Tras la declaración de estado de emergencia y el toque de queda en mayor parte de territorio chileno, se dan diversas denuncias de abusos contra los carabineros y las fuerzas armadas de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) canalizan estas denuncias. Estas denuncias recogidas por el INDH son de las cuales hablaremos en este artículo, ya que son datos oficiales, pero la mayor parte de las denuncias, los videos de los abusos, las torturas, los asesinatos, etc. han sido recogidos en redes sociales, sobre todo a través de la información que se iba volcando en Twitter gracias a los propios manifestantes chilenos, que han sido la inspiración para poder realizar este trabajo.
Entre los excesos identificados se encuentran los siguientes:
·Represión de manifestaciones pacíficas.
·Detención ilegal de manifestantes desde sus viviendas.
·Disparos militares contra viviendas y edificios privados.
·Palizas, humillaciones y amenazas de violación a detenidos.
·Tortura contra niños y una carabinera que se encontraba de civil.
·Ataques homofóbicos, violaciones y torturas contra personas homosexuales.
·Violencia específica contra mujeres y personas LGBT+.
·Simulacros de fusilamiento.
Hasta el día 30 de diciembre de 2019, el INDH presentó 980 acciones judiciales, representando a 1140 personas, entre las cuales se incluyen: 22 recursos de amparo, 5 querellas por homicidio, 18 querellas por homicidio frustrado, 137 querellas por violencia sexual (incluidas 4 violaciones), 777 querellas por torturas y tratos crueles, 16 por lesiones y 5 recursos de quejas. El organismo visitó 9589 personas detenidas, incluidos 1100 menores de edad.
Amnistía internacional, por su parte, el 21 de noviembre presenta un informe durante una rueda de prensa sobre las cifras de las violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones. Parte del informe afirma lo siguiente.
·El organismo analizó 23 casos "emblemáticos" en Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Maule, La Arauanía y once comunas de Santiago, basándose en 130 piezas audiovisuales.
·Se utilizó armamento militar para controlar las protestas, a veces de manera indiscriminada.
·Se registraron once casos de bombas lacrimógenas lanzadas a colegios, universidades, viviendas y hospitales
Se documentaron cinco muertes por agentes del Estado (cuatro por militares y una por Carabineros), más de 2300 personas lesionadas (1400 de ellas por armas de fuego), cinco lesiones oculares por perdigón y veinte casos de uso de escopetas como principal herramienta para dispersar las manifestaciones.
·Se registró un número significativo de atropellos y de intentos de atropello con nueve vídeos que, de acuerdo con la investigadora, eran suficiente prueba para demostrar que no fue por negligencia sino que por dolo.
·Más de 1000 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes
·Setenta delitos sexuales cometidos por funcionarios públicos (violaciones, abusos, desnudeces forzadas y amenazas sexuales).
·Se registraron agresiones a defensores de los Derechos Humanos, incluidos personal médico y del Instituto Nacional de los Derechos Humanos.
·El Ejército y Carabineros ejerció ataques generalizados en contra de la población usando la fuerza de manera innecesaria para dañar y persuadir a las personas para que dejaran de manifestarse. Se consideran “ataques” porque son múltiples actos de violencia armada, de tortura y de carácter físico y psicológico; y "generalizados" porque no son aislados, sino que se sostuvieron en diferentes puntos del país para castigar a quienes se manifestaran y cuentan con un modus operandi.
Ante este informe la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, en conferencia de prensa, declaró lo siguiente: "El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes"
Ante todos estos actos indiscriminados por parte de fuerzas armadas y carabineros de Chile, surgieron reacciones dentro del país, así, la dirigente social Roxana Miranda y la abogada de Derechos Humanos, Mónica Araya Flores, presentaron una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Sebastián Piñera. También presentaron la misma denuncia los abogados de la Defensoría Popular, así como el senador Alejandro Navarro. Todas etas denuncias han sido admitidas, pero hasta el día de hoy no sabemos nada más de ellas.