Megaobras, leyes y atentados A la chiquitanía

Las megaobras y las leyes son en parte, a juicio de expertos e investigadores, la causa de los incendios y de la ampliación de la frontera agrícola de los últimos años en los departamentos ubicados en tierras bajas.

En la Chiquitanía del departamento de Santa Cruz específicamente, un ferrocarril, dos gasoductos y un par de carreteras atraviesan ese territorio desde el siglo pasado para facilitar el vínculo del país con el Brasil con fines comerciales.

La primera gran obra fue el ferrocarril Santa Cruz - Corumbá, que fue inaugurado en 1955 después de casi veinte años de construcción. Ya esta obra emergió como un compromiso binacional de Bolivia y Brasil, emergente del Tratado de Petrópolis (1938).

El cuidado de esa infraestructura en la Chiquitanía es permanente por los sucesos que puedan afectarla. Un ejemplo es lo sucedido el 20 de agosto de 2013 cuando la quema de basura en una propiedad, en este caso maleza, causó un peligroso incendio de magnitud y preocupó a las autoridades ante el peligro de llegar al gasoducto al Brasil y a una generadora de electricidad.

El atlas actualizado de RAISG, titulado Amazonía bajo presión 2020, refiere que la construcción de infraestructura (carreteras, hidroeléctricas, etc.), las industrias extractivas y la actividad agropecuaria (agroindustria, ganadería) son los elementos que presionan a la cuenca amazónica, del que forma parte el Bosque Seco Chiquitano.

GASODUCTOS ATRAVIESAN EL BOSQUE

Una revisión hemerográfica permite ver que dos gasoductos atravesaron la Chiquitanía. El primero, el gasoducto Bolivia-Brasil fue iniciado en 1997 y concluido dos años después; tiene una extensión de 557 kilómetros del lado boliviano construido por Gas Transboliviano, la operadora de la infraestructura. En la parte brasileña tiene una superficie de 2.593 kilómetros.

El segundo, el gasoducto a Cuibá, también a Brasil, fue construido por Gas Oriente Boliviano, la empresa operadora que va desde San José de Chiquitos hasta San Matías, frontera con Brasil. La obra fue inaugurada en 2000 y tiene una extensión de 362 kilómetros en el lado boliviano.

TRES CAMINOS HASTA LA FRONTERA

En 2012, fue construida la carretera Pailón-San José-Puerto Suárez del plan exIIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana).

"La carretera Pailón-Puerto Suárez es parte del principal Corredor de Integración de Bolivia, que une el extremo Este con el extremo Oeste, el cual concentra una importante proporción de la población y actividad económica del país. Complementa la integración regional entre los puertos del Perú y Chile sobre el pacífico con los puertos del Brasil sobre el Atlántico atravesando Bolivia".

En 2019, fue estrenada la carretera Concepción-Santa Rosa, como parte de la vía hasta San Matías, frontera con Brasil. De acuerdo a datos de Iniciativa para la Integración Sudamericana (IIRSA), es el "Proyecto que permitirá la integración de la región de Mato Grosso en el Brasil con todo su potencial agroindustrial, con la zona agropecuaria y turística de la Chiquitanía en Bolivia, vinculando los puertos del Atlántico con el Pacífico. Proyecto considerado fundamental para la integración del eje central sudamericano".

Finalmente, en este momento se construye la carretera San José-San Ignacio como una vía de tráfico internacional que va a unir las otras dos vías paralelas que vienen desde el Brasil. Necesitó 230 millones de dólares del Banco Mundial para 208 kilómetros dentro de la Chiquitanía. La empresa China State Construction Engineering Corporation Ltda está a cargo de la obra.

Esta obra no fue consensuada por la población, según reportaje del Periódico Digital del PIEB. La consulta previa, libre e informada no se aplicó en San José de Chiquitos, San Rafael de Velasco, San Miguel de Velasco y San Ignacio de Velasco.

Probioma: El Gobierno es la amenaza

Para el director de Productividad Biosfera Medio Ambiente, Probioma, Miguel Ángel Crespo, fue el Gobierno el que promovió leyes y normas contra la Madre Tierra, la Ley de la Revolución Productiva y la Constitución Política del Estado atentando a la biodiversidad de los bosques, los acuíferos, ojos de agua y vertientes considerados fuentes de vida.

Para el activista, promover los asentamientos y la ampliación de la mancha agrícola es una invitación al desastre, a los incendios.

Crespo mencionó al menos siete normas emitidas desde 2013 que han impulsado el agronegocio en detrimento de la biodiversidad:

1. La Ley 337 de 2013 con la que se apoya al perdonazo a los desmontes ilegales entre 1996 y 2011.

2. En septiembre de 2015 se aprueba la Ley 740 que amplía a cinco años la verificación de la función económica y social que da seguridad jurídica a medianos y grandes productores, es decir que se puede seguir desmontando y se les da un perdonazo de cinco años.

3. La Ley 741 de ese mismo año autoriza el desmonte y chaqueo con el uso de fuego hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades.

4. En 2018, la Ley 1098, la Ley de Aditivos de Origen Vegetal promulga el incremento de cultivos de caña, soya y sorgo para los agro y biocombustibles desencadenando desmontes y quema indiscriminada en áreas y zonas de reservas forestales.

5. La Ley 1171 de abril del 2019 es la ley de quemas que otorga un perdonazo en el pago de multas por quemas sin autorización.

6. El Decreto Supremo 3814 de abril de 2019 ordena mediante procedimientos abreviados la evaluación de las soya evento HB4 intacta para su utilización en la producción de los biocombustibles.

7. Y la ley departamental 3973 que amplía y facilita la autorización de desmontes en los departamentos de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias.

8. Finalmente, el Decreto Supremo 4232 que autoriza procedimientos abreviados para el valuación de maíz, caña algodón y trigo transgénicos.