Este modelo parte del reconocimiento de la existencia de una desigualdad de poder estructural entre personas sordas/sordociegas y oyentes.
Las decisiones interpretativas se toman desde este prisma, conscientes de la posición de privilegio social que tienen las personas oyentes en contraposición con la opresión histórica del colectivo sordo/sordociego. Así, se legitima la intervención de la intérprete en momentos puntuales, en pos de una comprensión y participación efectiva de la persona sorda/sordociega.