A lo largo de la historia han sido muchas las amenazas que ha tenido que enfrentar el ser humano, teniendo que sobrevivir, entre otras, a todo tipo de desastres naturales y enfermedades. No obstante, de todas las amenazas, pocas han sido tan constantes y tan arraigadas en el imaginario de los seres humanos como los enfrentamientos armados. La constante lucha entre tribus, imperios o dinastías rivales por territorio, comida, riquezas y agua, ha llevado al desencadenamiento de numerosos conflictos a lo largo de la humanidad; representando por tanto un obstáculo en la consecución de una vida pacífica de los pueblos. Al tener en cuenta lo anterior, el ser humano y en ultimas, el Estado, ha velado por el mantenimiento y protección de sus intereses. A causa de su necesidad de proteger lo propio y de las constantes amenazas de carácter bélico, la piedra angular y punto de partida para la construcción del concepto de seguridad partió desde la misma noción del poderío militar como sinónimo de seguridad.

Así pues, ha sido el aspecto militar el cual ha influido en la definición y posterior conceptualización de seguridad; puesto que el concepto se ha ligado en repetidas ocasiones con la noción de bienestar y estabilidad del ser humano y de los Estados. Lo anterior, no debe ser tomado como un hecho fortuito, puesto que la noción se ha construido por siglos mediante el ejemplo de grandes imperios como el de la dinastía Qing en China, hasta el imperio Romano en Europa y Asia o el Imperio Británico. Todos los anteriores imperios siendo grandes exponentes de gran destreza militar, tanto ofensiva como defensivamente; lo que les permitió proteger y expandir sus vastos territorios y brindar estabilidad a su población y sus intereses (Arzabal, 2017).

Siguiendo la misma línea, el poderío militar fue símbolo de seguridad para aquellos Estados en momentos de gran incertidumbre. Ejemplo de ello es cuando durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos demostraron las ventajas que tenía el contar con armamento y una superioridad militar106. Para complementar lo previamente expuesto, Misra (2017) afirma que:

Hasta hace algunas décadas, el concepto de seguridad se orientaba a límites estrechos; era casi un hábito de la mente pensar en los problemas de seguridad de una nación exclusivamente en términos de hardware militar. Este tipo de pensamiento solo promovía las guerras y los conflictos armados y ponía en peligro la seguridad de grandes partes del mundo. Se libraron dos guerras mundiales en el lapso de una sola generación, y numerosos conflictos locales estallaron de vez en cuando. También se hizo evidente que durante una guerra los recursos industriales y la fuerza económica de las naciones fueron los factores decisivos en su capacidad para defenderse. (p.86)

Pese a la importancia arraigada que se le daba a lo militar como símbolo de seguridad, el autor reconoce la importancia de otros factores que se fueron constituyendo como vitales para la seguridad de un Estado107. Lo que en consecuencia, pavimentó el camino para que el concepto de seguridad se fuese expandiendo a aspectos que no eran estrictamente militares108, sino que ahora el concepto iba más allá de la figura de la guerra (Misra, 2017). Con relación a lo anterior, otros autores sostienen que existen otro tipo de amenazas que podían colocar en jaque la supervivencia tanto de los individuos como del Estado mismo. Ejemplo de ello, sería la pobreza, las enfermedades, peligros ambientales, abusos de drogas, y otros similares (Walt, 2017).

Por lo tanto se evidencia una situación en específico que causó gran cuestionamiento sobre el concepto de seguridad y lo que el mismo implicaba, el conflicto Árabe-Israelí en 1973. El impacto del conflicto, además de ser de grandes proporciones militares, también lo fue en el ámbito económico. La crisis económica se dio en un momento y contexto en que se estaba dando un escenario de Guerra Fría, en donde la seguridad nacional tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, dependía, al menos en primera instancia, de la capacidad de despliegue militar de cada uno de los Estados en cuestión.

Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron trabajando poco a poco en el desarrollo del concepto de paz y seguridad para las naciones.

La evolución del concepto de seguridad ha permitido consecuentemente reconocer nuevas amenazas y nuevos individuos a quienes proteger. Sin embargo, ante nacientes retos y exigencias también surgen nuevas posibilidades de brindar soluciones, entre ellas la seguridad ciudadana. Esta surge ante situaciones como las que se evidencian en América Latina y el Caribe en donde a diario se viven los peligros y vejámenes producto de la violencia y la inseguridad. No por nada la región presenta en la actualidad altos índices de homicidios, (convirtiéndose en una de las regiones más peligrosas del planeta112), sumado a una percepción alta de inseguridad entre sus habitantes. La región no solamente presenta problemáticas que la sitúan entre las ciudades donde más gente es asesinada, sino donde distintos enfoques han sido adoptados para combatir los altos índices de criminalidad y violencia presentes (Muggah, 2017).

En el caso Colombia, el instrumento creado por las autoridades que articula medidas preventivas, de persuasión y que adicionalmente intenta articular todas las políticas en materia de Seguridad Ciudadana, es el Código de Policía. Como se evidencia, el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia indica claramente el rol de la Policía Nacional, al ser una institución que mantenga y salvaguarde un entorno apropiado para el desarrollo del individuo. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

No obstante, los hechos violentos de las últimas décadas del siglo XX permitirían, no solo hacer diversos cuestionamientos referentes al cumplimiento de la misionalidad de la Policía Nacional, sino de las demás instituciones del Estado colombiano, a partir de los altos niveles de violencia perpetrados por estructuras dedicadas al narcotráfico y grupos armados ilegales (FARC, ELN, AUC). 

Recordándose aquellos actos violentos como el uso de carros bombas, secuestros masivos, masacres, afectación a la infraestructura eléctrica, etc. Un factor que acrecentaría aún más la violencia a nivel nacional fue aquella mezcla criminal volátil que se configuró entre el narcotráfico y los distintos grupos armados ilegales, en razón a que producían, elaboraban y distribuían121 grandes cargamentos de droga, convirtiéndose de este modo el narcotráfico en la principal fuente de financiamiento para los grupos ilegales que proliferaban en el país. De esta manera, las organizaciones criminales lograron durante los años ochenta y principios de los noventa dar cumplimiento a los principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, ampliar presencia territorial y aumentar su influencia (Echandía, 2001) criminal, principalmente en regiones donde la presencia institucional del Estado era exigua.

La implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, se reorientaría el accionar por parte de la institucionalidad colombiana, generándose una corresponsabilidad por parte de la Fuerza Pública, todos los ministerios y demás entidades del gobierno (Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003) la misma buscaba canalizar los esfuerzos del gobierno hacia un propósito común. Por tal motivo, uno de los principales lineamientos de la política era retomar aquellas zonas o regiones del país donde imperaba la ley criminal, la cual se enfocaba en acrecentar los ingresos a la organización ilícita que ejerciera ‘soberanía territorial’ a través una depredación en gran escala de las actividades económicas productivas (Collier, 2001).

En resumen la evolución del concepto de seguridad sin duda alguna ha tenido diferentes matices que han considerado y que se han ido adaptando a las necesidades de hoy en día. Ello implica el considerar que ya no son exclusivamente los Estados quienes necesitan de la protección constante, sino que también son las personas las que son susceptibles de amenazas que a diario colocan en peligro su vida. Por ello, opciones presentadas como la seguridad ciudadana son importantes de analizar porque permiten brindar soluciones a situaciones y lugares en donde el Estado no hace presencia o simplemente no es efectivo. 

Pese a lo anterior, es importante recordar que aun cuando la seguridad ciudadana surge como una opción frente a la ausencia de Estado, esta no lo sustituye en ningún momento. Por el contrario, es una medida que busca ser complementaria y que por tanto buscar asistir al Estado en afrontar situaciones que en ocasiones no son objeto de control. Es por eso que el enfoque preventivo de la seguridad ciudadana, junto con el conjunto de sistemas estatales tanto de justicia, como policial y penitenciario, deben de trabajar conjuntamente para que su enfoque preventivo y correctivo sea efectivo. 

En el caso colombiano la evolución del concepto de Seguridad Ciudadana ha estado marcado por otras manifestaciones de violencia, alimentada por fenómenos como el narcotráfico, secuestro, minería ilegal y otros, que han impactado directamente en la cultura de los ciudadanos; es así, como han aumentado considerablemente hechos que impactan directamente en la Seguridad Ciudadana. El instrumento de las autoridades colombianas, ha sido por excelencia el Código Nacional de Policía; como quedó evidenciado a lo largo del documento, el Código tiene grandes limitaciones en su aplicación, entre otras razones, porque culturalmente tiene severas limitaciones. 

En el escenario que actualmente atraviesa Colombia es necesaria la implementación de una serie de políticas de Seguridad Ciudadana que por medio del Código Nacional de Policía, promuevan la seguridad en las ciudades y en el campo, reconociendo las diferencias idiosincráticas del país, quizá una posible solución para dar cierto grado de legitimidad ante los ciudadanos, sería necesario implementación de políticas no nacionales, sino regionales, que no busquen la homogeneidad de la población, sino por el contrario, reconozcan la heterogeneidad del pueblo colombiano.