El teatro del presupuesto

FacebookTwitterShare

Para la economista Martha Quiñones Domínguez, sin un plan de eficiencia y eficacia administrativa, que demuestre donde los recortes generarán las economías que se quieren plantear, sin un análisis del presupuesto basado en presupuesto base cero, que demuestre las partidas por objetivos evaluados y ponderados, el presupuesto aprobado es otro engaño al pueblo para eliminar beneficios adquiridos por la sociedad, privatizar y seguir desviando fondos a partidas que no cumplen objetivos sociales.

Tras el teatro representado por el Gobernador, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal (JCF), la obra cerró con una versión del presupuesto impuesto por la Junta, aunque todavía no se ha dado a conocer un número final. Según se ventiló públicamente la Legislatura se quedó con un presupuesto de $131. millones. El presupuesto inicial era de $147 millones. Se ordenó eliminar $78 millones en gastos del presupuesto como parte de Resoluciones Legislativas, nómina, operación, subsidios a municipios etc: Reducir $25 millones en asignaciones y gastos especiales: Reducir por lo menos $200 millones en reformas específicas para implementar el requisito de reducción del aparato gubernamental: y ahorro por $400 millones generados por reducciones en el aparato gubernamental. Después de estos ajustes el presupuesto refleja una reducción en gastos con respecto al presupuesto anterior de $804 millones, mas del 9%.

A solicitud de CLARIDAD, de si el presupuesto será suficiente, Quiñones Domínguez, comentó que eso depende de cuáles son las prioridades y señaló que sí hay muchas áreas por las que se puede cortar y que no ofrecen servicios esenciales públicos y no cubren necesidades apremiantes. Un ejemplo de esto dijo es poner un tope de $100 mil a los salarios de los jefes de agencia, quitarles los autos y otros beneficios, eliminar partidas o redefinirlas.

Según el gobierno y la JCF se definieron como “servicios críticos”, la salud, educación (k-12), la seguridad públcia, la infraestructura pública, el Departamento de Justicia, no se incluyó a las pensiones de los empleados públicos. A juicio de la economista aunque el gobierno reconoce que estos son servicios críticos, “no asume responsabilidad social con las personas, no asume que los va a cubrir (más allá de una cantidad mínima) y mucho menos asume que es responsabilidad proveerlo”.

Quiñones Domínguez denunció que ante esta falta el gobierno está cambiando el contrato social que nos habían vendido, “donde delegamos poderes, pagamos impuestos a cambio de que el Gobierno asegure estabilidad, equidad y provea unos servicios básicos y críticos para mantener la sociedad y la estabilidad”.

Ante estas circunstancias reclamó que la pregunta que la ciudadanía debe hacerse es que ¿si se cambió el contrato social, debemos pagar impuestos? Es decir si el Estado ya no no provee los servicios de salud, educación, seguridad, equidad, beneficencia entonces por qué debemos pagar impuestos. En esa misma línea reiteró la necesidad de que se audite y se explique la deuda pública.

Entre las exigencias de la JCF está el reducir en un 20% el sueldo de los empleados públicos, la economista indicó que esta reducción equivaldría a que el trabajador del Gobierno pague más impuestos por su salario que los trabajadores privados. Además de lo que le sacan de su salario debe aportar un 20% adicional sin tener en consideración los efectos regresivo para los que ganan menos. “No está claro si los jefes de las agencias recibirán el mismo recorte y si los legisladores lo recibirán. Ese 20% equivale que no van a poder pagar algunas de sus obligaciones”. Coincidió en que está redución, hará a los trabajadores más pobres de lo que ya son. Igual suerte correran los jubilados con una reducción en sus pensiones.

A la falta de información y transparencia en el manejo del presupuesto, el Gobierno tampoco ha dicho qué va hacer con el dinero que se ahorre. Sobre el particular la profesora del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, acotó que aunque no se ha revelado, se nota en el presupuesto que se ha desviado mucho dinero para fortalecer la alianzas públicos privadas (APPs), la JCF y AFLAF, agencias que no tienen un rol social sino de fiscalizar y sacar dinero.

“Nuevamente sino sabemos para qué se usa el dinero no debemos pagar impuestos hasta que expliquen y sean transparentes. No queremos pagar corrupción. No queremos pagar una deuda que no es nuestra, queremos auditoría ciudadana ahora”, recalcó con ahinco.

Un aspecto del presupuesto custionado por la JCF es la alegación del Gobierno de que espera allegar $924 millones al Fondo General (FG), por los gravámenes existentes, cosa que depende de la actividad económica

Quiñones Domínguez explicó que aunque el Gobierno tiene una partida en el presupuesto que define que a pesar de que los recaudos bajaran de $9,192 millones a $8,247 millones, espera recuperar la diferencia con las acciones de los impuestos indirectos, con cobrar más IVU y otras ($1,314 millones) para llegar a $9,192. “La JCF le señala que quiere ver cómo lo van a lograr en una economía que se contrae y por eso los presiona para que demuestren sino que apliquen la reducción de jornada. Es curioso en vez de pedir la eliminación de agencia se limita a reducir jornada para así distribuir los daños y que los políticos no se vean afectados desde este año, lo dejan para el final del cuatrienio”.

Mientras estimados independientes sobre cuál va hacer o será el crecimiento económico, como los economistas Juan Lara y Joaquín Villamil, – citó la entrevistada- han señalado “que el periodo 2016-2020 se registrará una contracción del Producto Nacional Bruto (PNB) de 1,8 % que dará paso a un muy leve crecimiento positivo de 1,1 % en el periodo 2021-2025, fase que el estudio define de “periodo de estabilización crítico”.

“No se hacen análisis certeros para el 2018 sino para el 2020. Y de esos análisis se proyecta lo que puede suceder. Lo cierto es que disminuciones del ingreso, ya sea por reducción o por recortes, conllevan perdida en la economía reflejados en el indicador de consumo. Lo cual es crítico en una economía basada en el consumo, en especial el consumo superficial”, concluyó.