Persistir para proteger

Las acciones de vigilancia de Philippe Vangoidsenhoven que frenan el daño ambiental en el Caribe Sur 

El monitoreo territorial que ha sostenido Philippe en el Caribe Sur es un ejemplo claro de cómo la constancia y el compromiso pueden marcar la diferencia en la defensa de la naturaleza. En contextos donde las presiones sobre los ecosistemas son persistentes —y donde las respuestas institucionales suelen ser tardías, desbordadas, parciales o incluso omisas—, la vigilancia activa desde el territorio se vuelve una herramienta fundamental.

Estos casos no son hechos aislados, sino el resultado de una práctica sostenida de observación, denuncia y acompañamiento, que ha permitido frenar a tiempo intervenciones como chapeas, movimientos de tierra, rellenos de humedales, extracción de tierra, alteración de cauces de quebradas y ocupaciones en la Zona Marítimo Terrestre. Cada acción detenida evidencia que, incluso en escenarios adversos, es posible generar resultados concretos cuando existe un compromiso firme con la defensa del patrimonio natural.

Más allá de la reacción puntual, este trabajo muestra que el monitoreo ciudadano no solo previene daños ambientales, sino que también tensiona y activa a las instituciones, recordando su responsabilidad en la protección de los bienes comunes. La experiencia acumulada revela patrones preocupantes: la reincidencia, la progresión de intervenciones menores hacia transformaciones mayores, la utilización de figuras como la "poda" o la "limpieza" para encubrir afectaciones graves, y la dificultad para que las autoridades actúen sin una insistencia constante desde el territorio.

A continuación, se presentan algunos de los casos más significativos que evidencian cómo este trabajo de monitoreo se traduce en acciones concretas de protección. Lejos de ser excepcionales, estas situaciones reflejan patrones recurrentes de intervención sobre ecosistemas frágiles —muchas veces iniciados de forma silenciosa— y muestran cómo la respuesta oportuna puede marcar la diferencia entre la degradación y la conservación. Cada caso permite dimensionar no solo el tipo de amenaza, sino también el impacto que implica detenerla a tiempo, así como las lecciones aprendidas en un proceso de defensa que exige persistencia, documentación rigurosa y articulación con instancias clave como la Fiscalía Ambiental.

Caso 2: Chapea en margen de quebrada

Se detectó una chapea en el margen de una quebrada, una zona especialmente sensible por su función en la protección del recurso hídrico y la biodiversidad asociada. La eliminación de cobertura vegetal en estos espacios no solo incrementa la erosión del suelo, sino que también deteriora la calidad del agua y fragmenta hábitats clave para múltiples especies.

En este caso, la intervención no se limitó a una limpieza superficial: tras una primera chapea, se extrajo madera de un árbol caído dentro de la franja de protección, una práctica que, aunque suele justificarse como “aprovechamiento”, implica igualmente una alteración indebida en un ecosistema que debería permanecer intocado. Posteriormente, la zona fue intervenida nuevamente, evidenciando una dinámica de reincidencia.

La situación fue denunciada en varias ocasiones, lo que permitió detener las intervenciones antes de que el daño alcanzara el cauce de la quebrada. Sin embargo, este caso deja ver un patrón recurrente en la defensa ambiental: no basta con una sola denuncia. La protección efectiva del territorio exige seguimiento constante, presencia en el sitio y reiteración de las alertas cada vez que se detectan nuevas afectaciones.

La experiencia muestra que los procesos de denuncia suelen ser desgastantes y prolongados. En múltiples ocasiones, las autoridades actúan de forma parcial o tardía, lo que obliga a las personas defensoras a insistir, documentar y volver a denunciar. Este acompañamiento activo resulta clave para que las medidas se cumplan y no queden solo en disposiciones formales.

Más allá de la detención puntual de la chapea, el caso evidencia una tensión estructural: la distancia entre la normativa ambiental —que reconoce estas áreas como intocables— y las prácticas reales en el territorio. También subraya el papel fundamental de la vigilancia comunitaria y del compromiso individual en la defensa de los bienes comunes, especialmente en contextos donde la presión sobre los ecosistemas es constante.

Caso 3: Punta Uva, ZMT – Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo

Un vecino inició la construcción de un rancho en plena zona pública de la ZMT, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con la intención de desarrollar una actividad comercial.

La acción fue denunciada oportunamente, logrando que la estructura fuera demolida antes de su finalización. Este tipo de ocupaciones no solo representan una apropiación indebida del espacio público, sino que fragmentan hábitats y abren la puerta a procesos de mayor urbanización en áreas protegidas.

Caso 4: Cocles, ZMT – REGAMA (febrero 2021)

Se recibió información sobre la intención de instalar un contenedor en zona pública de la ZMT. Al llegar al sitio, ya se habían iniciado trabajos de limpieza y chapea, además de la colocación de estacas para delimitar el área de instalación.

La denuncia inmediata permitió detener el proceso antes de que se concretara la colocación del contenedor. Este tipo de acciones suele marcar el inicio de ocupaciones permanentes, con impactos directos sobre el paisaje, la biodiversidad y el acceso público a estos espacios.

Caso 5: Intervención en área de quebrada y humedal

Se identificó una intervención mediante chapea en un área que combina quebrada y humedal, ecosistemas clave para la regulación hídrica, la recarga de acuíferos y la conservación de biodiversidad. Estos espacios funcionan como filtros naturales, amortiguan inundaciones y sostienen una alta diversidad de vida, por lo que su alteración genera impactos que trascienden el sitio inmediato.

En este caso, la intervención no fue aislada ni reciente. Desde aproximadamente 2016, se reportaron acciones sistemáticas que incluyeron chapea intensiva, fumigación con agroquímicos para eliminar la vegetación y tala de árboles, especialmente de menor tamaño, lo que evidencia un proceso progresivo de transformación del terreno. Este tipo de prácticas, al combinar eliminación mecánica y química de la cobertura vegetal, afecta gravemente la capacidad del ecosistema para regenerarse.

El proceso también estuvo marcado por tensiones y conflictos. La persona responsable de las intervenciones reaccionó de forma agresiva ante los señalamientos, llegando incluso a amenazar a quien denunció los hechos. Esta dimensión refleja una constante en muchos conflictos socioambientales: la defensa del territorio no solo implica desgaste institucional, sino también exposición a situaciones de intimidación.

A lo largo de casi una década, se interpusieron múltiples denuncias ante distintas instancias —incluyendo autoridades ambientales, policía y servicios de emergencia—, acompañadas de visitas al sitio para verificar los daños. Sin embargo, la respuesta institucional fue irregular, con momentos de inacción o intervención insuficiente, lo que permitió la continuidad de las afectaciones durante años.

Un elemento clave en este caso fue el reconocimiento tardío de que el área corresponde a patrimonio natural del Estado, lo que implica un régimen de protección más estricto. La falta de información oportuna sobre esta condición retrasó acciones más contundentes que, de haberse activado desde el inicio, habrían evitado parte del deterioro acumulado.

Finalmente, tras un proceso prolongado de insistencia, documentación y reiteración de denuncias, se logró frenar la intervención, evitando una degradación aún mayor del sistema de quebrada y humedal. No obstante, el caso deja en evidencia que la defensa efectiva de estos ecosistemas depende en gran medida de la persistencia de las personas defensoras, quienes deben no solo activar los mecanismos institucionales, sino también sostenerlos en el tiempo frente a su lentitud o debilidad.

Más allá de este caso específico, la experiencia revela la urgencia de fortalecer el acceso a información ambiental, mejorar la capacidad de respuesta institucional y reconocer el papel central de la vigilancia comunitaria en la protección de los bienes comunes.

Caso 6: REGAMA – Detención de movimiento de tierra sobre humedal

Se logró detener un movimiento de tierra dentro de un humedal ubicado en el área de REGAMA, una intervención particularmente grave por implicar el relleno, la nivelación y una alteración potencialmente irreversible del ecosistema. Este tipo de acciones suele estar asociado a procesos de cambio de uso del suelo que buscan habilitar actividades productivas o constructivas en territorios ambientalmente protegidos.

Los humedales cumplen funciones esenciales: regulan los flujos de agua, reducen el riesgo de inundaciones, capturan carbono y sostienen una alta diversidad biológica. Su relleno no solo destruye estas funciones, sino que genera impactos acumulativos en la cuenca, afectando la disponibilidad y calidad del agua, así como la resiliencia del territorio frente a eventos climáticos extremos.

En este caso, la intervención fue detectada a tiempo, lo que permitió activar mecanismos de denuncia y presencia en el sitio para frenar el avance de la maquinaria. La acción oportuna evitó que el relleno avanzara a una fase más profunda, donde la recuperación del humedal habría sido mucho más compleja —o incluso inviable—.

Sin embargo, como en otros casos, la detención no responde únicamente a una acción puntual, sino a un proceso de vigilancia constante. Este tipo de intervenciones suele avanzar rápidamente y, de no ser detectadas en sus primeras etapas, tienden a consolidarse bajo lógicas de “hecho consumado”.

El caso en REGAMA evidencia, además, una problemática estructural: la presión sobre los humedales como territorios vistos erróneamente como “tierras disponibles”, ignorando su carácter de patrimonio natural y su rol en el equilibrio ecológico. También pone en relieve la importancia de actuar con rapidez, documentar las afectaciones y sostener la denuncia para asegurar que las medidas de protección se implementen efectivamente.

Más allá de la intervención detenida, este caso reafirma que la defensa de los humedales requiere no solo marcos legales, sino también vigilancia activa, articulación comunitaria y una comprensión más profunda de su valor como bienes comunes indispensables para la vida.

Caso 7: Relleno en humedal en Playa Negra, presuntamente ejecutado por la Municipalidad de Talamanca

Se detectó un relleno en un humedal en Playa Negra, presuntamente ejecutado por la Municipalidad de Talamanca. Al momento de llegar al sitio, ya se encontraban presentes vecinos y Fuerza Pública; sin embargo, pese a la preocupación comunitaria, las labores continuaban y existía la intención de seguir con el relleno.

La intervención generaba un impacto evidente sobre el ecosistema: alteración del suelo, pérdida de vegetación y afectación directa de la dinámica hídrica del humedal. Ante esta situación, fue necesaria la insistencia en el lugar para que la Fuerza Pública procediera a detener las obras de manera inmediata.

Uno de los elementos más críticos del caso fue la respuesta institucional inicial. Personal del MINAE, tras pasar por el sitio sin realizar una inspección detallada, indicó posteriormente que el área no estaba registrada como humedal, sugiriendo implícitamente que no aplicaban medidas de protección. Esta interpretación desconoce un principio fundamental: en Costa Rica, todos los humedales están protegidos por ley, independientemente de su registro formal, en el marco de compromisos internacionales como el Convenio Ramsar.

Frente a esta omisión, la intervención de la Fiscalía Ambiental resultó decisiva. A partir de la valoración en sitio y en contraste con la respuesta institucional previa, se ordenó la paralización total de las obras, reconociendo la gravedad del daño potencial y la necesidad de prevenir su consolidación. Actualmente, el caso se encuentra en investigación.

El conflicto también revela disputas sobre la delimitación del territorio. Parte de la intervención se ubica en zona pública, lo que añade otra capa de ilegalidad. En este contexto, persiste una confusión frecuente: la delimitación de estas áreas no depende de mojones o marcas físicas, sino de criterios técnicos como la línea de pleamar ordinaria, lo cual suele ser ignorado o manipulado en procesos de ocupación y transformación del espacio costero.

Este caso evidencia no solo las presiones sobre los humedales en zonas de alto interés turístico, sino también profundas debilidades institucionales: respuestas tardías, interpretaciones erróneas de la normativa y falta de acción preventiva. Al mismo tiempo, subraya el papel clave de la vigilancia comunitaria, la insistencia en el sitio y la articulación con instancias como la Fiscalía para lograr frenar intervenciones que, de otro modo, avanzarían rápidamente bajo lógicas de hecho consumado.

Caso 8: REGAMA – Detención de relleno de humedal

Se logró frenar un proceso de relleno en un humedal, acción que, de haberse concretado, habría implicado la pérdida total del ecosistema. El relleno elimina la capacidad natural del humedal para regular el agua, aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y destruye hábitats esenciales. La intervención temprana fue clave para su protección.

Caso 9: Bosque costero, ZMT – intervención con maquinaria (12 de noviembre de 2020)

Se observó una vagoneta con remolque y maquinaria tipo bobcat realizando trabajos de nivelación, apertura de camino y supuesta “poda” de árboles en un bosque costero dentro de la ZMT. En realidad, se trataba de una intervención más agresiva, que incluía el corte de troncos.

Tras alertar a la Fuerza Pública, estos contactaron al MINAE. Fue necesario insistir varias veces para que se reconociera que no se trataba de una poda, sino de una afectación directa al bosque. Finalmente, se logró detener la actividad. Este caso evidencia cómo este tipo de intervenciones, si no se frenan a tiempo, pueden derivar en la eliminación progresiva del bosque y su transformación para otros usos.

Caso 10: Raspado de loma en Margarita Road

Desde 2022 se empezó a denunciar la extracción sistemática de tierra en la zona de Margarita Road, una práctica que se mantuvo durante varios años hasta lograr su paralización aproximadamente un año atrás. Este caso evidencia una dinámica extendida en el territorio: la tierra se ha convertido en un recurso altamente demandado y rentable, alimentando un mercado local vinculado principalmente al relleno de terrenos, incluidos humedales, áreas boscosas y otros espacios ambientalmente sensibles.

La extracción de tierra no solo implica la remoción del suelo superficial, sino también la pérdida de sus funciones ecológicas: fertilidad, capacidad de infiltración, almacenamiento de carbono y soporte para la vegetación. Además, genera alteraciones en la topografía, incrementa la erosión y puede afectar los flujos naturales de agua, trasladando impactos a otras áreas de la cuenca.

En este caso, la actividad se sostuvo en el tiempo pese a las denuncias iniciales, lo que obligó a un proceso prolongado de seguimiento, documentación e insistencia ante distintas instancias. No fue sino hasta varios años después que se logró detener la extracción en este punto específico, evitando una degradación mayor del sitio.

Sin embargo, el problema no se limita a un solo lugar. La existencia de múltiples puntos de extracción en la zona revela un patrón más amplio de saqueo de tierra, impulsado por la demanda de materiales para procesos de transformación del territorio. Aunque se han logrado frenar algunos casos, la práctica persiste en distintos sitios, lo que plantea desafíos importantes para la vigilancia ambiental y la capacidad de respuesta institucional.

Este caso pone en evidencia cómo actividades aparentemente “invisibles”, como la extracción de tierra, sostienen procesos más amplios de deterioro ambiental, especialmente cuando ese material termina siendo utilizado para rellenar y transformar ecosistemas que cumplen funciones clave para la vida.

Caso 11: Apertura de zanja para encauzar quebrada y tala asociada

La apertura de zanjas para encauzar una quebrada, acompañada de tala en sus márgenes, constituye una de las intervenciones más disruptivas para estos ecosistemas. Las quebradas no son simples canales de agua: son sistemas vivos cuya forma, vegetación y dinámica permiten regular caudales, infiltrar agua al subsuelo y sostener hábitats clave. Al “enderezarlas” o forzarlas a un cauce artificial, se altera su funcionamiento natural.

El encauzamiento mediante zanjas tiende a acelerar el flujo del agua, reduciendo su capacidad de infiltración y aumentando el riesgo de erosión aguas abajo. Esto puede provocar socavación de taludes, pérdida de suelo fértil y mayor probabilidad de inundaciones en otros puntos de la cuenca. A su vez, la tala en las riberas elimina la cobertura vegetal que estabiliza el terreno, filtra sedimentos y regula la temperatura del agua, afectando directamente la calidad del hábitat para especies acuáticas y terrestres.

En conjunto, estas acciones generan una simplificación del ecosistema: se pierde diversidad biológica, se interrumpen corredores ecológicos y se debilita la resiliencia del sistema frente a eventos extremos como lluvias intensas o sequías. Además, este tipo de intervenciones suele ser la antesala de procesos más amplios de transformación del territorio, donde la modificación del cauce facilita cambios de uso del suelo en áreas que originalmente cumplían funciones de protección hídrica.

Más allá del impacto inmediato, la apertura de zanjas y la tala asociada reflejan una visión reduccionista del agua como obstáculo a gestionar, en lugar de un bien común a cuidar. Sus efectos no se limitan al punto intervenido, sino que se extienden a lo largo de toda la cuenca, afectando tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de ellos.

Caso 12: Playa Chiquita – REGAMA: transformación en zona marítimo-terrestre

En 2018 se inició un proceso de intervención en Playa Chiquita, dentro del área de REGAMA, que comenzó con la chapea y socola del terreno bajo la lógica de “limpieza”. Posteriormente, la intervención escaló hacia la tala de varios árboles, los cuales fueron amontonados para despejar espacio con fines constructivos. Estas acciones marcaron el inicio de una transformación más profunda del sitio.

El proceso continuó con la modificación directa del ecosistema: se enderezó y desvió el curso de un riachuelo, incluyendo la colocación de alcantarillas para canalizar el flujo de agua. Además, se realizó relleno con lastre y se habilitó un camino de acceso hacia la playa, consolidando así condiciones para un eventual desarrollo inmobiliario. En paralelo, se instaló rotulación de una empresa de bienes raíces anunciando la venta del terreno, pese a tratarse de un espacio ubicado en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT), que es patrimonio del Estado y no puede ser vendido, sino únicamente concesionado bajo condiciones específicas.

Estas acciones reflejan un patrón recurrente en territorios costeros: la transformación progresiva del ecosistema para generar condiciones de hecho que luego respalden procesos de apropiación o desarrollo, muchas veces al margen de la legalidad.

La situación fue detectada en octubre de 2018, y en noviembre del mismo año se formalizó la denuncia ante la Fiscalía de Bribri. A partir de este proceso, se logró la paralización de las obras, evitando una consolidación mayor del daño ambiental.

Actualmente, el área muestra signos de recuperación, lo que evidencia tanto la resiliencia de los ecosistemas como la importancia de la acción oportuna. No obstante, el caso deja en claro cómo la combinación de tala, alteración de cauces, rellenos y presión inmobiliaria puede transformar rápidamente territorios protegidos, y cómo su defensa depende, en gran medida, de la vigilancia activa y la denuncia sostenida. 

Balance: avances, desafíos estructurales y lecciones para el futuro

Los casos presentados evidencian que la vigilancia constante y el compromiso sostenido pueden generar resultados concretos en la defensa del Caribe Sur. La detención oportuna de chapeas, movimientos de tierra, rellenos de humedales, extracción de tierra, alteración de cauces y ocupaciones en la Zona Marítimo Terrestre ha permitido evitar daños mayores y, en varios casos, favorecer procesos de recuperación de ecosistemas clave. Estos avances muestran que el monitoreo territorial no solo contiene amenazas inmediatas, sino que también fortalece una cultura de cuidado y defensa activa de los bienes comunes, a la vez que activa a instituciones que, sin esa presión, suelen actuar de forma tardía o insuficiente.

Sin embargo, sostener estos procesos en el tiempo implica enfrentar múltiples dificultades estructurales y operativas, entre ellas:

• Desgaste personal y emocional, producto de la vigilancia permanente, la necesidad de responder de forma inmediata ante amenazas y la exposición a situaciones de intimidación o confrontación directa con quienes intervienen ilegalmente.

• Limitaciones de tiempo y recursos, ya que el monitoreo suele depender de esfuerzos individuales o comunitarios no remunerados, sin respaldo logístico ni institucional.

• Respuestas institucionales tardías, contradictorias o insuficientes, que obligan a insistir, escalar denuncias, mediar directamente con autoridades e incluso recurrir a instancias superiores como la Fiscalía Ambiental para que las órdenes se cumplan.

• Vacíos en el registro y reconocimiento oficial de ecosistemas, como ocurre con algunos humedales, lo que facilita interpretaciones erradas de la normativa y retrasa acciones de protección.

• Normalización de prácticas ilegales o irregulares, como chapeas, podas encubiertas, fumigaciones o apertura de zanjas, que se presentan como acciones menores para evadir controles, pero que constituyen el primer paso hacia transformaciones mayores.

• Presiones económicas y turísticas sobre el territorio, que incentivan el cambio de uso del suelo, la ocupación de zonas protegidas y la aparición de mercados paralelos (como el saqueo de tierra para rellenos).

• Riesgos y tensiones en el territorio, derivados de confrontar intereses privados, dinámicas locales de poder y, en ocasiones, incluso intervenciones impulsadas por entidades públicas sin el debido apego a la normativa ambiental.

• Falta de articulación interinstitucional, que fragmenta la respuesta, diluye responsabilidades y permite que el daño avance mientras las instituciones se derivan competencias entre sí.

• Necesidad de conocimiento técnico y legal especializado, para interpretar correctamente las intervenciones (diferenciando, por ejemplo, una poda de una tala, o un humedal registrado de uno no registrado pero igualmente protegido), sustentar las denuncias con precisión y evitar que las autoridades minimicen los hechos.

• Ciclos prolongados de reincidencia, que muestran que frenar una intervención no es suficiente: se requiere seguimiento constante en el tiempo para evitar que la misma práctica se reactive en el mismo sitio o en otros cercanos.

Lecciones para el futuro

La experiencia acumulada en estos casos permite extraer aprendizajes clave que trascienden el ámbito local:

1. La inmediatez de la respuesta es decisiva. Las intervenciones que se detectan y denuncian en sus primeras etapas (chapeas iniciales, primeras estacas, primeros movimientos de tierra) tienen una alta probabilidad de ser detenidas con daños reversibles o limitados. Una vez que el daño se consolida, la recuperación es mucho más compleja o inviable.

2. La vigilancia comunitaria es un eslabón insustituible de la gobernanza ambiental. Cuando las instituciones no alcanzan a cubrir el territorio o actúan con lentitud, la presencia activa de personas defensoras se convierte en el principal mecanismo de disuasión y alerta temprana.

3. La articulación con la Fiscalía Ambiental ha resultado estratégica. En múltiples casos, fue la intervención directa de esta instancia la que permitió superar la inacción o las interpretaciones restrictivas de otras autoridades, ordenando paralizaciones que de otro modo no se habrían concretado.

4. La información ambiental clara y oportuna es una herramienta de defensa. El desconocimiento sobre la condición de patrimonio natural del Estado o sobre la protección universal de los humedales retrasó acciones clave. Fortalecer el acceso ciudadano a esta información es una tarea pendiente.

5. La reincidencia y la progresividad del daño exigen sistemas de monitoreo continuo, no campañas puntuales. La defensa del territorio no se agota en una denuncia: requiere presencia sostenida en el tiempo, capacidad de documentación rigurosa y disposición para volver a alertar cada vez que se detecten nuevas afectaciones.

El reto pendiente

El reto, entonces, no es solo sostener la vigilancia —ya de por sí exigente—, sino avanzar hacia condiciones más favorables para quienes la ejercen. Esto implica:

• Mayor respaldo institucional, con protocolos claros de atención a denuncias ciudadanas y tiempos de respuesta acotados.

• Reconocimiento y protección formal del monitoreo comunitario, incluyendo medidas frente a la intimidación y el desgaste.

• Mecanismos de actuación preventiva, que no dependan exclusivamente de la denuncia ciudadana, sino que incluyan patrullajes ambientales regulares y sistemas de alerta temprana.

• Fortalecimiento de la articulación interinstitucional, especialmente entre municipalidades, MINAE, Fuerza Pública y Fiscalía, para evitar la fragmentación de respuestas.

• Campañas de información y formación en el territorio, para que las propias comunidades conozcan el estatus legal de los ecosistemas que habitan y las herramientas de defensa con que cuentan.

Los casos del Caribe Sur demuestran que la defensa de la naturaleza es posible, pero no es gratuita ni automática. Exige presencia, conocimiento, persistencia y, muchas veces, valentía. El desafío colectivo es que esa carga no recaiga únicamente en unos pocos, sino que se traduzca en políticas, recursos y voluntades institucionales que estén a la altura de la urgencia ecológica y social del territorio.