Los resultados recientes del mercado laboral siguen ratificando a Manizales con buenos indicios en avance del desempleo, donde por tercer trimestre móvil consecutivo la ciudad se logra ubicar entre las cinco áreas metropolitanas con menor desempleo en el país, con una tasa de 10,7%, la cual, sería incluso inferior a niveles de pre-pandemia. Los análisis ligeros de la anterior cifra se refuerzan concluyendo que Manizales sería la ciudad con mayor reducción de desempleo en la comparación 2020 y 2021 del trimestre móvil agosto-octubre, que los ocupados aumentaron un 8,8% y los desocupados se redujeron en -46,6%.
Todas son buenas noticias, pero el mercado laboral es más complejo en su estructura y funcionamiento, y va más allá de la tasa de desempleo. Esta tasa es un resultado de flujos laborales de población, gente participando y presionando sobre el mercado, otros en continua ocupación y desocupación alienado a las dinámicas económicas temporales y algunos retirándose temporalmente del mercado, en un proceso gradual de tránsito demográfico. Desde ese entendimiento, obviamente la caída de la tasa de desempleo se explica por un efecto neto de variación en los desocupados, pero esto es un reflejo de un aumento de la demanda laboral (fuerza de absorción) y una reducción en la oferta laboral (presión de población en el mercado), donde el cierre de esa brecha se traduce en menor desempleo en el periodo.
Allí, hay un aspecto para tener en cuenta y es precisamente la reducción en la oferta laboral, medido con la tasa global de participación (TGP). La TGP es la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), funcionando como indicador de presión de la población productiva sobre el mercado de trabajo. Esta cifra es de 54,55% para 2021, la segunda más baja desde 2001, después del 2008, lo cual, se entiende en la reducción continua de los activos de -3,2% en 2020 y -2,1% en 2021, bajando por debajo de las 200 mil personas, mientras los inactivos se incrementan en 6,3% en 2020 y 4,7% en 2021, alcanzando un valor superior a las 166 mil personas, las más alta en los últimos veinte años, con un repunte especial de personas dedicadas a oficios del hogar, representado el 41,2% del total de inactivos. En términos marxistas, se ha creado un ejército de inactivos en Manizales.
Analizando más allá del titular de la tasa de desempleo, hay que empezar a discutir sobre las variables que allí están influyendo, la participación laboral viene en tendencia descendente desde 2017 y con un pico de inactivos en 2019, 2020 y 2021. Eso se suma al hecho que los trabajadores por cuenta propia, que se dedican a su oficio o negocio como independientes, están en niveles de recuperación de menos del 90%, siendo un impulso a que también se registren menores proporciones de informalidad laboral. Lo anterior no es positivo, porque está mostrando un ajuste de expectativas por condiciones económicas, donde las personas se retiran del mercado en edad productiva porque posiblemente no encuentran oportunidades laborales. Y, desde las fuerzas vivas de ciudad, se debería estar planteando explicar la razón de salida de las personas del mercado, sus perfiles socioeconómicos, así como sus competencias laborales.
Muy interesante que la tasa de desempleo esté entre las más bajas del país, pero, ¿Qué hacer con una mujer en Manizales de 45 años con secundaria incompleta, con hijos, que fue a la inactividad hacia el cuidado de niños o ancianos en el hogar y es económicamente dependiente? Un dato de ñapa: El 65,7% de la población económicamente inactiva (PEI) en Manizales son mujeres.
La coyuntura económica desatada por la gestión de la pandemia Covid-19 durante 2020 hizo desajustes en el panorama laboral de Colombia, el cual, estaba mostrando signos de debilidad en años recientes asociados a una ralentización de la economía nacional. Entre 2020 y 2021 todas las ciudades de Colombia experimentaron una situación laboral adversa, donde algunos segmentos poblacionales específicos protagonizaron la discusión de poner en marcha acciones de urgencia para su intervención, ya que la contracción económica amplió sus brechas estructurales. Uno de estos segmentos fueron los jóvenes.
Este grupo en el país obtiene para el trimestre móvil mayo-julio 2021 una tasa de desempleo del 23% (25,3% para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas), representando a 1.617.002 personas jóvenes en condición de desocupación. En Manizales, para el mismo trimestre la tasa de desempleo fue 25%, para valores superiores a 13 mil personas entre 14 a 28 años en desocupación dentro de la ciudad. Y, en un periodo de quince años, el número de ocupados y desocupados de los jóvenes alcanzó en 2020 y 2021 mínimos y máximos históricos respectivamente.
A grandes rasgos desde los datos y la teoría se muestra un fenómeno estructural, lo que quiere decir que la problemática del desempleo en jóvenes es especial en este grupo debido a un ciclo de edad de tránsito entre el sistema de educación y el trabajo, periodo de potencial en acumulación de capital humano, esté último entendido desde los conocimientos específicos, así como de competencias laborales, lo que implica unas características que pueden afectar su desempeño en el mercado, en donde la pandemia intensificó el fenómeno.
Frente a este hecho surge la necesidad de proyectar acciones que ayuden a la gestión de la problemática, para lo cual, se requiere profundizar en su mercado laboral y hacer preguntas para entender su importancia en la dinámica de ciudad. Por ejemplo, ¿Cuál es la participación de los jóvenes en la ciudad? Para el periodo enero-julio 2021 los jóvenes representan el 28,1% de la población en edad de trabajar (PET), el 22,3% de los ocupados, el 38,2% de los desocupados, el 25% de la población económicamente activa (PEA) y el 32,4% de la población económicamente inactiva (PEI). En la población ocupada el 3,3% de los jóvenes tienen nivel de educación de posgrado, 13% con superior completa, 36,8% superior incompleta, 36,7% secundaria completa, 9% secundaria incompleta, 0,9% básica primaria completa y 0,2% básica primaria incompleta. Mientras, en la población desocupada joven el 1,4% tienen posgrado, 11,4% superior completa, 25,9% superior incompleta, 42,9% secundaria completa, 15,3% secundaria incompleta, 2,4% básica primaria completa y 0,5% básica primaria completa.
El conocimiento y análisis de las anteriores composiciones, junto con otro tipo de variables, podría ayudar a la construcción de acciones focalizadas para cerrar las brechas en el mercado laboral de los jóvenes, siendo un grupo demográfico de alto interés por representar el recambio laboral generacional, con sus evidentes impactos en la economía del territorio. Precisamente para profundizar sobre su mercado laboral, se invita a consultar en el siguiente enlace un informe en la materia desarrollado en el marco del convenio de Estudios de Mercado Laboral en Manizales entre la Secretaría de TIC y Competitividad y la Universidad de Manizales: https://manizales.gov.co/wp-content/uploads/Informe_Jovenes.pdf
Como es de costumbre el Consejo Privado de Competitividad presentó los resultados del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, el cual, fácilmente es el documento más completo de diagnóstico anual de condiciones estructurales del país, de referencia para los diversos sectores de la sociedad preocupados por el desarrollo económico y social. El informe de este año se mantiene en su propuesta temática de análisis y recomendaciones específicas de política. Por su extensión, solo expondré veinte puntos del informe para reflexionar:
Al menos el 30% de la asignación de subsidios públicos está destinado a población de clase media.
Entre 1999 y 2019 se emitieron en promedio 2,67 decretos por día, el 50,9% han sido no sustanciales, atendiendo asuntos administrativos o procedimentales.
El 50% de las personas en Colombia prefiere guardar silencio y no denunciar ante la presencia de actos de corrupción.
Más del 70% de la red vial departamental son vías terciarias, y el 75% de estas se encuentran en mal estado.
Colombia es el país de la OCDE con menor penetración a internet de banda ancha tanto fijo como móvil.
El 47,2% de las empresas industriales no ve la utilidad de contar con un área, dependencia o persona encargada de las TIC.
Solo el 28,5% de las personas mayores de 15 años realiza pagos digitales, frente al 34,4% latinoamericano y el 83,4% en países de la OCDE.
La tasa de cobertura en educación superior en Colombia es 51,6%, por debajo del promedio de los países de OCDE (75,1%).
En promedio se requieren alrededor de cuatro horas de trabajo en Colombia para producir el mismo valor agregado que en una hora de trabajo de Estados Unidos.
El salario mínimo representa el 90% del salario mediano y el 59% del salario medio, superando a todos los países de la OCDE.
El 44% de ocupados a nivel urbano contribuyeron a pensión mientras que esta proporción fue cercana al 14% en zonas rurales.
Cerca del 1% del total de empresas en Colombia exporta, donde el 94% son mipymes pero que solo representan el 18% del valor exportado, frente al 6% que son grandes empresas y representan el 82% de las exportaciones.
Solamente el 15% de las exportaciones nacionales son utilizadas como insumos para la producción de bienes finales en el exterior (cadenas globales de valor).
Las exportaciones de servicios se caracterizan por una alta concentración en actividades relacionadas con el sector turismo (70%).
El 79,9% del recaudo de impuestos directos proviene de personas jurídicas. Para el promedio de los países de la OCDE, este porcentaje equivale a 29%.
En Colombia, el 2,5% de los investigadores trabajan en empresas, y el 95,7%, en la academia; mientras en la OCDE esta participación es en promedio 48,1% y 38,2%, respectivamente.
Se observa que las ciencias sociales y las humanidades concentran la mayoría de las becas y créditos para doctorado o maestría (48,4%).
En Colombia el 1,2% de las empresas registradas (20.000 empresas) genera el 67% del empleo formal.
El nivel de prácticas gerenciales de las empresas en Colombia es menor al de países desarrollados.
La alta tasa empresarial temprana de Colombia no se ha traducido en una alta tasa de empresarios establecidos.
Recordemos que la competitividad debe ser entendida como un conjunto de fuerzas de estructura que sirven de plataforma para que el país pueda aprovechar los potenciales de crecimiento de largo plazo, y de este modo, competir en esa carrera con el resto del mundo. Por esa razón, se considera una agenda de paciencia, donde es prioridad el trabajo articulado entre actores y los programas de corto plazo no pueden perder su mirada de largo plazo. En la entrada a la carrera presidencial ese mensaje es crucial, porque cualquier retroceso de corto plazo seguramente costará pasos profundos en un futuro posterior de perspectiva de competitividad. Atención a las propuestas y hacer diferencias con simples promesas de campaña.
Para el trimestre móvil junio-agosto 2021 la tasa de desempleo en el país fue de 13,7%, 10,6% para hombres y 18,1% en mujeres, para una brecha de 7,5 puntos porcentuales (pp). En las cabeceras municipales el desempleo total sube a 15,1% y la brecha de género se cierra a 6,3 pp, por una tasa de desempleo en hombres de 12,3% y en mujeres de 18,6%. En Manizales la tasa de desempleo en hombres fue de 13,7% y en mujeres de 15,9%, para una brecha de 2,2 pp.
Estas cifras fríamente analizadas dejan en evidencia el hecho de segregación por sexo en el mercado laboral, fenómeno que empírica y teóricamente tiene raíces estructurales. Sin embargo, la mirada de las brechas de género exclusivamente desde la tasa de desempleo puede esconder otras realidades que ayudan a repensar la situación laboral de las mujeres.
Por ejemplo, para las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas si bien el comercio es el principal generador de empleo para ambos, en promedio representando el 22% de la ocupación, hay sectores que podríamos definir con mayor frecuencia de contratación de mujeres como hoteles y restaurantes, administración pública, actividades financieras y actividades artísticas y de entretenimiento, en los cuales, la participación de las mujeres es entre 3 y 10 puntos porcentuales mayor que la estructura de ocupación de hombres y ocupan entre 11 y 20 mujeres por cada 10 hombres. Y, al mismo tiempo existen empleos masculinizados como construcción, transporte, actividades inmobiliarias, TIC e industria, lo que lleva a pensar en sectorizaciones con implicaciones en perfiles laborales, y su efecto en ingresos y calidad de vida.
Se evidencia que en tiempo promedio de horas a la semana los ocupados del país se ocupan 44,2 horas al trabajo remunerado y 18,5 horas a oficios del hogar y actividades de cuidado (niños, personas enfermas, adultos mayores y/o personas en condición de discapacidad), mientras los hombres dedican al trabajo 47 horas, en las mujeres desciende a 39,9 horas, y en actividades de hogar las mujeres tienen 26,4 horas a la semana frente a las 11,3 horas de los hombres, implicando una coyuntura de usos del tiempo y asignación a producción en la economía de mercado que afecta condiciones laborales de empleabilidad como tipo de contrato y nuevamente ingresos. Esta distinción también se observa en los inactivos, donde más del 60% de las mujeres se dedican a oficios del hogar, contra menos del 14% en los hombres.
Una lectura válida de dichas brechas de género se ha dirigido a diferencias salariales, representando un símbolo cultural de la discriminación. Con base en DANE se confirma que la brecha salarial desde ingresos promedio mensuales existe y es a favor de los hombres, alrededor de un 6% de menores ingresos que reciben las mujeres, pero no es homogénea porque se muestra que si se considera el ingreso por hora la brecha se cierra, donde las mujeres recibirían un 6% o 7% más que los hombres, revelando un hecho sustancial sobre los tiempos de trabajo.
Si se filtra únicamente a personas asalariadas con tiempo completo, las ganancias para las mujeres serían positivas tanto en mensual como por hora. Y, caracterizando las mujeres, las mayores afectaciones son para las mujeres rurales, mayores de 55 años no asalariadas, en todas las situaciones de estado civil a excepción de las solteras, aquellas con menores de edad, con auto-reconocimiento étnico, menores niveles educativos, informales y en sectores de mayor presencia femenina.
Con todo esto, el problema de brechas laborales de género debe ser entendido y atendido desde diversas realidades, invitando a iniciativas, programas, proyectos y políticas articuladas que desde frentes estratégicos ataquen las diferencias con focalización de actores y situaciones, y no se caiga en acciones generalizadas con alta probabilidad de poco o nulo impacto.
En 2020 desde diversos espacios se debatió que las medidas para enfrentar la pandemia, algunas técnicas y otras exageradas, iban a golpear fuertemente la economía y, por ende, tendrían un impacto social en una significativa proporción de la población colombiana. Se pensó en algún momento que especialmente los economistas y científicos sociales estábamos exagerando, hasta que comenzaron a difundirse las estadísticas actualizadas que poco a poco han confirmado los escenarios negativos previstos.
En esta ocasión, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) 2020 evidencian que el porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional en Colombia pasó de 17,5% a 18,1% entre 2019 y 2020, traducido en 489 mil personas nuevas en esta condición en el país, incremento que fue inferior al demostrado por la pobreza monetaria, pero que alcanzó a ser 3 veces más cuando se compara entre la pobreza en las cabeceras municipales y los centros poblados y rural disperso, acentuándose las brechas en los territorios.
Los departamentos con mayor variación positiva en la pobreza multidimensional fueron Chocó, Huila, Sucre, Cauca y Nariño, subiendo más de 4 puntos porcentuales (pp), pero en los centros poblados dicha variación fue mayor a 7 pp con mayor efecto en Huila, Nariño, Guaviare, Caldas y Casanare, donde para 2020 es todavía realmente preocupante tener 14 departamentos con pobreza multidimensional por encima de 40% en la ruralidad, reforzando círculos de subdesarrollo humano regional en Colombia.
Para Caldas, la incidencia de pobreza multidimensional se mueve de 13,8% en 2018, a 14,3% en 2019 y 15,5% en 2020, donde las cabeceras municipales tienen menores registros (10,1%, 10,4% y 8,7% respectivamente) pero en los centros poblados y rural disperso fue ampliamente mayor (24,6%, 25,8% y 32,8% entre 2018 y 2020 respectivamente), con el agravante de empeorar en el último año. Entre 2019 y 2020, la variable de mayor variación como privación de los hogares fue insistencia escolar que experimentó un aumento de 9 pp en el total departamental, 5,3 pp para las cabeceras y de 20,8 pp en el sector rural. Para las personas entre 6 y 16 años del departamento, el 64,5% reportó que la calidad de la educación empeoró efecto de las medidas de la pandemia y, adicionalmente, Caldas presentó la mayor brecha urbano-rural en tenencia de conexión a internet de los hogares, aspecto clave para la compresión de este fenómeno.
La publicación de estadísticas oficiales representa un momento que gradualmente está teniendo mayor acogida en el país, reflejando una mayor cultura del dato por parte de los diversos segmentos y sectores sociales, democratizando la información, y ayudando a comprender los fenómenos coyunturales y las acciones del sector público sobre la calidad de vida de las personas. En esa reflexión de la cultura del dato, los resultados de pobreza y calidad de vida 2020 deben empoderar a la ciudadanía sobre sus niveles de desarrollo humano y, en esa lógica, servir de seguimiento y demanda a las autoridades públicas, quienes en definitiva trabajan por el bienestar social. Paralelamente, con evidencia del impacto real de las medidas para enfrentar la pandemia, las autoridades deberían reconsiderar la agenda de cierre de sus administraciones locales y al menos intentar nivelar a los territorios en los indicadores con mayor dominio institucional con los cuales recibieron su Gobierno.
El tiempo pasa y la normalidad va retornando. Las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana para 2021 están alrededor del 6%, algunos analistas más pesimistas sobre el 5,8% y los más optimistas apuestan al 6,6%. La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo estima un rango entre 5,4% y 7,3%, con una mediana de 6,4%. Regionalmente, el Grupo Bancolombia proyecta variaciones del PIB departamental superiores al 10% en regiones con alta dependencia de productos mineros y aquellos territorios con mayor diversificación productiva por debajo del 7%. Para el Eje Cafetero las apuestas serían de 6,5% para Caldas, 6,8% en Risaralda y 8,5% para Quindío al cierre de este año.
Este punto de inflexión frente al oscuro 2020 es natural en la medida que las actividades económicas retornan a un panorama de tranquilidad. Sin embargo, vale la pena hacer una distinción entre reactivación y recuperación. El primero, se refiere a un proceso de reapertura para poner en funcionamiento normalizado el mecanismo de mercado; y el segundo es un proceso de compensación de lo perdido hacia un estado de normalidad posterior a una situación difícil. Siguiendo estos conceptos, existe una preocupación frente a las cifras de empleo, que muestran un rezago que debería ser el principal indicador de recuperación económica de las administraciones, gremios y sector privado. De hecho, la literatura sobre resiliencia económica prioriza la ocupación laboral como la principal señal para tener en cuenta.
Esta coyuntura es lo que actualmente falta en el discurso de reactivación económica de Manizales. Sin duda existe reactivación porque la ciudad está funcionando muy diferente con respecto a los cierres de 2020. La pregunta debería ser: ¿Cómo vamos en recuperación? El panorama laboral del primer semestre 2021 para Manizales es una tasa de desempleo del 17,7%, por encima del promedio nacional (15,4%) y de las 13 ciudades principales (17,6%). Frente al primer semestre 2019, la oferta laboral es inferior en -2,2 puntos porcentuales (pp) y la demanda laboral en -5,1 pp, para un desempleo mayor en 5,6 pp, es decir, que en el primer semestre 2019 la tasa de desempleo fue 12% y para el mismo periodo 2021 es 17,7%, sin importar el 20,3% de 2020 que es una cifra anormal por efecto pandemia.
Así, en la primera mitad del 2021, Manizales tiene 169.034 ocupados para un nivel de recuperación del 91,5% qué significa 15.713 empleos desaparecidos contra 2019. La ciudad tendría a 36.303 personas en condición de desocupación, lo que se traduce en 11.058 personas adicionales que no encuentran empleo, para un exceso de 43,8% en contraste con las cifras normales del 2019. Lo anterior, debería convertirse en el verdadero semáforo de la recuperación económica de Manizales, porque todas las comparaciones versus 2020 serán positivas, pero la realidad que es la ciudad se encuentra lejos de sus mejores momentos y la lectura trimestral inquieta a un posible estancamiento, con ocupaciones similares a 2010-2011 y desocupaciones de 2001-2002. Mucha atención a las velocidades de recuperación sectoriales, ahí está la clave.
Colombia ajusta más de un mes de paro y manifestaciones en donde aún no es claro el destino de dicha situación. Su origen se presentó en un momento delicado de vulnerabilidad social asociado al impacto dramático del choque económico de las medidas para enfrentar la pandemia Covid-19 que contrajeron la economía colombiana a cifras históricas y los ingresos de los hogares más pobres cayeron en más de un 40%. La incertidumbre fiscal llevó a presentar una reforma que nunca tuvo probabilidades por la carencia de gobernabilidad de la administración actual, pero desencadenó una molestia generalizada en una población cansada de más de un año de encierro, estrés emocional y ahogo económico.
Es indudable que la situación económica de los hogares no pasa por su mejor momento. Existía esperanza de una recuperación económica tempranera en el primer semestre alineado a un avance progresivo en el plan de vacunación nacional, luego de un crecimiento del 1,1% en el primer trimestre. Sin embargo, una de las manifestaciones del paro fueron los diversos bloqueos que han generado un efecto negativo en más del 80% de las empresas y los niveles de inflación hasta mayo superen la meta del banco central, comiéndose literalmente el incremento del salario mínimo, afectando a la canasta familiar de las personas de menores ingresos.
La anhelada solución está en manos de un Comité del Paro y el Gobierno, quienes han tenido una serie de reuniones, de las cuales poco se conoce y quizás a la ciudadanía en general no le importa. Un Comité del Paro que no representa a la mayoría, ni los intereses y demandas de los más necesitados; y un Gobierno que a juzgar por los índices de favorabilidad tampoco representa un consenso nacional. Así, la economía nacional y de las regiones se encuentran en zozobra a lo que decidan dos colectivos que lo único que transmiten es desconexión de realidad.
En 1999 el sociólogo francés Alain Touraine (1925-) invitaba a pensar en un nuevo modelo que fuera lejano a los fantasmas y falsas promesas del pasado, ni mercado ni Estado en sus máximos extremos, con sus diversos representantes eternos y reflejos en políticos “modernos”. Creía que existían tres prioridades: empleo, desarrollo sostenible (crecimiento con innovación y solidaridad social y ambiental) y reintegración social y cultural. Touraine escribió un ensayo criticando la situación económica, política y social de Francia en su época. Sus planteamientos son extrapolables para la discusión actual en Colombia.
Posiblemente necesitemos un nuevo contrato social, varias reformas económicas y cambios políticos. Sin embargo, sin tener claro nuestras prioridades de saber hacia dónde vamos, seguiremos enfrascados en discusiones egocentristas de poder e intereses de grupos particulares. Y, en este contexto, lo más preocupante son los sentimientos de disrupción nacional, estando a un año de elecciones presidenciales que llegarán calientes, abonando un camino hacia los extremismos políticos que otros países latinoamericanos ya han recorrido sin ningún éxito económico ni social.
La caída temporal de la reforma tributaria es un reflejo de dos hechos en Colombia: el primero es el paupérrimo estado de gobernabilidad del Gobierno Nacional, que desnuda su debilidad en un momento crítico del país; y el segundo es la asombrosa situación de desconocimiento económico de la población, en este caso, de un tema tan delicado como las finanzas públicas.
La reforma tributaria que presentó el Gobierno no era el capricho de un presidente y un reducido equipo técnico de economistas. Es una necesidad ante una situación histórica de afrontar una pandemia que profundizó el desajuste fiscal estructural de Colombia, donde la reforma con algunos puntos pretendía resolver, sin decir que era perfecta. En la discusión ciudadana de la reforma ha privado la inocencia y el desconocimiento del sistema tributario del país, donde hay claros patrones identificados que me gustaría exponer para balancear el debate con cifras:
Más del 50% de los impuestos provienen de la tributación indirecta.
El 80% de los impuestos directos está concentrado sobre las personas jurídicas, es decir, menos del 0,2% del tejido productivo formal de Colombia declara más el 70% de impuesto sobre renta y representa al menos una quinta parte del recaudo total.
Menos del 15% de la población económicamente activa declara renta en el país.
Más del 70% de los subsidios públicos en el régimen de prima media son para los segmentos de población más ricos, donde las rentas de pensiones tienen gravamen 0%.
El recaudo tributario del IVA no supera el 7% del PIB, estando por debajo del promedio latinoamericano y siendo más alto el gasto asumido por el Estado por el no recibimiento de recursos de este impuesto, debido a la cantidad de exenciones, exclusiones y diferencial tarifario entre bienes y servicios.
Los hogares de ingresos más altos contribuyen con más del 30% al recaudo del IVA pero su gasto sólo representa el 4,3% de sus ingresos promedio.
El recaudo tributario es menor al 20% como porcentaje del PIB, inferior al promedio latinoamericano (23%) y de la OCDE (34%).
Con lo anterior, desde documentos técnicos (no redes sociales o panfletos políticos) se ha mencionado diversas recomendaciones, en búsqueda de mayor equidad vertical y horizontal en el sistema, entre los cuales se destaca ampliar la base gravable, simplificar el IVA aumentando su cobertura (impuesto regresivo que la estructura actual empeora su regresividad) y eliminar exenciones y regímenes especiales que son inequitativos socialmente e ineficientes económicamente. Esta problemática seguirá vigente si no se hacen cambios.
Es importante comprender que el sistema tributario es el mecanismo para financiar los gastos administrativos y de inversión del Estado. El sano equilibrio de ingresos y egresos, con soporte sostenible de una deuda, es el principal mensaje de responsabilidad macroeconómica que envían los países a los mercados internacionales. La miopía social de este tema y el populismo tributario de líderes políticos pone en riesgo el crecimiento y el desarrollo económico de Colombia. El desconocimiento de las cifras y la desinformación es el peor enemigo de las democracias.
Finalmente, luego de un año de súplicas fue presentado el anhelado plan de reactivación económica. Inicialmente, se debe aplaudir la iniciativa por parte de la administración municipal, abriendo el abanico de discusión hacia otros temas de relevancia socioeconómica. Revisando el documento técnico, me gustaría expresar los siguientes comentarios generales:
La apuesta de reactivación económica no ha comenzado en su totalidad, algunas apuestas dependen de la aprobación de recursos y gestión pública, lo cual, continuará restando tiempo de respuesta frente a las necesidades de la ciudad. Esto es lo que se conoce como retardos de la política pública. En una tabla del documento se muestra que el 25% de las principales ciudades del país a febrero 2021 no tenía aún presentado un plan de reactivación. Para abril 2021, Manizales aún está en este grupo, es decir, entre las últimas ciudades en reacción frente a la coyuntura económica. Hay que acelerar los ritmos.
El plan empieza basado en una narrativa de pactos con aliados y fuerzas vivas de la ciudad, componente esencial para el desempeño armónico de cualquier sistema territorial. La intención es claramente participativa, llamando al trabajo colectivo y articulado, objetivo crucial. Esto es quizás lo que muchos denominan la “carreta” del documento, que se piensa como un tema obvio, pero en muchas ocasiones en la realidad no se genera. Todavía existen muchos egos institucionales (públicos y privados), donde la foto es fundamental, pero hace falta mayor diálogo entre sectores.
La meta más ambiciosa es llegar a 2024 con más de 205 mil empleos. Se comprende que este tipo de metas retadoras sirven de movilización y motivación sistémica de los actores y grupos, pero empíricamente requerirá suerte. Lo más cercano a dicha meta fue entre mayo y diciembre 2015, con un máximo de 196 mil empleos y entre junio y diciembre 2017 con 193 mil ocupados. La tendencia ascendente de los ocupados en Manizales fue entre enero 2009 y diciembre 2014, asociado un efecto tractor de la economía nacional (boom petrolero) y estrategias amplificadas de generación de empleo a alta escala (dos olas de Call Center). Posteriormente, la ciudad entra en un periodo de estancamiento hasta febrero 2021, cuando llega los efectos de la pandemia. En este sentido, no es clara una estrategia de plataforma, similar a la Call Center 2008-2014, y existe una esperanza de recuperación de cerca de la mitad de empleos a niveles pre-pandemia en 2021. Las proyecciones del mercado laboral se sustentan en experimentar un ciclo virtuoso similar al periodo 2012-2015, pero sin claridad en los detonadores de dicho ciclo.
La meta de empleos está fuertemente cargada al pilar del ecosistema empresarial, participando con el 68,1% en 2021, 52,7% en 2022 y 64,6% en 2023, donde el acceso a financiamiento, la transformación productiva y el emprendimiento generarían el 71% de los empleos del pilar en el periodo. En este sentido, desde la literatura se reconoce que este tipo de políticas son decisivas en la expansión de la oferta de mediano y largo plazo, pero su impacto es limitado en el marco de menos de 3 años. Adicionalmente, se debe mencionar que no es la primera vez que la Alcaldía de Manizales trabaja en estos frentes y sería bueno conocer sus resultados de impactos en una visión retrospectiva, desde una visión realista en el seguimiento. La mayoría de los programas y proyectos en este renglón tienen antigüedad en la ciudad, principalmente en emprendimiento y fortalecimiento empresarial.
Existe una articulación con proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT 2017-2031), aspecto plausible en materia de planificación, pero invita a inquietudes de que el plan de reactivación sea verdaderamente coyuntural o más bien fuera construido con metas anteriores como territorio. Sin embargo, el indicador de inclusión de proyectos del POT representa una apuesta de largo plazo.
La inversión del plan es de más de $787 mil millones de pesos en el periodo 2021-2023, donde el 90,6% está asignado al pilar de inversión en obras públicas (60,9% a proyectos estratégicos) donde se espera el famoso efecto multiplicador del gasto público en la economía local (mayor a 1 según las proyecciones). Hay que recordar que las últimas mediciones de dicho multiplicador para Colombia son menores a la unidad (con presencia de rezagos temporales e impactos diferenciados según el ciclo), colocando en duda la magnitud de dicho efecto. Positivo el bajo monto relativo en recursos de crédito (16% del total) en un marco de buenas finanzas públicas que pueden facilitar el cierre financiero. Estos proyectos son transformadores urbanos y generalmente son los de recordación de una gestión municipal.
Es meritorio el pilar 2 de alivios tributarios, especialmente en lo referente de no cobro de ICA a micronegocios, que servirá de respiro a las unidades económicas más vulnerables en la coyuntura, que posiblemente favorezca su permanencia en el mercado, pero con dudas de expansión en términos laborales. Vale la pena mencionar que la mayor destrucción de empleo fue por el canal de los ocupados formales, con una contracción de -8,5%, igual a 9.638 empleos formales desaparecidos, contra solamente 966 empleos informales. Los resultados anteriores reflejan que la situación de la pandemia ha afectado en mayor medida en la pérdida de empleos formales, síntomas de la debilidad en la demanda interna.
No hay ninguna mención a una mejora en el plan de vacunación local y metas por ejemplo de superar la velocidad de vacunación del promedio nacional o estrategias para gestionar la ocupación UCI. La pandemia está lejos de ser controlada y el punto central de la reactivación es evitar futuros cierres para dar continuidad al efecto inercial de la recuperación.
En líneas generales, felicitaciones a la Secretaría de Planeación por su formulación, existe voluntad y rigor, con observaciones desde mi perspectiva profesional. A la Alcaldía de Manizales y sus aliados, desearles éxitos en su gestión, si cumplen las metas, todos los manizaleños vamos a ganar. Al Concejo de Manizales, solicitar la revisión juiciosa y ágil de viabilidad técnica-financiera de los proyectos, desde la responsabilidad de planificación de la ciudad. El tiempo responderá su efectividad.
Las cifras socioeconómicas de inicio 2021 en Manizales no son alentadoras. Desde el mercado laboral, los aires de recuperación económica se han desvanecido temporalmente para el primer trimestre del año y con síntomas de estancamiento, donde la ocupación laboral se encuentra entre las más bajas del país, mostrando la debilidad desde los sectores económicos en la absorción de empleo. La ciudad está parqueada en menos de 175 mil ocupados (173.202 empleos), más de 38 mil desempleados (38.964 desocupados) y una escalada en los inactivos, superior a 8 mil en un año (151.667 personas).
¿Qué está sucediendo en la economía de Manizales? Las señales pueden estar reflejando una baja demanda interna en los hogares. Según la Encuesta Pulso Social (febrero 2021), la confianza del consumidor logró tener un repunte de recuperación en febrero para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, luego de la caída en enero asociado a las medidas de restricción a la movilidad social en las principales capitales del país y señales de indicadores líderes económicos a la baja para comienzos del año. Para marzo, se prevé un repliegue por las medidas de pico y cédula y toque de queda por decisión presidencial, resintiendo la temporada vacacional de Semana Santa y el cierre del primer trimestre.
Revisando la percepción de la situación económica del hogar, se muestra mayor afectación en los hogares de más de tres personas, relacionado con las condiciones de dependencia económica en una coyuntura de altos niveles de desempleo. En este sentido, Manizales es de las ciudades con menor percepción negativa, posiblemente por los mayores salarios en la comparación relativa. Pero, curiosamente, sería la cuarta ciudad con mayor proporción de hogares con opinión negativa de su situación económica para el corto plazo y la primera sobre la situación económica del país, lo que pueda interpretarse como ajuste racional de las expectativas de los agentes.
La hipótesis de debilidad desde la demanda se puede comprobar con más del 70% de los hogares sin mayores posibilidades de comprar zapatos, ropa, alimentos, etc., más del 80% con menores probabilidades de compra de bienes semidurables como muebles, televisores, lavadoras u otros aparatos electrodomésticos, más del 97% sin planes de comprar vehículo, más del 84% sin planes de comprar, construir o remodelar vivienda y más del 90% sin disponibilidad de recursos para salir vacaciones. De hecho, en promedio el 18,7% de los hogares afirma no tener ingresos, alineado a los indicadores de desempleo y el 72% no tiene posibilidades de ahorrar, el cual, ha aumentado lentamente desde julio 2019, donde Manizales se encuentra en el top 10 con mayor respuesta de hogares de nulas posibilidades de ahorro.
Siguiendo esta lógica, la ciudad podría estar entrando en un círculo vicioso de contracción o enfriamiento de demanda que podría afectar la oferta y, por ende, la generación de empleo. Este proceso, estaría influenciando las expectativas de los hogares y empresas, con probables postergaciones en el consumo y la inversión, desplazando la anhelada recuperación. En este escenario, sería fundamental recuperar la confianza, donde los discursos, las medidas y restricciones, con el liderazgo desde el sector público, son claves. La nueva ola de contagios, la ocupación de UCI (no todos por casos Covid) y el lento avance en vacunación oscurecen el panorama para el primer semestre.
El proyecto de creación de una entidad administrativa de los cinco municipios que componen la subregión Centro Sur de Caldas representa la formalización de una realidad económica y social que ha surgido de forma natural debido a las dinámicas de las economías regionales de aglomeración, tanto desde la oferta (producción) como desde la demanda (consumo). La importancia de concebir a esta subregión de forma integrada se desvela al analizar su preponderancia en las estadísticas del departamento.
En términos de riqueza, conjuntamente participan con el 64,7% en el valor agregado departamental, movilizando $9.305 miles de millones de pesos a precios corrientes de 2018, 68,3% generado por actividades terciarias, 26,2% de actividades secundarias y 5,5% en actividades primarias. Desagregando por municipios, se evidencia vocaciones agrícolas en Neira y Palestina, con participaciones por encima del 20% de actividades primarias sobre el valor agregado municipal; vocaciones industriales en Manizales y Chinchiná, con participaciones de actividades económicas secundarias superiores al 25%; y vocaciones en servicios especialmente en Manizales y Villamaría, asociado a ser centros económicos con mayores componentes de urbanización y, por ende, primacía de mayor actividades terciarias. Según el tejido empresarial, de los más de 24 mil establecimientos de comercio dedicados a diversas actividades mercantiles en el departamento, el 55,9% estarían en los 5 municipios de la subregión Centro Sur. Lo anterior, muestra los indicios de concentración de actividades productivas en este territorio.
Y, siguiendo las señales de concentración de población, se tendría una participación de 59,2% de la población de Caldas, sumando 607.919 personas para 2021, que llegaría a 685.923 para 2035, presentando una variación de 12,8% en el volumen de población, mayor al promedio del departamento, en donde tres municipios de la Subregión Centro Sur tendrían las mayores variaciones en el marco temporal de quince años con 13,1% en Manizales, 12,8% en Villamaría y 12,6% e Chinchiná, mostrando la relevancia de concebir este territorio como unidad territorial.
Si bien, las estadísticas anteriores están fuertemente infladas por la importancia de Manizales, no se puede olvidar las aportaciones de la teoría económica de las aglomeraciones, por ejemplo, las importantes relaciones de interacción espacial de hogares y empresas desde visiones de modelos gravitacionales -ver The Laws of Retail Gravitation (1931) del economista estadounidense William Reilly (1921-2013)- donde las fuerzas de atracción de centros económicos por masas poblacionales y cortas distancias, alimentan los flujos económicos en pro del crecimiento de dichos territorios.
La formalización de este ambicioso proyecto en papel y sin voluntades no trasciende a mayores escenarios. El Área Metropolitana ratifica las conexiones económicas y sociales, pero sus ventajas dependen de las acciones que se ejecuten en el marco del Área Metropolitana como un instrumento de planificación territorial que impulse sinergias y potencialice las ventajas competitivas de cada municipio hacia el desarrollo integrado de la región. Desde la teoría económica de la localización, existen unos principios para comprender la constitución de concentración de personas y unidades productivas en los territorios, uno de ellos es el principio de interacción espacial, en el cual, se refiere a la conformación de redes de relaciones en múltiples niveles desde una óptica funcionamiento sistémico. Este principio podría ser la esencia en su posterior ejecución.
La historia económica de la humanidad ha estado marcada por grandes hitos que han generado fuertes transformaciones en el sistema económico, social y cultural, permitiendo saltos cuantitativos y cualitativos en la calidad de vida de las personas. Un cóctel de crecimiento, desarrollo y progreso. Algunos economistas los denominan revoluciones y otros utilizan el concepto de innovaciones trascendentales.
A grandes rasgos, en el recorrido cronológico, se presenta la revolución neolítica con la introducción de la agricultura, la revolución marítima y comercial en épocas de los griegos y fenicios, la revolución comercial a grandes distancias de las ciudades italianas del medioevo, la expansión colonial española y portuguesa a nuevos mundos, el impulso de las naciones-estado entre los siglos XVII y XVIII, la revolución industrial del siglo XIX, la revolución energética a base de combustibles fósiles y entrando en el siglo XXI el avance exponencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas fueron innovaciones schumpeterianas que llevaron a las economías a nuevos estados de prosperidad.
La pregunta, faltando 80 años para acabar este siglo, es: ¿cuál puede ser la próxima revolución? Teniendo en cuenta las tendencias y los desafíos del actual modelo, todo parece indicar la migración hacia una economía con mayor integración del medio ambiente, el desarrollo sostenible y modos de producción más verdes. Me gustaría pensar que Colombia está caminando a ese destino.
Colombia ha avanzado en normatividad para apostar por un modelo de crecimiento económico más sostenible, como es el CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde, las líneas de crédito con Bancóldex, Findeter y Banco Agrario para financiar proyectos ambientales y bonos verdes, sin embargo, las cifras alrededor de esta temática aún se encuentran alejadas de una calificación positiva. Según el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021 del Consejo Privado de Competitividad, se destaca por ejemplo que: el 42,6% de las aguas residuales son tratadas (82,8% en países de la OCDE), el sector agrícola utiliza el 51,3% de la demanda hídrica nacional, la productividad de la tierra destinada a actividades pecuarias es siete veces menor que la productividad agrícola, el 23,9% de las unidades de producción agropecuaria tiene maquinaria para actividades, la tasa de reciclaje y reutilización de residuos es del 11,1% (26% en países de la OCDE), entre 2001 y 2019 desaparecieron 4,4 millones de hectáreas de bosque y para 2019 el 62% corresponde a la región amazónica, las enfermedades y muertes asociadas a la mala calidad del aire urbano representan anualmente un costo equivalente al 1,5% del PIB y según el Notre Dame Global Adaptation Index (2020) Colombia está en el puesto 156 de 192 países en exposición al riesgo climático.
Parece que, en el camino, el país aún tiene piedras por pasar. Un modelo económico y social más responsable con el cuidado del medio ambiente, con prácticas de eficiencia de los recursos naturales, así como la expansión de negocios más verdes, podría ser una interesante apuesta económica hacia la competitividad en el mediano y largo plazo en la agenda del siglo XXI.
La pandemia Covid-19 y las medidas de cierre de la economía tuvieron un desenlace crítico en las cifras de desempleo, generando estrés económico a una significativa proporción del tejido social en el país. La tasa de desempleo en Manizales para el último trimestre con información disponible (trimestre móvil septiembre-noviembre 2020) fue 19,4%, un aumento de 6,6 puntos porcentuales-pp frente al mismo periodo del año anterior, efecto de una caída de -1,1 pp en Tasa Global de Participación-TGP (oferta laboral) y de -4,8 pp en Tasa de Ocupación-TO (demanda laboral). Siguiendo esa línea de comparación entre trimestres, desaparecieron 15.925 personas en condición de ocupación y se adicionaron 13.445 personas en la desocupación, para un registro histórico de 40.386 desocupados en la ciudad.
Entre 2019 y 2020, el número de ocupados se contrajo un -8,6%, dónde administración pública, educación y salud, actividades artísticas y entretenimiento, comercio y hoteles y restaurantes contribuyeron con más del 90% de la variación. En materia de empleos perdidos, entre comercio, hoteles y restaurantes suman 8.425 personas, y entre sector público, educación, salud y actividades artísticas serían 9.091 personas adicionales. Por posición ocupacional, la mayor contribución fue de cuenta propia (-6.592 ocupados) y empleado particular (-5.245 ocupados), seguido de empleado del gobierno (-2.055 ocupados), empleado doméstico (-1.311 ocupados), y patrón o empleador (-1.164 ocupados).
En este contexto, desde diversas voces en el territorio se ha llamado la atención a ejecutar un plan agresivo de reactivación económica. Frente a esto, la Administración municipal respondió en rendición de cuentas que efectivamente se estaba trabajando al respecto, pero deja algunas inquietudes que invita a interpretar con matices. Por ejemplo, se menciona que se lograron entre abril y noviembre recuperar el empleo de 17 mil manizaleños, a lo cual, sería bueno conocer la estrategia (acciones, metas e indicadores de resultados) que utilizaron para generar tan importante impacto, ya que, en su mejor momento, la estrategia de Call Center no generó más de 15 mil ocupados. Si existe un verdadero análisis de impacto, ojalá sigan replicando esta estrategia en 2021, diferenciando entre reapertura y reactivación. Ahora bien, haciendo un seguimiento a las cifras mensuales, desde abril que es el peor momento del mercado laboral, el número de ocupados se ha venido recuperando en un agregado de más de 22 mil empleos, pero para el trimestre móvil septiembre-noviembre Manizales se encuentra sobre los 168 mil ocupados en la ciudad, faltando más de 16 mil empleos para estar en niveles previos a la pandemia y más de 15 mil empleos para el mismo periodo 2019.
Por otro lado, afirmaron que Manizales había sido la única ciudad capital cuya industria creció en medio pandemia, conclusión que no es respalda completamente por las cifras del DANE. Efectivamente existe una reparación del empleo en la industria y para octubre 2020 la industria tiene claras señales de recuperación a niveles de producción, ventas y empleo previos a la coyuntura de pandemia, alcanzando valores similares al ciclo del mismo mes de 2019, pero en la lectura año corrido (enero-octubre), desafortunadamente la producción real industrial cae -4% y las ventas reales industriales un -10,1%. En este sentido, la única ciudad capital con alguna cifra positiva significativa en la industria fue Pereira, con una variación año corrido en las ventas reales industriales de 2,7%.
Y, en materia de apoyo a los empresarios, la Alcaldía de Manizales mencionó que se dispusieron $72.000 millones en alivios económicos a 800 empresarios y lograron el fortalecimiento empresarial especializado de 300 empresarios locales a través de programas. Esa información en frío suena bien, pero provoca interrogantes: ¿cuál fue el impacto real de esas medidas? ¿dónde está la trazabilidad de dichas acciones en materia de intervención y resultados? ¿qué hubiera sucedido en caso contrario? Lo mismo aplica para diversos programas de fortalecimiento empresarial en la ciudad: la medición de impacto con indicadores objetivos es necesaria.
Recientemente, el mensaje de la Administración municipal ha cambiado significativamente hacia el cuidado de la economía, lo cual es plausible, enviando señales de compromiso con la estructura empresarial, donde el plan de reapertura de actividades ayudó a la oferta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la nueva realidad empresarial tiene variables de restricciones logísticas y costos de protocolos de bioseguridad que pasarán factura a la productividad, y, por ende, al incentivo sobre la demanda laboral, sin mencionar un posible fenómeno de eficiencia postcrisis (en las recesiones económicas las empresas más competitivas son las que logran tener mejor resorte) que podría afectar la expectativas de contratación de mediano plazo en una situación de crecimientos por debajo del nivel potencial de la economía. Esta demanda laboral más lenta, llevaría a una activación limitada de la demanda interna de los hogares, sumado a las fuerzas de la desconfianza, el miedo de contagio y las peores condiciones económicas de los hogares, que podría generar un debilitamiento en el círculo virtuoso del sistema.
Ojalá la discusión no se quede en una simple preferencia de palabras (reactivación o reapertura), y en el plan de ejecución del presupuesto 2021 se materialicen iniciativas, programas y proyectos diferenciados que busquen una agenda interna de reactivación económica, donde la ciudadanía conozca las metas con indicadores de resultado, y se pueda realizar un seguimiento de efectividad en el impacto sobre los distintos grupos de interés. El 2021 es un año crucial para que brillen las instituciones económicas.