Crisis fiscal o crisis de la colonia

11/01/2016

Escrito por Martha Quiñones Domínguez / Especial para CLARIDAD

Durante el año 2015 hemos descubierto que la crisis o las crisis en Puerto Rico no son fiscales o de la deuda sino de la colonia y que tiene componentes sociales, económicos, ambientales y culturales.

Comenzamos el año con una economía al borde de un colapso, con crisis social que se manifiesta con el éxodo de puertorriqueños, otros tantos sin empleo o con empleos precarios, con trabajadores públicos amenazados con perder los suyos, la economía del crimen ensanchándose en la Isla y una crisis económica (fiscal, deuda y déficits) que lleva más de una década, amenazando con extenderse de forma indefinida. La información que se provee no es la que es, por ejemplo, la deuda pública que mencionan es $72,000 millones pero la realidad es de cerca de $196,200 millones (si incluimos a las cooperativas, el sistema de retiro y otros). Parte del problema es administrativo, donde los gestores de política pública (rojos o azules) no saben a dónde dirigir la Isla y mienten y condenan al pueblo y a los trabajadores, en especial a los públicos, a sufrir las consecuencias de sus malas gestiones. Ante las falsas promesas de solución con nuevos impuestos al consumo, el pueblo tuvo que reaccionar, abortando la necesaria reforma contributiva que planteaba una menor tributación al ingreso devengado, pero que quedaba incompleta al no revisar la estructura de subsidios que ha socavado nuestra base productiva. Posteriormente el Gobernador indicó que la deuda es impagable. Llegó la Krueger y dijo lo mismo que sabemos, que el problema es estructural y recomendó austeridad y las recetas neoliberales: privatización, reducción del gobierno, quitarle derechos a los trabajadores y pagar la deuda, soluciones viables para los bonistas pero no para el pueblo. Ante todo esto Estados Unidos no asume responsabilidad, y revela que somos una posesión, desenmascarando el ELA. Nos compararon con Grecia, pero Puerto Rico no es la Grecia del Caribe, es la colonia más importante del imperio más importante, Estados Unidos. Cumple el rol que se le asigna a las colonias, ser las que les proveen las riquezas a las metrópolis, de ahí surge su crisis que, además de financiera, es social, política, cultural, económica y ambiental. Ante todos estos eventos continuamos trabajando, pagando impuestos y los bonistas amenazando.

Aprendimos que podemos unirnos y luchar, que podíamos dejar de pagar la deuda, comenzamos a ver que la crisis es creada y que hay muchas soluciones posibles. Una para los bonistas y otra para el pueblo. Descubrimos que la crisis es estructural y que también existen dos versiones para el problema estructural, una para los que creen que es que Estados Unidos impone leyes sobre la Isla que afectan a los empresarios y otra para los que entendemos que el problema es la colonia o falta de poderes, que no nos dejan gobernarnos y no tenemos instrumentos para manejarlos.

El problema estructural tiene sus raíces en la relación política, económica y jurídica de Puerto Rico con Estados Unidos, o sea la colonia, que impone ciertas debilidades y limita el campo de acción del gobierno local. Además de esa elite de poder político que no sabe administrar, se desvían por la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos y sus efectos nefastos en las decisiones económicas que se toman para el uso eficiente de los recursos. Reconocer que no tenemos poderes soberanos para tomar nuestras decisiones y que no tenemos control de nuestra economía, es reconocer la colonia. A lo que le añadimos el modelo de la dependencia que se sobreimpuso en Puerto Rico, donde las políticas públicas las definen los fondos federales que hay disponibles, ante el lema de que no se pierdan los fondos federales, con poca o ninguna evaluación de los efectos positivos o negativos que tienen esos fondos en la economía y en la sociedad, y el papel que juegan en la manipulación psicológica del puertorriqueño que creen que los están rescatando, como tampoco se evalúa los efectos de la corrupción en esos procesos.

¿Por qué no hay dinero en la colonia si todos pagamos nuestros impuestos? Todo comienza con las políticas de exenciones contributivas y la falta de evaluación de la efectividad de las exenciones y subsidios que se otorgan a las empresas extranjeras que se ubican en la Isla y si cumplen los objetivos de creación de empleos que se supone creen. Pero en especial en la merma de los recaudos del estado, pues no pagan impuestos y el dinero que tenemos se desvía para darles subsidios.

Ante todo este panorama no existe un Plan de País o “Proyecto de País” con metas y objetivos sociales, económicos, políticos y ambientales claros que dirijan las políticas públicas hacia dónde queremos llegar. Un plan que asegure que el dinero se usará para beneficio de todos, que cree un proyecto alternativo con un modelo productivo y de consumo solidario, no de explotación sino de derechos, de educación, de salud, de pensiones, de seguridad alimentaria, con empleos dignos y productivos, con poderes soberanos, sin leyes de cabotaje, con producción. Existe solución pero requiere valor y liderato para exigir que nos provean mayores poderes soberanos que permitan enderezar el rumbo de la nave. Estados Unidos tiene ante sí una decisión que tomar: o dejar caer la “Vitrina del Caribe” y su proyecto neocolonial para América Latina y el Caribe o le proveen a la Isla el poder político y soberano para enderezar su rumbo. Pero lo que piden los líderes es todo lo contrario, que habilite una Junta Financiera que se encargue de implementar las medidas fiscales y económicas necesarias para sacar a Puerto Rico de la actual espiral de deterioro fiscal y que nos provean la quiebra, dos herramientas que lo que hacen es hundirnos en la colonia y no enderezan nuestro rumbo. Estamos en un problema de la falta de liderato y creatividad que tienen los administradores, matizado por elementos de corrupción donde la partidocracia continúa en la inercia y no parece capaz de pactar para implementar un “Proyecto de País” que nos saque de la crisis estructural y podamos tener una economía que crezca y redunde en beneficios para todos. Somos una colonia capitalista-democrática integrada como territorio a las decisiones del capitalismo imperialista estadounidense o somos soberanos. Esto impide que reconozcan el problema (con un análisis del estado económico, social y político de la isla) y se puedan implementar reformas fundamentales para redirigir la economía y realicemos cambios estructurales que hagan viables la salida de la actual crisis económica.

Para el 2016 tenemos que aprender de nuestros errores y comenzar a cuestionar y exigir participación activa en el proceso de reconstrucción de la economía de Puerto Rico para juntos construir un Plan de País o “Proyecto de País”. De seguir como siempre, el panorama 2016 será continuar en las crisis con el matiz de ser un año electoral.

El nuevo proyecto de desarrollo económico, social, ambiental debe contar con metas de corto, mediano y largo plazo que trace la ruta hacia el Puerto Rico que queremos. Debe diseñar un modelo de desarrollo impulsado fundamentalmente desde dentro y enseñar a la población a ser dueña de su destino, a apreciar sus valores, a desarrollar su capacidad de reflexión y de creación y a dejar a un lado la mentalidad de frustración que conduce a la pereza, el conformismo, al consumismo y el gasto sin sentido. Debemos diseñar una economía nacional independiente, autosuficiente y planificada, al servicio de una sociedad democrática, para lo cual se requeriría: Una reforma administrativa (una reforma del aparato gubernamental desde adentro, una reforma fiscal que priorice el gasto público, la inversión y el uso de los fondos públicos enmarcado en un proyecto de país, y una verdadera reforma contributiva que recaude, que evalúe políticas públicas y penalice a los evasores); Una reforma educativa con filosofía y proyecto de país; Una reforma de las estructuras de producción y distribución que haga un balance entre la inversión externa y la interna; y hacer de la agricultura el punto de apoyo del desarrollo de la industria para la autosuficiencia alimentaria dentro de un proyecto de planificación del país. Además, una cultura de transparencia y rendición de cuentas para crear una disciplina fiscal que controle el flujo de gastos y la emisión de deuda, planificando las inversiones que ayuden en la reconstrucción de la infraestructura productiva, diversificando la producción y alternando la inversión de capital externo con capital nacional, para crear ecosistemas de capital local y extranjero que a corto plazo y con políticas públicas apropiadas puedan hacer crecer la economía y llevar la economía a una ruta de la estabilidad integrado al Caribe y América Latina.

Este nuevo Plan de País o “Proyecto de País” debe contemplar el desarrollo de empleos dignos y sostenibles para todos en nuestro país además de trabajar con las crisis sociales y ambientales que afectan nuestra sociedad. Comencemos a unirnos a la concertación para alcanzar una transformación económica y social sostenible donde se establezcan estrategias multisectoriales que trasciendan los ciclos electorales. Es la agenda para desarrollar de manera participativa el plan estratégico económico, social, ambiental y cultural para Puerto Rico.

Comencemos a estudiar el problema de las crisis en Puerto Rico, el problema de los déficits o falta de ingresos (dinero), de la deuda, la dependencia y de la falta de crecimiento de la economía. El plan de ajuste fiscal estructural recomendado por el gobierno no es la alternativa ya que no corrige el problema, que es la falta de poderes soberanos, que debemos comenzar a exigir para comenzar a enderezar a Puerto Rico.

Debemos denunciar y corregir la falta de recaudos, que se debe a que los que deben pagar impuestos no los pagan y la existencia de evasores contributivos que se roban el dinero del pueblo y quedan impunes, además de evaluar las políticas de exenciones contributivas y la efectividad de las exenciones y subsidios que se otorgan a las empresas extranjeras que se ubican en la Isla y si cumplen los objetivos de creación de empleos que se supone creen.

Exijamos una auditoría ciudadana de la deuda, comenzando con una moratoria y negociando un descuento de la misma además de conocer el tamaño real y su amortización. Esa auditoría ciudadana identificará la legalidad y legitimidad de la deuda, conociendo las que fueron emitidas en violación a la Constitución. Identifiquemos a los responsables por nombre y cómo se apropiaron de los fondos públicos, identificando a nuestros acreedores y cuestionando porqué le siguen prestando a un país sin recursos.

Creemos políticas públicas de transparencia, gobernanza y sana gestión administrativa de las finanzas del gobierno y de las compañías que manejan las utilidades en Puerto Rico, enmarcadas en el plan de país que establezcamos. Que establezcan auditorías públicas y procesos de rendición de cuentas al pueblo, de manera que se conozca para qué se usa el dinero público donde la sociedad establezca prioridades sociales, con presupuestos participativos, con planificación participativa y evalúen continúa de la gestión pública. Corrigiendo el problema de la falta de información confiable, mejorando las estadísticas económicas y más transparencia en la publicación de información, pues al ser pagado con el dinero del pueblo debe ser disponible a todos.

Restablezcamos la confianza en la gestión del bien público, la confianza hacia los dirigentes y la confianza en sí mismos y en su capacidad para alcanzar los objetivos sociales trazados.

El Panorama 2016 es participar para reorganizar el país o continuar con lo mismo.

* La autora es Catedrática del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo. Presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación SPP. martha.quinones@upr.edu

El acuerdo de Cofina: una condena de esclavitud con la carga mayor sobre las mujeres

15/01/2019POR CRISTINA DEL MAR QUILES 

El futuro del país se evalúa este miércoles, cuando la jueza federal Laura Taylor Swain podrá ratificar un plan de ajuste de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Sin una presión pública masiva y consistente que lo revierta, este acuerdo será una condena al pueblo de Puerto Rico a pagar miles de millones de dólares en intereses por 40 años, evaluó la economista y expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico Martha Quiñones.

“Es una sentencia de esclavitud”, catalogó Quiñones.

Se trata de un acuerdo de reestructuración entre quienes prestaron dinero a Cofina y el gobierno de Puerto Rico que no generará ahorros, han coincidido economistas del patio e internacionales, pero que representará ganancias exorbitantes para firmas que ya son millonarias. Esto, a expensas del producto del trabajo de los puertorriqueños y sus servicios públicos esenciales.

Y sí, lo pagará cada persona que viva en la isla, pues el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) es la fuente de repago de esta deuda.

Actualmente, de 11.5%, el impuesto al consumo más alto en Estados Unidos, el IVU aumentaría necesariamente en los próximos años para poder cumplir con las escandalosas cuantías que reclaman los bonistas. Ante la merma proyectada en la población de Puerto Rico en los próximos años, no quedaría de otra que aumentar el impuesto a quienes permanezcan en la isla.

¿Cómo llegamos aquí?

Cofina se creó en 2006 bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá con el único propósito de tomar prestado para pagar lo que ya se había tomado prestado. ¿Su ingreso? El IVU.

El gobernador siguiente, Luis Fortuño, expandió sus funciones para que los préstamos que tomaba Cofina también cubrieran gastos operacionales.

Así, Cofina sirvió para evitar cumplir con los límites constitucionales de la deuda.

Ahora, la deuda de Cofina representa el 23% -la tajada más grande- del total de la deuda de Puerto Rico.

Entre el 2007 y el 2011, Cofina había emitido $16,300 millones. Al momento de radicar la quiebra, la deuda ascendía a $17,600 millones, a pesar de que ya se habían pagado $6,800 millones.

¿Qué propone el acuerdo?

El acuerdo que tendrá ante sí la jueza Laura Taylor Swain propone un recorte del 32%, lo que reduciría el principal de la deuda a $11,900 millones. Sin embargo, cuando se incluyen los pagos de intereses, Puerto Rico se estaría comprometiendo a pagar $32,300 millones en el período de 40 años.

Repetición: Puerto Rico pagaría $32,300 millones por haber tomado prestado $16,300 millones.

El acuerdo dura 40 años. Una vez aprobado, el gobierno no puede enmendarlo. El IVU, además, no se podría eliminar, a menos que se cumplan con requisitos impuestos por los bonistas.

Existe análisis serio que apunta a que esta deuda es ilegal y que, por lo tanto, no debería pagarse. Sin embargo, con este acuerdo, el gobierno de Puerto Rico estaría renunciando a su derecho a cuestionar la constitucionalidad de Cofina.

Precariedad para todas

En una sociedad desigual, como la puertorriqueña, donde el peso de las responsabilidades familiares recae principalmente en las mujeres, será la población femenina la que pagará el precio más alto.

“Todos estos acuerdos afectan más a las mujeres que a los hombres. No es porque seamos mayoría, sino porque la mayoría de las mujeres y sus familias reciben servicios del gobierno, servicios que van a ser recortados. Y la mayoría de los empleados públicos son mujeres”, destacó Quiñones.

“Muchas mujeres ya están sintiendo la precariedad con los servicios esenciales que están siendo limitados, sobre todo, servicios de salud, servicios educativos, y de vivienda, además de la seguridad, que todos, hombres y mujeres, lo estamos sufriendo. Pero, por ejemplo, muchos de los servicios de salud se ofrecen a niños, niñas y mujeres, y estos están siendo recortados”, ejemplificó la economista.

Auditoría, demandas y movilización

Quiñones ha sido consistente en su reclamo por una auditoría de la deuda.

“Sabemos que estas deudas son ilegítimas e ilegales, pero tenemos que saber quiénes se beneficiaron de estas deudas y embrollar al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Una auditoría forense, indicó, serviría para identificar por qué se asumió esa deuda, quién la tomó, quiénes fueron los beneficiarios, si el pueblo de Puerto Rico recibió algo de ese dinero o si simplemente los intermediarios se hicieron ricos a base endeudar a Puerto Rico y, además, identificar a todos los bonistas.

“Se está levantando poco a poco la visión de que hay cosas que se están haciendo en Puerto Rico que son ilegales, que hay un saqueo al pueblo de Puerto Rico, pero el pueblo aún no se ha enterado correctamente. Ya es hora de que el pueblo empiece a protestar. Si no, cuando vengamos a ver, ya no tendremos país y seremos un pueblo de esclavos que todo el tiempo estamos trabajando, ganando mal para pagar a los bonistas, y no para recibir nuestros servicios esenciales”, puntualizó Quiñones.

Diversas organizaciones han convocado a una protesta contra el acuerdo de Cofina mañana, miércoles, desde las 7:00 a.m. y durante todo el día, frente al Tribunal Federal, en Hato Rey.

*Este reportaje utilizó como referencia el informe Isla Deuda: Wall Street tiene en la mirilla 40 años de ganancias a expensas de Puerto Rico, de Abner Dennis y Kevin Connor, de la organización LittleSis.

Rafael Bey Nazario 15 de noviembre del 2020 en Martha Quiñones Domínguez (minhpuertorico.org) 

Salud y Medio Ambiente: Vieques