La diversidad cultural y sus desafíos en Chile

Autor: Francisca Gómez, Jefa del Departamento de Estudios Fundación Ciudad del Niño.

En nuestro ámbito de acción, las políticas públicas están pensadas desde una lógica monocultural, lo cual disminuye la pertinencia y eficacia de la intervención, al proponer modelos estandarizados que desafían a los equipos sociales. Esto, dada la necesidad de responder a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, particularmente a aquellos referidos a la pertinencia cultural.

Durante 2015, Fundación Ciudad del Niño ejecutó 99 programas sociales en nueve regiones del país, atendiendo a más de 16.000 niños, niñas y adolescentes. Esta cobertura permite observar y relevar la heterogeneidad de las infancias y adolescencias en los diversos contextos en los cuales trabajamos, particularmente en territorios de alta pertenencia étnica, ruralidad y/o migración.

Para ser efectivos en la intervención social, se requiere de un abordaje diferenciado, que reconozca la diversidad cultural. Coincidimos, por tanto, con el Comité de los Derechos del Niño (2015) en la necesidad de integrar una perspectiva intercultural en las políticas de infancia, que, más allá de reconocer derechos especiales para los miembros de minorías etno-culturales y migrantes, ponga el acento en la interacción entre las diversas culturas, reconociendo los aportes de cada una de ellas.

La intervención debe ser un diálogo y no un monólogo. Con este espíritu, hace dos años la Fundación se propuso co-construir con los profesionales y técnicos que intervienen directamente, una forma de trabajo que incorpore la diversidad cultural en sus prácticas. Es decir, pasar del nivel declarativo al operativo.

Hasta la fecha, los esfuerzos y avances en la materia se han hecho principalmente en los sectores de salud y educación, pero en el ámbito del trabajo con infancia “vulnerada en sus derechos”, hay mucho camino por recorrer, particularmente en la operacionalización de los enfoques.

La política pública no se define solo en los grandes debates de leyes o políticas nacionales, sino también en las pequeñas discusiones que se dan día a día en los espacios de intervención. La Ley de Garantías de Derechos, el Ministerio de Asuntos Indígenas, la política migrante -desafíos aún pendientes- no son temas exclusivos de los poderes del Estado, sino que emergen cotidianamente en el trabajo de los profesionales que intervienen con niños, adolescentes, pueblos indígenas y migrantes.

Para pasar a este nivel “operativo”, como Fundación generamos diversos encuentros con nuestros profesionales. El intercambio de experiencias y reflexión, nos permitió evidenciar las pautas que rigen su actuar, invitándolos a redefinirlas desde un proceso formativo guiado que posibilitó identificar “nuevas posibilidades de acción”, a fin de ser más efectivos en la intervención en contextos de diversidad cultural.

El énfasis en los equipos de intervención directa se debe a que creemos que la calidad de un programa social depende de la competencia y especialización de sus profesionales y técnicos, de modo que pueda responder a la complejidad y diversidad del contexto en el que se ejecuta. Existe una relación inseparable entre calidad-competencias/especialización y complejidad.

El proceso de construcción conjunta con los equipos sociales fue iniciado en la ciudad de Los Ángeles en mayo de 2014, contando con 30 profesionales de las áreas de Protección de Derechos y Responsabilidad Penal Adolescente de programas ejecutados en las comunas de Yumbel, Los Ángeles, Angol y Futrono. Un segundo encuentro se desarrolló en el mes de octubre, con 30 integrantes de los equipos de Puerto Montt, Castro, La Unión y Osorno.

Durante 2016 hemos capacitado a un total de 60 profesionales de las regiones Metropolitana y de Los Ríos, encuentros desde donde han salido una serie de “desafíos de terreno” a la intervención social y a la política pública en general, particularmente respecto al trabajo con comunidades indígenas, migrantes y/o que viven en contextos de ruralidad.

De la sistematización de este proceso, hemos identificado los siguientes nudos críticos:

a) Un primer desafío: establecer y/o desarrollar un modelo respecto a la gestión de la diversidad cultural. ¿Cómo se maneja? ¿Qué implica adoptar un modelo republicano, uno multicultural o uno intercultural? En lo concreto, ¿cómo se manifiestan las diferencias respecto al abordaje de la diversidad cultural?

b) Un segundo desafío: profundizar en las prácticas interculturales en el ámbito psicosocial, entendiendo el rol de las instituciones que intervenimos en este ámbito. ¿Qué implica, operativamente, considerar la cultura e identidad en los niños, niñas y adolescentes atendidos?, ¿de qué manera impacta el marco institucional en nuestras prácticas?, ¿cómo compatibilizar prácticas tradicionales con las prácticas profesionales de las instituciones?

c) Un tercer desafío: la operacionalización de lo aprendido. Como resultado del proceso reflexivo, nuestro desafío está en generar herramientas para orientar a profesionales y técnicos en el trabajo intercultural, de manera de establecer lineamientos claros que sustenten una intervención social pertinente, respetuosa, coherente y eficaz en contextos de diversidad cultural.