Impacto ambiental y sanitario



La presencia de bases militares en Cerdeña siempre ha sido contestada por algunas facciones y movimientos de la sociedad civil. Sin embargo, si estas contestaciones -al menos en un principio- fueron fruto de meros argumentos antimilitaristas y pacifistas, a partir de 2001 el debate se ha ampliado hacia los posibles riesgos medioambientales y sanitarios provocados por las actividades de experimentación y formación realizadas dentro de los polígonos. En particular, con la aparición de una incidencia elevada y aparentemente inexplicable de tumores del sistema hemo-linfático en el territorio municipal de Quirra, se empezó a hablar del "síndrome de Quirra". Esta expresión, referida al fenómeno del "Síndrome del Golfo-Balcanes" (que tuvo gran relevancia internacional en aquellos años), supuso una clara denuncia popular y mediática, en la que los casos de cáncer se atribuían a los efectos tóxicos de las armas que contenían metales pesados o a la dispersión de nano-partículas durante los ejercicios.

En 2002 se comisionaron los primeros estudios ambientales y epidemiológicos de la población. Los primeros resultados coincidían con que la presencia de sustancias potencialmente tóxicas (principalmente uranio y torio) se debía a una serie de factores: las complejas y heterogéneas características geológicas de la zona; las actividades mineras llevadas a cabo en la zona desde 1800 que no estaban sujetas a una estricta normativa medioambiental (causa de la contaminación por arsénico); y la conclusión de que los niveles de estas sustancias estaban dentro de los límites impuestos por la ley. Por lo tanto, a partir de estos primeros resultados y de las reacciones negativas por parte de las autoridades militares, no fue posible demostrar ninguna relación de causa-efecto con las actividades realizadas en las bases.

Sin embargo, las denuncias de las asociaciones locales y de los comités científicos independientes no cesaron y, ante la fuerte presión mediática, la divergencia entre las investigaciones medioambientales y las denuncias de los representantes de los comités locales, se inició una investigación judicial en 2011 sobre el desastre medioambiental de Quirra y en 2016 sobre Capo Teulada. En el periodo centrado en la investigación, destacaron los resultados de los estudios de Annibale Biggeri y Massimo Cappai, que representaron la base de la oposición para varios movimientos y asociaciones opuestas a las operaciones de las bases militares en Cerdeña, entre ellas el colectivo A Foras.

Annibale Biggeri presentó los resultados de una encuesta epidemiológica realizada entre 2000 y 2013 en la población que vive cerca de Teulada: los datos recogidos se compararon con la media regional, y aunque se observaron niveles de mortalidad más bajos en la zona que la media de Cerdeña, se observó un exceso de mortalidad, el doble de lo esperado en la zona; también mostró un exceso de enfermedades urinarias típicas de las poblaciones expuestas a la contaminación ambiental. Mientras que Cappai presentó los resultados y evaluaciones del monitoreo ambiental realizado entre 2008 y 2011 cerca de Quirra. Se detectó la presencia de residuos tóxicos en todas las zonas de ejercicio: residuos de objetos radiactivos no sólo en el interior de la base, sino también dispersos en el suelo. Cabe decir que, sin embargo, no fue posible clasificar el suelo del polígono como "contaminado" porque, a raíz de un cambio en la legislación, las zonas militares se asimilaron a polígonos industriales y, en consecuencia, los umbrales de contaminación del suelo se elevaron hasta 100 veces.

En general, hoy todavía no es posible afirmar con certeza la existencia ni el alcance del impacto de las actividades militares en la contaminación ambiental y la aparición de enfermedades en las zonas que rodean los campos de tiro, por lo que las investigaciones siguen abiertas. Esta incertidumbre está representada por: una situación de fuerte discordancia entre la información científica y la de investigación (a menudo resultado de la reducción del acceso a la información y de la reducción de la autonomía de las actividades de investigación), acompañada por la vaguedad de los desmentidos de los militares, y finalmente por el papel conflictivo de la prensa local. En particular, si bien las actividades de los medios de comunicación locales fueron fundamentales para dar voz a las quejas y preocupaciones de la población, también contribuyeron a minimizar los posibles riesgos sanitarios del medio-ambiente con argumentos a favor de los mayores beneficios socioeconómicos que ofrecen las actividades de las bases militares.