Yamile Márquez |
Octubre, 2024
El envejecimiento de la población en México representa uno de los mayores desafíos para el sistema de seguridad social en las próximas décadas. Según proyecciones gubernamentales, para 2030 habrá aproximadamente 14 millones de adultos mayores en el país, lo que representará un gasto público de hasta el 5% del PIB. Este escenario plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y su capacidad para garantizar un retiro digno a las futuras generaciones.
Con el propósito de analizar el reto que representa esta problemática, se explorarán tres aspectos clave: las reformas de pensiones que han marcado la historia reciente, un análisis descriptivo de la situación actual del país y la influencia de la perspectiva de género en el acceso a las pensiones.
Desde 1973, México ha implementado tres grandes reformas en su sistema de pensiones, cada una con implicaciones importantes para los trabajadores y su futuro. En la primera, los trabajadores podían jubilarse a los 65 años y recibir el 100 por ciento de su último salario. Este esquema fue modificado en 1997, cuando se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), que cambiaron el enfoque a uno de ahorro individual, administrado por empresas privadas. En 2021, una nueva reforma comenzó a incrementar gradualmente el número de semanas necesarias para jubilarse, aumentando 25 semanas anualmente hasta que se llegue a las 1,000 semanas en el 2031. Finalmente, el cambio más reciente es la reforma de 2024, que busca garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su último sueldo.
Actualmente, México enfrenta grandes desafíos para hacer viable su sistema de pensiones. La pirámide poblacional se ha transformado: la población de adultos mayores ha aumentado, mientras que el número de jóvenes ha disminuido. Esta realidad ejerce presión sobre los recursos financieros del país, con una demanda creciente de servicios de salud y pensiones.
La alta informalidad también es un problema significativo. Más de la mitad de los trabajadores en México no cotizan en el sistema de seguridad social, lo que dificulta su acceso a una pensión digna en el futuro. Además, aunque el porcentaje de personas en pobreza ha disminuido en los últimos años, aún afecta a un amplio sector de la población. Estas condiciones demuestran que las reformas no han sido suficientes para enfrentar retos estructurales.
El giro hacia un “Humanismo Mexicano”, que pretende un desarrollo incluyente, a partir de una mayor justicia social y bienestar para los sectores más vulnerables de la población, a través de la implementación de programas sociales que priorizan a los más pobres, como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, y Sembrando Vida, si bien han mejorado la calidad de vida de la población y han sido fundamentales para reducir la pobreza, su financiamiento depende en gran medida de la recaudación fiscal y de la asignación de recursos públicos, lo que requiere de un techo presupuestal viable que garantice su sostenibilidad a largo plazo.
El sistema de pensiones mexicano muestra que las mujeres están en clara desventaja respecto de los hombres, limitando su acceso a pensiones dignas. Aspectos como la brecha laboral y salarial, así como las interrupciones en su carrera debido a responsabilidades familiares, relacionadas con el cuidado de los hijos y el hogar, inciden en trayectorias cortas y precarias, lo cual repercute en su capacidad para acumular las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión contributiva en los sistemas del IMSS o el ISSSTE, dejándolas en una situación precaria en su vejez.
De hecho, muchas mujeres no alcanzan las 750 semanas de cotización requeridas tras la reforma de 2020, lo que las excluye de una pensión completa. Este panorama se agrava por la alta informalidad laboral que afecta más a las mujeres: en México, el 54.3% de la población ocupada trabaja en la informalidad y las mujeres representan un porcentaje significativo de esta cifra. Este sesgo estructural propicia que muchas mujeres solo puedan acceder a pensiones indirectas, como las de viudez. De acuerdo con datos de la ONU Mujeres, el 37.78% de las mujeres que reciben una pensión contributiva lo hacen a través de este mecanismo, lo que refleja una dependencia económica que perpetúa la desigualdad de género en la vejez.
Para corregir estas desigualdades, se requiere una mayor sensibilización en torno a la equidad de género en las políticas de empleo y protección social, por lo que los sistemas de pensiones deben reconocer estas variables y realizar reformas estructurales, con un enfoque diferenciado, para adoptar medidas que garanticen que las mujeres no queden desprotegidas.
Si bien las condiciones de vida de un sector importante de la población han mejorado, gracias a la pensión universal que se otorga a adultos mayores, esto no es suficiente, si se toma en cuenta que sólo el 32 por ciento de la población recibe una pensión contributiva, como resultado de sus aportaciones (CONSAR, 2020).
El panorama se vuelve complejo por las tendencias demográficas, la pobreza, la alta tasa de informalidad, la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Como se observa este es un problema multifactorial que requiere de un sistema fiscal más eficiente, con una mayor base de contribuyentes y medidas para integrar a los trabajadores informales, con el propósito de que el sistema de pensiones y los programas sociales no comprometan la estabilidad económica del país.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023.
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El Economista, eleconomista.com.mx. ¿Cuál fue la reforma de pensiones de Ernesto Zedillo?, y ¿Qué ha propuesto Sheinbaum en materia de pensiones e impuestos?
Expansión, expansion.mx. Claudia Sheinbaum: Estos son los 100 puntos que presentó en el Zócalo.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Pobreza multidimensional, 2022.
Edición por: Pablo Villaseñor Inda