Columnas Económicas 2022

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 del país, titulado “Colombia potencia mundial de la vida”. Es un documento de 204 páginas con la intención del actual Gobierno, que junto con el diálogo social vinculante en regiones, espera generar el prometido cambio histórico. El Plan parte de una propuesta de un nuevo contrato social para el país, apostando por la vida humana de forma multidimensional, soportado en una narrativa injusticia económica y social histórica, y un fuerte ingrediente de inclusión de la variable medio ambiental de manera transversal en el discurso, así como de los espacios geográficos en la dinámica económica, social y productiva, en una mirada desde el desarrollo sostenible de los territorios.

Enfatiza la necesidad de reemplazar la oferta exportable del país de carbón y petróleo por otro tipo de productos nacionales, en una apuesta por la internacionalización, y otorga al Estado un papel fundamental en el proceso de distribución de la riqueza, como un agente equilibrador que imparte justicia social, mencionando la necesidad de aumentar su músculo fiscal para la inversión. En este sentido, visualiza un Estado activo en términos de política fiscal y monetaria, con discrecionalidad de ingresos y focalización de gastos, y direccionalidad de financiación hacia el empleo y la transformación productiva. El PND preliminar lo dividieron en seis (6) grandes capítulos:

El capítulo 1 de ordenamiento territorial, se basa en el fortalecimiento e integración de los instrumentos de planificación y financiación de los territorios. El capítulo 2 de seguridad humana y justicia social, el capítulo más nutrido de todos, habla de protección social, atención social a población vulnerable, economía del cuidado, economía popular y comunitaria, empoderamiento femenino, Mipymes, trabajo decente, infancia, educación, salud, cultura, población rural, política de drogas, seguridad civil y derechos humanos y justicia. El capítulo 3 de derecho humano a la alimentación, está concentrado en la transformación del sector agropecuario, seguridad alimentaria, tecnología productiva, cadenas logísticas, infraestructura regional, crédito agropecuario, denominaciones de origen y alimentación saludable.

El capítulo 4 de internacionalización y transformación productiva, se preocupa por la deforestación, descarbonización, gestión del riesgo, energías renovables, diversificación, eficiencia energética, vivienda sostenible, economía circular, reindustrialización alrededor de sectores sostenibles, industria TI, extensión tecnológica, transformación agropecuaria, economía forestal, economía circular, institucionalidad ambiental y créditos verdes. En el capítulo 5 de convergencia regional, resalta la necesidad de fortalecer los vínculos espaciales y poblacionales, por medio de la integración urbana-rural, infraestructura de transporte regional, aglomeraciones y economías regionales, cadenas productivas, competitividad y CTI, turismo cultural y de naturaleza, servicios logísticos, Gobierno digital y diálogo social, paz y participación. Es el capítulo más confuso y etéreo.

Y, el capítulo 6 de estabilidad macroeconómica, que resume unas proyecciones de crecimiento económico con base en los cambios esperados del tejido productivo derivados del mismo Plan. Estima una tasa de desempleo del 8,5%, inversión del 24,6%, generar entre 1,7 y 2 millones de empleos, aumentar las exportaciones e inversión pública entre 6% y 7% del PIB y el ahorro público hacia el 4,4%. Todas estas cifras están sustentadas argumentativamente por la transformación productiva. Así, es el capítulo más fantasioso, y ciertamente el que más preocupa, dedicándole apenas 5 páginas.

Entre principales indicadores propuestos (meta cuatrienio) sobresale: aumentar la cobertura bruta en educación superior del 53,9% al rango 60%-62%, disminuir la pobreza multidimensional del 16% al rango 9,5%-11,5%, así como la pobreza monetaria extrema del 12,2% al rango 6,2%-10,4%, pasar de 12 a 237 instalaciones portuarias fluviales, aumentar en 18,4% la producción agropecuaria, reducir la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en 6,75 por cada 100 mil menores a 5 x 100 mil, incrementar la inversión en I+D del 0,24% al 0,5% del PIB, disminuir en -4,1% el CO² emitido por el sector de transporte, aumentar en 60% las vías terciarias intervenidas y reducir el déficit habitacional urbano-rural de 31% a 26%.

Sin duda, un Plan de Desarrollo diferente, ambicioso y particularmente esperanzador, con un compromiso de inclusión y conciliación social, quizás bastante robusto para solamente cuatro años de gestión. Redactado desde propuestas, ideas y argumentaciones muy potentes, pero con pocos indicadores, un diagnóstico simplista y esperando resultados macroeconómicos positivos por dichos cambios, sin sustento del cómo. Pareciera que se construye con el criterio de “borrón y cuenta nueva”, desconociendo avances de sus predecesores, y que, frente a unas altas expectativas y promesas oficialmente plasmadas en este documento, produce inquietud desde el real resorte de Gobernabilidad, en pleno desconocimiento del desgaste del capital político y social. Y, con proyecciones de sostenibilidad macroeconómica “sacadas del sombrero” basadas en cambios estructurales de corto plazo, dejando la sensación de un Plan que mira al futuro, pero olvida sus aprendizajes del pasado, y no tiene los pies firmes en el presente.

Generalmente cuando se termina una relación amorosa, especialmente de forma desastrosa, se suele utilizar una frase cliché de aprendizaje emocional de aprender a valorar lo que se tiene, antes de perderlo. Una frase que tiene un sentido de nostalgia frente a lo que se hizo, no se hizo y se hizo mal, que directa o indirectamente provocó el desenlace final de dicha relación. Hoy en Colombia posiblemente estamos viviendo algo similar a un proceso de terminación de una relación, pero una relación macroeconómica.

Asimilando a las relaciones de pareja, la economía se basa en unos principios básicos de común acuerdo entre los involucrados. Históricamente los principios básicos de una buena relación económica han sido el respeto a las instituciones, la garantía de las libertades, la promoción de la democracia, el reconocimiento del bienestar social y la prudencia en las decisiones de política económica. Cuando se combinan estos principios en el sistema económico, las señales que se proyectan hacia afuera son de estabilidad, confianza, seguridad, solidez y responsabilidad, que resumidamente genera tranquilidad en los mercados.

Desafortunadamente, la coyuntura actual en el país frente a un cambio de visión política, está rompiendo bruscamente con uno de esos principios establecidos para tener una sana relación macroeconómica. Los diversos anuncios del actual Gobierno, cayendo en una fatal estrategia de comunicación, están colocando en riesgo la tranquilidad proyectada hacia afuera de Colombia. Mensajes de acabar con los contratos de prestación de servicios, pensar en control administrativo de precios a la canasta familiar, aplicar impuestos a capitales de inversión, “pedir” a capitalistas que no saquen sus dineros del país, acabar con los contratos de exploración y explotación de petróleo, sugerir importación de productos donde el país tiene competencia de producción, culpar a las economías occidentales de los males macroeconómicos, criticar las decisiones autónomas de la autoridad monetaria, colocar al mismo tiempo en la agenda política reformas estructurales al sistema económico y social, tramitar una reforma tributaria ad portas de una recesión económica, entre otros, están generando incertidumbre en esta relación macroeconómica.

Si se aceptan recomendaciones, al poder ejecutivo se le debe solicitar que haga un buen balance entre su ideología y doctrina, la evidencia histórica y empírica y la teoría económica, para lograr que las decisiones de política económica cumplan con su visión, pero sin sacrificar principios de esa relación macroeconómica, que en el mediano y largo plazo se vuelve contraproducente, particularmente para la población más vulnerable. Si en las decisiones de política económica brilla más la doctrina, entramos a un camino de sectarismo y fanatismo económico, donde se pierde la objetividad, colocando en riesgo la confianza y estabilidad macroeconómica del país.

Una buena relación macroeconómica significa garantizar condiciones económicas y sociales de estabilidad para la población. Las turbulencias económicas son naturales del sistema, pero, el poder de la palabra en el ejecutivo puede aumentar los efectos negativos de los ciclos, y hacer retroceder varios años de buenas y prudentes políticas macroeconómicas, un costo económico y social que debemos aprender a valorar, antes de perderlo. Existen varios ejemplos de relaciones macroeconómicas rotas en nuestra región, la recomendación sería cuidar nuestra relación.

El DANE reveló que la inflación en Colombia para el periodo enero-septiembre 2022 fue de 10,08%, y las divisiones de mayor contribución fueron alimentos y bebidas, alojamiento y servicios públicos, restaurantes y hoteles y transporte, explicando el 79,1%. De este modo, la inflación se consolida como el principal problema macroeconómico. Claramente entender su magnitud va más allá de sentirla en el bolsillo de cada uno de los hogares, y especialmente preocupante confundir su interpretación y manejo para la economía del país.

El alto nivel de inflación afecta en mayor medida a los menos favorecidos y su efecto es diferenciado por ciudades, por ejemplo, para hogares pobres y vulnerables la inflación supera el 11% y solamente 5 ciudades tienen inflaciones por debajo del promedio, todavía algunas a un solo dígito, entre ellas Manizales (9,57%). Pero, Tunja o Armenia tienen cifras mayores a 10,5%, Santa Marta o Valledupar de 11,5% y otras superan el 12%, como son Riohacha y Montería. Los hogares pobres y las ciudades con mayor proporción de pobres, son más afectados debido a su condición socioeconómica porque tienen menores probabilidades y activos de enfrentar la inflación con presentes y futuros incrementos y diversificación de ingresos. Lo anterior implica que la inflación funciona restándole capacidad adquisitiva a los que menos tienen.

Por esto, es fácil entender la necesidad de su control. Desde la teoría, la práctica y la historia hay un reconocimiento en que la política monetaria, a través de la tasa de interés, es el mejor mecanismo para frenar la subida de precios. El mecanismo se explica reduciendo la circulación de dinero para consumo e inversión en el sistema como estrategia de contracción de la demanda, que posteriormente disminuye las expectativas de los agentes económicos. Eso implica reducir la actividad económica de corto plazo, con sus consecuencias, para promover su estabilidad de mediano y largo plazo.

Ahora bien, su lectura y manejo requiere sensatez y discrecionalidad por parte de la política económica del país. Es una mala práctica del poder Ejecutivo de Colombia, criticar las decisiones de la autoridad monetaria de ejercer su efectivo control constitucional de la inflación, que valga la pena recordar, ha permitido su control en el siglo XXI, comparado con toda la mitad del siglo XX donde el país registró inflaciones del 15%, 20% y hasta 30% anual.

Entre sus críticas está que la inflación no es por el exceso de consumo, pero las cifras muestran que la tasa de crecimiento anual del gasto de consumo de hogares fue de 25,8%, 20,8% y 13,6% en el segundo, tercer y cuarto trimestre respectivamente de 2021, y del 12,2% y 14,6% en los dos primeros trimestres 2022. Y, en el segundo trimestre 2022 se tuvieron crecimientos anuales del consumo de hogares del 28,1% en restaurantes y hoteles, 26,5% en recreación y cultura, 39,3% en prendas de vestir y calzado y 23,5% en muebles y artículos para el hogar, crecimientos claramente excesivos para el sistema con su efecto en los precios. Y, entre otras críticas, que el aumento de tasas de interés no funciona, omitiendo que todos los bancos centrales del mundo están en la misma dinámica, y como economía pequeña no hacerlo implicaría salida de flujos de capitales, presionando una depreciación cambiaria y provocando una mayor inflación por productos intermedios y finales importados.

Así, el país está ante un problema que no experimentaba hace dos décadas y con posibilidades de agravarse con las acciones de política. Solo pensar que el 57,5% de analistas esperan inflación anual para diciembre entre 11,2% y 12,2% según encuesta de expectativas del Banco de la República y que la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo proyecta un 11,18% para fin de año, genera mucha incertidumbre las próximas decisiones de incremento del salario mínimo para 2023, donde el reto será inmenso para el sector privado y el efecto final será sobre el empleo, la pobreza y la desigualdad.

La demografía es una disciplina de las ciencias sociales que se encarga del estudio de la estructura de la población, así como de sus dinámicas de cambio y fenómenos asociados en el tiempo, involucrando aspectos económicos, sociales y culturales de los individuos y las sociedades. Es una disciplina que estuvo en furor durante la década de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX, y gradualmente fue perdiendo protagonismo en los discursos de desarrollo y planeación. Sin embargo, sus estadísticas y reflexiones siguen siendo igual de relevantes. Por ejemplo, revisemos estadísticas vitales del último año.

En 2021 se registraron 611.669 nacimientos en Colombia, de los cuales, se presentaron 7.857 por residencia de la madre en Caldas, y de estos, 2.857 en Manizales. Seguidamente los municipios con mayores nacimientos en el departamento fueron La Dorada (776), Riosucio (458), Villamaría (452), Chinchiná (445), Supía (328) y Anserma (270). Mientras, los municipios con menor número de nacimientos fueron Marulanda (17), San José (52), La Merced (55), Victoria (72), Filadelfia (78) y Norcasia (84).

En Manizales se destaca que el 12,4% de los nacimientos fueron de madres menores de 19 años, 29,1% en el grupo 20-24 años, 27,6% en 25-29 años, 19% en 30-34 años, 10,6% del grupo 35-39 años y 2,4% en madres mayores de 39 años de edad. Los niveles educativos más frecuentes de las madres en la ciudad fueron media académica o clásica (36,2%), técnica o tecnológica (18,6%), profesional (17,3%), básica secundaria (15,1%), básica primaria (6,2%) y posgrado (5,3%), evidenciando un gradual movimiento proporcional en la edad de la madre frente a su nivel educativo.

Por otro lado, se presentaron 361.753 defunciones no fetales en el país, 8.533 en Caldas y 3.542 en Manizales, destacando como principales causas de muerte el resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (748), enfermedades isquémicas del corazón (519), enfermedades cerebro vasculares (182), enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (162), infecciones respiratorias agudas (129), tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon (111), enfermedades del sistema urinario (110) y resto de enfermedades del sistema digestivo (109), sumando el 58% de las defunciones no fetales de la ciudad. En el caso de los tumores malignos, sumando todas sus categorías, se tendrían 421 causas de muerte en 2021 en la ciudad.

Ahora bien, ¿Qué nos dice la demografía con alguno de estos datos? Con las cifras globales, solo tomando el caso de Manizales, se reafirma el fuerte tránsito demográfico de la ciudad, comparando que en 1998 se registraron 6.407 nacimientos, lo que se puede interpretar por medio de la tasa bruta de natalidad como 15,59 nacidos por cada mil habitantes en 1998 y de 6,28 por mil en 2021, marcando una significativa tendencia de disminución en los niveles de fecundidad. Y, paralelamente, los niveles de mortalidad aumentan en el mismo periodo, con 2.051 muertes en 1998, donde a través de la tasa bruta de mortalidad la ciudad pasa de 5,31 muertes por cada mil personas a 7,87 por mil en 2021, lo que produce que Manizales efectivamente se encuentra con un crecimiento vegetativo negativo de población, que, omitiendo dinámica migratoria, implicaría un volumen de población cada vez menor, con perspectiva de mediano y largo de plazo, en el marco de un consolidado envejecimiento.

Esto requiere una nueva lectura, interpretación y discurso de ciudad, incluso, una nueva visión y agenda de desarrollo que entienda la actual realidad poblacional, con influencia y efectos para el sector público y privado. Revalorar las estadísticas demográficas es una prioridad, porque es la única disciplina que nos permite visualizar el pasado, presente y futuro de una sociedad, abarcando las fuerzas esenciales de cambio de la población: fecundidad, mortalidad y migración. En 2022, Manizales no es la misma ciudad de hace 10, 20 o 40 años, y si se mantienen las tendencias, será otra en 2040 y 2050, por ejemplo, una ciudad con menores niveles de población.

Finalmente, los colombianos decidieron por la opción de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente del país para el periodo 2022-2026, situación histórica por ser el primer representante de izquierda para liderar a Colombia. Así, el país se suma a las movidas electorales latinoamericanas donde el patrón de los últimos años es de balance positivo para políticos de izquierda, mayoritariamente populistas, pero con alternancias de gobiernos de derecha, también populistas.

Explicar el fenómeno de izquierda en Colombia tiene diversas aristas, buena parte influenciadas por el recorrido tortuoso con el Acuerdo de Paz, el desgaste de la derecha tradicional del siglo XXI en el país con la costosa factura del mal gobierno de Duque y el reciente estancamiento económico que ha despertado un fuerte inconformismo social que las últimas dos administraciones gestionaron con dificultad y poco éxito. Dicho inconformismo se materializa en 19.621.330 personas en situación de pobreza monetaria en 2021, gran parte concentradas geográficamente en aquellas regiones periféricas caribe, pacífica y amazónica donde precisamente el candidato electo ganó con porcentajes por encima del 60% del electorado. Conclusión, una Colombia marginada que se hizo escuchar, y tuvo las alianzas de políticos tradicionales en el centro-occidente del país que le apostaron al caballo ganador y se subieron al discurso del cambio.

La inquietud de todos es sobre el tipo de cambio que espera a Colombia. La única evidencia que tenemos es el contexto regional y de allí se puede extraer alguna cosa. Si Petro es sagaz, modera su discurso de transición energética, y aprovecha el boom de precios de materias primas, incluido el petróleo y el carbón, que le permitiría disfrutar las mieles del crecimiento económico y tener recursos más frescos para inversión, parecido al gobierno Lula en Brasil (2003-2010). Ahora, si Petro no es capaz de controlar los problemas de seguridad, violencia y narcotráfico, en una posición de conflicto institucional permanente, lo que nos puede esperar es un gobierno tipo Obrador en México (2018-2024), con resultados económicos y sociales agridulces, sin mayor avance. Y, si Petro decide hacer cambios más intervencionistas y abusar del poder del Estado sobre la economía de mercado, sería el peor escenario con tendencia a los gobiernos de Chávez y Maduro en Venezuela (2007-2025) y los Kirchner y Fernández en Argentina (2007-2023), donde los resultados económicos y sociales han sido un desastre. No se mencionan los casos de Boric en Chile y Castillo en Perú porque sus gestiones son recientes, pero ambos coinciden en su alta impopularidad ciudadana meses después del comienzo de su mandato.

Solo queda esperar cuál será el rumbo que tomará el país, ojalá, sea el mejor para todos en términos de crecimiento y desarrollo económico y social, independiente si es de izquierda o de derecha. El reto del Gobierno de Petro 2022-2026, como representante de la izquierda latinoamericana, será pasar del debate y discurso en tarima, hacia la verdadera acción y gestión del país, donde las utopías, deseos e ideales deben ser aterrizados con responsabilidad económica y social. Los casos de izquierda “exitosos” en la región se han caracterizado por el respeto de las instituciones, la propiedad privada y el reconocimiento unificado del libre mercado y el juicio en las políticas fiscales y monetarias. Si lo anterior no se valora, es imposible vender la idea de modelo de crecimiento económico sostenible a los mercados nacionales e internacionales, lo cual, es fundamental para la confianza de la inversión, base del crecimiento. Y, esa inversión es un ingrediente sustancial si el objetivo primario de este cambio es la reducción de las brechas sociales y vivir sabroso.

El próximo domingo 29 de mayo 2022 serán las elecciones (primera vuelta) a la Presidencia de la República de Colombia, que como todos sabemos, pueden representar un importante cambio de dirección política, económica y social para el país debido a las banderas ideológicas y lo que representan en propuestas los candidatos que por encuestas tienen las mayores probabilidades. Los análisis políticos son variados, existe incertidumbre y ruido de cambio, que algunos leen desde la esperanza, otros desde la desinformación y el resto desde la desesperación ciudadana. Los posibles resultados de este domingo van a reflejar dos hechos. El primero, la evidente factura ciudadana al mal Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, que puede ascender como voto castigo al establecimiento y las fuerzas políticas tradicionales. Y, el segundo es un reciente estancamiento económico que despertó un fuerte inconformismo social que las últimas dos administraciones gestionaron con dificultad y poco éxito.

Precisamente sobre el segundo hecho quisiera ampliar. El inconformismo social no es un imaginario, se respalda en sentires objetivos y subjetivos económicos. En el 2012 la incidencia de pobreza monetaria en Colombia era de 40,8% y para el 2021 cerró en 39,3%, es decir, una tendencia sin mayores cambios en cerca de una década, como si estuviéramos avanzando en bicicleta estática, teniendo en cuenta que las menores cifras en la serie fueron 35,2% en 2017 y 34,7% en 2018. En términos absolutos significa que había en Colombia 19.621.330 personas en situación de pobreza monetaria en 2021, cifra escandalosa. Para tener una referencia sobre la magnitud de este número, se debe mencionar que según la Registradora Nacional el potencial electoral nacional es de 39.002.239 personas y suponiendo una participación del 55% serían 21.451.231 personas quienes elegirán al próximo presidente de Colombia.

La realidad es una Colombia de 13 ciudades (entre 23 ciudades y áreas metropolitanas) que registran niveles de pobreza monetaria por encima del total nacional, algunas entre 40% y 45% (Sincelejo, Neiva, Cartagena y Pasto), otras entre 45% y 50% (Popayán, Florencia y Cúcuta) y en el extremo ciudades con más del 50% de población en pobreza como Valledupar, Santa Marta, Riohacha y Quibdó. Por departamentos, que suman área urbana y rural, se tienen incidencias superiores al 55% en Cesar, Cauca, Córdoba, Magdalena, Chocó y La Guajira.

Estamos describiendo una Colombia fuertemente desigual. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV-DANE 2021) de las 33 regiones (32 departamentos y Bogotá), 51% tiene un porcentaje inferior al 50% de hogares con acceso a internet, 28% tienen un porcentaje de personas de 15 y 16 años con asistencia a establecimiento educativo formal menor al 80%, 51% donde más del 60% de jefes de hogar se consideran pobres (pobreza subjetiva), en el 48% más del 50% de los hogares percibe que sus ingresos no alcanzan a cubrir los gastos mínimos y finalmente un 51% de las regiones muestra satisfacción con la vida y 58% de percepción de que las cosas que hacen en la vida valen la pena menor al promedio nacional.

Lo anterior no implica que seamos el mismo país de hace 20 o 40 años y esta posición sea catalogada dentro del pesimismo o la fracasomanía, simplemente es la realidad actual. La lectura de país tampoco puede caer en el simplismo del vaso medio lleno o medio vacío, debemos ver más allá y debatir sobre el tamaño de vaso, el color del agua y la calidad de la misma. Las cifras expuestas anteriormente son claves para entender el malestar social, que sirve como contexto socioeconómico de las elecciones presidenciales. La pobreza monetaria muestra mayor incidencia en mujeres, personas menores a 45 años, niveles educativos bajos (ninguno, básica y media), inactivos y desocupados, cuenta propia y no afiliados a seguridad social. Esa Colombia es la que debe ser el centro de atención, preocupación y discusión, porque posiblemente esa población será la que moverá los votos en, quizás, las elecciones más sensibles en la historia del país.

Hace unas semanas el Consejo Privado de Competitividad publicó los resultados del Índice Departamental de Competitividad 2022 (IDC 2022), un resumen integrado de 106 indicadores con comparabilidad regional que anualmente mide el aceite de fortalezas, debilidades y brechas territoriales que reflejan sus capacidades de crecimiento y desarrollo. En líneas generales, se mantienen las mismas regiones en el top 10 histórico, encabezado por Bogotá y Antioquia con 8,59 y 6,93 puntos, destacando Risaralda y Santander que lograron ascender en el ranking. En el Eje Cafetero, Risaralda con un puntaje de 6,33 sería el departamento más competitivo de la región, ocupando el cuarto puesto en el país, seguido de Caldas con un puntaje de 6,03 y Quindío con 5,84 puntos, logrando la séptima y octava posición nacional.

El IDC 2022 en Caldas registra ventajas de competitividad en los pilares de infraestructura, adopción TIC, educación superior e innovación, donde el departamento lidera teniendo las posiciones 4, 3, 5 y 3 entre las 33 regiones de Colombia respectivamente; mientras tiene retos de cierre de brechas en sostenibilidad ambiental, sistema financiero, mercado laboral, entorno de negocios y sofisticación y diversificación, en donde logra posiciones de mitad de tabla para abajo.

Según indicadores, las principales dificultades del departamento se encuentran en gestión de regalías, capacidad fiscal (ahorro y recaudo), transparencia, red vial primaria, conectividad aérea, ancho banda de internet, deforestación, servicios ambientales, empresas con certificación ISO 14001, inversión salud pública, mortalidad materna, cobertura educación básica y media, saber 11, trámites, competencia de mercado, registro empresas, desempleo, participación laboral, brecha laboral de género, cobertura sistema financiero, diversificación exportaciones, inversión actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y productividad científica.

Así, desde una lectura de posiciones, lo anterior marca una ruta de discusión y revisión por parte de las instituciones involucradas en el territorio, desde la objetividad de las estadísticas, la comparación regional, y la comprensión de las fuentes de información. Sin embargo, su análisis estático impide reconocer aquellos temas donde el departamento ha retrocedido y que, por ende, su intervención es urgente. Para esto, es necesario revisar la evolución de los puntajes o valores normalizados del índice, en este caso disponibles para el periodo 2020-2022, donde inicialmente Caldas muestra una reducción en el puntaje global obteniendo 6,0650 puntos en 2020, 6,0603 en 2021 y 6,0338 en 2022.

Explorando una mediana entre 2020 y 2021 y la diferencia con resultados 2022, resulta en el balance que entre los 106 indicadores el 42,5% redujeron su puntaje, 44,3% aumentaron y 13,2% se mantuvieron en promedio sin variación. Entre los de mayor disminución (menor a -1,0 puntos) se encuentran variables como proporción de estudiantes en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) matriculados en instituciones certificadas, gestión de recursos, capacidad de ahorro, mortalidad materna, cobertura neta en preescolar, brecha en empleo vulnerable entre hombres y mujeres, matriculados en programas TIC, brecha en tasa de desempleo entre hombres y mujeres, Índice de Gobierno Digital, cobertura de vacunación pentavalente (DTP) y cobertura de vacunación triple viral.

Por su parte, también se presentaron indicadores que aumentaron su puntaje (mayor a +1,0 puntos) que fueron la tasa de participación laboral, egresados del SENA vinculados al mercado laboral, grado de apertura comercial, dominio de segundo idioma, calidad de docentes de educación superior, brecha de formalidad laboral entre hombres y mujeres, porcentaje de vías a cargo del departamento en buen estado, diseños industriales, camas de servicios especializados, patentes, modelos de utilidad y red vial a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes.

En conclusión, el IDC debe utilizarse como un instrumento de diagnóstico externo que expone las realidades en el territorio, lo cual, debe promover una conversación entre agentes sobre los desafíos de competitividad de Caldas, donde se formulen estrategias de cierre de brechas y avance real y gradual en los indicadores de medición. Ahora bien, dichas conversaciones deben superar las reuniones y talleres caracterizados por el protagonismo individual de las instituciones, y enfocarse en entender la lógica del indicador de medición, su alcance de intervención y las acciones claras para su movilización.

Según las proyecciones del DANE a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 para 2022 en Caldas se registra un total de 1.036.455 habitantes en todo el departamento, de los cuales, 792.882 se concentran en las cabeceras municipales y 243.573 en centros poblados y rural disperso; y el 67,9% de la población se reúne en 5 municipios: Manizales (43,8%), La Dorada (7,3%), Villamaría (6,6%), Chinchiná (5,1%) y Riosucio (5,1%), coincidentes con ser los centros económicos del territorio.

De lo anterior se extrae que el 50,4% de la población de Caldas reside en la capital, debido al efecto de conurbación entre Manizales y Villamaría, hecho que impulsa a que los discursos regionales de crecimiento y desarrollo se fomenten alrededor de las dinámicas y procesos de Manizales AM (área metropolitana), olvidando en muchos momentos la visión municipal del departamento, recordando el capítulo de Turistas y Vagabundos de Bauman (2001), donde una de las consecuencias humanas de la globalización es la división (segregación) de una misma población en el paisaje del territorio. Así, las narrativas “caldenses” en espacios locales, regionales y nacionales comúnmente adoptan la generalidad de Manizales, que por su naturaleza omite convenientemente la disparidad socioeconómica municipal, logrando sobrevalorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento.

Sin embargo, desde una mirada total del departamento, las estadísticas sirven para balancear esta situación y reflexionar objetivamente sobre los retos de desarrollo social y las condiciones socioeconómicas de los hogares caldenses. Por ejemplo, la incidencia de pobreza monetaria (2020) es de 30,7% en el departamento (29,4% en hombres y 31,9% en mujeres), es decir, 307 mil personas pobres; y el porcentaje de incidencia de pobreza multidimensional (2020) es de 14,5% (​8,7% ​urbano​ y 32,8% ​rural​​)​, con altos porcentajes de privaciones de hogares en bajo logro educativo, trabajo informal, rezago escolar, desempleo de larga duración e inasistencia escolar y brechas negativas para el sector rural en informalidad, logro educativo, inasistencia escolar, inadecuada eliminación de excretas y acceso a fuente de agua mejorada frente a lo urbano.

En términos de calidad de vida (2021) se muestra que, en acceso de acueducto y recolección de basuras, el porcentaje de hogares es de 99,7% y 99,9% en cabeceras frente al 54,7% y 33,8% de hogares respectivamente en centros poblados; el servicio de internet difiere en el 75,4% de hogares en urbano versus el 35,8% en rural; mientras el 28,8% del jefe de hogar se considera pobre en la ciudad, se incrementa al 62,1% en el campo; existe un promedio de 9 años de educación en el sector urbano contra 5,5 años en lo rural; y en promedio existe una brecha a favor de las personas que viven en las cabeceras municipales sobre aquellas de la ruralidad en el bienestar subjetivo (calificación de satisfacción), con mayor acentuación en aspectos de salud, trabajo y tiempo libre.

De este modo, se hace necesario incluir y desagregar en los discursos de desarrollo y competitividad regional las diversas realidades del departamento, entendiendo que Caldas va más allá de la dinámica de Manizales y que entre los retos de integración se encuentra el cierre de brechas y la convergencia hacia similares niveles de progreso social.

Entre los grandes retos de reactivación económica en 2021 destacó retomar los procesos de integración internacional que fueron altamente frenados por los bloqueos de fronteras en la lucha contra la pandemia Covid-19. Una de las variables de medición en esta temática es la dinámica del comercio exterior. En 2021, el valor de las exportaciones de Colombia fue por un monto de $41.224 USD millones FOB, registrando una variación del 32,7% frente al comportamiento de 2020, evidenciando un rebote estadístico y económico.

En la dinámica anual los bienes primarios (fruta fresca, carne, arroz, cocoa, te, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas, minerales concentrados y chatarra) tuvieron el mayor crecimiento, 36,3%, participando con el 56,3% de las exportaciones totales nacionales, seguido de una variación del 33,8% en los bienes industrializados, los cuales, participaron con el 35,7%. Dentro de este grupo, el 46% son manufacturas basadas en recursos naturales, 17% de baja tecnología, 31% de tecnología media y 6% de alta tecnología, que presentaron tasas de 40,9%, 34,9%, 28,1% y 13,4% respectivamente.

Por producto de referencia destaca que las exportaciones tradicionales (54,9% del total de exportaciones) registraron un aumento del 43,1%, dónde petróleo y sus derivados pesaron el 59% (32,4% del total nacional) para una variación del 52,5%; por su parte el carbón pesando el 25% (13,7% nacional) tuvo un crecimiento del 35,7%; y café con una participación del 13,7% en las tradicionales (7,5% sobre el total) registró un aumento del 26,4%. Lo anterior es muy buena noticia, pero bajo la lectura de volúmenes (toneladas métricas) las variaciones fueron negativas, sugiriendo expansión en productos tradicionales por buena coyuntura de precios internacionales; mientras las exportaciones no tradicionales crecieron 22% en valor y 4,3% en volumen, representando el 45,1% de las exportaciones totales nacionales.

Sin contar petróleo y sus derivados, las exportaciones del Eje Cafetero fueron de $1.718,3 millones de dólares FOB, para una variación del 7,1%, pero con heterogeneidad regional: 16,7% en Caldas, -4,5% en Risaralda y -9,9% en Quindío. En este sentido, Caldas destaca con el único crecimiento positivo y pasando de participar del 59,1% al 64,4% en las exportaciones regionales. Los mejores desempeños en Caldas estuvieron con el 39,6% en maquinaria y equipo (12,6% participación), 27,3% en industria liviana (3,6% participación), 14,4% en agroindustrial (21,1% participación) y 13,1% en agropecuario (61,2% participación), mostrando la mayor dinámica exportable en la región.

Para Risaralda, si bien presenta la mayor diversificación exportable, se tuvieron mayores variaciones negativas relativas. Así, los productos agropecuarios pesan el 37,3%, pero registraron un decrecimiento del -33,7%; igualmente los productos agroindustriales con una participación del 13,3% pero una contracción del -6,2%. Sin embargo, resalta la industria básica con un peso de 21,2% de las exportaciones y variación del 42,7% y maquinaria y equipo con 15,3% de participación y variación del 33,2%. Y, en Quindío, el departamento con la canasta exportadora menos diversificada, 95,2% concentrada en productos agropecuarios (café representa el 90,6%), que presentaron una tasa de variación del -11,1%.

En 2022 se pretende que los buenos vientos de precios continúen, favoreciendo las estructuras exportables con base en recursos naturales, pero colocando atención en priorizar tareas de productividad. Mientras es necesario seguir haciendo esfuerzos en bienes industrializados, aprovechando aún la posición cambiaria, en apuestas de largo plazo por la diversificación y sofisticación económica.

El DANE publicó las cifras de mercado laboral para el cierre de año 2021, donde el país tendría una tasa de desempleo del 13,7%, con más de 3 millones de desocupados y pendientes por retomar más de 1 millón de empleos. Sin duda, existe un proceso de recuperación económica frente al catastrófico resultado del mercado en 2020, pero dicha recuperación aún no logra alcanzar los niveles de prepandemia, que terminará afectando los pronósticos de pobreza y calidad de vida para 2021.

En la lectura desagregada por ciudades se muestra la heterogeneidad nacional: 6 ciudades con registros superiores al 18%, 10 en el rango 15% - 18%, y 7 por debajo del 15% (15,5% es el promedio de las 23 ciudades), en donde se encuentra Manizales, con una tasa de desempleo del 14,3% en 2021, logrando estar entre las 5 ciudades con menor desempleo en la dinámica laboral anual, bajando en 5,7 puntos porcentuales (pp) frente al desempleo 2020 pero a 2,2 puntos porcentuales (pp) por encima de la registrada en 2019 (año de normalidad). Dicha tasa de 14,3% estaría por encima del promedio (13,5%) y la mediana (12,8%) histórica desde 1976 en la ciudad.

En comparación con 2019 la ciudad tiene un nivel de recuperación de la ocupación del 93,3%, un exceso de desocupación del 14,4%, un faltante del 4,2% de población económicamente activa y un 9,8% adicional de inactividad. Si bien el desempleo bajó, la demanda laboral aún debe recuperar 4,2 puntos porcentuales (pp) y la oferta 3,3 pp, reflejo de un panorama de debilidad, siguiendo el patrón nacional de lenta velocidad de convergencia entre crecimiento y generación de empleo.

Según posición ocupacional, los empleados particulares presentaron un nivel de recuperación del 96,6%, donde se genera el 60% del empleo en la ciudad, resultado de la resiliencia de los sectores productivos. Ahora bien, algunos sectores no lograron volver a emplear la misma cantidad de personas frente a 2019, como fueron actividades artísticas y de entretenimiento, servicios financieros, actividades inmobiliarias, construcción y hoteles y restaurantes, alcanzado menos del 82% de ocupación. Desde el 2020 los ocupados registraron una variación del 4,4%, donde los sectores de comercio y reparación y servicios empresariales, profesionales, científicos y técnicos contribuyeron con el 84% de la variación global.

En el 2022 se espera que la ciudad continúe su proceso de gradual recuperación hacia tendencias de los últimos tres años en el mercado (prepandemia), todavía con tasas de desempleo de dos dígitos. Desde las fuerzas vivas del territorio se hace necesario pensar en estrategias conjuntas que dinamicen algunos sectores económicos que han perdido volumen de empleabilidad en tiempo reciente, alrededor de 20 mil empleos frente a 2015, especialmente en un año electoral y con retos inflacionarios, que supondrá una estabilización o repliegue en el ritmo de consumo de los hogares.