Las elecciones más violentas de México: Notas sobre el proceso electoral subnacional de 2024
Por: Céline González (Centro de Investigación y Docencia Económicas, México) y Sandra Ley (Programa de Seguridad de México Evalúa, México)
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Este es el tercer post de un dossier de cuatro textos sobre las elecciones subnacionales en México de 2024 publicados por REPSAL.
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A lo largo de casi dos décadas, uno de los mayores retos de la democracia mexicana ha sido su coexistencia y entrelazamiento con la violencia ejercida por el crimen organizado. Así lo reiteró el proceso electoral de 2023-24. Ante la elección más grande en la historia política mexicana, los grupos criminales buscaron incidir de manera clara en la oferta de candidaturas, particularmente en el ámbito municipal, mediante el uso diverso de violencia, desde amenazas y ataques hasta secuestros y asesinatos. A partir del proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica con la colaboración con México Evalúa y Animal Político, en este texto damos cuenta de que la elección 2024 fue, efectivamente, la más violenta de la historia política reciente, con afectaciones directas a la democracia mexicana.
Violencia político-criminal en la elección 2024
A lo largo de la campaña electoral –iniciada el 7 de septiembre de 2023 y terminada el 29 de mayo de 2024– Votar entre Balas registró 105 personas candidatas y precandidatas atacadas [1] por grupos del crimen organizado, de las cuales 31 fueron asesinadas. A estos números se deben sumar los ataques a personas funcionarias (157), junto con funcionarios de seguridad y fuerzas del orden; integrantes de partidos (42), entre activistas, militantes y dirigentes; así como los ataques indirectos a familiares mediante los cuales las organizaciones criminales también buscan amedrentar, particularmente a las mujeres candidatas (25 ataques en total).
Sin importar si nos enfocamos sólo en personas candidatas o el conjunto más amplio de actores (Tabla 1), la elección de 2024 ha sido la más violenta si la comparamos con los dos procesos anteriores (2018 y 2021), así como con las elecciones celebradas entre 2000 y 2012. [2] El gobierno federal, sin embargo, insiste en solo contabilizar 12 asesinatos a personas candidatas durante el periodo de campaña. Este enfoque no toma en cuenta los ataques no-letales, además de que omite la etapa de pre-campaña en la que el crimen organizado también busca incidir para la selección de candidatos.
Tabla 1. Comparación de la violencia político-criminal entre los periodos electorales (2018-2024)
Fuente: Boletín periodo electoral 2023-2024 de Votar entre Balas
* Del 1 de enero de 2018 al 27 de junio de 2018, día de fin de las campañas. Este periodo no es del todo comparable, dado que nuestro monitoreo no cuenta con datos previos de 2017.
** Del 7 de septiembre de 2020, día de inicio de la pre-campaña, al 2 de junio 2021, día en que terminaron las campañas en 2021.
*** Del 7 de septiembre de 2023, día de inicio de la pre-campaña, al 25 de mayo 2024, día en que terminaron las campañas en 2024
Nota: La base de datos, metodología y diccionario están disponibles en: https://votar-entre-balas.datacivica.org/datos-votar-entre-balas
Nuestro análisis del recuento de la violencia político-criminal [3] durante el periodo electoral de 2023-2024 revela que esta fue más frecuente en el estado de Guerrero (con 64 ataques), ubicado al sureste mexicano, con una larga historia de violencia y con una multiplicidad de agrupaciones criminales que buscan apropiarse de viejos y nuevos mercados criminales en la región. Le sigue Chiapas (con 41 ataques) un estado con una historia de conflictividad social, pero que hasta hace unos años no figuraba como un caso prominente en materia de crimen organizado. En tercer lugar está Puebla (con 31 ataques), donde los grupos criminales pelean por el control del suministro ilegal de combustibles.
Es importante precisar, no obstante, que la falta de violencia en una entidad federativa no necesariamente significa que el crimen organizado no incida en la esfera política. En este sentido, llama la atención que estados con alta incidencia de ataques criminales contra autoridades y partidos en el periodo 2006-2012, hoy ya no la experimentan. Tal es el caso de los estados de Chihuahua o Nuevo León.
Al mismo tiempo, la baja incidencia de ataques criminales contra autoridades y partidos, sin embargo, no necesariamente significa que el crimen organizado ya no esté presente. Por ejemplo, el municipio de Guadalupe y Calvo –enclavado en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua–, no experimentó ningún ataque en el proceso electoral 2024, pero entre 2010 y 2014 registró el asesinato de un alcalde, un candidato y un regidor, además de ataques armados a otro alcalde y candidato. Como lo revelaron los reportajes de Miroslava Breach, tras estos ataques, el crimen organizado tuvo la capacidad de colocar a secretarios de seguridad pública de su preferencia. Así, hoy los grupos criminales ya no han tenido que hacer uso de la violencia en esa región y ahora buscan ocupar el territorio y desplazar a comunidades enteras.
Más allá de la elección 2024
La violencia ejercida contra la esfera política en el proceso electoral 2024 refleja problemas estructurales más profundos y las raíces que tiene el crimen organizado en la democracia mexicana. Es importante entender que los 31 asesinatos de personas candidatas anteriormente referidos ocurrieron en un contexto más amplio de violencia político-criminal que no solo ha permanecido sino que se ha expandido. Estos ataques son parte de una escalada de violencia que el crimen organizado ejerce contra autoridades y partidos y que ha dado como resultado casi 2 mil víctimas del ámbito político –personas funcionarias, autoridades electas, fuerzas del orden atacadas directamente y fuera de enfrentamientos de combate–, entre 2018 y mediados de 2024. Los actores políticos fallecidos durante las campañas políticas representan solo el 21% de estas víctimas. Dos de cada cinco víctimas pertenecen a las fuerzas del orden de seguridad principalmente a nivel municipal, a quienes el crimen organizado ataca de manera directa en sus casas o fuera de sus lugares de trabajo. Un tercio de las víctimas se concentran en las presidencias municipales, entre alcaldías, sindicaturas y regidurías.
Ante esta evidencia, es crucial ver más allá de las campañas y tener muy presente que la violencia del crimen organizado contra las y los políticos continúa después del día de la elección. La violencia se sigue ejerciendo con miras a poder incidir en nombramientos cruciales que le permitan seguir delinquiendo con impunidad (secretarías de seguridad pública, fiscalías, centros penitenciarios, entre otros), así como en aquellos puestos que tienen el poder de decisión sobre la expansión de sus mercados y rentas (tesorerías y direcciones de obra pública).
También es preciso dar cuenta de que estos ataques tienen repercusiones profundas en la democracia. Tanto dificultan la organización de las elecciones, como trastocan derechos políticos fundamentales como es la participación ciudadana. Una de las características de la organización electoral en México es que son los propios votantes quienes reciben y cuentan los votos el día de la elección. Tenemos evidencia de que en los lugares de mayor violencia, hay más reticencia de los votantes para servir como funcionarios de casilla. En el reporte Democracia Vulnerada, un análisis conjunto entre Data Cívica y México Evalúa, donde analizamos las elecciones municipales 2018 y 2021 en México, encontramos también que los ataques contra autoridades y partidos reducen la asistencia de funcionarios de casilla el día de la elección, aún tras haber aceptado el nombramiento y haberse entrenado para ello, por lo que deben ser sustituidos. Así, para las elecciones locales de 2018 y 2021, nuestro análisis revela que por cada persona candidata o militante de partido atacada, aumenta casi 1% el porcentaje promedio de sustitución de funcionarios de casilla el día de las elecciones, en un municipio dado. Además, encontramos que por cada persona de la función pública atacada, el porcentaje promedio de participación municipal se reduce en 3%, al mismo tiempo que por cada persona candidata atacada, tal reducción es de 1.3%—un efecto más grande que el encontrado en estudios sobre procesos electorales anteriores.
La evaluación de este y otros efectos de la violencia político-criminal en la elección 2024 aún nos queda pendiente. [4] Por ahora, la evidencia preliminar nos sugiere que el patrón es consistente. Si comparamos los procesos electorales 2018 y 2024 (en ambos hubo elecciones presidenciales concurrentes con las locales), encontramos que en 11 de los 15 municipios con mayor número de víctimas de violencia político-criminal se observan disminuciones en la participación electoral. Los rangos de tales decrementos son diversos, desde 4 hasta 14 puntos porcentuales. Esto es patente incluso en casos de alta competencia electoral como Taxco y Chilpancingo, pero que son también los municipios con mayores ataques, en el estado de Guerrero. Si comparamos su participación en las elecciones municipales de 2018 y 2024, tras acumular más de una docena de ataques tan solo en la campaña de 2023-24, experimentaron reducciones de 10 puntos en su participación electoral. Además, el análisis de la participación en el conjunto de las elecciones municipales en 2024 muestra que, por cada ataque a autoridades o partidos, se observa una reducción promedio de dos puntos porcentuales en la participación ciudadana en las elecciones municipales. Hace falta, además, mayores estudios respecto del impacto de los ataques en los perfiles de las candidaturas, competencia y volatilidad electoral, entre otros indicadores.
Por ahora, sostenemos que, con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, se desdibuja el elemento ciudadano que ha abonado a la confianza en los resultados electorales durante el proceso de construcción de la democracia en México. Además, con el desvanecimiento de la participación ciudadana, el crimen organizado tiene aún más posibilidad de afianzar sus lazos con el aparato estatal y sus integrantes.
* * *
Los ataques han estado presentes en la vida política de México desde 2006. Sin embargo, las políticas públicas de los diversos gobiernos desarrolladas a lo largo de 20 años no han estado encausadas a atender las raíces de este fenómeno. A pesar de que una abrumadora mayoría de los ataques contra autoridades se dirigen hacia aquellas en el ámbito municipal, la apuesta política ha sido hacia el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la dependencia en ellas. Sin embargo, ni el Ejército ni ningún protocolo de seguridad para personas candidatas podrá cambiar esta realidad. La evidencia aquí descrita apunta a una penetración criminal, con raíces profundas, en el aparato del Estado mexicano y una institución fundamental para su democracia. La elección 2027 tendrá la misma suerte que la del 2024 si las autoridades mexicanas no hacen una verdadera reforma del aparato de seguridad y justicia y si no desmantelan las redes de protección política que por décadas han sustentado al crimen organizado en México.
[1] Se consideran: amenazas, atentados, ataques armados, secuestros, desapariciones y asesinatos. Para mayor información de la metodología para la clasificación de estos eventos, consultar: https://votar-entre-balas.datacivica.org/datos-votar-entre-balas
[2] Los datos de ataques contra actores políticos entre 2000 y 2012 han sido recolectados por Trejo y Ley (2020). Carecemos de datos sobre este tipo de eventos ocurridos bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.
[3] En el marco del proyecto Votar entre Balas, definimos la violencia político-criminal como el conjunto de ataques que grupos vinculados con el crimen organizado ejercen contra actores políticos, mediante los cuales buscan incidir de manera más amplia en el control de los procesos electorales, las instituciones políticas y los recursos públicos.
[4] Al corte del 29 de junio, 12 Órganos Públicos Locales no habían publicado los resultados de sus elecciones municipales.
Céline González es maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y doctoranda en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Actualmente es investigadora sénior del programa de Seguridad de México Evalúa.
Sandra Ley es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke y actualmente coordina el Programa de Seguridad de México Evalúa.
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