La lucha por los derechos LGBTI+ en Latinoamérica tiene una larga tradición, pero fue entre 1967 y 1989 cuando se desarrollaron importantes movimientos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Venezuela que marcarán el camino hacia los logros y la situación presente (no en vano, junto a estos, los países con más líderes y activistas LGBTIQ que pertenecen y ocupan algún cargo público o de confianza en América Latina son Ecuador, Bolivia y Uruguay). Sin embargo, no deja de ser una lucha continua que enfrenta diferentes obstáculos dependiendo de la región y los avances democráticos, vinculando estos movimientos a menudo con las izquierdas nacionales, los feminismos y los Estados. Un caso a destacar es el del Frente de Liberación Homosexual de la Argentina y el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, que fueron fundamentales para cimentar las raíces de los actuales movimientos, relativizando la importancia de Stonewall como momento fundacional y devolviendo su importancia a estos movimientos previos.

La región se enfrenta a desafíos sustanciales, aunque legalmente sea más avanzada que hace dos décadas y aunque algunos países gocen de protecciones legales para personas LGBT que son raras en el mundo. Este avance, como se ha dicho, es desigual. Los países con mejor desempeño de la región en términos de derechos legales para personas LGBT (Argentina, Brasil, Uruguay y, tal vez, México) son los países más ricos, más urbanizados y más dotados de clase media de toda la región. Además, las ciudades que cuentan con los derechos LGBT más amplios se encuentran a su vez entre las más ricas del mundo en desarrollo: la Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, São Paulo y Río de Janeiro. En todos estos casos, la presencia de una clase media es un factor clave. Sin embargo, el poder adquisitivo no es un factor determinante.

Los derechos para este colectivo se han expandido gracias a los esfuerzos proactivos de movimientos sociales LGBT, a pesar de no contar con lo supuestamente necesario para tener éxito. En la mayoría de países, al menos hasta fines de los años 2000, estos movimientos eran generalmente muy pequeños, poco organizados y, en su mayoría, desprovistos de recursos y aliados de diferentes clases sociales. Operaban en países que no necesariamente ofrecían las oportunidades políticas correctas, dado que la atención nacional tendía a enfocarse en cuestiones graves como crisis económicas, desempleo, crimen, pobreza, corrupción e inestabilidad. Debido a esto, a principios de los años 2000, los movimientos proLGBT y sus causas eran por lo general marginales.

Uno de los puntos más importantes es la construcción de alianzas con movimientos sociales grandes o actores políticos. Este fue el caso en Argentina y la Ciudad de México: las alianzas se buscaron, respectivamente, en grupos de derechos humanos en Argentina (especialmente aquellos que luchaban contra las violaciones de derechos humanos durante la dictadura) y movimientos democratizadores en México que venían influyendo en el país desde 1990. Otro caso significativo es el de Ecuador, donde los movimientos LGBT alcanzaron el éxito en la Constitución de 2008 al alinearse con movimientos feministas e indígenas fuertes.

Por último, la religión sigue siendo el obstáculo actitudinal e institucional más importante. Ningún país de la región realmente califica como secular, excepto tal vez Uruguay. Pero la religión ejerce diferentes grados de influencia, dependiendo de las características de la religión en cada país. El poder de veto de la religión se siente más fuerte donde los protestantes y los evangélicos son dominantes. En cambio, en los países predominantemente católicos, la religión suele ser decisiva donde hay altos niveles de asistencia a la iglesia o donde existen lazos históricos fuertes entre el clero y al menos un partido político dominante.