La semana pasada se realizó en Manizales una feria laboral bilingüe, un espacio organizado por diversas instituciones y programas de la región y que, según fuentes, fue satisfactorio. Interesante estas estrategias de conexión entre la oferta y la demanda laboral, y sobretodo diferente debido a que se centró en perfiles con dominio de un segundo idioma, en este caso el inglés como principal protagonista. En este contexto, la primera pregunta que me hice fue ¿cómo estamos con el nivel de inglés en Manizales? Los resultados dejan más inquietudes y preocupaciones que tranquilidad.
La principal fuente de información que permite evaluar el desempeño en inglés es por medio de las Pruebas Saber Pro en la competencia genérica inglés para los próximos graduados de las instituciones de educación superior del país (más de 400 IES). Los últimos resultados disponibles son de 2018, donde las 5 universidades con mejores resultados fueron CESA, Andes, EIA (Medellín), Sabana (Chía) y Rosario, las cuales conjuntamente midieron a más de 6 mil estudiantes con un promedio por encima de 200 (en una escala de 0 a 300). Desde acá, la comparación empieza a ser un refresco de realidad.
En Manizales, las 6 principales universidades de la ciudad presentaron a 3.876 estudiantes con un promedio de 152 (en una escala de 0 a 300), con los mejores resultados en su orden: Nacional (169,2), Caldas (153,8), Autónoma (152,2), Manizales (149,4), Católica (147,1) y Luis Amigo (142,6). En Pereira, el promedio de las 4 principales (Tecnológica, Católica, Libre y Área Andina) fue de 154 entre 3.659 estudiantes. Y, en Armenia, las dos principales (Gran Colombia y Quindío) tuvieron un promedio de 148 de 2.531 estudiantes. Entre estas principales del Eje Cafetero, solamente la Nacional (Manizales), Tecnológica (Pereira) y Católica (Pereira) entraron en el ranking 100 con los mejores resultados en inglés en el país, mientras que el resto se repartieron en top 200.
Estos resultados son coherentes también con mediciones internacionales. Según el índice de dominio del inglés de EF (EF English Proficiency Index), Colombia queda en el puesto 68 con un desempeño bajo mundial, únicamente superando a Ecuador y Venezuela, y al interior del país entre 20 regiones evaluadas, los puestos del Eje Cafetero fueron: Quindío (5), Caldas (7) y Risaralda (14) con desempeño bajo y muy bajo.
Con estas cifras, Manizales en bilingüismo estaría en el puesto 7 entre las 23 principales ciudades del país (según el Índice de Competitividad de Ciudades), lejos de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. De hecho, las tres ciudades del Eje Cafetero, están seguidas luego de las cinco primeras. Las personas más optimistas (vaso medio lleno) podrían concluir que estar inmediatamente después de las “grandes ciudades” o ser las “primeras” de la intermedias es un gran logro. Los más pesimistas (vaso medio vacío) podrían afirmar que estamos al menos a 50 puntos de diferencia en Saber Pro con las mejores del país, una brecha considerable. Por mi parte, prefiero el camino medio (el vaso está en la mitad), y afirmar que para cumplir con la visión del Plan de Ordenamiento Territorial-POT 2017-2031 de ser “Capital Universitaria del conocimiento, el emprendimiento y la innovación del país”, con los resultados actuales en inglés, el camino por recorrer aún es largo.
Hace tres semanas iniciamos este hilo de columnas, con base en el documento Fundación Konrad Adenauer (2019). Colombia en su ruta: recorriendo el camino hacia 2050. Fundación Konrad Adenauer y Centro de Análisis y Entrenamiento Político, CAEP, Bogotá, donde intentan hacer un ejercicio de prospectiva de país hacia 2050 en algunos temas que visualizan como relevantes en dicho camino. En esta última centraremos la atención en el tema de aliados y mercados, el cual representa una de las grandes deudas del país en materia económica (adicional a la desigualdad).
Una frase común que se escucha entre los rincones del país, especialmente en esferas políticas y de Gobierno, y que casualmente se repite cada cambio de administración, es que Colombia se encuentra en su gran momento, como si estuviera en el punto de inicio para su gran expansión, presentándose siempre como el país apuesta a futuro, con las mejores proyecciones de crecimiento y desarrollo, pero siempre se queda en el borde del abismo o a mitad de camino, o incluso, sin haber dado un paso.
Un indicador para visualizar esto es su desempeño en el frente de competitividad externa, caracterizado por su baja sofisticación y diversificación productiva, y cargando el peso de la dependencia: siglo XIX el auge aurífero, siglo XX el país cafetero por excelencia y el siglo XXI como el nuevo protagonista del petróleo latinoamericano (luego del fracaso venezolano). Lo más preocupante de esto, es que la política actual está enfrascada en lo mismo, es más relevante la implementación del fracking o vender al país con imágenes de “mujeres autóctonas” haciendo sombreros y pulseras artesanales, que realmente repensar el tejido empresarial y compararse con casos exitosos como Corea del Sur, país que hace 45 años mostraba menores niveles de ingreso y desarrollo que nuestro país y actualmente la diferencia a favor de los asiáticos es significativa.
El documento concentra su atención en la prioridad de pensar seriamente al país en este tema, la ampliación del mercado es vital para el futuro de la economía colombiana, y en este sentido el estudio hace énfasis en expandir la mirada y lograr insertarse realmente hacia un mercado potencial cómo es Asia ahora y en el futuro, argumento contextual por diversas razones: (i) la alta dependencia de Colombia hacia Estados Unidos; (ii) el débil mercado regional latinoamericano y la pérdida de un socio comercial natural (Venezuela); (iii) la concentración de las exportaciones colombianas en menos del 11% de los municipios del país, en donde los primeros diez (10) se llevan más del 95% del total; (iv) y, por último, unas cifras económicas y demográficas que se sustentan solas: aproximadamente el 20% del PIB mundial es generado por China, Japón, India, Corea del Sur, Australia e Indonesia y el 45% de la población mundial son de dichos países.
A pesar de que la apertura comercial del país tiene menos de 35 años (contando desde el Gobierno Virgilio Barco Vargas) y las relaciones diplomáticas (Embajadas) y comerciales (Procolombia y Alianza Pacifico) han hecho un gran esfuerzo por visualizar a Asia como un mercado objetivo, la realidad es que los resultados son precarios. Si bien, abrir negocios con los asiáticos contiene una serie de factores de complejo manejo diplomático (por cultura, normas comerciales, entre otros aspectos), también existen problemáticas estructurales en la economía del país, como son las escasas inversiones en investigación y desarrollo, el retraso histórico en materia de infraestructura vial y portuaria, la baja oferta de productos con valor agregado (lo mismo de siempre: flores, café, banano, y ahora, piña y aguacate), una estancada productividad agro-industrial y un moderado impacto de la educación sobre el tejido empresarial.
Es inocente esperar que Asia vea a Colombia con ojos de inversión solamente por ser “la gran apuesta”, si realmente no logramos materializar con hechos y cerrar dichas brechas económicas y de competitividad. Igualmente, si la política comercial del país sigue enfocada en estereotipos del tipo “el suave colombiano es el mejor café del mundo”, hacia 2050 la historia no habrá cambiado mucho y será otro medio siglo de solo buenas intenciones.
Hace dos semanas iniciamos este hilo de columnas, con base en el documento Fundación Konrad Adenauer (2019). Colombia en su ruta: recorriendo el camino hacia 2050. Fundación Konrad Adenauer y Centro de Análisis y Entrenamiento Político, CAEP, Bogotá, donde intentan hacer un ejercicio de prospectiva de país hacia 2050 en algunos temas que visualizan como relevantes en dicho camino. Esta vez abordaremos el tema de ciudades habitables y sostenibles.
El argumento de este capítulo fue poner en el centro de atención una de las problemáticas centrales del desarrollo territorial colombiano: la urbanización, es decir, la creciente importancia de las ciudades en el panorama nacional, lo que involucra una serie de temas prioritarios al pensar en modelos de ciudades sostenibles y habitables en las próximas décadas. Entre dichos temas, se sugieren tres que se convierten en ejes de un buen desarrollo de las urbes.
El primero es la gestión del territorio en cuanto a la demanda y oferta de agua, vista como un bien o servicio esencial para los procesos producticos y de conservación de las especies (humana, flora y fauna). En este factor, desde una perspectiva ambiental, la eficiente distribución de agua para el abastecimiento humano como su disponibilidad en procesos agrícolas e industriales, y su gestión de desechos, es la principal preocupación. Situación que se complejiza frente a las distancias entre las fuentes primarias de los recursos hídricos, colocando el tema de los costos en la escena principal; sin tener en cuenta los riesgos climáticos que puede traer consigo. En este sentido, los esquemas tarifarios para su uso racional como la tecnología disponible para la optimización en los reúsos de los recursos serán fundamentales hacia el 2050.
El segundo tema se refiere al aspecto habitacional y de vivienda, factor esencial para la sostenibilidad de una ciudad. Citando el documento (pág. 161), “de conformidad con cifras de la Comisión Asesora para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el 87% de la población colombiana habita en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, el 28% en áreas susceptibles a inundación y el 31% en áreas susceptibles a remoción en masa (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010).” Esta realidad obliga al país, y especialmente a sus niveles administrativos regionales (Alcaldías y Departamentos) con sus instrumentos de Ley (Planes de Ordenamiento Territoriales), en afrontar el crecimiento ordenado y responsable de las ciudades, con oferta de vivienda coherente a las condiciones climáticas, con espacios vitales suficientes, cobertura de servicios públicos, unidades residenciales formales y con el respeto de las normas urbanísticas (caso puntual de los tugurios y barrios marginales), adecuada gestión del riesgo, administración de la tierra como bien escaso evitando rentas monopolísticas (o disminuyéndolas con la gestión de instrumentos como la plusvalía), entendiendo los conflictos de interés entre la industria y la vivienda, así como de grupos poblacionales en diversos niveles socioeconómicos y proyectando el fenómeno migratorio como variable cada vez más relevante en el crecimiento de las ciudades en el largo plazo.
Y, el tercer tema, aborda la movilidad, problema intrínseco a la concentración de población en el espacio. En este sentido, se abre la discusión entre la ampliación de infraestructura para vehículos automotores, priorizando la movilidad particular, y la inversión en equipos de transporte público de diverso tipo, distinguiendo las complicaciones de la congestión, el ruido, la contaminación, la accidentabilidad y los desiguales niveles de ingresos (no todos pueden comprar un carro o una moto). Así, las estrategias de movilidad en las ciudades deben hacer un balance responsable, tratando de alcanzar puntos óptimos que permitan en doble vía: generar espacios de circulación que promuevan la productividad y los intercambios comerciales y aumentar la calidad de vida de sus habitantes. En esta última, se plantea priorizar en la facilidad de los desplazamientos, sistemas de transporte multimodales, uso de tecnologías que mejoren la movilidad, grandes parqueaderos horizontales, buses, busetas y colectivos limpios y verdes y ejes de circulación exclusivos para motos.
Si bien, todos estos temas se convierten relevantes en esa agenda hacia el 2050, un buen paso como ciudadanos es exigir democráticamente gobernantes (Alcaldía y Gobernación) y representantes al Consejo y Asamblea que estén comprometidos con estas iniciativas más allá de un discurso, y exista un soporte técnico, planificado y de viabilidad financiera para efectivamente tener ciudades habitables y sostenibles antes de ese 2050.
La semana pasada iniciamos este hilo de columnas, con base en el documento Fundación Konrad Adenauer (2019). Colombia en su ruta: recorriendo el camino hacia 2050. Fundación Konrad Adenauer y Centro de Análisis y Entrenamiento Político, CAEP, Bogotá, donde intentan hacer un ejercicio de prospectiva de país hacia 2050 en algunos temas que visualizan como relevantes en dicho camino. En esta abordaremos los desafíos ante la pobreza.
El estudio abordó esta problemática desde diversos frentes interrelacionados, pensando en una imagen de cubo de Rubik, en donde las diversas caras del cubo están representadas por problemáticas interrelacionadas: empezando por el sobrepeso y la obesidad lo cual se puede resolver con alimentaciones saludables que requiere acciones frente al cambio climático, discurso que lleva al planteamiento de sistemas de producción sostenibles que serán determinantes para los procesos de inclusión social y económica de las comunidades, y de este manera, luchar contra la pobreza, especialmente en la ruralidad. ¿Cuál es el estado actual de estas problemáticas en el país? Para responder esta pregunta podemos mencionar algunas cifras:
En 2015, el 56,4% de la población entre 14 y 64 años tiene exceso de peso, en donde 8 de cada diez consume alimentos procesados (gaseosas y refrescos), especialmente en aquellos entre 19 y 30 años.
En cuanto al cambio climático, para el 2016, existen más de 2,7 millones de productores agropecuarios en el país, y entre el 70% y 80% de los productos de la canasta familiar provienen de la agricultura familiar campesina.
El 26% de las emisiones de gases efecto invernadero son aportados por el sector agropecuario y el 36% por el sector forestal, donde los principales factores relacionados con la deforestación, la ganadería bovina extensiva y la resiembra de cultivos permanentes.
La pobreza rural en Colombia supera en al menos 10 puntos porcentuales la pobreza urbana, y visualizándose de manera nacional, según proyecciones con tasas de crecimiento del 1% en el ingreso de los pobres, el país hacia el 2055 las cifras serán reducidas cercanas a cero, sin embargo, las dinámicas regionales serán divergentes: mientras Bogotá lo realicé con éxito hacia el 2023, por su parte, La Guajira en 2058 y Chocó en 2070.
Entre 2002 y 2017 salieron de la pobreza más de 7 millones de personas en el país, 4,5 millones urbanas y 2,5 millones rurales. La velocidad siguiente en la caída de la pobreza está relacionada con los tamaños de población, el grado de ruralidad y la conexión con los sistemas de ciudades.
Para el 2017, el 39,9% de la población del país entra en la categoría de clase social vulnerable, es decir, aquellos con alta probabilidad de caer en pobreza, y con crecimientos de los ingresos del 1%, el tiempo de salida de la vulnerabilidad se proyecta en cerca de 50 años, pero 30 años en lo urbano y 90 años en lo rural.
Estas cifras ponen de manifiesto la integralidad de la problemática de la pobreza, haciendo alusión a la conexión de temas que están involucrados, y su urgencia de visualizar la lucha contra la pobreza desde diversos niveles de planeación y alcance local, regional y nacional. Armar sólidamente el cubo requiere un articulado trabajo de construcción e implementación de estrategias en coordinación con los diversos actores del desarrollo, en donde la inclusión social y económica de las poblaciones más vulnerables, integrado al concepto de territorialidad, debe ser la prioridad.
En este periodo de elecciones regionales se empiezan a presentar las diferentes ideas y propuestas de los diversos candidatos buscando informar sobre su plan de gobierno, en donde algo bastante habitual es caer en promesas, palabras o frases sin contexto que llevan a lugares comunes, por ejemplo: “necesitamos más emprendimiento”, “el objetivo es generar empleo”, “necesitamos un país más verde o naranja” (o cualquier otro color según los gustos y los contextos), “hay que mejorar la movilidad”, entre muchas otras, que sin bien, tienen razón según diversas perspectivas, no responden a un verdadero ejercicio de planeación, entendiendo este concepto como: acción que precede y preside la acción.
Incluso, en estos mismos planes, generalmente tienen como base diagnóstica los análisis descriptivos de variables, pero sin ningún ejercicio de proyección a mediano y largo plazo, es decir, de continuidad, y están más enfocados en el cargo de turno, como si no existiera un mañana. Precisamente a esta reflexión nos invita el documento Fundación Konrad Adenauer (2019). Colombia en su ruta: recorriendo el camino hacia 2050. Fundación Konrad Adenauer y Centro de Análisis y Entrenamiento Político, CAEP, Bogotá, donde intentan hacer un ejercicio de prospectiva de país hacia 2050 en algunos temas que visualizan como relevantes en dicho camino. Por su extensión he decidido dividir este análisis en cuatro columnas, alineado a los capítulos del documento, empezando con la sostenibilidad ambiental.
En este frente, el estudio hace énfasis en cinco aspectos: (i) la importancia de la apuesta por la migración sistemática hacia una matriz energética diversificada con énfasis en recursos renovables sobre los combustibles fósiles; (ii) la trasformación del sistema de transporte, apostando a la electrificación de los medios masivos y modo ferroviario en las rutas comerciales regionales; (iii) continuar impulsando los proyectos de grandes embalses para la generación de hidroelectricidad y en zonas con tendencia a la desertificación, ayudando al sector agroalimentario; (iv) adopción gradual de tecnologías de eficiencia energética en los sectores productivos; y (v) la diversificación económica para reducir la alta dependencia de las exportaciones a productos minero-energéticos (carbón y petróleo), los flujos de IED y los ingresos fiscales buscando un mejor amortiguamiento a los choques de los precios internacionales, así como disminuir los efectos negativos en el ambiente y la sociedad en las regiones dependientes.
La sostenibilidad ambiental es un tema que comúnmente se deja como el moño para adornar el plan de desarrollo, cuando la discusión de este tema debería ser central y transversal a todas las políticas de Gobierno. Es necesario no dejarse contaminar de las creencias al etilo de Donald Trump que afirman la inexistencia del cambio climático, negando a su vez que la empresa, la naturaleza y la sociedad habitan en un mismo ecosistema; y, por otro lado, es urgente que el país ponga en la balanza las discusiones mediáticas, en donde se convierte más importante la decisión sobre la implementación de fracking que la compra de vehículos eléctricos para los sistemas de transporte urbanos o incentivos de re-cambio a los particulares, dando señales de que el país, aunque no lo quiera, aún está en debates de la segunda revolución industrial.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el próximo mes de octubre se llevarán a cabo las elecciones de las autoridades locales para decidir los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales para el periodo 2020–2023. Adicional a ser un evento democrático de suma importancia y recomendar a toda la ciudadanía con potencial electoral a salir a las urnas a ejercer su derecho al voto (ojalá un voto con conciencia), es relevante entender la importancia que tiene el Concejo Municipal, especialmente porque el debate y las discusiones generalmente se concentran en alcaldes y gobernadores, y la ciudadanía, por omisión, desinterés o apatía, deja en un segundo lado esta corporación pública. Vamos por puntos.
Primero, el número de candidatos al Concejo está determinado a partir de distintas variables como la densidad poblacional y la asignación presupuestal.
Segundo, cada partido político tendrá derecho a inscribir un número de candidatos igual al número de curules que estén en disputa, por ejemplo, si hay 25 escaños en juego, cada partido podrá inscribir 25 candidatos. En el caso de Manizales, el total de concejales es de 19, aunque solo se eligen 18, esto se debe a que una curul es para el candidato a la Alcaldía de Manizales que obtenga la segunda votación más alta.
Tercero, el Concejo de Manizales representa la junta directiva del alcalde, por tal motivo tiene obligaciones de control político y actividad normativa. En este sentido, los concejales de la ciudad deberían ser personas con la suficiente preparación, conocimiento y experiencia para cumplir con las funciones delegadas por la constitución política (Artículo 313) para esta corporación.
Cuarto, las funciones, anteriormente mencionadas, son: 1) Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio; 2) Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas; 3) Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo; 4) Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales; 5) Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos; 6) Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta; 7) Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda; 8) Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine; 9) Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio;10) Las demás que la Constitución y la ley le asignen.
La decisión está en sus manos como votante. La elección de octubre va más allá de los colores y las alianzas de partidos a ocupar una silla en la gobernación y la alcaldía. En esa línea, los concejales son una pieza clave en el buen funcionamiento de la ciudad, la gestión pública y el desarrollo económico. Por esta razón, como ciudad, necesitamos concejales que conozcan del quehacer de los asuntos y la política pública, y que tener muchos likes en redes sociales o estar “indignado” no es suficiente para ser bueno en su labor en dicha corporación.
Nota: Esta columna fue realizada en colaboración con el comunicador social y periodista Nicolás Giraldo @nicogiraldoh
Bastante cuestionado resultó la portada de la Revista Semana donde calificó el primer año de la Administración Duque cómo “Año de aprendizaje”, resaltando los retos que tiene en los próximos tres años de mandato y, con el aire esperanzador de que son suficientes para enderezar el curso, lo cual, puede ser cierto, pero deja la inquietud si quizás no era mucho tiempo para aprender, especialmente por el hecho de ser el cargo más importante en el país.
Ahora bien, evaluar una buena gestión presidencial y calificar su desempeño es una cuestión que implica una multiplicidad de factores de gobierno, por ejemplo, la efectividad legislativa, los avances a la luz del Plan Nacional de Desarrollo, el inicio de programas, proyectos y estrategias de corte nacional, la inauguración de proyectos de infraestructura o la simple favorabilidad y percepción positiva de la población colombiana. Por interés propio, y quizás lo que más se recuerda en la historia económica de los países y que en últimas es de vital importancia, es medir la gestión con el termómetro de los indicadores económicos y sociales, los cuales sirven precisamente para hacer planeación.
Uno de los principales indicadores es la evolución del Producto Interno Bruto-PIB, del cual, tuvimos noticias la semana pasada por cuenta del DANE, en donde resaltó que la economía colombiana registró una variación anual del 3% en el segundo trimestre 2019, repuntando comercio y algunos servicios (información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, servicios financieros y actividades profesionales, científicas y técnicas), pero con resultados no tan favorables para construcción, industria y agricultura. Por el enfoque del gasto, es interesante que el consumo de los hogares y la inversión crezcan con tasas por encima del 4%, mientras las exportaciones apenas alcanzaron el 3% y el consumo del gobierno estuvo por debajo del 2%, relacionado con los planes de austeridad.
A pesar de que estas cifras muestran que la economía colombiana está rebotando y en el contexto latinoamericano tiene los mejores resultados, aún el crecimiento esta por debajo del potencial, situación que seguirá deteriorando el mercado laboral colombiano, ejerciendo presión social vía pobreza e informalidad, con lo cual los ánimos de desconfianza del ciudadano del común difícilmente van a disminuir (-5,1% fue el índice de Confianza del Consumidor en julio según Fedesarrollo). Si bien, el consumo y la inversión cuentan con números positivos, la coyuntura macroeconómica global puede traer vientos de cola desfavorables, sumado a una inflación en ascenso, que podría poner al país en aprietos en su maniobrabilidad en política monetaria y fiscal en un escenario hacia 2021-2022 con escalables probabilidades de recesión mundial.
Con esta reflexión, simplemente queda de pasar del aprendizaje a la práctica, porque preocupa que ministros no sepan lo que sucede con el desempleo, y que en un año de aprendizaje no se hayan podido destrabar los cuellos de botella en el crecimiento. Si el Gobierno ha cumplido su tarea, entonces el balón está en la cancha del sector productivo. En este sentido, se firmaron unos pactos por el crecimiento entre gremios, Gobierno Nacional y empresarios, que se espera cumplan con el cometido de apalancar la economía nacional. Solo falta esperar que aprendemos de estos, en un año ojalá la portada de Revista Semana sea más alentadora.
Cuando se estudia las diversas teorías de la empresa que han surgido en la historia del pensamiento económico desde el siglo XVIII, el rol del empresario ha tenido diversas connotaciones, pasando por ser un agente de innovación (ver Schumpeter), aquel que asume riesgos (ver Knight), como un individuo dotado de capacidades para hacer negocios (ver Marshall), y desde posturas más radicales, como aquel que explota al trabajador (ver Marx).
En este sentido, también ha aparecido una corriente que va dirigida hacia el rol organizador, asociado a la importancia de administrar los recursos y buscar la eficiencia productiva. Desde esta línea, uno de los recursos que el empresario-gerente debe saber gestionar es el factor de producción trabajo, llevándolo a palabras criollas, el usual manejo de personal. El economista colombiano Eduardo Lora en su reciente libro, Economía Esencial de Colombia (2019), a través del análisis de la World Management Survey-WMS (https://worldmanagementsurvey.org/), que es un conjunto de datos entre países e industrias creado para medir la calidad de las prácticas de gestión gerencial a nivel mundial, relaciona los principales errores de las empresas colombianas, donde destaca:
1. Generalmente las altas gerencias no son evaluadas al interior de las organizaciones.
2. Alta tolerancia al mal desempeño del personal y pocas acciones correctivas.
3. Baja relación entre desempeño laboral individual y remuneraciones salariales y beneficios adicionales.
4. Inexistencia de estrategias y prácticas de retención del personal con mayores capacidades, conocimientos y talentos.
5. Pocos programas de carrera hacia el desarrollo de sus mejores trabajadores, en donde la antigüedad es la principal variable de promoción.
Si bien Lora (2019) matiza que la reglamentación laboral en el país es un factor que influye negativamente como incentivo al mejoramiento de este tipo de relaciones, también añade que los análisis de la WMS sugieren que las brechas de productividad entre empresas y países puede ser explicado por la baja calidad gerencial de los empresarios. Esta misma conclusión la ha expuesto en informes anteriores el Consejo Privado de Competitividad-CPC. De este modo, que las buenas prácticas gerenciales, entre ellas el manejo de personal, pueden ser un camino para alcanzar mejores niveles de productividad en el mediano plazo, especialmente en una economía cada vez más dedicada a la prestación de servicios, en donde la gestión del conocimiento de los colaboradores se convierte en el activo más importante. Incluso, en otros estudios, se ha evidenciado como el aporte a la productividad interna es más alto en los trabajadores-operarios (blue-collar worker) que en los trabajadores-gerentes (white-collar worker).
Siempre estará la concepción de que nadie es indispensable en una organización, pero su mal manejo en últimas, es contraproducente para la cultura interna, los valores, el compromiso de los trabajadores y la marca proyectada en la sociedad, adicional a los efectos negativos en la productividad ya anteriormente mencionados.
Desde la ortodoxia económica, se podría resumir que existen dos recetas precisas para manejar la política económica de un país: (i) las de corto plazo, que buscan estabilizar la economía frente a las volatilidades temporales, y allí es donde entran en protagonismo las medidas discrecionales de tipo fiscal, monetario, cambiario y comercial, que son responsabilidad de los tomadores y formuladores de política económica por parte del Gobierno, es decir, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República principalmente; Y, (ii) las de mediano y largo plazo, que buscan incrementar el crecimiento económico potencial, aumentando la capacidad productiva, como base de progreso económico. En estas últimas es donde se encuentra las denominadas políticas de desarrollo productivo.
La definición tradicional de estas políticas se refiere a estrategias que apuntan hacia la creación de unas condiciones necesarias para sofisticar y diversificar el aparato productivo. Cuando hablamos de sofisticar, entendemos por incrementar el valor agregado o la complejidad de los bienes y servicios producidos por las empresas; y frente a diversificar, el foco está en la reducción de la dependencia ante productos de bajo valor agregado, mercados o clientes tradicionales. En este sentido, estamos sintetizando la teoría del empresario del economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter (1883-1950), desarrollador del concepto del empresario-innovador que pone en práctica la innovación, entendida para el autor como:
· Introducción en el mercado de un nuevo bien o producto o una nueva calidad.
· Introducción de un nuevo método de producción.
· Apertura de un nuevo mercado.
· Conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o bienes semimanufacturados.
· Creación de una nueva organización.
Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cómo aplicar con éxito estas estrategias? Lastimosamente no existe una hoja ruta estándar y determinada, y generalmente las buenas intenciones ha llevado a la inundación de la palabra innovación en documentos y discursos, pero en el mediano y largo plazo los resultados concretos, en cifras, han sido pocos. Esta reflexión sirve para el contexto país, pero también para muestra región.
Claramente, la sola formulación e implementación de este tipo de políticas no es suficiente. El crecimiento económico rápido y sostenido requiere temas estructurales como políticas de flexibilización laboral, educación, justicia, corredores logísticos, desarrollo del sistema financiero, infraestructura, habilidades en I+D, en donde las regiones se pueden ver limitadas. Sin embargo, las estrategias productivas si pueden ser de mayor alcance, distinguiendo entre políticas industriales de corto plazo (saltar a sectores cercanos a las capacidades actuales) y políticas de largo plazo (saltar a sectores lejanos, más sofisticados), comprendiendo que las apuestas no son definitivas, son de carácter experimental y deben cambiar de prioridad según los contextos.
Frecuentemente, nos quedamos en el eterno discurso de ser un país o una región con muchas potencialidades, pero que jamás se llega a serlo. Nunca es tarde para diversificar o sofisticar un sector, pero las velocidades de reacción si se deben tener en cuenta al abordar la competitividad de un país o una región, ya que las oportunidades desaparecen y las brechas se amplían.
Desde la jefatura de investigaciones económicas de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio-Confecámaras se publicó el estudio “Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas en Colombia”, una publicación que merece la pena detenerse a leer porque es una radiografía de la realidad del tejido empresarial en el país, con algunas sorpresas.
Empezamos con la cifra de que en Colombia existen, para cierre 2017, un total de 1.532.290 empresas activas formalmente constituidas, mostrando un crecimiento promedio anual del 3,9%. Del stock total de empresas, el 92,7% son microempresas, seguido de 5,4% pequeñas, 1,3% medianas y 0,4% grandes empresas. Por otro lado, más del 32% son unidades con menos de 2 años de antigüedad, 24% en el rango de 3 a 5 años, 20% entre 5 y 10 años y 23% con más de 10 años de presencia en el mercado. Y, se distribuyen en 44,8% en el sector de comercio, 36,8% en servicios, 13,6% en industria y 4,8% en construcción. Hasta acá, cifras conocidas por la gran mayoría, pero vienen las sorpresas.
Solamente el 36,5% de las empresas del país se catalogan como empleadoras, el restante 63,5% son empresas no empleadoras, es decir, que están asociadas a actividades de cuenta propia como una alternativa de las personas que no encuentran ningún empleo asalariado (correlaciones del más del 60%). Por cada 100 empresas formales, 19 entran al mercado anualmente y salen aproximadamente 18 y apenas el 19,2% de las nuevas empresas son generadoras de empleo formal. Y, finalmente, el estudio resalta que el 34% de las empresas creadas sobrevive a los 5 años y se identifican exclusivamente 1.277 unidades productivas consideradas empresas de alto crecimiento y gacelas (que tienen crecimientos promedio anuales superiores al 20% durante los últimos 3 años, con más de 10 empleados y empresas de menos de 5 años de antigüedad), cifra bastante inferior a pares de la región.
Estas cifras deben ser utilizadas para la formulación de políticas públicas más coherentes y acercadas a la realidad de país. Interesante también que, desde de las Cámaras de Comercio de las regiones, se repliquen estas mediciones a sus jurisdicciones para responder a preguntas como: ¿Cuántas empresas de alto crecimiento potencial y gacela existen? ¿Cuáles empresas podrían absorber mayor empleo en el mediano plazo? ¿Qué sectores económicos realmente deberían ser las apuestas de política? ¿Cuáles deberían ser las tasas de facturación para el escalamiento empresarial?
En los últimos años se ha avanzado en materia de cifras de esta naturaleza en Manizales y Caldas, pero no se puede bajar la guardia. Las respuestas a este tipo de preguntas son necesarias para efectivamente tener líneas de base y hacer seguimiento a las acciones y programas en pro del desarrollo empresarial en el territorio, especialmente este año que se adelantaran nuevos planes de gobierno municipales y departamental.
El Consejo Privado de Competitividad-CPC y la Universidad del Rosario publicaron la segunda edición el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), con un cambio en la estructura metodológica, siguiendo los pasos del Foro Económico Mundial. Con esta nueva metodología, la competitividad es entendida desde una perspectiva integral, y eso quiere decir, que las ciudades son medidas “con la misma vara” y cada tema de la competitividad tiene igual prioridad para el desarrollo.
Con esta nueva metodología, Manizales sería la sexta ciudad más competitiva del país (entre 23), con un puntaje de 5,70 (rango 0 a 10), logrando buenos resultados en entorno para los negocios (puesto 1 y puntaje de 7,3), educación superior (puesto 3 y puntaje 6,8) e innovación y dinámica empresarial (puesto 3 y puntaje 4,7); resultados intermedios en sofisticación y diversificación (puesto 6 y puntaje 7,0), instituciones (puesto 6 y puntaje 6,4), infraestructura (puesto 6 y puntaje 5,4), salud (puesto 8 y puntaje 6,0) y educación básica y media (puesto 6 y puntaje 6,3); y malos resultados en mercado laboral (puesto 11 y puntaje 5,6), sistema financiero (puesto 10 y puntaje 5,1), tamaño de mercado (puesto 10 y puntaje 4,5) y sostenibilidad ambiental (puesto 21 y puntaje 3,2).
Desagregando sobre cada uno de los indicadores resaltan puntajes (y posiciones) con muy bajo desempeño como son actualización catastral, capacidad local de recaudo, procesos con un único proponente, productividad de jueces, eficiencia en los métodos de resolución de conflictos, costo de energía eléctrica, pasajeros movilizados por vía aérea, gestión ambiental y del riesgo, desempleo y brechas de género, cobertura de establecimientos financieros, tamaño del mercado, diversificación de mercados y canasta exportadora y dinámica empresarial (tasa de natalidad y participación de medianas y grandes empresas).
A nivel de puntaje global, Manizales aumentó en +0,1 puntos, siendo un resultado poco alentador frente al avance regional (Armenia +0,4 puntos y Pereira +0,2 puntos), y con ciudades similares (Tunja +0,3 puntos, Popayán +0,2 puntos y Pasto +0,3 puntos), lo que demuestra que el reto es muy grande, ya que, para mantenernos como líderes entre las ciudades intermedias debemos avanzar más rápido, y para aspirar escalar en posiciones, se debe buscar cerrar brechas que nos arrastran hacia abajo.
El mensaje es claro. Esta es la nueva cara de la competitividad para Manizales, donde luego de las grandes ciudades, lideramos entre las intermedias y pequeñas a nivel del índice global, pero existen aún las mismas brechas en indicadores relacionados con el mercado laboral, la dinámica empresarial, la diversificación productiva y la sostenibilidad ambiental.
Esta columna representa una extendida invitación a cada uno de los candidatos (y pre-candidatos) para la Alcaldía de Manizales sobre la importancia de tomar enserio este tipo de mediciones y, ojalá, sirva de hoja de ruta para la construcción de los planes de gobierno y el final Plan de Desarrollo para la próxima vigencia administrativa. Los resultados del ICC muestran grandes retos de ciudad: primero, dirigidos a hacer las debidas gestiones de ajustes de variables (donde sea requerido); segundo, asociados a establecer metas bajo la sombrilla de estos indicadores (aquellos de alcance local); y tercero, encaminados a construir una agenda económica de la ciudad que muestre los caminos que guiaran el desarrollo del territorio en el mediano y largo plazo. Debemos tener claro que de alguna manera se debe medir la gestión, y el ICC, es un instrumento de medición.
En los últimos años, todos los caldenses nos hemos sentidos muy orgullosos de vivir en la tercera región más competitiva del país. Según el Índice Departamental de Competitividad-IDC del Consejo Privado de Competitividad, cuya última medición es 2018, Caldas, entre las 27 regiones del país, tiene posiciones relevantes en eficiencia de la justicia (puesto 1), cobertura energía eléctrica (puesto 3), calidad de los docentes de los colegios oficiales (puesto 3), mortalidad infantil (puesto 4), mortalidad materna (puesto 1), disposición adecuada de residuos sólidos (puesto 1), deserción escolar en educación superior (puesto 1), puntaje pruebas Saber Pro (puesto 2), calidad de docentes educación superior (puesto 1), formalidad laboral (puesto 3), subempleo objetivo (puesto 2) e investigación de alta calidad (puesto 1).
Si bien, desde acá se muestra las ventajas competitivas de Caldas, en el horizonte temporal de cinco años, existe preocupación frente al poco avance del departamento. En cuanto a posiciones, Caldas se ha mantenido en el tercer y cuarto puesto, pasando de un puntaje global, de 0 a 10, de 6,26 en 2013 a 6,16 en 2018, dando señales de “pedaleo en bicicleta estática”. Esto no significa que el departamento no haya avanzado, al contrario, se muestran aumentos en los puntajes en más de 60 indicadores, sin embargo, el resto han visto un retroceso en sus puntajes, lo cual pone al departamento a repensar la competitividad hacia el futuro. Los mayores avances han sido relacionados con infraestructura de transporte, la cobertura de las entidades financieras, gestión administrativa y de jueces, tasa de desempleo, apertura comercial, emprendimiento y formación de capital humano en niveles técnico y tecnológico, los cuales tienen aumentos de más de 1 punto en el puntaje entre 2013 y 2018, y sin duda, son el resultado de la gestión local pública y privada.
Sin embargo, existen indicadores que también han bajado en el puntaje en el mismo periodo, como son la gestión y transparencia en el manejo de las regalías, ancho de banda de internet, costo de energía eléctrica, bilingüismo, brecha laboral entre hombres y mujeres, densidad de medianas y grandes empresas, inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, diversificación canasta exportadora y destino de las exportaciones y tasa de secuestro.
Este es el panorama actual de la competitividad de Caldas, con ventajas y avances en cerca de un 60% de los indicadores y retroceso en el restante 40%. Entre todos los departamentos, la posición de Caldas es plausible, pero al mismo tiempo, retadora. Es un reto porque en este nivel, no se puede “bajar la guardia”, al contrario, el impulso de continuar y reforzar debe ser mayor, en donde el punto de comparación son los estándares nacionales e internacionales. Existen unas condiciones básicas que dependen en buena parte de la buena gestión de la administración departamental, que está relacionado con la infraestructura, inversión pública en salud y educación básica y media, donde el foco estará de cara al futuro en las vías terciarias, el cierre de calidad entre colegios privados y oficiales y mayor velocidad en la atención médica.
Pero, existen otros desafíos, donde el gobierno local debe aunar esfuerzos (y mostrar mayores esfuerzos y medir impactos) con gremios, instituciones públicas y privadas, universidades y empresas, que está fuertemente relacionado con el modelo económico que buscamos en los próximos años, donde las nuevas tendencias, la transición demográfica, la apuesta educativa y la geografía marcaran el camino. El incremento de la productividad, la trasformación del campo, la sofisticación y diversificación del tejido empresarial y la apuesta por los servicios de valor agregado (priorizando internet, inglés y conocimiento por encima de vías y aeropuertos) son temas que es de urgente conversación colectiva, ya que son determinantes del crecimiento y el empleo futuro en el territorio.
Claramente, al pensar en un departamento como unidad, se puede olvidar la realidad individual de cada uno de los 27 municipios, que siempre será un limitante al momento de decidir en la forma y el grado de intervención. Pero, lo que ha mostrado la historia económica, es que son los cambios trascendentales los que han llevado a saltos importantes en la historia del desarrollo. Es utópico pensar que cada uno de los 27 municipios tendrá el mismo futuro, lo cual, pone en el centro de atención la tarea de la generación de polos de crecimiento subregional, que logren dinamizar relaciones sinérgicas y economías de escala, y las intervenciones se hagan pensando en que se den esos grandes cambios trascendentales que transformen cada subregión, a velocidades y niveles diferentes, pero que representen un cambio económico hacia el futuro.
La semana pasada el DANE publicó las cifras de pobreza monetaria para el país, la cual paso de un porcentaje de 26,9% en 2017 a 27% en 2018, mostrando un ligero repunte coherente con el aumento del desempleo a nivel nacional. Esta cifra representa las personas que viven con un ingreso por debajo de la línea de pobreza, que para el 2018 se ubicó en $257.433, que para las cabeceras es de $283.239 y los centros poblados y rural disperso de $169.185. Así, el índice de pobreza monetaria es de 24,4% en las cabeceras y de 36,1% en la ruralidad.
Utilizando los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE, es posible estimar la pobreza monetaria para las ciudades del país, que para el 2018 se muestra que las ciudades con la pobreza monetaria más baja son Manizales AM (11,9%), Bogotá (12,4%), Medellín AM (13,9%), Bucaramanga AM (14,5%) y Pereira AM (14,6%); mientras la situación es más preocupante en Santa Marta (33,7%), Valledupar (34,4%), Cúcuta AM (36,2%), Riohacha (47,5%) y Quibdó (48,3%), ciudades con la mayor pobreza monetaria en el país. Entre 2017 y 2018, 12 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas principales mostraron un aumento en la pobreza, destacando Pasto, Bucaramanga y Cúcuta con incrementos superior a 2 puntos porcentuales. Por su parte, ciudades como Manizales, Villavicencio, Popayán y Cartagena registraron descensos de -1,9pp, -1,4pp, -1,3pp y -1,1pp respectivamente.
Teniendo en cuenta que al menos el 90% de la población colombiana dependen sus ingresos del trabajo asalariado, es natural que más de la mitad de las ciudades hayan mostrado incrementos en la pobreza monetaria, debido al aumento gradual que ha tenido el desempleo urbano en el país. Para el primer trimestre del 2019, 18 de las 23 ciudades tienen tasas de desempleo mayores que el periodo de referencia anterior. Pero, resulta curioso que algunas ciudades, como Manizales, donde la tasa de desempleo se mantuvo inalterada entre 2017 y 2018 y, en el mismo periodo, se redujo la pobreza monetaria ¿Qué podría explicar este fenómeno?
Una hipótesis podría ir en la dirección que, entre 2017 y 2018, para complementar el análisis se dieron dos fenómenos en Manizales: reducción de la informalidad laboral y de la tasa de subempleo objetivo (ocupados que están haciendo algo para cambiar de empleo) por motivo de ingresos. Esto llevaría a pensar en la teoría del trabajador interno y externo, donde el aumento de la formalidad es señal de mejores condiciones laborales de la fuerza laboral actual, incluyendo el salario, lo que explicaría la caída en el subempleo objetivo por ingresos y la pobreza monetaria; y el empresario al preferir el trabajador interno, se desincentiva a aumentar su capacidad laboral (trabajador externo), lo que explicaría el estancamiento en la generación de empleo.