Tras la incorporación de los informes oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional al expediente, la defensa argumentó que los propios documentos del Gobierno contradicen la narrativa pública utilizada para justificar la detención de Nader Abuawad. Según el comunicado, la información remitida por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) no identificaba a Abuawad como terrorista ni señalaba la existencia de una orden de captura internacional, sino que hacía referencia a un familiar investigado. También se destacó que el ciudadano palestino-español ingresó legalmente al país y que las autoridades no acreditaron la necesidad de recurrir a la privación de libertad ni el respeto de diversas garantías del debido proceso. El comunicado sostiene que estos elementos evidencian una posible detención arbitraria y solicita a la Sala Constitucional examinar la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones estatales.
Luego de que la Sala Constitucional rechazara el recurso de hábeas corpus presentado a favor de Nader Abuawad, la defensa anunció que llevará el caso ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. El comunicado cuestiona que la resolución judicial no analizara diversos argumentos planteados durante el proceso, entre ellos la relación entre la información de inteligencia utilizada por las autoridades y la conclusión de que Abuawad representaba un riesgo terrorista, la posibilidad de aplicar medidas menos restrictivas que la detención y las garantías de debido proceso otorgadas al detenido. Asimismo, se informa la intención de presentar denuncias ante instancias como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de que organismos internacionales evalúen la compatibilidad de la detención con las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica en materia de derechos humanos.