Sistema Tributario Venezolano

BREVE HISTORIA DE LOS TRIBUTOS EN VENEZUELA

Para entender cualquier hecho que ocurra en Venezuela hay que comprender el papel preponderante que tiene el petróleo en su historia, ya que todo gira alrededor del preciado recurso, considerado por algunos como el "oro negro" y por otros como "el excremento del diablo".

La evolución y desarrollo del sistema tributario venezolano, no escapa de ésta influencia, y es por ello que con la finalidad de adentrarnos un poco en esta materia, haremos un paseo por cinco etapas de la historia de Venezuela, para así comprender el contexto legal-tributario que vivimos.

Primer Periodo

Comienza desde la época de la Colonia en 1492 hasta 1830.

La característica del sistema era la existencia de tributos fijados por la metrópolis española.

Las instituciones que regían para entonces en materia impositiva eran la Real Hacienda en los siglos XVII – XVIII, la Compañía Guipuzcoana en el siglo XVIII, y la Intendencia de Ejercito, que viene a poner orden en la administración de la provincia de Caracas, instaurada en el siglo XVIII.

Entre las medidas fiscales que impusieron durante éste período se encuentran:

• El tributo real: Fue el más importante ya que era la suma que los indios y negros libertos debían pagar a la corona.

• Alcabala: muy productivo. Era el impuesto que pagaba todo comerciante y todo negociante de bienes raíces, se pagaba también al transporte mercancías de una ciudad a otra. Se recaudaba por conceptos de ventas de tierras 5% y reventas de bienes mueble o inmuebles (1,4% que era cobrado a la entrada y salida de los puertos).

• Almojarifazgo: Fue uno de los más productivos. Los pagaban en los puertos los comerciantes que importaban y exportaban mercancías y se recaudaban entre el 2% y el 15%.

• El Impuesto de Armada o de Avería: Era lo que se pagaba por la introducción de mercancía de ultramar. Estaba destinado al mantenimiento de los puertos y las fortificaciones (1% para el comercio de España y 3% para el comercio con colonias extranjeras).

• Composiciones: Se recaudaba por concepto de obtención de títulos de propiedad de la tierra.

• Novenos Reales: Producción agropecuaria se recolectaba dos novenas partes del Diezmo.

• Papel sellado: Lo que se pagaba para poder utilizar en las actividades judiciales papel con sellos reales y su tasa variaba de acuerdo con la importancia del documento.

• Derecho a la Pulpería: Lo que pagaban los dueños de estos establecimientos para la autorización comercial (30, 40 pesos).

• Estanco y Tafia: Se recaudaban impuestos por comercialización de tabaco, naipes, aguardiente, galleras, ventas de guarapos.[1]

Segundo Período

Comienza en 1980 con la disolución de la Gran Colombia y el inicio de Venezuela como república independiente con la presidencia de José Antonio Páez. Para esta época aún no se habían superado los efectos de la Guerra de Independencia sobre la agricultura del país: devastación de numerosas haciendas y plantaciones, sobre todo en la región centro-norte, que era la de mayor importancia agrícola; disminución de los rebaños de ganado vacuno y caballar, debido al alto consumo que hicieron las tropas patriotas y realistas, entre otros factores.

Hubo una tendencia acelerada a pasar del cultivo de cacao al cultivo de café, debido a la escasa mano de obra, las regiones cacaoteras habían sido desbastadas por la guerra, era más costoso obtener los frutos del cacao y el mercado exterior del café estaba en expansión.

Con ella se eliminan la mayoría de los tributos coloniales y se crean otros nuevos, con la intención de estimular la economía de los primeros años, en especial aquellos relacionados con la exportación del café, cacao y añil.

Los ingresos del Estado, provenientes en su mayoría de los impuestos de aduana, bajaron con la caída de las exportaciones.

Como los ingresos fiscales no satisfacían las necesidades del Tesoro, el Estado tenía que pagarle a la burocracia civil y militar con papel moneda o con vales, y se encontraba imposibilitado de cancelar las deudas contraídas en el exterior, calculadas en 37 millones de pesos.

Durante todo el siglo XIX se presentaron crisis económicas, las cuales trataron de paliarse con préstamos internos y externos, con el incremento de los impuestos, la recaudación de aduanas y exportación de productos agropecuarios, que se mantuvo medianamente.

Dentro de ésta etapa se crearon los siguientes impuestos:

• Los impuestos aduaneros

• Impuestos sobre licores

• Registro público

• Sucesiones y Herencias

• Ingresos por estampillas

• Patentes de comercio

• Contribuciones especiales

A finales de éste periodo, en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, se promulgó el Código de Hacienda.

Tercer Período

Se extiende desde 1917 a 1943.

A pesar del conocimiento de la existencia de petróleo en Venezuela desde hacía siglos, este recurso cobró real trascendencia con la llegada del siglo XX . Los primeros pozos de real importancia no se perforaron sino hasta la década de 1910. El entonces presidente Cipriano Castro aprobó un nuevo Código de Minas para la Nación el 23 de enero de 1904, estableciendo así un principio que marcaría dramáticamente el curso de la industria petrolera hasta su nacionalización en 1976.

A finales del siglo XIX, en 1878 el venezolano Manuel Antonio Pulido constituyó la empresa Petrolia del Táchira y recibió del Estado los derechos exclusivos para explotar 100 hectáreas ubicadas cerca de San Cristóbal. Posteriormente, en 1905 Cipriano Castro Promulgó la Ley de Minas, que se refería a las minas de asfalto, nafta, petróleo, betún, ozoquerita o cera minera. Esta ley establecía un impuesto anual de 2 bolívares por hectárea a las empresas explotadoras, más 4 bolívares de regalía por tonelada exportada.

Pero no fue sino hasta 1917, durante el régimen del General Juan Vicente Gómez, que se extrajeran 10 mil toneladas de petróleo del pozo La Rosa (Cabimas), convirtiéndose en la primera explotación de importancia con fines comerciales. En 1918 se promulgó la última Ley de Minas aplicable a la industria del petróleo. Gumersindo Torres fue el encargado de elaborar la Ley de Hidrocarburos durante 1917, promulgada en 1920 y que sustituiría la Ley de Minas, reduciendo el tiempo de concesión a las empresas extranjeras.

Desde el año 1917, se produjeron desajustes en la aplicación de los tributos, por la presencia del petróleo, convirtiéndose en la primera fuente de recursos fiscales para el Estado y la industria más importante del país, a pesar de que hasta 1943 aportó recursos insuficientes, debido a que sólo estaba gravada por la Ley de Minas y su aporte era tan sólo del 4,5% sobre la producción petrolera, es decir, no existía ninguna Ley que pechara la industria petrolera.

Por el contrario, los contratos petroleros que se firmaban con las compañías petroleras las exceptuaban del pago de impuestos creados o que se fuesen a crear por el lapso de 99 años.

A partir de 1926 la explotación petrolera constituía el reglón más importante de la economía venezolana y el petróleo ocupaba el primer lugar entre los productos exportados. Desde éste momento el petróleo se transforma en el principal producto de exportación y fuente fundamental de ingresos del país.

En el año 1936, el Ministro de Hacienda Dr. Alberto Adriani, introdujo ante el congreso tres proyectos de Leyes de Impuesto sobre la Renta, debido a que existía la necesidad de crear un tributo directo mediante el cual se obtendrían recursos para satisfacer las necesidades de salubridad, educación, vías de comunicación, entre otros, pero a pesar de todos los esfuerzos por transformar el sistema fiscal, no fueron aprobados.

En 1942, estando en el gobierno Eliazar López Contreras, se presentó ante el congreso un proyecto de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual se caracterizaba por ser un resumen de los tres proyectos anteriores, siendo sancionado ese año y entrando en vigencia el 1º de enero de 1943, gravando la industria petrolera y demás actividades rentísticas del país.

Esta Ley fue creada mediante el sistema mixto que se caracterizaba por presentar una tarifa proporcional, seguido de otro de carácter global, de tarifa progresiva, que tenía carácter complementario, y estuvo vigente hasta el 16 de diciembre de 1966.[2]

En 1943 Medina Angarita promulgó una nueva Ley de Hidrocarburos, la cual ofrecía al país obtener mayor beneficio económico de la actividad petrolera, por medio de un incremento fiscal a las empresas explotadoras, a cambio de 40 años más de concesiones. Las empresas concesionarias debían pagar no sólo los impuestos de exploración y explotación, sino el tributo contemplado en la Ley de Impuesto sobre la Renta. Rómulo Gallegos aplicó una medida similar al reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta en 1948, que introdujo el beneficio del fifty fifty a la industria petrolera.

Cuarto período

Durante el periodo presidencial de Rómulo Betancourt entre 1959 y 1964 el gobierno se enfrentó a una crisis derivada de la baja de los pecios del petróleo y de la casi paralización de la economía, reduciendo los sueldos de los empleados públicos en un 10%, despidiendo a trabajadores de institutos y empresas del estado y devaluando la moneda, de bolívares 3,50 a 4,50 por dólar.

En 1964 Rómulo Betancourt le entregó la Presidencia a Raúl Leoni, la situación financiera y económica no era muy estable, por lo que el presidente recurrió a la alianza con el Frente Nacional Democrático (FND) presidida por Arturo Uslar Pietri y Unión Republicana Democrática (URD) de Jóvito Villalba. Para dar una amplia sustentación política se constituyó el gobierno denominado Ancha Base.

Después de un año, Leoni tuvo que recurrir a leyes impositivas en la búsqueda de recursos, surgiendo así la famosa Reforma Tributaria, donde el pueblo era sólo espectador y el sector económico opositor. El Ministro de Hacienda Eddy Morales Crespo y el Ministro de Fomento Luis Fernández Solis, encargados de la política fiscal, en junio de 1965 negaron a la opinión pública la existencia de nuevos impuestos. No obstante se celebraron reuniones con los sectores de la banca, la industria, el comercio y la CTV, donde se discutió los pasos a seguir en materia impositiva para lograr un programa que permitiera superar el déficit que alcanzaba a 300 millones de bolívares en el proyecto de presupuesto de 1966. El 1º de enero de 1967 entró en vigencia la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, bajo el sistema global.

Tres años después, Leoni le sede el gobierno a Rafael Caldera, quien le entregó un país más o menos estable en el aspecto económico, no obstante el déficit presupuestario persistía.

Días después la Cámara de Comercio advertía contra una nueva reforma tributaria : "Cuando apenas tiene la anterior dos años se vuelve a plantear una nueva reforma tributaria, pero nada se dice del otro lado de la cuestión, que es el gasto público".

En vista de la situación financiera el gobierno de Caldera recurrió a la política de los empréstitos, por lo que el Ministro de Hacienda, Pedro Tinoco Rodil, solicitó ante el Parlamento una nueva Ley de Crédito Público que permitió préstamos por el orden de 2.025 millones de bolívares, que en parte iban a estar destinados a solventar compromisos adquiridos por las gobernaciones y la municipalidad de Caracas.

El 26 de Agosto del mismo año 1969, Tinoco firmó un crédito con el Chase Manhattan Bank por 85 millones de dólares equivalentes a unos 400 millones de bolívares para la época.

Caldera le entregó la presidencia a Carlos Andrés Pérez con el complemento de miles de millones de dólares que el país recibió en enero de 1974, producto de los incrementos que recibieron los precios del petróleo por la guerra de Yonki Pur, de árabes e israelíes, en septiembre de 1973. Jamás ningún gobierno venezolano había dispuesto de tantos ingresos.

En 1976, el Ministro de Hacienda Héctor Hurtado estaba anunciando una reforma tributaria, la cual encontró muchos opositores, a lo que el ministro reaccionó diciendo "todo se debe a que muy poca gente había leído los proyectos de reforma fiscal, y en lo más mínimo, las personas naturales y únicamente de este nivel ( Bs. 200.000 ) en adelante es que se elevarán las tarifas". Sin embargo fueron las personas naturales las que terminaron asumiendo los aumentos de las tarifas sin estar aprobada la ley, debido a que los aumentos de precios de los productos de primera necesidad.

El 17 de Mayo de 1978 se modifica la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1967, que entra en vigencia a partir del 1º de julio de 1978.

Estando Luis Herrera Campins en el gobierno, el Ministro de Hacienda Luis Ugueto Arismendi anunció la aplicación de una nueva reforma tributaria con el objeto de conjugar el déficit presupuestario de 8.000 millones de bolívares que se presentaría en 1980, año en el que se tenía previsto ingresos por 51 millones y 58 millones de bolívares. No obstante, el otro propósito era de frenar el excesivo gasto de los venezolanos.

El Ministerio de Hacienda publicó una lista de artículos que serían gravados con un impuesto que oscilaría entre un 10 y un 15 por ciento.

La Ley de Impuesto sobre la Renta de 1978 sufre modificaciones y entra en vigencia la nueva Ley el 1º de enero de 1982.

Jaime Lusinchi, recibe el gobierno con liberación de precios, un dólar disparado y una deuda externa aumentada en unos 35 mil millones de dólares, la mayoría de estos hechos ocurrieron aquel día denominado Viernes Negro, cuando el presidente del Banco Central de Venezuela era Leopoldo Díaz Bruzual.

En este período surge Recadi, que se convirtió en un desaguadero que drenó más de 40 mil millones de dólares, popularizándose la palabra crisis. Para solventarle surge nuevamente la panacea de la reforma fiscal, encontrando en esta oportunidad a los conocedores y teóricos de la materia económica como Domingo Maza Zabala y Trino Aleides Díaz, decano de la facultad de Economía de la UCV, quien manifestó que el gobierno no podía aplicar una reforma fiscal sin racionalizar antes la economía, además de plantear que el gobierno debía recaudar 60 mil millones de bolívares en impuestos pendientes que habían declarado los sectores productivos y empresariales pero que no habían cancelado.

Lusinchi creó en 1980 la Comisión de Estudios y Reforma Fiscal (CEF), que presidió Tomás E. Carrillo Batalla, la cual elaboró un programa basado en la problemática fiscal venezolana, y en octubre de 1984 anunció que la reforma generaría 20 mil millones de bolívares anuales y comprendía los siguientes aspectos: eliminación gradual del subsidio de la gasolina, simplificación de las tarifas de la Ley de Impuesto sobre la Renta, eliminación del sistema de incentivos fiscales, simplificación del Impuesto sobre la Renta de las personas naturales eliminando los desgravámenes y la creación del Impuesto General a las Ventas. Éstas recomendaciones se quedaron en papel.

El 01 de julio de 1982 se promulga el COT venezolano con entrada en vigencia en 180 días, es decir el 30 d enero de 1983

Este instrumento jurídico basaba su estructura en el Modelo de Código Tributario para América Latina, preparado en 1976 para el programa conjunto de Código Tributario OEA/BID, el cual recopilaba la doctrina más avanzada y admitida del moderno derecho tributario de la década de 1970. Adicionalmente fue enriquecido por la doctrina elaborada a lo largo de varias jornadas realizadas por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (1958-1970).

La importancia fundamental del COT es que logra dotar a Venezuela de una norma que da carácter sustantivo para la aplicación de la legislación tributaria y dar así seguridad jurídica a los contribuyentes y al estado.[3]

En 1986 se realizó una reforma parcial del Impuesto sobre la Renta, la cual en vez de simplificar y hacer más eficiente el proceso de pago de impuestos, lo complicó, aun cuando el objetivo no era hacer más simple el cobro de impuestos, sino el de elevar y hacer más eficiente la recaudación.

Durante el primer año de la reforma los ingresos se elevaron, pero debido a las debilidades estructurales del proyecto hicieron que la recaudación bajara en más de un 25 por ciento.

El gobierno reconociendo los desajustes estructurales y la aplicación de políticas erradas, inicia en 1989 una estrategia para enfrentar la crisis fiscal, esta estrategia va dirigida substancialmente al mejoramiento de la capacidad de gestión del sector público, es decir, modernizar el sector público.

Esta reforma tributaria se incluyó, dentro de las estrategia de modernización del sector público planteadas en el VIII plan de la nación, particularmente dentro de la denominada Reforma Fiscal, la cual englobaba diversos aspectos como son la privatización y reestructuración de empresas públicas, la reforma de la gestión presupuestaria, la racionalización de los subsidios e incentivos fiscales y la reforma tributaria propiamente dicha, compuesta por cuatro proyectos. La modernización institucional del Ministerio de Hacienda, la modernización de la Administración Tributaria, la reforma de la Legislación Tributaria y la descentralización fiscal.

La Reforma Tributaria tenía como objetivo principal el aumento de los ingresos tributarios y del margen de acción de la política fiscal. Además busca atacar los problemas del Sistema Tributario Venezolano: la dependencia del ingreso petrolero, distorsión en las decisiones económicas, baja recaudación, estructura legal compleja, deficiencia administrativa y la falta de equidad.

Estos problemas serían enfrentados a través de tres principios generales: el carácter integral de la reforma que involucra la parte legal, ética y procedimientos administrativos, ya que aprobar nuevas leyes tributarias sin atacar simultáneamente la parte administrativa sería inútil, porque las normas jurídicas por sí solas no resuelven nada y viceversa, el carácter gradual, que implica el proceso de cambio institucional, es decir, el tiempo necesario para construir la viabilidad política y la compatibilidad con las tendencias internacionales, por cuanto la modernización del sistema tributario debe ser compatible con el proceso de apertura externa.

La modernización del sistema tributario buscaba la simplificación del sistema impositivo para mejorar la administración y de reducir la evasión, mayor equidad, neutralidad del sistema, aumentar y racionalizar los ingresos.

Las estrategias, principios y objetivos se quedaron estancados y olvidados y sólo en una pequeña parte han sido aplicados, siendo tergiversados y alejados de los objetivos que se habían planteados.

Desde 1990 se comenzó a discutir el proyecto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual fue instrumentado durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue aprobado por el Congreso y ejecutado por de Ramón J. Velázquez. El objetivo del IVA era dotar al Sistema Tributario Venezolano de un impuesto que cumpliera con las características que debería reunir un tributo: neutralidad, simplicidad y eficiencia; además, de crear un instrumento que eliminara los impuestos improductivos y simplificara otros, así como reducir la dependencia de los ingresos petroleros.

Éste impuesto fue creado mediante Ley Habilitante otorgada al entonces Presidente Ramón J. Velásquez, en fecha de 30 de septiembre de 1993, el cual creó mucho malestar en la población, por lo que estuvo en vigencia hasta el 01 de enero de 1994. Posteriormente en época electoral e iniciando el gobierno de Rafael Caldera, mediante una promesa de carácter populista se le cambió el nombre por el de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor con una alícuota de 12,50% con una adicional del 10% sobre licores, cigarrillos, joyas de oro, y el 20% sobre otros rubros suntuarios sobre el valor del producto agregado añadido. Adicional a esto se aprobó la Ley a los Débitos Bancarios (IDB) y modificación del Código Orgánico Tributario.

Por otra parte, el 8 de marzo de 1994 el Ministro de la OCI anunció que la recaudación de los impuestos se haría a través de un servicio autónomo denominado "policía fiscal", permitiendo una verdadera fiscalización de los tributos y reducir al mínimo la posibilidad de que alguien evada los impuestos. Además indicó que la reforma tributaria generaría ingresos por unos 3.571 millones de dólares, monto que supera el 50 por ciento del déficit. El mismo día el Ministro Sosa aseguró que los impuestos recaudados serían limpiamente administrados y reorientados hacia los servicios de salud, educación, seguridad social y personal, para ello estaban procediendo a reestructurar el sistema de las finanzas públicas, para lo cual se había trabajado en la creación del Servicio Nacional de Administración y Control Tributario, el Sistema de Control Interno e Integrado de la Gestión Pública, el Sistema de Aduanas, el Sistema de Tesorería Nacional, la reorganización de la Escuela Nacional de Hacienda y la creación de Instituto de Altos Estudios de las Finanzas Públicas, la reestructuración integral del Ministerio de Hacienda y el programa especial para el incremento de la recaudación tributaria.

La modernización de las finanzas públicas implica la creación de nuevas fuentes tributarias, su administración y concientización de la población con miras a sufragar el gasto público, ya que la renta petrolera no puede mantener su preponderancia en la generación de recursos que el país exige para un crecimiento estable.

La modernización del sistema de administración tributaria ha obligado a la creación de un ente autónomo para la recaudación de los tributos internos el cual se ha denominado Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) creado a mediados del año 1994 con la misión de contribuir activamente con la formulación de la política fiscal-tributaria, modernizar y administrar eficaz y eficientemente el sistema de recaudación de los tributos nacionales, proporcionar una cultura tributaria con apego a los principios de legalidad, honestidad, equidad y respeto al contribuyente.

Quinto periodo: La Quinta República

Venezuela hasta finales de la década de los 80 parecía un país que resultaba atractivo para aquellos inversionistas que deseaban multiplicar sus ganancias a cambio de muy pocos impuestos. No obstante, a partir de 1993 comenzaron a vislumbrarse situaciones en la economía venezolana como precios bajos del barril de petróleo, ingresos públicos insuficientes, que conllevaron a realizar cambios en el ámbito económico apoyándose en el marco tributario.

De manera tal que a partir de entonces todos los ciudadanos se encontraban en la obligación de colaborar con las cargas públicas del Estado, recayendo la mayor responsabilidad en las personas jurídicas. Se continuó realizando reformas con el propósito de perfeccionar la evasión tributaria, ampliando la base imponible e incrementando las sanciones pecuniarias, creando la pena privativa de libertad para aquellos que cometan delitos tributarios e inclusive extendiendo la responsabilidad solidaria a los asesores en esta materia.

La Constitución aprobada en 1999, otorga a la recaudación y exigencia de los tributos rango constitucional, encontrándose dispuesto en el artículo 133 de la Carta Magna. “Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley”.

Esta condición ineludible del tributo también está presente en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica: No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes.

En los actuales momentos, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de la Nación para el 2017 los tributos van a representar el ochenta y tres por ciento (83%) de los ingresos de la nación, producto de la recaudación tributaria, por Impuesto sobre la Renta, Impuestos al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Grandes Transacciones, Timbres Fiscales, Tasas Aeroportuarias, entre otros impuestos tienen como finalidad complementar los ingresos públicos, cuya fuente principal era la exportación del petróleo.

Venezuela posee una alta dependencia de lo percibido por la Renta Petrolera, convirtiendo al Estado en un país mono-productor, descuidando los otros sectores de la economía. Implicando un alto riesgo para el Gobierno, considerando que el valor del petróleo el mercado tiende a no ser constante, porque se ve afectado por diversas situaciones variables tales como, la estación del año de los países que demandan el producto, conflictos internacionales, estado de las refinerías, entre otras circunstancias que sensibilizan su valor y por ende afectan de forma directa a aquellos países cuyos ingresos públicos dependen exclusivamente de su precio en el mercado.

Es así como en aras de disminuir el déficit fiscal existente por el agotamiento del modelo rentista, el Gobierno venezolano optó a partir del año 1994 por percibir ingresos a través de otras fuentes, como los tributos. En tal sentido fundó un organismo que le permitiera incrementar la recaudación, mediante la creación del Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) que posteriormente sería llamado Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (1999), asimismo durante el mencionado año 1994 en Venezuela se realizaron reformas al Código Orgánico Tributario, a la Ley del Impuesto Sobre La Renta, aplicó el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, además estableció el cobro del Impuesto a las sobre Cuentas Mantenidas en Instituciones Financieras y el Impuesto a los Activos Empresariales que fue derogado posteriormente, entre otros cambios impositivos.

Comienza entonces a formarse un proceso de cultura tributaria para el contribuyente venezolano, que no estaba familiarizado con altas cargas impositivas y exigencias fiscales relativas al cumplimiento de obligaciones legales ante la Administración Tributaria.

No obstante, estas no serían las únicas reformas que afectarían al sujeto pasivo, porque para el año 1999 el Estado efectuó otra serie de cambios en el ámbito jurídico tributario, dirigidas en principio a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela así como específicamente a los tributos considerados de mayor interés para la época vale decir, la Ley del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor la cual adoptó nuevamente el nombre de Impuesto al Valor Agregado, por otra parte a la Ley de Impuesto Sobre La Renta se le incorporó el principio de Renta Mundial, el régimen de Precios de Transferencias y de Transparencia Fiscal además se estableció el cobro del Impuesto al Débito Bancario y se modificaron disposiciones en el Código Orgánico Tributario en el año 2001.

Resulta imposible ignorar la difícil realidad que los empresarios venezolanos deben enfrentar para poder sobrevivir y alcanzar el éxito en una economía marcada por factores de desequilibrio e incertidumbre los cuales se han venido acumulando durante los últimos veinticinco años, estos han gestado un tenso clima de inestabilidad política, aunado a una política fiscal restrictiva, regulación de precios, un prolongado control del tipo de cambio, un gasto público que aumenta cada día más, inflación y distorsión en los precios.[4]

Actualmente Venezuela enfrenta una de sus peores crisis económicas, políticas y sociales de su historia contemporánea, demostrando de forma más acentuada la gran dependencia del estado a los precios del petróleo, el abandono del aparato productivo, el vicio de las importaciones y la desestimulación de la iniciativa privada a la inversión.

La creación y reformas de leyes tributarias actualmente, no sólo muestran el alejamiento de los principios básicos del Derecho Tributario, creando impuestos con carácter confiscatorio, no progresivo y que sobrepasan la capacidad contributiva del sujeto pasivo, sino que además permiten la discrecionalidad de los órganos del estado, violentando el debido proceso, el derecho a la defensa y la imposición de sanciones pecuniarias, que van desde pago de multas hasta cierres de establecimientos de forma indefinida, adicional a la privación de la libertad.

Bibliografía:

EDGAR JOSÉ MOYA MILLÁN. Elementos de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Caracas. Mobilibros. 6ª Edición.

JESÚS RODRIGUEZ YANCYS.(2010) Curso Práctico de Impuesto Sobre la Renta. Caracas.GUILLERMO MORÓN, JUAN CARLOS REYES, VINICIO ROMERO, LUIS HERNÁNDEZ. Historia de Venezuela. Caracas. Editorial Santillana