Entre 1979 y 1990, Nicaragua vivió importantes avances políticos impulsados por la Revolución Sandinista, que buscaba transformar profundamente el sistema político y social del país. Tras el derrocamiento de la dictadura, se estableció un gobierno revolucionario liderado por el FSLN, que implementó políticas de izquierda orientadas a la justicia social y la participación ciudadana. Se crearon nuevas instituciones como la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y la Asamblea Nacional, y se promovieron mecanismos de participación como los consejos populares. Se aprobó la Constitución de 1987, que sentó las bases para un nuevo orden político, reconociendo derechos fundamentales y estableciendo un marco legal más inclusivo. Además, se realizaron elecciones que marcaron intentos de democratización dentro de un contexto revolucionario. Aunque el periodo estuvo marcado por desafíos, los avances políticos de estos años representaron un esfuerzo por construir un estado más justo, participativo y orientado al bienestar colectivo.
El desmantelamiento de la oligarquía en Nicaragua durante la Revolución Sandinista (1979-1990) representó una transformación profunda del poder económico y político tradicional. Con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se puso fin al dominio de la familia Somoza y a las estructuras oligárquicas que concentraban la riqueza y el control del país. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó propiedades, bancos y grandes empresas vinculadas a la élite, e impulsó reformas agrarias que redistribuyeron tierras a campesinos sin acceso a recursos. Estas acciones desarticularon el sistema de privilegios heredado, permitiendo una mayor participación de los sectores populares en la vida económica y política del país. La Revolución buscó construir un modelo más equitativo, donde los recursos estuvieran al servicio de la mayoría y no de una minoría poderosa. Así, el desmantelamiento de la oligarquía fue clave en la construcción de una nueva estructura social basada en la justicia y la inclusión.
Se promovió activamente la justicia social a través de políticas orientadas a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Se llevaron a cabo reformas agrarias que permitieron el acceso a la tierra para miles de campesinos, se nacionalizaron propiedades y se desarrollaron programas integrales de alfabetización, salud, educación y vivienda gratuita. Estas acciones buscaron garantizar derechos fundamentales y construir una sociedad más equitativa. Además, se impulsó la participación ciudadana, el empoderamiento de las mujeres y la organización comunitaria como medios para fortalecer la justicia social. Aunque hubo medidas controversiales como la ampliación del estado de emergencia en 1985, que limitó ciertos derechos civiles, el periodo se caracterizó por un compromiso profundo con transformar las estructuras sociales en favor de la equidad y el bienestar colectivo.
Organizarse en sindicatos era un acto de alto riesgo para los trabajadores nicaragüenses, ya que podían enfrentar despidos, persecución, cárcel, expulsión del país, tortura e incluso la muerte. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, se promovió activamente la libertad sindical y la participación obrera. Como resultado, el movimiento sindical experimentó un crecimiento sin precedentes: el número de sindicatos aumentó de 129 a 5,736 en pocos años, y estos se agruparon en seis centrales sindicales que representaban diversas corrientes ideológicas, lo que reflejaba un ambiente más pluralista y democrático en el ámbito laboral.
La situación de la mujer en Nicaragua cambió significativamente. Bajo la dictadura somocista, las mujeres eran marginadas, maltratadas y excluidas de la participación social y política. Con la Revolución, comenzaron a ocupar un papel protagónico en la transformación del país, destacándose especialmente en la Cruzada Nacional de Alfabetización, donde fueron mayoría entre los Maestros Populares. Además, se promovieron activamente sus derechos y se impulsaron políticas orientadas a garantizar la igualdad legal y de oportunidades entre hombres y mujeres, reconociendo su rol fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La Revolución Sandinista contó con un amplio respaldo internacional, especialmente del Bloque Socialista, así como de países como México, Canadá, España, Italia, los Países Escandinavos, Austria, Holanda y muchos otros que valoraban su carácter moral, humanitario y su compromiso con el bienestar del pueblo. Incluso desde naciones cuyos gobiernos eran opositores, como Estados Unidos, Reino Unido o la República Federal Alemana, surgieron muestras de solidaridad popular. Esta solidaridad internacional, entendida como "la ternura de los pueblos", fue fundamental para hacer realidad muchos sueños, ilusiones y proyectos orientados al beneficio de toda la población nicaragüense.
Antes del 19 de julio de 1979, Nicaragua vivía bajo el terror impuesto por la temida Guardia Nacional, una fuerza que, lejos de proteger a la población, se convirtió en el principal instrumento represivo del régimen somocista. Esta institución fue responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos: torturó y asesinó a campesinos, desapareció a jóvenes, cometió actos de violencia sexual contra mujeres y sembró el miedo en todo el país. Con el triunfo de la Revolución Sandinista, la Guardia Nacional fue disuelta por completo, y en su lugar se crearon nuevas instituciones al servicio del pueblo. Surgió la Policía Sandinista, concebida como defensora de la alegría y seguridad de la población, y el Ejército Popular Sandinista, encargado de proteger la soberanía nacional con un enfoque patriótico y popular.
Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, se abrió en Nicaragua un escenario político completamente nuevo, caracterizado por la libertad de organización y participación. Todos los partidos políticos, tanto los que habían operado en la clandestinidad durante la dictadura de Somoza como los que surgieron después del triunfo revolucionario, pudieron actuar de manera legal y abierta. Por primera vez en la historia reciente del país, los nicaragüenses tuvieron la posibilidad real de integrarse al partido o movimiento que consideran más cercano a sus ideas, creencias e intereses. Esta apertura marcó un cambio profundo en la vida política nacional, pues significó el acceso de la ciudadanía a un ejercicio democrático antes negado, permitiéndoles participar activamente en la construcción del nuevo rumbo del país.