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1. La Normativa Internacional
Las medidas internacionales para la protección a la infancia fueron prácticamente inexistentes hasta el siglo XX, siendo en la segunda mitad cuando alcanzan su principal periodo de desarrollo normativo a nivel internacional que será progresivamente ratificado e incorporado al marco legal de los diferentes Estados.
La Declaración de los Derechos del Niño que proclamó Naciones Unidas en su Resolución 1386 el 20 de noviembre de 1959, en su principio 6 establece que, “siempre que sea posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material”. Esta Declaración no tenía carácter vinculante.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 Se abrirá en una ventana nueva. y sus Protocolos facultativos, se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España, que la ratificó el 30 de noviembre de ese año. Hoy, la Convención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo excepto Estados Unidos.
La CDN es un instrumento internacional obligatorio por el que los estados que la ratifican se comprometen formalmente a respetar los derechos y deberes enunciados, formando parte del ordenamiento jurídico de los países.
En su artículo 21 establece que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. El acogimiento es la medida de protección que da respuesta a este derecho.
Otros instrumentos internacionales:
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad , de 13 de diciembre de 2006. La Resolución (77) 33 de 3 de noviembre de 1977 del Consejo de Europa sobre Acogimiento de Menores.
Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993 (impulsados por la Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado).
Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, de 28 de mayo de 2010 (impulsados por la Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado).
2. La Normativa Estatal
En España será a finales de los 80 cuando comience a formarse un marco legal para el acogimiento, aunque no será hasta los 90 cuando existan leyes de carácter estatal verdaderamente relevantes al respecto.
En 1996 se aprueba la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es un texto fundamental en materia de protección a los menores de edad que consagra el interés superior del menor como principio fundamental. Ya no se considera que el menor sea un sujeto pasivo sino que se tiende al pleno reconocimiento de la titularidad de sus derechos y de una capacidad progresiva para ejercerlos. Con esta filosofía de actuación se pretende que los menores puedan construir progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de futuro. El acogimiento familiar se encuentra recogido en los artículos 20 y 20 bis de este texto normativo.
En el año 2015 se aprueba la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que modifica en su artículo segundo el Código Civil recogiendo en el artículo 172 ter la prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial.
El acogimiento viene regulado en el Título VII del Código Civil, denominado "De las relaciones paterno-filiales", Capítulo V, "De la adopción y otras formas de protección de menores", Sección 1ª, "De la guarda y acogimiento de menores", y más concretamente de los artículos 172 al 174 CC. Reformados por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
El artículo 173 del Código Civil establece que, “El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deberá continuar con los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades”.
3. La Normativa autonómica
En cuanto a la regulación autonómica del acogimiento, las Comunidades Autónomas han aprobado y desarrollado numerosas leyes de acuerdo con sus competencias en esta materia y siempre teniendo como referente a la legislación nacional e internacional.
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