Cornejo avanzó con la megaminería "a expensas de la legalidad" y la licencia social. Lo advirtió un informe sobre el plan extractivista
Alfredo Cornejo avanzó con su plan para imponer la megaminería metalífera inventando un marco de legalidad que dio por tierra con normativas preexistentes -empezando por la Ley 7722- y el maquillaje de consenso social. Todo con un aceitado mecanismo de pauta publicitaria.
Así lo advierte un lapidario informe de Xumek -organización promotora de Derechos Humanos- que días atrás presentó su reporte anual.
Entre los temas analizados, la organización desmenuzó el proceso de aprobación de 34 proyectos de extracción de cobre bajo la denominación "Malargüe Distrito Minero Occidental" (MDMO), que evidenció el dominio de la Legislatura por parte del cornejismo, que logró sin problemas que se aprobaran las leyes que necesitaban los empresarios mineros.
El capítulo 8, titulado "Nos quieren minera pero Mendoza es del agua" (se puede leer completo al final de la nota) recorre el camino que recorrió el gobernador de la tercera gestión radical para abrir el camino a la megaminería metalífera tras el frustrado intento de Rodolfo Suarez de derribar sin más la 7722.
Cornejo impuso primero el Código de Procedimiento Minero -que convirtió en letra muerta la Ley 7722- y siguió con la adhesión al RIGI que impulsó Javier Milei para tender la alfombra roja a las mineras. Luego instaló la discusión por el Código de Aguas, que postergó para el 2025 por la oposición de los sectores productivos, y por fin avanzó con el paquete de proyectos para dinamitar la cordillera en busca de cobre.
XUMEK apunta que el Código de Procedimiento Minero "sustituyó al Decreto 299 de 1945– para darle agilidad a la gestión minera en un contexto internacional que demanda la explotación de nuestros minerales para generar energías renovables y dejar los combustibles fósiles, un contradictorio de la llamada 'transición energética'".
"Al respecto, es preciso aclarar que no se abrió ningún tipo de participación o consulta ciudadana para su reformulación y que la mayoría de los movimientos sociales, ambientales y territoriales de la provincia, han rechazado este Código", remarca el informe.
