Columnas Económicas 2023

A menos de 10 días de cerrar el año 2023, una pregunta constante es sobre el balance de la economía colombiana durante el año. Claramente existen diversos episodios que valdría la pena exponer, sin embargo, haciendo un ponderado ofrezco 5 conclusiones, donde se muestra mucho discurso y poca acción. 

1.     Inflación y empleo. Son las dos principales variables macroeconómicas de revisión. Por un lado, la inflación entró en una senda de desaceleración en la velocidad de crecimiento de los precios de los productos y servicios en la economía, lo cual, es un alivio para las decisiones de consumo de los hogares. Sin embargo, el país registra una de las inflaciones más altas entre los países de la OCDE, siendo una encrucijada para la política monetaria. Por otro lado, el empleo cierra el año con buenas cifras, a pesar de la contracción generalizada de la actividad económica, hecho que seguramente dará señales de inflexión a inicios del próximo año, donde un cambio estructural por efecto pandemia hacia servicios está ayudando en alargar ese resultado tardío en el empleo.

2.     Reformas y ejecución. Una característica de la economía del país en 2023 fue la propuesta de diversas reformas que han sido el centro de atención del debate. Las reformas pueden ser bien intencionadas en su discurso, pero han tenido alta crítica por parte de técnicos y expertos sectoriales por sus efectos sociales y macroeconómicos de mediano y largo plazo y la poca resolución de problemas estructurales, donde el común denominador ha sido el activismo y la ideología. A lo anterior, que tiene que ver con las reglas de juego institucionales, la ejecución presupuestal no ha sido la más eficiente, limitando el rol de sector público dentro del sistema económico.

3.     Lenguaje y confianza. El Gobierno actual tiene una clara postura a favor de la intervención del Estado en los asuntos económicos, lo cual, ha generado mensajes agresivos contra el sector privado, llevando a una tensión constante, en un desconocimiento del papel de este sector en el funcionamiento del sistema económico para la producción y distribución de la riqueza. Lo anterior, reduce la confianza para la inversión privada, en una coyuntura de rigidez monetaria por altas tasas de interés, que se combinan para un efecto aumentado en deterioro de la demanda agregada.

4.  Sectores líderes. Los principales sectores tradicionales de industria, construcción y comercio registraron indicadores negativos en ventas y producción real, siendo actividades reconocidas en la dinámica del empleo y especialmente en la generación de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás que representan motores claves para el crecimiento y dinamismo de la actividad económica. Sin recuperación de estos sectores, la economía continuará creciendo alejado de su potencial.

5. Dinámica exportadora. Alineado a los indicadores negativos en la industria, la variación de las exportaciones también presenta cifras negativas, a pesar de tener un buen comportamiento frente a 2019, lo cual, reduce las expectativas frente a las metas de industrialización, y sigue siendo una enorme deuda histórica de transformación productiva del país, en un deseo de reducir la dependencia minero-energética que no se cumple por exportaciones ni por Inversión Extranjera Directa.

La moderación del discurso y la articulación con el sector privado es la única manera para proyectar positivamente la economía en 2024.  

En días anteriores el DANE publicó las cifras actualizadas de pobreza monetaria para 2021 y 2022 en el país, debido a los cambios metodológicos incorporados en las fuentes de recolección de información, que ha sido parte del cumplimiento de las recomendaciones desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, la cifra actualizada de pobreza monetaria del país en 2022 es de 36,6%, logrando una reducción -3,1 puntos porcentuales (pp), donde las cabeceras municipales tuvieron una incidencia 33,8% y en centros poblados y rural disperso de 45,9%, con reducciones de -3,2pp y -2,2pp respectivamente, cifras positivas en el discurso del progreso social en Colombia, donde la pobreza monetaria representa esa suficiencia de ingresos para un tener un nivel de bienestar básico.

Lo anterior se traduce en cerca de 1,3 millones de colombianos que salieron de la pobreza monetaria entre 2021 y 2022, pero todavía con más de 18,3 millones de personas en esta situación. Las mayores incidencias de pobreza monetaria se identificaron en 2022 para Quibdó (62,3%), Sincelejo (49,5%), Riohacha (48,8%), Florencia (45,8%), Santa Marta (44,4%), Cartagena (43,6%), Neiva (42,9%), Cúcuta (42,8%) e Ibagué (40,9%), mientras las de menor pobreza estuvieron en Bogotá (28,1%), Villavicencio (27,2%), Medellín (24,8%), Cali (24%) y Manizales (20,6%).

Las ciudades que tuvieron las mayores reducciones en pobreza monetaria fueron Cali (-8,5pp), Bucaramanga (-6,6pp), Tunja, (-6,1pp), Manizales (-5,6pp), Neiva (-5,3pp), Pereira (-5,1pp), Florencia (-4,8pp), Medellín (-4,7pp) y Armenia (-4,5pp). En el Eje Cafetero, se tendría un total de personas en situación de pobreza monetaria de 398.156 personas, distribuidos en 194.966 en Pereira, 102.072 en Armenia y 101.118 en Manizales, donde la variación absoluta entre 2021 y 2022 fue -30.988 personas menos en pobreza monetaria en Pereira, -25.822 en Manizales y -12.100 personas en Armenia.

Es importante mencionar que cuando se descompone los cambios en pobreza monetaria entre 2021 y 2022 en el contexto nacional el principal componente de reducción fue el crecimiento económico, pero cuando se analiza por ciudades en algunos casos hay un componente adicional desde el esfuerzo de redistribución de ingresos desde apoyos institucionales.

A pesar de los buenos resultados, estas cifras no fueron de importancia para el gobierno nacional. Básicamente no lo comunicaron con la misma fuerza que lo han hecho con otros temas. Pareciera que el país inició el 7 de agosto 2022, sin ningún pasado. La razón de esto fue que esas estadísticas se presentaron para los años 2021 y 2022, periodo presidencial de la administración inmediatamente anterior. Sería un acto de humildad y madurez reconocer los buenos resultados conseguidos, desafortunadamente algo impensable en este gobierno. Como si la reducción en la pobreza fuera bueno para un gobierno y malo para el otro. Como si la reducción en la pobreza fuera propiedad de alguna persona o institución en particular. Como si la reducción en la pobreza solo le sirviera a la izquierda o la derecha del péndulo político de Colombia.

La arrogancia con las cifras es una muestra clara de una misión de protagonismo de corto plazo, sin visión de cambio histórico de largo plazo.

La economía es un sistema de relaciones de oferta (producción) y demanda (gasto) entre el sector público (Estado) y sector privado (hogares y empresas) dedicado a la generación, distribución y consumo de la riqueza, entendiendo la riqueza como ese flujo anual de producción bienes y servicios que satisfacen las necesidades y los deseos de las personas. En Colombia, ese sistema entró en un fuerte ciclo desaceleración económica, donde el flujo de producción registró una tasa de crecimiento anual del 0,3% para el segundo trimestre 2023.

Por el lado de la demanda, el gasto de los hogares creció 0,7% y el gasto del gobierno un 2,5%, mientras por exportaciones fue del 2,4%, cifras que aparentan tranquilidad, sin embargo, las importaciones decrecieron -14,5% y la inversión privada -7,8%, señales de la contracción en el motor de crecimiento del sector privado para generar riqueza, llevando a un panorama sombrío de expectativas económicas de corto y mediano plazo. En consumo de los hogares, preocupa cifras negativas en gasto destinado a alimentos y bebidas (-0,4%), prendas de vestir y calzado (-3,5%), muebles y artículos para el hogar (-5,9%), transporte (-0,7%), comunicaciones (-3,5%) y restaurantes y hoteles (-2,6%); y por la inversión en vivienda (-2,2%), otros edificios y estructuras (-7,1%) y maquinaria y equipo (-13,8%).

Por la oferta, el 40% de los sectores económicos registró tasas de crecimiento anual negativas, mal momento para cultivo de café (-7,7%), ganadería, (-2,9%), cultivos transitorios (-0,5%), industria de alimentos y bebidas (-2,9%), fabricación de textiles (-15,3%), transformación de madera (-11,2%), metalurgia (-5,7%), fabricación de muebles (-5,7%), producción y distribución de gas (-2,8%), recuperación de materiales, reciclaje (-11,9%), construcción de carreteras y obras de ingeniería civil (-17,9%), comercio y reparación de vehículos (-4,4%), alojamiento y servicios de comida (-3%) y servicios profesionales, científicos y técnicos (-1,3%).

Es cierto que la economía iba a tener un ajuste de contracción macroeconómica por el incremento de las tasas de interés como medida para contener la inflación, frenando a la fuerza la demanda de consumo e inversión, sin embargo, la política económica del Gobierno Petro posiblemente profundizó el ciclo con sus medidas erráticas contra el sector privado, donde se ha generado incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica, ambiente poco propicio para la inversión privada; adicional a su evidente problema de gestión pública, que termina por debilitar el motor de crecimiento del gasto público. La economía no va bien, el país no va bien, y ese es el único cambio histórico a un año de Gobierno.

La construcción de planes de gobierno y posteriores planes de desarrollo de las administraciones municipales y departamentales tiene el desafío de articular en una sola intención de gobierno la resolución de problemas coyunturales de corto plazo, la propuesta de nuevas agendas de desarrollo de largo plazo y la intervención de variables estructurales de mediano y largo plazo para el progreso económico y social del territorio. La diferencia esencial entre un municipio (capital) y el departamento es generalmente que el musculo financiero para inversión es mayor en el primero y existe una mayor predominancia de la ruralidad en el segundo, y, por ende, de más vulnerabilidad socioeconómica, lo cual, convierte la gestión departamental en un asunto con mayor complejidad.

En el caso de Caldas, los retos de la gobernación para el periodo siguiente 2024-2027 se pueden dividir en cinco (5) grandes temáticas que involucran esa sinergia del corto y el largo plazo, las nuevas plataformas de desarrollo y el cierre de brechas estructurales. El primer tema es la infraestructura, donde el departamento tiene un cuello de botella de competitividad en conectividad área, siendo una deuda histórica de la región, y terrestre específicamente por vías secundarias y terciarias que afecta los costos de transporte a mercados locales y regionales.

El segundo tema es la educación, en el cual, el departamento arrastra un problema de cobertura, principalmente en educación básica y media, que se conecta con dificultades de inversión en calidad, dominio de un segundo idioma y formación de docentes en colegios públicos. El tercer tema es su demografía, ya que, Caldas experimenta un acelerado proceso de envejecimiento, despoblamiento municipal por migraciones internas de salida y bajas tasas de crecimiento poblacional, que invitan a proyectar la dinámica y sostenimiento económico de algunas subregiones en términos económicos, sociales, culturales y de planeación del territorio.

El cuarto tema involucra el aparato productivo y las condiciones del mercado laboral, donde el departamento es una combinación de economías municipales agrícolas, comerciales, industriales y de servicios de bajo valor agregado, asociado a economías de subsistencia, con alta vulnerabilidad regional a ciclos económicos externos, y retos en materia de diversificación de su canasta exportadora y de investigación aplicada a los sectores económicos. De lo anterior, surge los fenómenos de bajos ingresos laborales, insatisfacción laboral e informalidad laboral y empresarial subregional. Y, el quinto tema es su institucionalidad, donde posiblemente el principal obstáculo radica en la baja capacidad técnica y financiera de las administraciones municipales, conectado con la debilidad de sus economías territoriales, afectando su desempeño administrativo y fiscal y la gestión de los procesos de contratación pública.

El departamento de Caldas necesita volver a ser un referente de la economía regional y nacional a través de un verdadero plan de aprovechamiento de sus ventajas productivas, donde la gestión de inversión pública y privada, nacional e internacional, posiblemente sea el único camino de desarrollo territorial. La Gobernación de Caldas 2024-2027 necesita de una gerencia pública moderna y un plan de fortalecimiento de sus capacidades administrativas y de capital humano.

La campaña a la Alcaldía de Manizales está empezando y en cuestión de días se tendrá una mayor claridad de los candidatos definitivos a dirigir la ciudad para el periodo 2024-2027. Esta elección tendrá como común denominador en todas las propuestas la narrativa de la experiencia y la promesa de ejecución ante una administración municipal que precisamente brilló por la inexperiencia y los problemas de comunicación, planeación y ejecución. Las cifras de percepción ciudadana son contundentes: existe un mayor pesimismo, un menor sentimiento de orgullo y la favorabilidad del alcalde registró sus niveles más bajos en la historia reciente.

Así, los ciudadanos vuelven a tener la oportunidad de elegir, que en este escenario se convierte en una enorme responsabilidad de analizar con sensatez el perfil humano y profesional de cada candidato y especialmente sus intenciones y propuestas, que se verán reflejados en sus discursos y plan de gobierno. Es natural que dentro de la decisión de por quién votar existan prioridades y preferencias particulares, pero en esta ocasión, la tecnocracia, coherencia y solidez de las propuestas serán fundamentales para luchar contra la desesperanza social generalizada.

A mi juicio la ciudad tiene cinco (5) retos claros de corto, mediano y largo plazo que la próxima persona en llegar a la Alcaldía debe proponer en su agenda, los cuales, se soportan en una nueva realidad demográfica de envejecimiento y decrecimiento poblacional. El primero es proyectar un nuevo modelo de ciudad en términos de infraestructura social y urbana para atender las necesidades de un segmento de población adulta y mayor, y transformar las condiciones de calidad de vida de ciudad como atractivo de retención y atracción de población. El segundo es repensar las apuestas productivas en un territorio con potencial en el conocimiento, la tecnología y los servicios de alto valor agregado, para lo cual, se requiere una apuesta en la formación de capital humano dirigido a esta economía del siglo XXI y un plan integral de internacionalización de Manizales.

El tercero es potenciar la población en edad de trabajar, lo que implica poner atención en el problema de la deserción en el sistema educativo, cerrar brechas laborales en ocupación y participación de género, con especial foco en la economía del cuidado, y brindar oportunidades de formación a población trabajadora. El cuarto es dirigir los esfuerzos de los programas sociales en las comunas con mayor dinámica demográfica, donde se presentan exactamente los mayores indicadores de vulnerabilidad. Y, el quinto es desarrollar un nuevo enfoque de salud y bienestar donde se integre campañas de envejecimiento activo, planes de salud mental, deporte y hábitos de vida saludable y el fortalecimiento de la oferta de actividades y servicios de expresión cultural y artística.

Los 5 retos anteriores se derivan de tener una visión de Manizales con condiciones demográficas avanzadas en la comparación nacional, pero al mismo tiempo con indicadores sociales y de calidad muy favorables, pero con brechas y retos de desigualdad en la comparación internacional. Manizales necesita fortalecer su sistema económico y social para tener la madurez de albergar su nueva realidad poblacional.

En 2022 la economía regional del Eje Cafetero registró un crecimiento agregado del 7,3%, generando $59,7 billones de pesos colombianos (precios corrientes), representando el 4,1% del PIB nacional, distribuidos por el 40,1% en Caldas, 39,9% en Risaralda y 20% en Quindío, mostrando una nueva dinámica donde Risaralda y Quindío ganan puntos porcentuales de participación en la economía regional desde 2005 (42,1% Caldas, 38,6% Risaralda y 19,3% Quindío), coherente también con una mayor variación de su PIB departamental. En efecto, el crecimiento de las economías departamentales fue en su orden Risaralda (8,9%), Quindío (6,4%) y Caldas (6,1%) durante 2022. A pesar de que Caldas aún es la primera economía de la región con una producción de 23,9 billones de pesos colombianos (precios corrientes 2022), el departamento de Risaralda, con un PIB de $23,8 billones de pesos colombianos (precios corrientes 2022), ha crecido a mejores tasas en 2011, 2012, 2013, 2016, 2021 y 2022, lo cual, se explica recientemente por el desempeño particular de sus sectores económicos.

Risaralda tuvo mejores variaciones que Caldas en el último año en los principales sectores de generación de riqueza, ya que, logró una menor contracción en el sector agropecuario (-2,9% versus -3,6%) y una mayor expansión en la industria (12,7% versus 4,4%), comercio, transporte, hoteles y restaurantes (10,9% versus 10,3%) y sector público, educación y salud (1,8% versus 1,6%). Y, en términos de participación, Risaralda muestra un mayor aumento en el periodo 2005-2022 en puntos porcentuales (pp) de representación de su sector de comercio, transporte, hoteles y restaurantes y administración pública, educación y salud, comparado con Caldas, y una menor disminución de la industria (-2,3 pp versus -6,2 pp), lo que se traduce, en una desindustrialización más lenta de la economía de Risaralda. En este sector, es destacable que frente a 2005 actualmente en Risaralda la industria manufacturera tiene una mayor participación dentro del PIB, lo cual, es coherente con la diversificación reciente de su oferta exportable, enviando un mensaje sobre la necesidad de acelerar acciones de productividad, sofisticación, innovación e internacionalización en el tejido empresarial de Caldas. En el caso del departamento del Quindío, es la economía con mayor incremento de participación del sector agropecuario, representando el 21,3% de su PIB departamental en 2022, comparado con 14,5% de Caldas y 9% de Risaralda, consolidándose en su vocación primaria, junto con su mayor dependencia del comercio, turismo y el sector público.

En óptica de economía regional, Caldas tiene potencial productivo en explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, TIC e industria manufacturera, porque genera el 81,4%, 60,5%, 44,9% y 43,2% respectivamente del PIB sectorial del Eje Cafetero; en Risaralda se tendría industria manufacturera, actividades artísticas y entretenimiento, servicios profesionales y empresariales y actividades financieras con el 48,4%, 46,3%, 45,8% y 43,4% respectivamente; y Quindío resaltaría en sectores de agricultura y ganadería, actividades inmobiliarias, construcción y comercio, transporte, hoteles y restaurantes participando en la producción del 31,2%, 28,6%, 22,9% y 21,9% respectivamente del PIB sectorial regional.

En la coyuntura de elecciones regionales 2023, la nueva administración departamental y municipal de la capital de Caldas deberán poner atención en sus planes de gobierno y desarrollo a incentivar medidas de políticas de desarrollo y crecimiento empresarial en la materia, recordando el protagonismo del sector privado en el progreso económico y social del territorio. Es prioridad retomar la confianza en el trabajo institucional con empresas, gremios empresariales, academia y sindicatos en agendas económicas y productivas de mediano y largo plazo frente a estas nuevas dinámicas de la economía regional.

El próximo octubre 2023 se llevarán a cabo las elecciones regionales en el país, en un contexto de fuerte tensión política que tendrá un posible revés ideológico en las regiones, que marcará el inicio de una nueva etapa política que afectará la gobernabilidad y legitimidad política y social del Gobierno Nacional. Es probable que la ciudadanía castigue las ineficientes administraciones municipales y departamentales 2020-2023, los partidos tradicionales se oxigenen y los candidatos electorales con mayor favorabilidad se caractericen por alguna reputación pública y/o privada en materia de ejecución y experiencia, luego de varios políticos alternativos que demostraron poco conocimiento del hacer en la gestión. Seguramente para Manizales en estas elecciones regionales la experiencia y la hoja de vida será una variable fundamental para la ciudanía y el apoyo de los partidos políticos. Sin embargo, debe existir un ingrediente adicional que considero clave para dirigir la ciudad en el periodo 2024-2027. 

Manizales es una ciudad que está atravesando un acelerado proceso de transición demográfica, lo que implica un mayor envejecimiento, menores crecimientos de la población por reducción en los niveles de fecundidad con proyecciones de crecimiento vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos) y una fuerza laboral activa con tendencia estructural y posteriormente decreciente. Ese panorama afecta directamente el funcionamiento del sistema de salud, educación, pensión, seguridad, movilidad urbana, mercado laboral, etc., por lo cual, exige proyectar un nuevo modelo de ciudad para el siglo XXI.

Siguiendo la literatura demográfica, el sostenimiento poblacional de las sociedades en avanzada fase de transición demográfica depende de los flujos migratorios de entrada, por lo tanto, la ciudad tendrá que proyectar acciones que permitan su competitividad en la materia. En ese sentido, se hace necesario comenzar estrategias de atracción de población migrante y flotante que dinamicen la economía local y potenciar la acumulación de capital humano de su actual población en edad de trabajar local para aprovechar sus rendimientos en productividad.

El único proyecto que se ha trabajado y que podría seguir apostando a la atracción de población es aquel de campus y ciudad universitaria, donde se requeriría una mayor fuerza institucional entre el sistema de educación superior, una enérgica ampliación de la oferta académica y una estructura urbana de ciudad con mayor competitividad para los universitarios. Igualmente, desde este sector se debería incentivar la flexibilidad de las jornadas académicas para brindar oportunidades de formación a la población ocupada trabajadora, así como, una apuesta profunda por el dominio de un segundo idioma y conexión con empresas con oferta de trabajo remoto en el mercado nacional e internacional, siguiendo las ventajas de la economía de los servicios y TIC. Por otro lado, valdría la pena explorar acciones de campañas de marketing territorial dirigidas a convertir a Manizales en referencia nacional e internacional para la comunidad nómada digital y potencial ciudad de retiro de personas mayores en edad de pensión, aprovechando las ventajas de calidad de vida y de infraestructura de servicios básicos y tecnológicos. Y, por último, la ciudad debería priorizar fortalecer de mediano y largo plazo el sistema de turismo regional, donde podría existir ventajas en varios tipos de turismo (naturaleza, rural, termal, senderismo, salud, negocios, deporte), en el marco de una estrategia de internacionalización.

Lo anterior podría sentar las bases de un nuevo modelo económico de ciudad para enfrentar el imparable cambio demográfico. La otra opción es esperar dichas fuerzas inerciales y soportar las consecuencias.

El inicio del nuevo Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro ha generado diversas reacciones y emociones en los distintos grupos sociales debido a las promesas de cambio planteadas durante su campaña, y los esbozos de reforma propuestos en su administración. Si bien es cierto que los cambios son necesarios, ya que, la existencia de problemas estructurales en el país está soportado en diversos estudios y diagnósticos, es importante evitar caer en una narrativa fatalista que ataque a las instituciones y reproduzca un argumento falaz contra el sistema económico capitalista, especialmente con propuestas que producirían más efectos negativos que positivos en una comparación histórica de resultados del mismo sistema que se critica.

Para simplificar el análisis, podemos dividir la realidad en cuatro componentes: económico, social, institucional y ambiental. A lo largo de la historia del capitalismo, hemos visto avances significativos en cada uno de estos aspectos. Desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XXI, se han logrado mejoras importantes, como la reducción del porcentaje de personas viviendo en pobreza extrema del 85% al menos del 12%, un aumento en la esperanza de vida al nacer de 28 años a 72 años, una mejora en la estatura promedio de las personas entre 10 y 12 centímetros, la reducción del analfabetismo del 88% a menos del 15%, el aumento del porcentaje de personas viviendo en democracia del 1% al cerca del 60% y del 98% de países sin derecho universal al voto a menos del 5%, el aumento de la probabilidad de supervivencia de un recién nacido del 30% al más del 95%, la rebaja de 100 veces de la mortalidad materna y la tendencia reciente (últimos 30 años) de disminución en cerca de la mitad en la mortalidad por contaminación del aire y aumento del crecimiento económico con una reducción en las emisiones de dióxido de carbono. Si hacemos un ejercicio similar para Colombia, estaríamos de acuerdo que la mejora es innegable.

El capitalismo, tal como se construyó en los siglos XIX y XX, se basó en los pilares de la propiedad privada, el libre mercado, la competencia, la división del trabajo, la cooperación social y el respeto a la democracia y las libertades individuales. Aunque estos pilares han sido combinados de manera diferente según la historia y cultura de cada sociedad, han demostrado ser efectivos y han llevado al éxito y progreso en muchos casos, demostrando que el capitalismo es un sistema social con capacidad de aprendizaje y resiliencia, que ha evolucionado a lo largo de la historia para adaptarse a las necesidades de cada sociedad. Por eso mismo, es necesario que la narrativa en contra del capitalismo se elimine, especialmente cuando empieza a atacar con fuerza sus pilares de sostenimiento.

Sin embargo, no significa que no se necesiten cambios. Es preciso continuar trabajando en el desarrollo y evolución del capitalismo en el siglo XXI para lograr un mayor progreso y bienestar social, sin atacar sus pilares fundamentales. En lugar de enfocarse en una narrativa en contra del capitalismo, debemos trabajar en implementar cambios que permitan continuar mejorando el sistema y adaptándolo a las necesidades de la sociedad actual. De esta manera, podremos seguir avanzando en el desarrollo y progreso individual y colectivo, aprovechando los beneficios que este sistema ha demostrado a lo largo de la historia.

La semana pasada el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó dos resultados demográficos de alto impacto: el reporte de nacimientos con base en los registros recientes de estadísticas vitales y la actualización de las proyecciones de población. En el primero, la cifra preliminar de nacimientos en Colombia para 2022 fue de 569.311, comparado con 616.914 en 2021, más de 669 mil en 2014 y 750 mil en el año 2000, demostrando una fuerte disminución, para una tasa de 11 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2022. Y en el segundo, se proyecta que el país alcanzará su máximo poblacional en 2051 con un total de 57.714.371 personas, adelantándose 14 años a las proyecciones anteriores, donde el pico era 63.194.359 en 2065, hecho debido al exceso de mortalidad, mayor probabilidad de muerte y pérdida de esperanza de vida efecto pandemia Covid-19, y una brecha entre los menores nacimientos efectivos frente a las estimaciones.

Ambos resultados sugieren que el fenómeno de envejecimiento demográfico será mucho más acelerado y que el nuevo panorama demográfico de Colombia implicará una mayor responsabilidad y objetividad en la formulación de diversos programas y políticas públicas asociadas al sistema de seguridad y protección social, así como, su efecto sobre la dinámica del sector educativo y el funcionamiento del mercado del trabajo, frente a un escenario de cambio en los porcentajes poblacionales de dependencia económica, en una nueva realidad con mayor relevancia de grupos etarios en adultez y vejez y un crecimiento de población más lento, y posteriormente, negativo. Adicionalmente, esta tendencia experimenta velocidades heterogéneas en las regiones, donde el Eje Cafetero se encuentra en una fase de tránsito demográfico más avanzado.

De estos resultados demográficos es fundamental comprender que los cambios que se están presentando en el nivel de fecundidad son realmente estructurales. La disminución en el número de nacimientos, en un contexto de envejecimiento, significa una menor tasa de hijos por mujer en edad fértil, señalando fuerzas que han modificado la decisión de tener hijos en la población del país. Desde la literatura demográfica se puede extraer que dicha decisión está en el marco del empoderamiento femenino, donde se separa el deseo y la reproducción sexual, y existe un esfuerzo de cierre de brechas de activos sociales con enfoque de género. De este modo, la integración de la mujer en las dinámicas del sistema económico y social, gradualmente alejándose del rol tradicional asignado alrededor de la concepción y el mantenimiento de un hogar, ha transformado las relaciones culturales en sociedad, llevando a postergar la decisión de matrimonio y embarazo, resignificar el sentido de familia y ampliar las oportunidades de desarrollo humano de la mujer en la sociedad.

Siguiendo la visión del sociólogo francés Arsène Dumont (1849-1902) sobre el principio de capilaridad social, y la del filósofo inglés Herbert Spencer (1820-1903) del evolucionismo social, el cambio estructural en los niveles de fecundidad, con su trasfondo cultural, es deseado y necesario en la óptica de la sostenibilidad de una población moderna, donde emerge una nueva ética de cooperación social que implica romper las barreras de género en búsqueda de un mayor progreso social.

El debate nacional alrededor de la reforma a la salud es el resultado de la combinación de estructuras y tendencias que están dominando el país: política pública ideologizada, funcionarios y congresistas del Gobierno nacional radicalizados, desdeño por la tecnocracia y la evidencia empírica, falacias disfrazadas de moralidad y responsabilidad social y medio ambiental, un pueblo estresado con alta vulnerabilidad socioeconómica y otro pueblo, en el mismo territorio, con significativas ventajas socioeconómicas. Lo anterior, forma un coctel perfecto para el desorden nacional y el eco a reformas donde los sofismas alimentados de sentimiento de revancha social y división de clase son la clave en el discurso.

La matriz de este debate desafortunadamente deja por fuera los análisis técnicos y la realidad de funcionamiento. Es probable que gran parte de los apoyos y ataques a la reforma a la salud ignoren el verdadero funcionamiento del sistema, con sus ventajas y desventajas, perdiendo de vista sus resultados de mediano y largo plazo. Una manera de evaluar la efectividad de los sistemas de salud es por medio de indicadores demográficos objetivos en el tiempo, por ejemplo, cobertura de atención, mortalidad infantil, esperanza de vida, desnutrición, peso al nacer y gasto de bolsillo en salud, los cuales, efectivamente muestran un importante avance en las últimas décadas, que serían un punto a favor del actual sistema.

Pero, a pesar de esto, existen retos de mejoramiento, esos principales problemas que una reforma debería abordar, específicamente: (i) La omisión de las EPS de su responsabilidad por la promoción de la salud desde la prevención de riesgos, aspecto esencial en un país con acelerado envejecimiento, resultado de la transición demográfica, y fuerte transición epidemiológica; (ii) Los heterogéneos niveles de acceso, barreras de oferta y calidad en salud entre grupos socioeconómicos y zonas geográficas; (iii) La insostenibilidad financiera con acumulación de déficits y presión de gasto por tratamiento de enfermedades no transmisibles; (iv) La desconfianza social y baja legitimidad del sistema de salud; y (v) La debilidad en su seguimiento, vigilancia e inspección.

Ahora bien, ¿dónde queda la discusión actual? En panfletos físicos y virtuales por redes sociales promovidos por representantes oficiales de las instituciones y grupos colectivos de sociedad en general, con mensajes simplistas que evocan a la eliminación total de un sistema, desechando sus beneficios y resultados positivos, y sus reales problemas de estructura, donde reina la idea sobre la estadística.

La enorme crítica al fondo y forma de la reforma a la salud debería ser el primer aprendizaje de este Gobierno, porque la percepción y sentimiento interno y externo es un país con prioridad por hacer cambios sociales históricos, pero a las malas, con baja participación y sin escuchar los contrapesos; en resumen, de manera chambona, recogiendo las actitudes arrogantes del denominado Complejo de Adán. La cuestión no es defender per se un pensamiento económico y político de derecha o izquierda, libertario o socialista, o preferir favorecer una clase social sobre otra, sino enviar un mensaje de que gobernar bajo cualquier paradigma de pensamiento requiere hacer un balance con la teoría, la evidencia y la realidad, buscando no caer en el fanatismo y el sectarismo, donde brilla la negación y el desconocimiento, especialmente por omisión voluntaria.

El 2023 en Colombia será un año con una enorme intensidad de tensiones sociales y políticas debido al anuncio de presentación de varias propuestas de reforma que serán centro de debate y afectarán estructuralmente el funcionamiento del sistema económico y social del país, en una coyuntura de desaceleración económica global. Entre las propuestas se proyecta una reforma laboral, la cual, no ha generado tanto ruido como la reforma a la salud, o incluso aquella pensional, pero que deberá ser de mucha atención por parte de todos los segmentos de población al modificar las reglas de juego del mercado laboral, de donde depende el 95% de la generación de riqueza de los colombianos.

Con el ánimo de abonar algún contexto para afrontar en su momento la viabilidad de las propuestas de la reforma, es primordial conocer la realidad de la formalidad laboral en Colombia, siendo el principal problema estructural del mercado laboral. La forma de medición de la formalidad laboral establecida por el Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE) que define 11 criterios de referencia integrales para identificar los ocupados informales en el mercado. Para 2022, de los 22.032.180 ocupados nacionales, 9.208.574 se consideran formales y 12.823.606 informales, para una proporción de informalidad del 58,2%, donde en las cabeceras municipales es de 51,2% pero en los centros poblados y rural disperso alcanza una cifra de 84,7%, para 8.897.694 ocupados informales en el sector urbano y 3.925.912 informales en el sector rural.

Desagregado por otras variables, destacan grandes hallazgos. A diferencia de lo que sucede con otras variables del mercado con afectación de género, con agravante en mujeres, en la informalidad ataca al 60,3% de los ocupados hombres frente al 55,1% de ocupadas mujeres. En los ocupados formales el 50,8% de los ocupados son de educación superior (desde técnica y tecnológica hasta doctorado), cifra que desciende al 13,6% para los ocupados informales, relevando una condición de vulnerabilidad social detrás del fenómeno de la informalidad laboral. El 58,9% de los ocupados formales trabaja en empresas medianas y grandes, comparado con el 2,9% de los ocupados informales, y el 92,9% de los informales se concentra en microempresas, enviando los eternos mensajes de repensar el modelo de emprendimiento y crecimiento económico, y también las rigidices del mercado laboral en las unidades empresariales más pequeñas.

Adicionalmente se registra que el 70,4% de los ocupados formales son empelados particulares, 9,4% empleados del gobierno y 14,3% cuenta propia, con respecto a los ocupados informales donde el 22,7% son empleados particulares y el 62,2% son cuenta propia, manifestando la segregación del mercado en cuanto a oportunidades de oferta y demanda. De hecho, el 71,8% de los ocupados formales trabaja en local fijo, oficina o fabrica, frente al 22,8% de los ocupados informales, grupo donde sobresalen lugares de trabajo como vivienda (32,5%), ruralidad (22,3%), vehículo (7,8%) y caseta, puerta a puerta o sitio descubierto en la calle (10,1%).

Y, según sectores económicos, se detalla que las tasas de informalidad laboral más altas se presentan en agricultura (87,1%), construcción (69,2%), comercio (60,7%), transporte (70%), actividades artísticas (75,7%), y hoteles y restaurantes (76,1%), y los ocupados informales en el país se distribuyen principalmente en agricultura, comercio y actividades artísticas, sumando el 51,7% del total; con su contraparte de los sectores de TIC, actividades financieras, servicios inmobiliarios y administración pública, educación y salud con las tasas de informalidad laboral más bajas, inferior a 25%, y donde el 54,2% de los formales están ocupados entre los sectores de administración pública, educación y salud, comercio y la industria manufacturera.

La Misión de Empleo de Colombia (2021) prestó atención en la discusión del problema de la protección social y la informalidad, dejando en un segundo lugar a temas de crecimiento y baja productividad que fueron protagonistas en las dos misiones de empleo anteriores en la década de los setenta y ochenta del siglo XX. Los diversos análisis de la Misión exponen el fenómeno de economías duales en el mercado laboral de Colombia, es decir, dos países o dos mercados laborales con velocidades y estructuras distintas. Las cifras del DANE ratifican esta situación. En la Misión 2021, y otros documentos como el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, exponen recomendaciones de política. Esperemos que la reforma laboral no se olvide de estos recientes diagnósticos de problema y solución, y que las propuestas de cambio trasciendan más allá de las consideraciones subjetivas de sus participantes. La clave será aceptar la evidencia y la teoría, dejando en un segundo plano las ideologías y posiciones políticas o gremiales, esto último aplicando por igual para trabajadores, empleadores y congresistas.

Durante 2022 la tasa de desempleo en Colombia fue de 11,2%, registrando una caída de -3,3 puntos porcentuales (pp) y -5,4 pp frente a 2021 y 2022 respectivamente, años de afectación de la pandemia, lo cual, es una noticia positiva alrededor de la reactivación y recuperación económica nacional. Sin embargo, la tasa de desempleo 2022 se ubicó 0,3 pp por encima de 2019, representado un ligero deterioro del mercado laboral en el país con respecto a un año de referencia pre-pandemia. Lo anterior implica que mientras en 2019 había 2.602.126 desocupados, para el 2022 ascendió a 2.781.336 personas desocupadas, a pesar del incremento de la fuerza de trabajo. A esto, se le suma un aumento del 9% en la población por fuera de la fuerza laboral, alcanzando a 14.183.055 personas en inactividad, cifras que empiezan a imaginar un panorama más oscuro para 2023.  

En el caso del área metropolitana de Manizales (Manizales AM) la tasa de desempleo fue de 10,09%, experimentando una favorable reducción de -4,12 pp, -9,28 pp y -1,51 pp frente a años pandemia (2021 y 2020) y pre-pandemia (2019) respectivamente. La tasa de desempleo en Manizales en 2022 es la segunda cifra más baja registrada en el periodo 2007-2022, destacando el buen comportamiento del mercado laboral. La ciudad cierra con 24.822 desocupados, la cuarta cifra más baja en el mismo periodo, y 221.445 ocupados, cifra históricamente alta.

Entre 2021 y 2022, las personas ocupadas aumentaron 8,3%, mientras aquellas desocupadas disminuyeron un -27%. Adicionalmente decreció la inactividad laboral (-1,9%), los subocupados por ingresos (-16,4%) y la fuerza de trabajo potencial (-3,3%). Con respecto a 2019, si bien las tasas de demanda y oferta laboral siguen inferiores, el crecimiento de la fuerza laboral estuvo acompañada de una variación de 3,1% en ocupados y -11,9% en desocupados, destacando en la comparación con la dinámica laboral del país. El único punto de preocupación sería el aumento de 9,8% de los inactivos, especialmente dedicados a oficios del hogar, llamando la atención a la administración municipal y próximos candidatos a proyectar estrategias alrededor de la economía del cuidado en la ciudad y el cierre de brechas de género, especialmente en participación laboral.

Por sectores económicos, agricultura y actividades inmobiliarias fueron los de mayor variación relativa frente a 2021, con expansiones del 28,3% y 27,1% respectivamente, seguido de actividades artísticas (17,9%), alojamiento y servicios de comida (17,4%), construcción (16,5%) y la industria manufacturera (12,2%). Sin embargo, algunos sectores todavía se encuentran en niveles de recuperación menores al 100% de los empleos registrados en 2019, como son transporte y almacenamiento (96,7%), actividades inmobiliarias (93,5%), actividades artísticas (91,5%) y alojamiento y servicios de comida (90,1%). En este sentido, es crucial destacar al sector privado en esta coyuntura, siendo los protagonistas de la recuperación porque el empleo particular creció 12,5%, en comparación con la reducción del -16% en empleo del gobierno. Desde otras posiciones ocupacionales, subió 11,3% empleado doméstico, 9,3% trabajador cuenta propia y 10,8% patrón o empleador.

Es muy probable que se presente un punto de inflexión en 2023 debido al deterioro de las condiciones macroeconómicas nacionales que afectarán en empleo. De hecho, en la lectura año móvil desde el periodo agosto 2021-julio 2022 hasta enero-diciembre 2022, la reducción en la tasa de desempleo en Manizales es cada vez menor, entrando a terrenos de mínimos de reducción, lo cual, envía un mensaje de aparente finalización de la resiliencia del mercado laboral en Manizales. Ojalá la lectura sea equivocada.