BOMBEROS Y VOLUNTARIOS EN LUCHA DESIGUAL CONTRA EL FUEGO Y PODEROSOS INTERESES
Testimonios de bomberos y voluntarios ubicados en la primera línea de fuego contra los incendios forestales registrados en 2019 y luego el 2020 en Bolivia, dan cuenta de las dificultades que enfrentaron frente a las llamas que devastaron más de 10 millones de hectáreas de reservas forestales, dejando una herida profunda en el ecosistema y en la ciudadanía.
Los hechos fueron condenados por la sociedad civil y calificados como “biocidio” por el Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza que responsabilizó a los gobiernos de turno y demandó la anulación de la normativa, que data desde el 2013, por ir en contra de la integridad de los bosques y en favor de la producción agroindustrial y ganadera.
Las miradas de los protagonistas ayudará a comprender las razones de fondo para identificar las amenazas que se ciernen en contra del patrimonio natural de Bolivia..
¿Qué sucedió en Bolivia para que los incendios se salieran de control en 2019 y 2020?
Parte de las respuestas se encuentran en el marco legal que se fue construyendo para beneficiar intereses económicos, autorizar el desmonte y la quema de bosques para ampliar la frontera agrícola, así como el cambio de uso de suelos.
La Fundación Solón advirtió que las “leyes incendiarias” se remontan a 2013 cuando el Gobierno boliviano comenzó a afianzar alianzas con el sector agroindustrial para ampliar la frontera agrícola, por lo cual la tragedia medioambiental de los incendios no puede circunscribirse a lo acontecido únicamente en 2019 y 2020 ni atribuirse al cambio climático o a factores naturales.
Guillermo Villalobos, de la mencionada Fundación, afirmó que “los incendios en el bosque amazónico y chiquitano se constituyen en un verdadero ecocidio premeditado desde las élites políticas y empresariales”.
Un paso entre "quemas controladas" e "incendios forestales"
Bolivia ha normalizado la destrucción de sus zonas boscosas a través de la práctica de los “chaqueos” o "quemas controladas" en temporada seca para preparar los suelos para la siembra. Sin embargo las denuncias de talas y quemas ilegales, así como el avance de la frontera agrícola, además de cambio de uso de suelos, son constantes. sin embargo, la magnitud y agresividad de los incendios forestales del 2019 y 2020, no tiene precedentes.
Las entidades responsables de ejercer una vigilancia de las quemas son la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que identifican los “focos de calor” que con ese nombre van contabilizando en todo el país.
En 2019 y 2020 todo comenzó con reportes de "focos de calor" que en algún momento fueron más de 22.000, lo que llevó a las autoridades rápidamente a reconocerlos como “incendios forestales” por la magnitud dantesca de los mismos, que salieron de control.
Los incendios también se produjeron al Sur del país en el 2020, afectando reservas forestales que se encuentran en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, como son las Serranías del Aguarague, del Iñao y de los Milagros, donde nunca antes se habían registrado incendios forestales que resultaron en la pérdida de miles de hectáreas de arboledas y vida silvestre que habían encontrado en las intricadas cadenas de montañas, un hogar seguro.
Uno de los grupos de voluntarios que acudieron a luchar contra las llamas en Chuquisaca, concretamente en Presto donde se encuentra la Reserva de El Palmar, hogar del oso de anteojos, fue Sar Gerp de Potosí, quien un año antes (el 2019) también estuvo enfrentando el incendio en la Chiquitanía.
Su comandante, Freddy Sandi, aseveró que luchar contra las llamas en los cerros, a diferencia de las llanuras bolivianas, resulta casi imposible por tierra debido al escarpado terreno y a la falta de apoyo aéreo.
En el siguiente podcast, relata su experiencia y percepción de los hechos.
causas de los incendios en bolivia
Voluntarios que acuden todo el tiempo a apagar incendios lamentan que más del 50% son provocados por personas que tienen intereses de lotear el sector o ampliar la franja agrícola cultivando alimentos sin importar las leyes que protegen a los parques.
CUANDO LOS INCENDIOS SE REPITEN
Las decisiones políticas, tanto como la inacción en los Gobiernos de Evo Morales como de Jeanine Áñez, dejaron los bosques sin protección y las consecuencias devastadoras se experimentaron por dos años consecutivos dejando a Bolivia arder. A continuación un recuento de los hechos
EL GOBIERNO ANTE LOS INCENDIOS EN 2019
El 2019 se consumieron más de 7 millones de hectáreas de la Chiquitanía (Amazonas boliviano) en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, según el informe de la ABT, quemando árboles y matando vida silvestre.
La reacción del Gobierno, entonces liderizado por Evo Morales, fue tímida y se negó a declarar “desastre nacional” asegurando que tenía la capacidad y los recursos para apagar los incendios.
Las protestas ciudadanas se exacerbaron y pidieron la abrogación de leyes que autorizaban la quema de bosques.
Plataformas ciudadanas y organizaciones, movilizaron voluntarios hacia las zonas afectadas en el oriente boliviano para tratar de apagar las llamas.
Desde el 2013 hasta el 2019, el Gobierno había aprobado 11 leyes que fueron calificadas como "leyes incendiarias". La más radical fue el Decreto Supremo 3973 del 10 de julio de 2019 que fue la antesala del gran incendio de la Chiquitanía que se inició a un mes de la promulgación del mencionado D.S.
El mismo autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Santa Cruz y Beni que “tomen en cuenta el manejo integral sustentable de bosques y tierras”.
Los bosques de Bolivia ardieron por meses ante el estupor de la población que movilizó cuadrillas de voluntarios para unir esfuerzos al ejército y a los bomberos para salvar vida silvestre y proteger el avance del fuego a las comunidades.
El Gobierno desplegó en su momento 1.900 efectivos policiales y militares para combatir los incendios y gestionó la llegada del avión Supertanker que descargó más de 3 millones de litros de agua sobre los incendios; sin embargo los bosques y la selva se incendiaron por varios meses hasta que las lluvias lograron aplacar las llamas
El hecho fue calificado de “desastre medioambiental” y de "biocidio".
Aniquiló flora y fauna, afectó a 4.472 familias, de las cuales 161 resultaron damnificadas, dejando un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellos, bomberos voluntarios, según el reporte del Ministerio de Defensa Civil en 2019.
EL GOBIERNO CUANDO TODO SE REPITE EN 2020
El Gobierno de Jeanine Áñez, al inicio de su gestión, prometió un plan de reforestación de la Chiquitanía y presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 3973 que autorizó el desmonte y quemas, desoyendo la demanda de la ciudadanía de abrogar el mencionado Decreto.
Paralelamente presentó un plan que dijo "no tener precedentes" para proteger los bosques de incendios con meses de anticipación.
Sin embargo, el nuevo Gobierno de transición continuó llevando consigo 11 "leyes incendiarias" y aprobó otras tres que se sumaron al paquete.
El TCP que nunca se pronunció en relación a la inconstitucionalidad del Decreto 3973; llegó la temporada seca y los incendios se iniciaron.
El plan de protección a los bosques no evitó que manos humanas inicien focos de calor en las reservas forestales de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba.
En agosto de 2020 la ABT admitió que los "focos de calor" se conviertieron en “incendios forestales” fuera de control y paralizó “temporalmente” las autorizaciones para quemas en Santa Cruz y Beni, únicamente.
Tardíamente, en septiembre del 2020, el Gobierno de Áñez abrogó el Decreto 3973 y declaró “Desastre Nacional” por los incendios y por la sequía que azotaba al país.
A partir de ese momento el Gobierno concentró su atención en aplacar los incendios en algunos puntos del país, mientras las llamas se avivaban en otros.
El entonces ministro de Defensa, Fernando López, que encabezó los operativos y la Ministra de Medio Ambiente, Elba Pinckert, declararon a los medios de comunicación que los incendios “no eran normales”, sugiriendo una intencionalidad política en los mismos para desestabilizar al Gobierno transitorio de Áñez.
El 2020 aproximadamente 4 millones de hectáreas fueron consumidas por el fuego, según la ABT, donde más de la mitad de las 22 reservas forestales bolivianas, con áreas no aptas para la agricultura, fueron tomadas por el fuego.
LOS GRANDES BENEFICIADOS DE LOS INCENDIOS
Por Mónica Calabi
La mirada de quienes lucharon contra las llamas en 2019 y 2020, entre ellos bomberos y voluntarios, ayudan a entender la magnitud de la devastación y dejan ver que la amenaza de nuevos incendios, continúa latente.
Los incendios de los dos últimos años, son apenas la consecuencia final de políticas Estado de los últimos ocho años de gobiernos, incluido el transitorio que estuvo al mando del país poco menos de un año.
Estas políticas o decisiones gubernamentales, aparentemente fueron dirigidas para beneficiar a un puñado de grandes empresarios agroindustriales y ganaderos.
Por ejemplo la ganadería experimentó un despegue en plena pandemia el 2020 y las exportaciones se incrementaron exponencialmente.
La gran demanda de carne, proviene de China, principalmente, que importó 14 millones de kilos de carne de res boliviana el 2020 triplicando el volumen anual de exportación de carne que era de 5 millones de kilos.
Los tratos con el gigante asiático se desarrollan entre empresarios chinos y empresarios bolivianos, teniendo al Gobierno como facilitador en la mesa de negociaciones.
Según información difundida por el diario Página Siete, en colaboración con Mogabay Latam y la Red Ambiental de Información, las jugosas ganancias por el negocio de la carne, ascienden a 60 millones de dólares y concretamente benefician a 42 empresarios que tienen permiso para la exportación de carne.
Las solicitudes de autorización del Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria y Ganadera (Senasag) para el negocio ganadero, se incrementó hasta el 2020 en un 40%, revelando lo lucrativo del negocio de la carne que gracias al nuevo Plan de Uso de Suelos, cedió más de 7 millones de nuevas hectáreas para esta actividad.
A cambio Bolivia pagó 10 millones de hectáreas de bosques y selva destruidas en tan solo dos años.
El actual Gobierno de Luis Arce Catacora tiene clara la ruta a seguir, la cual está marcada por la “Agenda Patriótica” propuesta en el Gobierno de Evo Morales, la cual busca multiplicar por cuatro las cabezas de ganado hasta alcanzar los 22 millones.
Como los apetitos económicos y políticos difícilmente encuentran saciedad, es difícil creer que la devastación en Bolivia haya vivido un último y doloroso capítulo con los megaincendios de 2019 y 2020.
La sociedad civil, los comunarios damnificados y los voluntarios que lucharon contra las llamas exponiendo sus vidas, fueron presumiblemente burlados por las políticas de Gobierno que dieron curso a los incendios y la deforestación para cumplir compromisos y agendas en favor de las actividades del poderoso sector ganadero y agroindustrial, enriqueciendo a grupos de empresarios bolivianos e intereses foráneos a cambio del biocidio de la flora y fauna bolivianas.