentar la capacidad de inversión del Estado. No es posible exigir bienes y servicios públicos de la cantidad y calidad de Dinamarca, pero tributando ineficientemente como en Cundinamarca. Lo anterior es el único camino para no caer en las utopías fiscales de propuestas como la renta básica universal, la cual, es una iniciativa loable y filantrópica, pero con la situación actual no tiene ningún sustento técnico para su sostenibilidad y viabilidad.
Según el Índice de Competitividad de Ciudades - ICC 2020, Manizales obtuvo un puntaje de 6,64, en una escala de 0 a 10, registrando un incremento de 0,13 puntos, alcanzando la tercera posición en el país, luego de Bogotá y Medellín, midiendo las 32 ciudades capitales de Colombia. Pereira quedó en la séptima posición y Armenia en décima posición.
Manizales, tercera ciudad más competitiva de Colombia y la primera en el Eje Cafetero. Un titular sonoro, ganador y objeto de mucho auto-aplauso. Y, no es para menos. El resultado global, sin mayor detenimiento, es una muy buena noticia para la ciudad, es reflejo de sus capacidades y ventajas como territorio, y es la materialización de combinar muchas fuerzas que gradualmente posicionan a la ciudad con un muy buen desempeño. Es una señal hacia el exterior de las ventajas de creer, invertir y trabajar en y por Manizales. Sin embargo, cuando se hace una mirada crítica, comienzan a florecer los puntos grises de la competitividad de la ciudad que pocos mencionan y nadie se hace responsable.
Empecemos aclarando que, el ICC es un índice compuesto que agrega 103 indicadores, distribuidos en 13 pilares y 4 factores, siguiendo la metodología del Foro Económico Mundial. El resultado es la dinámica de todos los indicadores, por lo cual, no es extraño que Manizales se conserve entre las primeras posiciones como en las mediciones anteriores (sólo disponible con 2019 por cambio de metodología), ya que, este tipo de ejercicios se vuelven estructurales, con pocos cambios anuales. Las ciudades con altos puntajes difícilmente bajan en el ranking porque se sostienen por el desempeño global de más de 100 indicadores. Los cambios sustanciales se presentan en especial de mitad de tabla para abajo. Entonces, el ICC es una radiografía estructural de la ciudad que en muchas ocasiones es difícil cambiar, requiere tiempo, tanto para arriba como para abajo. Otro punto, es que los 103 indicadores tienen fuente de datos diferente: el 3,9% corresponden a datos de 2017, 47,6% de 2018, 45,6% de 2019 y 2,9% de 2020. Esto quiere decir que, a los que les gusta hacer comparaciones, el resultado 2020 es la mezcla de las gestiones básicamente entre 2018 y 2019, un proceso expandido en el tiempo.
En detalle, de los 103 indicadores, el 51,4% (53 indicadores) presentaron una variación nula o negativa en el puntaje entre 2019 y 2020, donde se puede destacar recaudo por eventos culturales, inversión en calidad de la educación básica y media, participación laboral, ancho de banda de internet, capacidad de ahorro, cobertura de vacunación, cobertura de gas natural, ejemplares de biblioteca, capacidad local de recaudo, costo energía eléctrica, brecha formalidad laboral por género, densidad empresarial, bilingüismo, actualización catastral, hogares con computador, grado de apertura comercial, inversión en salud pública, entre otros. Los anteriores disminuyeron entre -0,27 puntos y -2,91 puntos.
Es imposible que Manizales tenga todos los indicadores con el máximo puntaje. Es complejo apuntar a todos los indicadores desde la gestión pública y privada. Es titánico alinear a los actores a trabajar por todos los indicadores. Es inocente pensar que no hay que mejorar. Es facilista observar solo los buenos resultados. Propongo que los titulares cambien hacia lo que se debe enfocar la ciudad. Sugiero que se construyan mensajes de unidad, pero con compromiso para trabajar por lo que no está bien. Planteo dejarnos de reconocer siempre lo que sabemos qué hacemos bien y concentrarnos en trabajar por lo que no hacemos bien. Creo que el secreto está en los detalles, la microgestión permite el buen andamiaje de todo un sistema.
En mayo 2020 la tasa de desempleo en Colombia fue 21,4% y en las 13 ciudades principales subió al 24,5%. Para el trimestre móvil marzo-mayo 2020 en el Eje Cafetero estuvo por debajo del 22%, pero con resultados heterogéneos: 20,7% en Pereira, 21,4% en Manizales y 30,4% en Armenia. En Manizales, el incremento en el desempleo fue de 10 puntos porcentuales, ajustando 42.598 personas desocupadas (cifra histórica), con 18.487 personas adicionales en la desocupación. Y, los ocupados registraron una variación de -16,9%, para un saldo de 32 mil empleos destruidos en este periodo.
En general la historia sirve como un instrumento de estudio para comprender la evolución en el desarrollo de las sociedades, donde se identifica aquellos fenómenos que generaron un quiebre de tendencia de los cuales se debe naturalmente aprender. Con la pandemia del Covid-19 estamos haciendo historia mundial y con el pasar de los meses, se debe ir generando aprendizajes para un futuro próximo. Sin duda, una de las lecciones que está dejando esta situación son los efectos colaterales de las medidas de cuarentena. Las estadísticas empiezan a hablar por si solas en todo el mundo, pero me gustaría concentrarme en algunas conclusiones desde la óptica del mercado laboral para Colombia. Solamente 5 puntos de breves conclusiones:
Adiós a la calidad de vida en las ciudades. En las 22 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo subió en un rango entre 8 y 17 puntos porcentuales entre el trimestre marzo-mayo 2019 y 2020. En 15 ciudades se registraron tasas de desempleo por encima del 20%, recordando los peores vientos de la crisis económica de finales de los años noventa. Para mayo, Colombia tiene más de 4 millones de personas desocupadas, cifra similar al número de personas contagiadas por Covid-19 en Estados Unidos, Brasil y Rusia.
La desigualdad económica es la ganadora de esta crisis. La mayor destrucción de empleos se generó en la población entre los 25 y 54 años de edad, pero más numerosa en el caso de las mujeres. La mayor contracción fue también en las personas con bajos niveles de educación. Y, para rematar, la mayor contribución a la variación de la ocupación fue en las empresas de hasta 10 personas. Jóvenes, mujeres y microempresas fueron los elegidos.
Entre 2019 y 2020 el mercado laboral se transformó. En 2019, el 57% trabajó más de 40 horas semanales, y para 2020 esta cifra descendió a 37%. Entre las razones por las que se está trabajando menos principalmente es debido a una reducción económica de las empresas.
Bienvenido el deterioro socioeconómico y emocional. El 44,1% de los ocupados afirmó que entre las dificultades que se le han presentado es la reducción de la actividad económica y de ingresos, el 28,3% no ha podido realizar pagos de facturas y deudas, el 24,1% ha tenido problemas para conseguir alimentos o productos de limpieza y el 22,9% se siente solo, estresado, preocupado, deprimido.
Las consecuencias económicas no son propias del mal funcionamiento del sistema económico, sino de una variable externa: las medidas de cuarentena para enfrentar el Covid-19. Me arriesgo a concluir que entre las estadísticas de nuevos desocupados o inactivos laborales temporales no están las personas que están tomando estas costosas decisiones sociales.
Para finalizar. Muchas veces los analistas económicos somos tildados por la comunidad en general de pesimistas. Entre economistas, en muchas ocasiones, juzgamos a nuestros colegas de ilusos, optimistas o inocentes frente a los análisis, difícilmente logramos visiones iguales. Algunos pecan por ver el vaso medio lleno y otros por ver el vaso medio vacío. En esta coyuntura Covid-19, el denominador de opinión común en nuestra comunidad era que la cuarentena iba a ser un desastre económico con repercusiones sociales. Se hizo realidad. Quizás solo se aprende con los golpes contundentes de las cifras, otro aprendizaje de la historia. Por cierto, gracias al DANE por la excelente labor estadística.
Nota: Estos resultados fueron coherentes, dentro del margen de error, a las estimaciones realizadas desde el grupo de investigación del programa de Economía de la Universidad de Manizales junto con el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Caldas-ORMET-Caldas en el working paper: Índice de riesgo a la pérdida del empleo en Colombia durante la coyuntura del COVID-19. Disponible en el siguiente enlace para su consulta: https://ssrn.com/abstract=3587200
El mapa de propagación del virus en el mundo alcanza más de 10 millones de personas contagiadas por Covid-19 y más de 500 mil muertes. Para contextualizar estas cifras en nuestra mente, sería equivalente a toda la población de Bogotá y el departamento de Bolívar contagiados con el virus y que toda la población de Pereira o Manizales hubiera fallecido.
La pandemia del Covid-19 es un fenómeno de trascendencia en la historia mundial. Por esta razón, diariamente somos bombardeados por actualizaciones en tiempo real del número de contagiados, recuperados y fallecidos, fenómeno gradual que nos ha involucrado indirectamente a conocer y saber sus cifras, entenderlas y dimensionarlas. Desde una perspectiva de la salud, considero que tiene una connotación positiva de sensibilización para la sociedad. Sin embargo, me inquieta sobredimensionar el fenómeno y desconocer una realidad que es mucho más amplia. Me refiero particularmente al volumen de personas fallecidas.
Toda muerte es única y, por eso, es una tragedia familiar, algo que solo entienden las personas que la padecen. Pero en términos de estadísticas demográficas, las muertes son eventos comunes del día a día y pueden ser clasificadas para entender la mortalidad como un fenómeno demográfico y de salud, con el objetivo de tomar decisiones. Aterricemos el discurso para Colombia. El país suma más de 3 mil defunciones por Covid-19 y según proyecciones del Gobierno las muertes totales para fin de año serían de 41.622. Si tomamos las cifras definitivas de defunciones no fetales de 2018, suponemos la misma cantidad total de 238.192 fallecidos y sumamos las potenciales muertes por Covid-19 (asumiendo que dichos individuos se mueren a causa del Covid-19, ya que los estudios muestran que una buena proporción de los fallecidos tienen otras enfermedades), el Covid-19 representaría cerca del 15% de las defunciones no fetales del país en 2020. La pregunta es: ¿cuáles son las causas de defunción del restante 85%?
Si abordamos la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud-OPS, el 54% de las defunciones no fetales en el país se generan por 10 enfermedades: isquémicas del corazón (16%), crónicas de las vías respiratorias inferiores (7%); cerebrovasculares (6%), agresiones, homicidios (5%); infecciones respiratorias agudas (4%), hipertensivas (4%), diabetes mellitus (3%), resto de enfermedades del sistema digestivo (3%), tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon (3%) y tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas (3%). De manera similar, tomando la clasificación de tabulación de mortalidad en Colombia, el 52% se concentra en las enfermedades: isquémicas del corazón (16%), crónicas de las vías respiratorias inferiores (7%), cerebrovasculares (6%), agresiones (homicidios) y secuelas (5%); neumonía (4%), hipertensivas (4%), diabetes mellitus (3%), accidentes de transporte de motor y secuelas (3%), tumor maligno del estómago (2%) y todas las demás formas de enfermedad del corazón (2%). Para Caldas, el total de defunciones no fetales es de 5.999 y en Manizales de 2.568, con una estructura de mortalidad por causa similar al nacional, pero con mayor relevancia de tumores malignos.
Lo anterior no es para minimizar el Covid-19. El desbordamiento de la pandemia generaría una presión insostenible del sistema de salud y las probabilidades de mayores muertes sería exponencial. Y, como lo mencioné al inicio, cada muerte es única y representa un universo de vida para un núcleo familiar. La intención de exponer dichas cifras es porque esta coyuntura representa una muy buena oportunidad para que las estadísticas vitales dejen de ser parte del paisaje estadístico y empecemos a dimensionarlas en su totalidad. Sería un paso muy potente si como sociedad comenzamos con campañas de salud, prevención y sensibilización más frecuentes, dinámicas y hasta diarias, o al menos semanales (no más a la celebración de días mundiales), frente al resto de enfermedades y construyamos, entre todos, un nuevo pacto social de cuidado integral de la salud y la vida, repensándolo hacia la prevención activa desde la niñez y atacar las causas latentes de mayor alcance. Por supuesto, esto requiere una mirada multidimensional del tema. En épocas de pandemia se vale soñar.
Según el Informe de Calidad de Vida Manizales 2019 de Manizales Cómo Vamos, el 56% de los ciudadanos utiliza como principal medio de transporte el bus, seguido del 12% en carro particular, 11% moto, 11% a pie, 8% taxi, 1% bicicleta y 1% cable aéreo.
Todos los inicios de siglo marcan unas tendencias especiales de cambios coyunturales y de cultura dentro de la sociedad. El siglo XXI tiene una en particular que se engloba en la sostenibilidad del sistema económico, donde dicha sostenibilidad se transmite en forma de cascada a los diversos campos y áreas, una de ellas el transporte en las ciudades. A raíz de esto, en los últimos 30 años, sobretodo en América Latina por sus mayores índices de urbanización, se comenzó una campaña de promoción de medios de transporte alternativos y amigables con el medio ambiente. Uno de estos medios es la bicicleta.
Según el Global Bicycle Cities Index 2019 de Coya (consultar https://www.coya.com/bike/index-2019), que miden las condiciones del ambiente urbano en 90 ciudades del mundo para los ciclistas, el porcentaje de uso de bicicletas en la vida cotidiana en ciudades europeas presenta los mayores porcentajes internacionales: entre 40 y 50% en Utrecht (Países Bajos) y Munster (Alemania), entre 30% y 40% en Ámsterdam (Países Bajos), Malmo (Suecia) y Copenhague (Dinamarca), entre 20% y 30% en Hannover y Bremen (Alemania) y menos del 20% en Berna (Suiza), Innsbruck (Austria), Bristol (Reino Unido), lo cual no es sorprendente por su alta trayectoria en la materia. En América Latina, las principales capitales de la región tienen un porcentaje por debajo del 5%, y para Colombia se tienen cifras exclusivamente de Bogotá (4%), Cali (4,5%) y Medellín (0,5%). Con estas cifras, las comparaciones locales con Europa son absurdas ¿Por qué estamos hablando de esto?
Bueno, hace pocas semanas, dentro del Plan de Desarrollo de Manizales se incluyó como proyecto “estratégico” una Cicloruta Elevada en la ciudad, de cerca de 3,6 kilómetros por la principal arteria vial de la ciudad (Av. Santander) desde Fundadores hasta El Cable, inspirándose en proyectos similares en el mundo. Esta iniciativa fue posteriormente eliminada del Plan de Desarrollo porque claramente no tenía ningún sustento de viabilidad técnica, financiera y social. Sin embargo, la administración municipal implementó un pilotaje de delimitación de una ciclobanda preferencial para ciclistas por la misma Av. Santander, para compartir con particulares (vehículos y motos), taxis, buses, busetas y colectivos. Esta ha tenido un buen recibimiento, especialmente por ciclistas, lo cual, es natural; pero ha generado el rechazo de usuarios y conductores de transporte público y privado debido a la estrechez y los peligros inminentes que puede ocasionar. ¿A quién escuchar?
Las decisiones en una ciudad se deben tomar pensando en el interés colectivo y su seguridad con criterios técnicos. De hecho, esa misma tesis es la que soporta las medidas de cuarentena en la pandemia Covid-19. Si aplicamos esta postura para el caso de la ciclobanda, pareciera que no se está cumpliendo. Debo mencionar que no soy experto en movilidad, no utilizo la bicicleta y, para aclarar, tampoco estoy en contra de ella. Pero si soy economista y analista de cifras, las cuales, sirven para tomar decisiones. En materia de movilidad para Manizales es posible mencionar que solamente el 1% de la población utiliza la bicicleta, el parque automotor ha aumentado en más de un 100% en la última década, todos los medios de transporte público muestran una clara tendencia de caída en el número de pasajeros movilizados, la velocidad promedio de transporte público es de 18,2 km, la tasa de motorización ha subido en cerca de 100 vehículos por cada 1.000 habitantes en los años recientes y las motos registran un crecimiento cercano al 190% desde 2008. Para tomar decisiones, según los datos, valdría cuestionarse: ¿Por qué existe preferencia del usuario por transporte público y privado? ¿Por qué está creciendo el número de motos? ¿Por qué está cayendo el número de pasajeros en buses, busetas y colectivos? ¿Por qué más del 95% no utiliza la bicicleta? ¿Cuál será el incentivo sobre el usuario de la reducción en la velocidad de los trayectos por la estrechez en la Av. Santander? ¿Cuánto cuesta una bicicleta? ¿Cuándo cuesta una moto? ¿Existe cultura ciudadana para tomar decisiones de la noche a la mañana? ¿Cuál será el efecto neto sobre la calidad de vida? ¿Es posible cambiar las preferencias de movilidad con esta acción en particular? ¿Cuantas personas son afectadas? ¿Saben los ciudadanos montar en bicicleta? ¿Cuantas bicicletas hay por hogar en Manizales?
De este modo, mi pregunta central de esta columna sería: ¿fueron analizadas estas cifras antes de su implementación y sus posibles efectos y se hicieron algunos de esos cuestionamientos? Las declaraciones oficiales dejan más inquietudes que certezas en el asunto, mostrando cómo los caprichos individuales de los candidatos en campaña se ponen por encima de las decisiones técnicas y el bienestar general de la sociedad en sus mandatos. Casos de estos son comunes (increíblemente es verdad), recientemente el día sin IVA, y ahora en Manizales aporta su ejemplo sobre dos ruedas. Ojalá prontamente sea planteado un proyecto serio, planeado y articulado de sistema de transporte integrado en la ciudad, y no nos salgamos por la tangente de tomar decisiones con el escudo de una pandemia. Grandes riesgos se corren cuando los gobernantes de paso toman a la ciudad como un laboratorio de experimentos de gustos personales.
Durante 2019 el recaudo de impuestos en Colombia fue de $157,87 billones de pesos, en donde el IVA representó un total de $37,08 billones de pesos. En el Balance Fiscal del Gobierno (% del PIB), los ingresos representan el 27,3%, los impuestos el 21,6% y los gastos un 29,7%, para un déficit de -2,4%.
Finalmente llegaron las promesas de campaña presidencial con los anunciados 3 días sin IVA al año, que se celebrarán este 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio. Posiblemente para algunos hogares será el momento adecuado de adelantar algunas compras atrasadas o pendientes, y para los comerciantes serán días de oxígeno en esta asfixia obligatoria de la actividad económica por las medidas para enfrentar la pandemia por Covid-19. Desde el Gobierno Nacional esta “estrategia” ha sido anunciada con bombos y platillos como una medida de reactivación económica, incluso con invitación a gremios económicos al programa Prevención y Acción del Presidente para alentar a los ciudadanos a salir a comprar. Es bueno digerir este esperpento.
En inicio hay que entender la función que tienen los impuestos en la economía. Primero, es un mecanismo de la economía normativa para redistribuir la riqueza en la sociedad, algo que se evidencia con la estimación del Coeficiente de GINI antes y después de impuestos en Colombia, donde los impuestos no tienen mayor efecto en mitigar la desigualdad económica. Segundo, es un instrumento de política económica que generalmente funciona como estabilizador automático del ciclo económico, y es de poca maniobrabilidad. Tercero, es una parte integrante de las finanzas públicas en el balance de ingresos y gastos, siendo una de las fuentes (adicional a la deuda) para financiar los gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno. Con esta información de base se podrá entender el siguiente análisis.
Los 3 días sin IVA son una mala decisión económica porque tiene más problemas latentes que beneficios evidentes. Es una coyuntura que, por más “pactos de precios justos”, incentiva la sobrefacturación de productos en estos días (fraude técnico) y los abusos de comerciantes especuladores con los precios con fines de lucro sobre los comparadores, donde el Gobierno y sus entidades de control difícilmente pueden rastrear en su totalidad. Por la estructura de la exoneración, es un camino a la competencia desleal y a una distorsión en del erario en épocas de vacas flacas, donde necesitamos cuidar cada centavo para atender la urgencia económica. Es una pésima estrategia de reactivación, debido a que la mayoría de los productos ofrecidos son importados, es decir, no es una iniciativa de crecimiento endógeno de encadenamientos, sino de beneficio exclusivo de un sector económico: el comercio. Es una invitación al endeudamiento de los hogares, en un momento de mayor caída histórica en la economía y su consecuente subida en el desempleo, y a productos que son catalogados como bienes de lujo, en donde algunos de los productos ya tenían exenciones dentro del estatuto tributario.
Este último aspecto, es mi mayor preocupación y molestia. ¿A qué hogares se pretende favorecer? Los pobres compran con efectivo, no con tarjeta de crédito o débito. La población más vulnerable del país no compra bicicletas, computadores, televisores, tabletas y celulares de $2,8 millones u otro tipo de artículos de dudosa primera necesidad como enceradoras de piso, cepillos de dientes eléctricos, resistencias eléctricas para calefacción, naipes, trenes eléctricos de juguete, gafas de natación, raquetas, pañoletas. Es una medida hasta irresponsable en momentos de austeridad estar promoviendo la compra de bienes suntuosos. Recordando un muy buen colega de trabajo que frecuentemente decía: “el palo no está para cucharas”. Y, el moño final: ¿Será que en los días sin IVA el Covid-19 no contagia? Siempre hay excusas para las excepciones, más bien, caprichos de campaña.
Por último, comprendo a los comerciantes y sus gremios apoyando esta nefasta idea, en una situación donde la tasa de crecimiento anual de la actividad económica cayó el -20,06% (abril 2020) y la variación anual de ventas reales del comercio minorista varió -42,9% (abril 2020), son días que pueden mover la caja registradora. A la final, los comerciantes son personas que viven de su actividad. Incluso, es hasta comprensible la posición de las autoridades locales que ven esta oportunidad para demostrar que si están ayudando a la economía. Pero, no entiendo en que está pensando la DIAN, y especialmente, me inquieta saber en qué momento se convirtió en una entidad de promoción de la actividad comercial y líder en la reactivación económica. Su función es ser un organismo técnico y especializado y garantizar la seguridad fiscal del país, por medio de la administración y control de los tributos del Estado. Por lo cual, invito a mis lectores, pero especialmente a la DIAN a revisar el decreto 4048 de 2008, para enterarse de sus competencias legales y funciones.
Luego de esta reflexión, puedo concluir tranquilamente que los 3 días sin IVA son simplemente populismo puro y duro, una medida anti-técnica, ineficiente e inequitativa.
Según los censos de población, en Colombia en 1985 solamente el 6,11% de la población tenía más de 60 años y para 2018 este porcentaje asciende al 13,27%; en Caldas la proporción de personas mayores de 60 años pasa de 6,4% en 1985 a 17,97% del total de la población en 2018.
Es imposible no pensar diariamente en esta coyuntura Covid-19. Absolutamente toda nuestra cotidianidad está constantemente contaminada por esta locura social, en donde los diversos sentimientos de la humanidad se despiertan con fuerza: compasión, tristeza, comprensión, impotencia, solidaridad, depresión, unión familiar, soledad, acompañamiento, miedo, entre muchas otras. Cada día es un nuevo comienzo de la nueva cotidianidad, entre rabias y alivios de quedarse en casa en una cuarentena que parece ser un nueva era, así sea de forma temporal.
Esta cuarentena fue la principal medida de choque que decidieron los gobernantes para enfrentar una pandemia (acciones unidimensionales a un problema multidimensional), buscando contener la propagación del virus y persiguiendo el famoso aplanamiento de una curva de contagios, pero que a su vez creó nuevas curvas, como la de los desempleados o negocios quebrados, y el inconformismo de algunos grupos de población por el encierro forzado pensado desde ideales de protección a la vida humana. Esta semana, con los nuevos anuncios presidenciales y municipales, un grupo que gradualmente se está haciendo sentir por su inconformismo con las medidas son las personas mayores de 60 años, señalados de “abuelitos”, “viejos”, “personas mayores” o, quizás el más discriminatorio, “los de la tercera edad”.
Su condición de vulnerabilidad se sustenta por las cifras. Según el Instituto Nacional de Salud-INS, se evidencia que el 90,8% de los casos confirmados por Covid-19 se concentra en las personas entre los 0-59 años de edad, grupo que también tiene el 84,2% de los casos recuperados; mientras las personas entre 60-99 años de edad participan con el 9,2% de los casos confirmados, el 15,8% de los recuperados y el 74,1% de los fallecidos. Si llevamos estas cifras a tasas de letalidad (fallecidos/confirmados por 1.000), se muestra tasas de menos 10 en la población menor a 40 años, sube a rangos entre 20 a 40 para los grupos entre 40 a 59 años y el ascenso es exponencial en los mayores de 60 años: 129,8 personas fallecidas por cada 1.000 confirmados entre 60-69 años, 232,8 entre 70-79 años, 307 entre 80-89 años y 403,5 entre 90-99 años de edad, lo que se traduce en probabilidades de muerte bastante más altas para las personas mayores de 60 años por Covid-19, cifras que sorprenden pero que son acordes a los patrones demográficos de mortalidad de cualquier sociedad, es una segmentación que denomina Welti (1997) como “mortalidad diferencial”, donde se espera: una mayor incidencia de muerte de los hombres frente a las mujeres y un patrón definido por mayores niveles de mortalidad en los primeros años de vida, un descenso posterior, y un gradual aumento a medida del envejecimiento. Primera reflexión de naturaleza demográfica sobre la pandemia.
Este hecho también nos puede llevar a plantear que las personas de riesgo (letalidad - SALUD) del Covid-19 son el grupo de población económicamente inactiva (PEI), por lo cual, el confinamiento social generalizado, que resiente la actividad económica, pone en riesgo (ingresos - ECONOMÍA) a la población económicamente activa (PEA) que tienen menor impacto o con menor riesgo de complicación del estado de salud. Una segunda reflexión sobre la viabilidad económica de la cuarentena.
Pero surge una inquietud, ¿qué tan cierto es que esta población mayor no participa en la actividad económica? Según la GEIH del DANE, se muestra que a 2019 son 5.744 personas mayores de 65 años que participan como ocupados en el mercado laboral de Manizales AM (3.912 hombres y 1.832 mujeres), es decir, el 3% de los ocupados, con promedios salariales por debajo de los $800 mil pesos colombianos, donde el 34,3% trabaja en el sector de comercio y reparación, seguido del 14,4% en actividades artísticas y de entretenimiento, 9,8% en transporte, 9,6% en servicios profesionales, científicos, técnicos y administrativos, 9,5% en industria, 6,3% en alojamiento y servicios de comida, 5% en construcción, 3,5% en sector público, educación y salud, 3,1% en agricultura, 2,9% en actividades inmobiliarias, 1% en información y comunicaciones y 0,5% en el sector financiero. Una tercera reflexión sobre la consideración de esta población como inactiva en el mercado.
Estas cifras me llevan a repensar la vejez. Cuando se consulta en la Real Academia Española-RAE la palabra vejez se define como: (i) cualidad de viejo, (ii) edad senil, senectud; (iii) achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos; y (iv) dicho o narración de algo muy sabido y vulgar, y al buscar dentro de dichas definiciones se encuentra con otras asociadas como “edad avanzada”, “deslucido, estropeado por el uso”, “usado o de segunda mano”, “decadencia física”, “que sabe o entiende mucho”. Desde los usos lingüísticos, ser viejo quizás llevo a que los usos estadísticos también los consideren a dicha población como no apta para trabajar, lo cual, desconoce los procesos de transición demográfica de las sociedades. Solamente en Caldas, por estimación propia con base en estadísticas vitales, en 2018 la esperanza de vida al nacer era de 76,68 años, que representa un avance de 4,20 años frente a la esperanza de vida al nacer en 2008, que era de 72,48 años. Según género, los hombres registran una esperanza de vida al nacer de 74,64 años y las mujeres de 78,63 años. Esto significa una brecha de cerca de 20 años para las mujeres y más de 10 años para los hombres desde su edad de pensión, invitándolos a una o dos décadas de inactividad y, en esta coyuntura, de encierro en paredes de cemento esperando el pago de una pensión, si es que lograron acceder a una. Una cuarta reflexión sería que definitivamente el Covid-19, adicional a despertar tantos sentimientos, debería inspirarnos en nuevos idearios de sociedad.
Según Fedesarrollo, en marzo el Índice de Confianza Comercial fue de -30,8%, valor registrado más bajo desde junio de 1980 y el Índice de Confianza Industrial fue de -35%, valor más bajo desde enero de 1980; en abril el Índice de Confianza al Consumidor fue de -41,3%, resultado más bajo desde noviembre de 2001.
Van pasando los días de esta larga cuarentena y las personas que somos apasionadas por las cifras y los datos no tenemos vida al revisar, pensar y debatir con colegas y amigos cada nueva información que nos va revelando un pedazo de la realidad y nos muestra que estamos viviendo una de las crisis económicas más grandes en la historia mundial. Los últimos datos de mayor sonoridad, más allá de la destrucción de empleos en marzo, que aún son incipientes, fueron las cifras publicadas por Fedesarrollo de confianza comercial, industrial y del consumidor que registraron valores escandalosamente negativos, incluso batiendo un récord en la historia de su medición.
Desde la Encuesta de Opinión Empresarial-EOE, para marzo, se muestra una caída en las expectativas económicas para el segundo semestre (-62,8%) y similares disminuciones en producción (-43,3%) y empleo industrial (-46,8%) para el segundo trimestre del año. En esta misma sintonía, se evidenció una disminución en el volumen de pedidos (-45,1%) y un incremento en el nivel de existencias (16,5%). Por su parte, en la Encuesta de Opinión del Consumidor-EOC, para abril, se registró una disminución en las condiciones económicas (-73%) relacionadas con la economía del hogar (-64,7%) y unas menores expectativas frente a la economía en el corto plazo en todos los estratos socioeconómicos (-41,3%). Adicionalmente, se redujo fuertemente la disposición a comprar vivienda (-62,3%), bienes durables como muebles y electrodomésticos (-81,3%) y vehículos (-69,5%).
¿Qué están reflejando estas opiniones? básicamente, reflejan una fractura del sistema económico en cuanto oferta y demanda. Esta no es una noticia menor. Dimensionar su gravedad sólo es posible si como sociedad entendemos que nuestras acciones en el ámbito económico, político y social dependen fundamentalmente de la confianza, que es el hilo que teje nuestro contrato social. En términos económicos, nuestra sociedad funciona como un sistema de circulación de dinero entre tres principales agentes: las empresas, los hogares y el Estado. Cada uno cumple una función de producción, consumo y distribución de la riqueza en el sistema, y bajo parámetros teóricos de equilibrio, es decir, de oferta igual a demanda, la economía de mercado funciona sin problemas asignando recursos de manera eficiente. Entre los supuestos que garantizan el buen funcionamiento es precisamente las expectativas y la confianza de todos los agentes.
Continuar con el deterioro de dicha confianza será catastrófico y recuperarla puede ser una tarea titánica. En este sentido, lo más riesgoso en el corto y mediano plazo es una latente trampa del ahorro, en donde los agentes se reserven el consumo y la inversión y entremos en una peligrosa espiral deflacionaria que conllevaría cierre de empresas, desaparición de empleos y destrucción de riqueza (más de la que estamos sumando). La economía de cueva no es sostenible como sociedad y solo hemos logrado ganar un poco tiempo de una pandemia de la cual todavía existen incertidumbres frente a su evolución.
La principal noticia de esta semana será la reactivación económica parcial del país, con el permiso oficial de operación de las empresas de unos sectores seleccionados, garantizando la aplicación estricta de unos protocolos de bioseguridad.
En buena hora, el Gobierno Nacional ha entendido que el problema Covid-19 no se soluciona “apagando la economía”, como irresponsablemente todavía afirman muchos mandatarios locales, sino que al ser un problema multidimensional se debe evitar los pensamientos unidimensionales. En este caso, se comienza a comprender que la discusión no es salud o economía, sino que como sociedad debemos escoger en un sano balance entre los dos, porque la primera permite la vida y la segunda le da sentido, las dos son necesarias para la existencia de cada una. Desde una óptica microeconómica, estamos hablando de una reducción óptima de afectados por Covid-19 y afectados por recesión económica. Cualquier extremo será un gran error como sociedad.
Hasta que no se encuentre una efectiva cura al virus, simplemente debemos incorporar su existencia en nuestra vida porque la estrategia de economía de cueva no garantiza el sustento de los más de 7.780 millones de personas que habitan el planeta. En este sentido, esperamos el pleno compromiso tanto de los ciudadanos en general, trabajadores y empresas para que este primer experimento social funcione y se convierta en el empujón para que el resto de actividades económicas puedan operar con estas nuevas reglas de juego. Finalmente, se está comprendiendo la famosa Ley de los mercados del economista francés Jean-Baptiste Say (1767-1832), que expone como la oferta crea su demanda, es decir, las actividades desde la producción crean los medios para potenciales consumos. En palabras terrenales significa que cuando las empresas pueden operar, también pueden pagar los salarios que permiten a los hogares satisfacer sus necesidades y deseos.
Preocupa que esta reactivación parcial es una mirada bastante limitada desde la oferta. Pueden estar relativamente más tranquilos los trabajadores que podrán empezar labores esta semana, su empleo ganó temporalmente la incertidumbre de una batalla difícil. Del mismo modo, los empresarios porque podrán respirar en esta situación, ya que posiblemente ninguno decidió emprender para no producir y perder dinero. Sin embargo, se está dejando de lado el resto de agentes que participan en el sistema. Algunos ya han perdido sus empleos, su demanda potencial es cuestión de días para acercarse a cero. Otros, han acordado reducción de sus salarios, algo que se sentirá en el mediano plazo con una reducción en el consumo de algunos bienes y servicios que lastimosamente tendrán que postergar frente a una mayor restricción presupuestaria o concluir en una temida trampa del ahorro. Y el resto, una inmensa mayoría que esta desprotegida del sistema social, posiblemente responsable de los gastos del hogar, que no es objeto de subsidios nacionales actualmente y su ingreso estaba marcado por el diario producido. Dos preguntas: ¿hasta cuándo aguanta dicha bomba social? ¿cuánta demanda estamos dispuestos a sacrificar?
La paradoja de esta situación es que quienes toman las decisiones son personas, que no están exentas de cometer errores, son humanos, pero se diferencian un poco del resto porque tienen un colchón financiero a favor que les permite amortiguar esta crisis con menores sacrificios y dificultades. Son estas situaciones donde la desigualdad económica, a largo plazo, cobra más vidas que un virus. Estamos claramente frente a una situación nunca antes vivida, no hay receta perfecta y ninguna persona tiene la verdad completa. Nuestros líderes, académicos y expertos seguramente estarán obrando con la mejor convicción. Solamente reitero la necesidad de buscar un sano balance entre economía y salud, ninguna está por encima.
La actual situación de emergencia sanitaria y económica mundial que estamos viviendo es claramente un acierto a la frase común: “la realidad supera la ficción”. Nuestra generación nunca había vivido algo similar, y, por ende, estamos actuando al “día a día”, mirando hacia el horizonte a muy corto plazo porque se está gestando en su máxima expresión lo que en economía se denomina asimetrías de la información y gestión de la incertidumbre. Por eso, nadie es el dueño de la verdad, especialmente en estas circunstancias, y todos estamos procediendo bajo los principios de la racionalidad limitada o acotada.
Esta coyuntura la están enfrentando las autoridades, las empresas, los gremios y todos los ciudadanos. Todos tenemos preocupaciones diferentes y todas estas preocupaciones son válidas porque nuestra cotidianidad ha sido fuertemente fragmentada. Una de estas preocupaciones es la generación de ingresos. Según encuesta realizada por Cifras&Conceptos, en 1.821 encuestas distribuidas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Manizales entre el 27 al 31 de marzo de 2020, muestra que el 38% de las personas encuestadas dicen que algún familiar perdió el empleo en el último mes; el 64% siente que su empleo está en riesgo (las personas con educación superior sienten un riesgo entre 27% y 54%, mientras aquellos con educación media y básica asciende entre 69% y 85%); el 59% no tiene dinero ahora para pagar los servicios públicos; y el 87% dice que tienen algún crédito vigente en este momento, y de esos, el 72% no tiene dinero para pagar esos créditos.
Esta preocupación es indirectamente la misma que tiene las empresas, que, según diversos estudios internacionales y nacionales, no aguantan mucho tiempo literalmente paralizadas. En ese punto, es donde se empieza a pensar en los gastos operacionales, donde la nómina es, en la mayoría de los sectores, el de mayor participación. En una buena proporción, entre el sector público y el sector privado, las empresas han optado por el teletrabajo, trabajo virtual o trabajo a distancia como una estrategia de choque para continuar con actividades mientras se aclara el panorama. Sin embargo, algunas empresas carecen de esta posibilidad porque su operación requiere la presencia del cliente para la prestación de los servicios o simplemente no están preparados para hacerlo. Aquí surge la pregunta: ¿hasta dónde alcanza el discurso del teletrabajo?
Esta pregunta, es más inquietante cuando revisamos cifras. Según el Censo Sectorial de Comercio de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas realizado en 2016 (consultar en el siguiente enlace https://n9.cl/0ro1) se muestra que: (i) el comercio al por mayor y al por menor representa más del 45% de las unidades productivas de Manizales, siendo el principal generador de empleo ($830.486 de promedio salario en el comercio especializado y $615.011 de promedio salario en el comercio no especializado); (ii) en el comercio no especializado el 63% tiene locales arrendados ($597.808 de promedio de pago) y en el comercio especializado sube al 85% ($1.515.869 de promedio de pago); (iii) en el comercio especializado: el 46,2% no dispone de computador, 46,7% no tiene conexión a internet, 62,1% no maneja sistema de créditos para productos, 53,9% no tiene créditos con alguna entidad financiera, 73,4% no tiene página web, 61,5% no utiliza bases de datos de clientes, 68,3% no cuenta con un catálogo de sus productos y 70,5% no presta servicios de domicilios; y (iv) las empresas del comercio tienden a ser negocios familiares, donde el promedio de ingresos mensuales es inferior a $3.000.000 (70% en el comercio no especializado).
El aterrizaje de esta realidad empresarial seguramente será uno de los mayores retos que pueda enfrentar en el corto plazo las diversas instancias públicas, privadas, gremiales y académicas de Manizales dedicadas al fortalecimiento del tejido productivo. Donde sea factible, se requiere un plan de tránsito muy agresivo de digitalización, marketing digital y virtualización de procesos, que definitivamente debe ser muy ambicioso y llegar a tener impactos más allá de unas capacitaciones o asesorías. Los tiempos de crisis también son oportunidades de reconversión, el tiempo va corriendo y posiblemente sobrevivirán las unidades con mayor adaptación y capacidades a cambios rápidos.
La emergencia de pandemia mundial literalmente ha puesto freno de mano a la economía. Los diversos países en las últimas semanas han decidido cerrar sus fronteras e implementar medidas de aislamiento en la población, buscando un doble objetivo: reducir la velocidad de contagio del virus covid-19 y mantener en equilibrio la prestación en los servicios de salud, evitando un latente colapso del sistema. Según los expertos, esto ayudará a cumplir con dichos objetivos, y permitirá un gradual restablecimiento de la actividad cotidiana. Hoy, la mayor preocupación de las medidas es su catastrófico efecto sobre la dinámica económica y empresarial.
Los pronósticos internacionales no son alentadores. La OCDE afirmó que cada mes de confinamiento sacrifica 2 puntos porcentuales al PIB. En Colombia, Fedesarrollo publicó escenarios de crecimiento, siendo el más optimista 2,3%, el medio 1,2% y el pesimista -0,4%, este último que si se llegará a cumplir sería más bajo que el experimentado durante la crisis financiera 2008-2009. Desafortunadamente para las regiones este tipo de proyecciones no se tienen, pero si consultamos las últimas cifras reportadas por el DANE, en 2009 la contracción del PIB de Caldas fue de -4,6%, y en 2018 se registró una variación de 2,7% (ligeramente por encima del promedio país), por lo cual, se podría inferir que el golpe al interior sería más acentuado.
Sabemos que el crecimiento está relacionado con la generación de empleo. Desde la caída en los precios internacionales del petróleo en 2014, el desempleo en el país recuperó cifras de dos dígitos, con un claro deterioro del empleo urbano. Esto significa que, incluso en el escenario optimista, el desempleo continuará al alza. Precisamente, en esta coyuntura de aislamiento colectivo, la preocupación es sobre los empleos porque la inactividad empresarial es un riesgo sustancial, adicional al hecho de que más del 90% de las personas tienen como principal fuente de ingresos el trabajo asalariado.
Para esto, la gran mayoría de las estrategias están dirigidas al trabajo en casa, la pregunta es ¿cuántos podemos trabajar desde la casa sin que se vean afectados nuestros ingresos? Difícil de responder con exactitud, pero podemos dimensionar algunas cifras. Del total de los ocupados del área metropolitana de Manizales, 29% son trabajadores cuenta propia, 26% reporta no tener un contrato (donde el 77% máximo son bachilleres y 54% tienen menos de 45 años), 26% tienen contrato verbal, 29% no tiene cesantías, 36% no tiene vacaciones remuneradas, 25% trabaja solo, 40% no cotiza a salud ni a pensión, 25% no está afiliada a una caja de compensación familiar y según la locación donde trabaja, el 24% reporta trabajar en alguna modalidad diferente a una vivienda, oficina, local fijo o fábrica, por ejemplo un kiosco, vehículo, puerta a puerta, sitio descubierto en la calle y obras de construcción. Estas cifras en bruto serían los más vulnerables, sin analizar cadenas de valor hacia adelante y hacia atrás en el sistema económico. Hagan ustedes sus cuentas.
Debemos comprender que estamos ante una situación desconocida. Toda medida que se adopte es un ensayo que difícilmente se sabe que sucederá porque estamos enfrentando un fenómeno que tumba toda la teoría económica y sus recomendaciones, como la inflación objetivo o la regla fiscal. Reitero que la salud, y sostener el sistema, es prioridad, pero no olvidemos la vulnerabilidad del empleo, ya que si el golpe es como estiman los analistas, representará seguramente un importante retroceso en la movilidad y el avance social que con esfuerzo se había ganado en las últimas dos décadas. Ojalá nuestros dirigentes, expertos y líderes encuentren un sano balance entre la economía y la salud.
La actual situación de emergencia sanitaria mundial ha hecho lo suficiente para pasar a la historia como uno de los eventos más críticos de la humanidad, que invita a pensar la capacidad de reacción de las autoridades, la cultura ciudadana, el estado de alerta del sistema de salud y el mismo modelo de sociedad. Al momento de escribir esta columna, existen 212.616 casos confirmados de Covid-19, con un saldo de 8.724 muertes y 83.188 personas recuperadas. Los mayores casos se presentan en China (81.102), Italia (35.713), Irán (17.361), España (13.910) y Alemania (11.302). Lo importante es que la curva total de recuperados acaba de superar la curva de infectados en China, pero el número de infectados en el resto del mundo ha crecido exponencialmente en los últimos días. En nuestro patio, los países con mayores casos son Brasil (350), Chile (238), Perú (145), Ecuador (111), México (93), Colombia (93), Panamá (86) y Argentina (79).
Esta coyuntura ha llevado a las autoridades mundiales, regionales y locales a tomar decisiones de choque de urgencia todas muy relacionadas con la suspensión de clases de educación en todos los niveles, cierre de fronteras, reducción de las jornadas de trabajo y medidas de aislamiento a la población civil. Claramente, el riesgo de contagio es grande y las mutaciones del virus aún son desconocidas, aspectos que causan alta tensión en la sociedad. Todo esto sin duda está pasando factura a la economía mundial y los síntomas apuntan a una enfermedad económica llamada recesión. La mayoría de las bolsas del mundo están en cifras rojas, las materias primas muestran caídas históricas y las monedas emergentes solo reaccionan hacia la devaluación. Curiosamente las severas medidas de prevención de una enfermedad están ocasionando otra.
No podemos caer en la mentira de que la salud está por encima de la económica. La economía está al servicio de la gente, la economía es la que permite que podamos satisfacer nuestros deseos y necesidades y vivir según nuestro molde de vida. Se están escuchando frases y términos como “vamos a ir apagando lentamente la economía” o “vendrán mejores meses”. Sin duda, la salud de las personas es fundamental, debemos pensar en la salud económica, la salud de los bolsillos de la gente. Este pánico, que se fortalece por la voluntad política de la inacción o paralización de la economía puede desencadenar un circulo de bajas en la producción, el consumo, la inversión y las ventas (internas y externas) que se traducirá en desempleo estructural, y con este, pobreza y mayor marginación social, especialmente en económicas caracterizadas por la informalidad. Nos enfrentamos a un choque de demanda (y posiblemente de oferta por costos gracias a la devaluación) de dimensiones desconocidas.
Por redes sociales y medios de comunicación abundan mensajes similares a #TrabajarEnCasa, #YoTeletrabajo y el #TrabajoVirtual (ejemplos inventados), la pregunta es: ¿hasta cuándo aguantará el sistema? Algunos analistas hablan de contracciones entre el 30% y el 70% de la actividad según el sector económico. Estas medidas claramente de trabajo en casa a distancia pueden servir de colchón en algunas actividades, pero cuál será el futuro de perfiles como: obrero de planta y construcción, vendedor de zapatos y ropa, peluquero, reparador de autos, celulares o cualquier bien personal, servicios de consultoría, hoteleros, entre otros. Estos, pueden representar al menos una tercera parte del empleo. Parar es dejar de producir, es decir, frenar de vender, ¿quién contrata si no está vendiendo? La parálisis económica terminará generando una enfermedad social, precarizando sus condiciones de vida.
La economía es todo, no se nos puede olvidar.
Los diversos medios de comunicación, la academia, las empresas y sus gremios, el sector público y demás colectividades de la sociedad le dieron la bienvenida al siglo XXI, etiquetándolo como un periodo de progreso y avance, entrando en el discurso habitual nuevos conceptos como la cuarta revolución industrial, economía de la innovación, internet de las cosas, big data, machine learning, robotización, automatización de procesos, tecnologías 4.0, entre muchos otros más. Sin duda, estos procesos han impactado las economías y se proyectan a ser importantes macrotendencias en el mediano plazo. Sin embargo, al transitar por estas grandes y veloces avenidas del conocimiento y la información, cuando algunos nos detenemos a mirar el paisaje que nos rodea, existen aún estadísticas que parecieran no hacer parte de ese siglo XXI y se vislumbran como tareas pendientes en el camino del desarrollo.
Una de estas estadísticas es el analfabetismo, es decir, aquellas personas que no saben leer ni escribir, situación que según cifras del Banco Mundial afecta al 13,69% de las personas mayores de 15 años en el mundo, cifra que afortunadamente ha disminuido rápidamente, pero que aún sigue persistiendo en algunas comunidades que viven en el mismo siglo XXI de cuarta, quinta o sexta (depende del análisis) revolución industrial. El analfabetismo, desde sus competencias en el ser humano, puede ser fácilmente entendido como un factor de anclaje hacia la trampa de la pobreza.
En Colombia, según las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018-CNPV 2018 del DANE, Caldas presenta una tasa de analfabetismo de personas mayores de 15 años de 5,08%, con una mayor incidencia en los hombres sobre las mujeres, con una tasa de 5,8% frente al 4,4% respectivamente. Esta tasa ubica a Caldas en el promedio del país (5,19%) y en la posición 12 entre los 32 departamentos, siendo superado por Archipiélago de San Andrés (1,23%), Bogotá (1,32%), Cundinamarca (3,36%), Valle del Cauca (3,47%), Atlántico (3,96%), Meta (4,26%), Santander (4,37%), Quindío (4,41%), Risaralda (4,47%), Antioquia (4,96%) y Casanare (4,96%); pero con cifras inferiores por ejemplo a Cauca (7,53%), Nariño (8,39%), Magdalena (9,12%), Córdoba (11,55%), Sucre (12,42%), Chocó (14,82%) y La Guajira (17,03%).
La preocupación más grande se encuentra al detallar la situación al interior del departamento. En los municipios de Belalcázar, La Merced, Samaná, San José, Victoria y Pácora, el analfabetismo golpea a más del 10% de la población mayor a 15 años, y en todos estos, la situación es de mayor recurrencia en los hombres en un rango de diferencia entre 1,4 y 5,2 puntos porcentuales en comparación con las mujeres. Luego de estos, con tasas entre 8% y 10% se encuentran Aguadas, Filadelfia, Marquetalia, Risaralda, Palestina, Salamina, Norcasia, Neira, Manzanares y Pensilvania; y entre 5% y 8% están Chinchiná, Supía, La Dorada, Marmato, Anserma, Viterbo y Marulanda. Así, los únicos municipios con tasas de analfabetismo menores al departamento son Manizales y Villamaría, por debajo del 3,5%, y Riosucio cercano al 5%.
La corrección de las brechas municipales en Caldas debe ser una tarea primordial de la vigente administración departamental. La incapacidad de leer y escribir se convierte en uno de los mayores obstáculos de acceso al sistema educativo, de ingreso al mercado laboral y empresarial formal y de movilización social entre generaciones, precisamente por el efecto que produce de marginación social en los diversos procesos que involucra el desarrollo personal. Apuestas dirigidas a estos grupos son un camino hacia una mayor equidad social. Debemos continuar por las vías del siglo XXI, pero sería ideal que todos se suban en la misma ruta.
La tendencia alcista del desempleo es una de las mayores preocupaciones en la mayoría de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, donde nuevamente el país tiene el reto de disminuir a cifras de un solo digito, dejando inquietudes sobre las líneas de acción a emprender y revelando que el crecimiento económico aún es débil para la generación de empleo y, lo más preocupante, que dicho crecimiento quizás no se refleje con grandes absorciones dentro del mercado laboral. Hacer un diagnóstico completo de la situación requiere de análisis desde la oferta y la demanda, en lo cual, las universidades y centros de pensamiento han hecho el trabajo, y segmentar los análisis por grupos de población, lo que permite entender la heterogeneidad del mercado. En este sentido, quiero centrar esta columna en la importancia del cierre de la brecha de género.
Según estadísticas de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres en Colombia es en promedio de 3,7 puntos porcentuales(pp), es decir, que generalmente la tasa de desempleo de las mujeres es superior en 3,7pp a la de los hombres, que según los contextos regionales puede ser mayor o menor. Así, mientras en la región caribe y pacifica dicha brecha puede estar por encima de los 7pp, en el centro del país las brechas son inferiores al promedio nacional. En el Eje Cafetero, Armenia estaría con una brecha superior al promedio y Manizales y Pereira estarían sobre el promedio. Para el cierre 2019, en Manizales la tasa de desempleo en los hombres fue de 10,45% y en las mujeres de 13,85%, para una brecha de 3,4pp, cifras muy por encima del promedio mundial: desempleo mujeres (5,4%) y desempleo hombres (4,6%) con base en Banco Mundial. Entre otros indicadores del mercado laboral, se muestra que las brechas de género se evidencian igualmente en participación (oferta laboral), empleo formal y remuneración económica, este último, en un promedio de un 20% para Manizales.
En el contexto actual, ¿cuál es la urgencia de apostar por el cierre de esta brecha en el mercado laboral? Más allá de justificaciones emocionales y éticas de equidad, las políticas en esta materia son prioritarias para un mayor crecimiento económico, hecho que tiene una explicación demográfica. En las próximas dos décadas, Colombia dejará de ser un país joven, aspecto que puede ser adelantado en algunas regiones con mayor envejecimiento poblacional como es el Eje Cafetero, lo cual empezará a disminuir el bono demográfico y con esto, el crecimiento de la población, los patrones de consumo, una menor población en edad de trabajar y una mayor dependencia económica. La mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, especialmente hacia sectores formales y con ingresos similares a los hombres, es un camino para desafiar el envejecimiento de la población y contribuir a la productividad y sostenibilidad del sistema económico, por medio de una mayor participación. Para esto, deben existir estrategias diferenciales para las mujeres en el campo de la formación para el trabajo, ayudas dirigidas a madres solteras que favorezcan su oferta en el mercado, entrenamiento en competencias laborables a mujeres económicamente inactivas de larga duración e iniciativas de sensibilización con el sector privado de apertura de perfiles ocupaciones hacia mujeres, estandarización de rangos salariales en función del cargo y nivelación de salarios, oferta de servicios especiales de enganche laboral a mujeres y procesos de selección “a ciegas” sin relevación del género.
A propósito de la construcción de los planes de desarrollo, estos deben ir alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Nacionales Unidas, donde el número 5 se refiere a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La tarea no es sencilla porque significa derrumbar barreras estructurales e históricas, en buena medida de naturaleza cultural, pero que es necesario frente a un escenario de transición demográfica hacia sociedades envejecidas. A pesar de las tendencias de “desempleo tecnológico” en algunos sectores, el factor trabajo humano sigue siendo esencial para el proceso de producción de bienes y servicios y el sostenimiento de la demanda agregada en las economías.
Todas las nuevas administraciones en el país se encuentran elaborando los Planes de Desarrollo, que se convierten en la hoja de ruta de los gobiernos municipales y departamentales, donde se condensará los diagnósticos de los territorios, iniciativas, planes y proyectos, presupuesto, metas e indicadores de resultados y los sellos y programas bandera para estos cuatro años. Es un documento clave para la planeación, la ejecución y el seguimiento de cada administración. Básicamente, representa la definición de la estrategia para responder a las preguntas: ¿Que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué es necesario y posible de hacer? y ¿Por qué se sustenta técnicamente las acciones propuestas?
Las etapas de construcción de un Plan de Desarrollo no se alejan de las recomendaciones de siempre: escuchar a las comunidades, propiciar espacios de construcción colectiva con grupos de interés, identificar cuellos de botella, hacer un presupuesto de ingresos y gastos balanceado, definir las principales apuestas, realizar un balance sin emociones de las administraciones anteriores, priorizar y focalizar recursos económicos a los sectores y poblaciones, medir la presión de control político de los partidos políticos de oposición, levantar y analizar variables socioeconómicas, entre otros factores. Si bien, todos los temas merecen igual relevancia al momento de la construcción integral del Plan, me gustaría ampliar la importancia de la fase diagnostica.
El diagnostico económico y social del territorio es la base de realidad que debe guiar la formulación de las políticas y representa el sustento técnico para la toma de decisiones. En algunas ocasiones, por limitaciones en la disponibilidad de cifras recientes o históricas, los análisis se quedan en radiográficas estáticas, situación que deja de un lado el análisis de tendencias y omite la variable dinámica de gran significancia en los procesos de planeación. En este sentido, el componente poblacional es la piedra angular que cimienta la solidez de toda la estructura del documento, adicional a ser parte de la mayoría de los indicadores de análisis. Solamente en materia de crecimiento de población y sus cambios de estructura por grupos de edad, son determinantes para focalizar intervenciones y delimitar impactos de las políticas. Así, según las proyecciones censales 2018, no es lo mismo planificar un departamento entre 2020 y 2023, con variaciones relativas en su población del 2,75%, como es el caso de Caldas, o 2,81% de Risaralda y un 3,99% en Quindío, en comparación con un 4,74% en Antioquia, 4,97% en César, 5,20% en La Guajira, 6,49% en Guaviare, 10,30% en Cundinamarca o 14,36% en Vaupés. En nuestro contexto regional cafetero hacia 2023, Caldas superará el millón de habitantes, creciendo a tasas del 0,93% anual, y el Eje Cafetero agregado será la sexta región más poblada del país, con un poco más de 2,6 millones de habitantes, aumentando en más de 70 mil personas en estos cuatro años.
¿Por qué es importante estas cifras de proyecciones? Precisamente para eliminar la concepción de la población como un agente estático y reconocerlo como un agente activo integrante del tradicional triangulo de dimensión económica, social y ambiental. Aquí radica la importancia de contar con el suficiente equipo técnico, interno y de asesoría externa, en las oficinas y secretarías de planeación en las administraciones. En Manizales, Carlos Mario optó por un economista con conocimientos, pericia en la materia y experiencia en cargos públicos; en Caldas, Luis Carlos escogió un politólogo, joven y con alta formación académica internacional en finanzas y economía. Las condiciones están dadas, muchos éxitos.
Los últimos resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE para diciembre 2019 mostraron que Colombia registró una tasa de desempleo del 9,5% en el último mes del año y para el consolidado enero-diciembre el desempleo ascendió en 0,8 puntos porcentuales (pp) frente a 2018, cerrando con una tasa de 10,5%, resultado que muestra el deterioro del mercado laboral en el país. Este hecho se agrava al analizar el comportamiento del mercado laboral en las 23 ciudades y áreas metropolitanas.
En 19 de las 23 ciudades principales se registraron incrementos en la desocupación, donde Manizales logro ubicarse entre las 10 primeras con menor desempleo, con una tasa del 12%, en un ranking liderado por Cartagena (6,9%), Barranquilla (7,8%), Pereira (8,8%), Bucaramanga (10,2%) y Pasto (10,6%), mientras los últimos puestos se encuentra Quibdó (19,8%), Ibagué (16,3%), Armenia (16%), Valledupar (16%) y Cúcuta (15,8%). En el Eje Cafetero, agregando las cifras de las tres ciudades capitales, el 2019 cierra con 78.771 personas desocupadas en la región, igual a una tasa de desempleo del 11,4%, cifra sobre el promedio del total de las 23 ciudades.
En Armenia, la tasa de desempleo aumento 0,4pp, resultado de una menor población activa que posiblemente se retiró del mercado por desaliento laboral, reflejando la baja dinámica económica de la ciudad, con un aumento de 288 personas en el grupo de los desocupados. Por sectores económicos, solamente construcción y servicios comunales, sociales y personales lograron aumentar la ocupación con 60 y 472 personas adicionales respectivamente, contra una caída en el resto de sectores. En el caso de Pereira, fue de las pocas ciudades del país donde disminuyó el desempleo, con una disminución de -0,3pp, efecto de una significativa menor participación laboral, que permitió una reducción en el número de personas desocupadas (y ocupadas), probablemente explicado a incentivos de salir del mercado laboral asociado a ingreso extras o dependencia económica en el hogar, ya que es la única ciudad de la región que muestra aumento de los inactivos especialmente por motivos diferente a los estudios. Por ramas empresariales, solamente los sectores que registraron incremento en la ocupación fueron transporte y comunicaciones y construcción con 439 y 3.170 ocupados adicionales respectivamente.
Y, en Manizales la tasa de desempleo aumento en 0,7pp, explicado por efecto neto de una menor ocupación laboral, lo cual significa que, a pesar de la caída en la participación, el mercado no logro absorber el diferencial y dejo un saldo 1.345 personas más en la desocupación. En el mercado, los ocupados aumentaron ligeramente su insatisfacción por ingresos, pero se continuó mostrando los mejores indicadores de formalidad laboral. Por sectores, preocupante la reducción de -3.092 ocupados y -2.709 ocupados en industria y actividades inmobiliarias y empresariales, mientras comercio, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y construcción lograron la mayor generación de empleos de 2.141, 862 y 754 personas respectivamente.
Así, el desempleo de 12% en Manizales en 2019 revela que, si continúa la tendencia en 2020, se superara el desempleo promedio histórico de la ciudad, lo cual, debe ser señal de alerta a empresarios, autoridades, universidades y gremios. La generación de empleo es cardinal para definirse como ciudad con alta calidad de vida, debido a que la mayor parte de la población tiene como principal fuente de ingresos el trabajo asalariado. En la medida que la ciudad genere dinámicas virtuosas en esta materia, el efecto positivo se sentirá en todo el sistema económico.
En este sentido, el empleo debería estar como punto central en la agenda económica de la ciudad. Frente a este reto, se debe aclarar que la administración municipal tiene algunas opciones que puede estudiar para su implementación como son: (i) oficializar una mesa técnica de empleo que involucre los diversos actores, comenzando por los empresarios, para comprender sus cuellos de botella y gestionar desde lo local sus dificultades; (ii) exigir en los diversos planes, programas y proyectos de desarrollo y fortalecimiento empresarial (que incluye recursos públicos de por medio) los análisis económicos de medición de impacto que muestren su efectividad en indicadores duros de mayor productividad, crecimiento, diversificación y sofisticación; (iii) repensar las estrategias de internacionalización y venta de marca ciudad, visualizando la inversión extranjera directa como vehículo de desarrollo económico; (iv) involucrar a las universidades de la ciudad apoyando la investigación científica orientada al desarrollo productivo de los sectores económicos priorizados; y (v) emprender esfuerzos de alianza regional para la formulación de proyectos de gran impacto que permitan una mayor movilización de recursos públicos y privados, reconociendo el menor crecimiento poblacional (necesidad de integración de mercados) y la urgencia de aprovechar economías de escala.