Transformaciones silenciosas en el Caribe Sur

En el Caribe Sur de Costa Rica, buena parte de los cambios en el territorio no siempre quedan registrados en informes oficiales o estudios técnicos. Muchas veces son las personas que recorren cotidianamente los caminos, las playas y los bosques quienes primero observan las transformaciones del paisaje. En este contexto, el trabajo de monitoreo ambiental que ha realizado Philippe Vangoidsenhoven durante más de dos décadas constituye una fuente valiosa de memoria territorial.

Desde inicios de los años dos mil, Philippe ha documentado de manera sistemática cambios en los ecosistemas del Caribe Sur, particularmente en la zona de Puerto Viejo, Playa Negra y áreas cercanas. A través de recorridos, fotografías, denuncias y registros personales, ha construido una especie de archivo ciudadano sobre intervenciones en bosques, humedales, ríos y zonas costeras. Este tipo de seguimiento, sostenido en el tiempo, permite identificar patrones y procesos que muchas veces pasan desapercibidos cuando se observan los hechos de manera aislada.

Los siguientes casos forman parte de ese monitoreo ambiental ciudadano y reflejan situaciones observadas recientemente en distintos puntos del territorio.

Caso 1. Tala y posible cambio de uso de suelo en loma detrás de Puerto Viejo centro

2013

2017

Caso 2. Intervención en bosque costero en zona pública de la ZMT – año en curso 2026

Este caso se ubica en un área que, según la información disponible, incluye zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), presencia de bosque costero, un arroyo y sectores con características de humedal. El sitio se localiza dentro del territorio indígena Keköldi y en el ámbito del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA).

De acuerdo con la normativa vigente en Costa Rica, la legislación sobre la Zona Marítimo Terrestre también rige dentro del territorio indígena Keköldi, así como la Ley Forestal, la cual establece que los bosques costeros son considerados Patrimonio Natural del Estado (PNE) y, por tanto, cuentan con un régimen especial de protección.

Desde hace varios años se ha observado que personas ingresan periódicamente al terreno para realizar chapeas en el bosque costero. Estas situaciones han sido denunciadas en distintas ocasiones. En un momento se pensó que las intervenciones habían cesado, ya que la vegetación mostraba signos de regeneración.

Sin embargo, el 30 de enero se observó nuevamente que parte del bosque había sido chapeado. Al ingresar al terreno se constató que aproximadamente los primeros 75 metros habían sido intervenidos, situación que fue denunciada ante las autoridades correspondientes.

Posteriormente, el 21 de febrero, varias personas enviaron fotografías y videos donde se observa que el chapeo aparentemente se extendió hasta la playa, incluyendo sectores que podrían corresponder a la zona pública.

El 6 de marzo, al visitar nuevamente el sitio, se constató que la intervención parecía haberse ampliado considerablemente, abarcando varias hectáreas. En el lugar se observaron árboles talados y, en varios de estos mismos ejemplares, se evidenció que posteriormente se les removió parte de la corteza del tronco utilizando hacha y machete, además de limpiar el suelo alrededor. Esta práctica podría tener como objetivo evitar que los árboles vuelvan a rebrotar. Según la observación realizada, este tipo de técnica no había sido registrada anteriormente en la zona.

Se tomaron fotografías del sitio y se notificó nuevamente a las autoridades competentes.

No se cuenta con información que permita identificar con certeza a las personas responsables de estas acciones. Según la percepción local, se presume que las intervenciones podrían estar relacionadas con una eventual preparación del terreno para futuros desarrollos constructivos.

Cabe señalar que aparentemente se trata de dos terrenos distintos. Uno de ellos —identificado por la presencia de un portón— ya habría sido denunciado anteriormente y existe un proceso judicial que, según la información disponible, aún se encontraría en curso.

Caso 3. Relleno de humedal en Playa Negra

Un vecino alertó sobre el posible relleno de un terreno con características de humedal en Playa Negra. Días después se realizó una visita al sitio, donde se observó que el terreno había sido rellenado con tierra y que previamente se había eliminado la vegetación existente, incluyendo árboles, yolillos y otras especies típicas de ecosistemas húmedos.

En un lote contiguo aún es posible observar condiciones similares a las que aparentemente tenía el terreno antes de la intervención, con vegetación abundante y presencia de especies asociadas a humedales.

Según la observación realizada, aproximadamente la mitad del terreno intervenido se ubicaría dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), lo que implicaría que se trataría de patrimonio natural del Estado. Asimismo, la normativa ambiental establece que los humedales cuentan con protección especial, independientemente de si se encuentran o no formalmente registrados.

Adicionalmente, se señala que aparentemente ya existe un permiso municipal de construcción asociado al terreno. Según comentarios recibidos en la zona, se presume que no se habría realizado una investigación ambiental exhaustiva previa al otorgamiento de dicho permiso, aunque esta situación requeriría ser verificada por las autoridades competentes.

Lo que estos casos revelan sobre las tensiones en el Caribe Sur

Cuando se observan en conjunto, estos casos no parecen hechos aislados. Más bien sugieren la presencia de tensiones territoriales más amplias relacionadas con el uso del suelo, la presión inmobiliaria y la gobernanza ambiental en el Caribe Sur.

En primer lugar, varias de las intervenciones documentadas apuntan a procesos que podrían estar asociados a la preparación de terrenos para futuros desarrollos constructivos, mediante la eliminación de cobertura vegetal, el chapeo sistemático del bosque, la tala acompañada de prácticas para impedir la regeneración natural de los árboles, o el relleno de terrenos con características de humedal. Estas prácticas sugieren una dinámica de transformación del paisaje que suele anteceder a proyectos inmobiliarios o turísticos. En este sentido, los casos reflejan la creciente presión que experimenta la región, impulsada en buena medida por el atractivo turístico del Caribe Sur y por el valor económico que adquiere el suelo cercano a la costa.

En segundo lugar, los casos muestran intervenciones en ecosistemas particularmente sensibles, como bosques costeros, humedales y áreas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Estos espacios no solo poseen un alto valor ecológico, sino que además cuentan con regímenes especiales de protección dentro de la legislación costarricense. Los bosques costeros, por ejemplo, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, mientras que los humedales —registrados o no— cuentan con protección jurídica debido a sus funciones ecológicas. La alteración de estos ecosistemas puede generar impactos acumulativos en la dinámica hídrica, la biodiversidad y la resiliencia ambiental de la franja costera.

Los casos también ponen de relieve posibles tensiones entre la normativa ambiental existente y su aplicación efectiva en el territorio. Costa Rica cuenta con un marco legal robusto en materia de protección ambiental; sin embargo, la recurrencia de intervenciones observadas en estos sitios, así como la existencia de permisos de construcción en áreas ambientalmente sensibles, plantea interrogantes sobre los procesos de fiscalización, seguimiento y verificación institucional.

En este contexto, el monitoreo ambiental ciudadano adquiere un papel fundamental. La documentación sistemática realizada por personas que habitan y recorren el territorio permite identificar transformaciones del paisaje que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. Este tipo de vigilancia social no solo aporta información relevante, sino que también contribuye a construir memoria ambiental del territorio, registrando procesos de cambio que muchas veces se desarrollan de manera gradual o silenciosa.

En síntesis, los casos presentados sugieren que el Caribe Sur se encuentra atravesado por una tensión creciente entre conservación ambiental, expansión inmobiliaria y capacidades de regulación pública. Comprender estas dinámicas y fortalecer los mecanismos de monitoreo, transparencia institucional y participación comunitaria resulta clave para pensar el futuro de los ecosistemas y de las comunidades que habitan esta región del país.