INDÍGENAS EN EL PARAGUAY

Varios antropólogos, como Paul Rivert y José Imbelloni, atribuyen a corrientes migratorias prehistóricas la conformación del poblamiento de América (ver Zanardini y Monte de López M.) y, particularmente a dos de éstas, la actual población originaria e indígena del Paraguay . A pesar de ello, para cada pueblo indígena, su origen es mítico y está íntimamente relacionado con su cosmovisión, su cultura y tradiciones que aún mantienen actualizando la memoria e historia de estos territorios.

 Por tanto, la historia más lejana de donde partimos, son los primeros contactos que se tuvieron y comenzaron a identificar a la población indigena de estas tierras. Desde Alejo García que llega al Paraguay en 1524 y luego Sebastián Gaboto, a las expediciones de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Martínez de Irala, Pedro de Mendoza, Juan de Ayolas y Féliz de Azara que se internaron en el territorio manteniendo los primeros contactos durante la época de la colonia.

 “Hasta las ordenanzas de Irala de 1556 que establecen el régimen de encomiendas, el servicio de los guraníes a los españoles no obedecía a una ley determinada; el simple status provisorio de `indios amigos de la tierra` establecía la pauta de las relaciones socio-económicas entre los conquistadores y conquistados” (Susnik, 1965:9). Como indicaba Susnik, los indígenas, principalmente los guaraníes que se encontraban donde se asentaron los españoles, mantuvieron relaciones de reciprocidad, a través del intercambio de sus mujeres como forma de vincularse consanguíneamente para luego exigir –de un lado como del otro- obligaciones. Sin embargo, los guaraníes se vieron prontamente sumidos a relaciones jerárquicas con los conquistadores que les obligaron a prestar servicio perdiendo gradualmente su libertad y su anterior independencia . La población estimada para el siglo XVI, no asciendía a más de “300.000 a 400.000 guaraníes en la región entre el río Paraguay y la costa del Atlántico el estimado de Steward de 200.000 personas en el Paraguay Oriental y el sur del Brasil, basado en un cálculo individual de cada tribu, es quizás el más confiable. Steward calculó una densidad poblacional de aproximadamente 28/100 km2 en la región central del Paraguay, y 33/100km2 a lo largo del Alto Paraná” (Kleinpenning, 2011:46).

La región oriental fue quizás la más explorada desde el comienzo, cuyo centro giró, por varios siglos, en torno a la actual Asunción, capital del país. Las expediciones prosiguieron tras las historias de Eldorado y sus riquezas pero, a partir de 1550, también comienza la dispersión espacial donde se fundan asentamiento al este, noroeste y sur de Asunción y otras partes al interior de la región oriental. En “pueblos de indios” se reunió a grupos de indígenas que al principio estuvieron a cargo principalmente de la orden religiosa de los franciscanos (ver Necker, 1990) hasta que a partir de la primera mitad del S.XVII, la colonización fue dominada por la misión de los jesuitas o Compañía de Jesus (ver Salinas y Folkenand, 2014; Melià, XX; Telesca, 2013) que se adentraron en el territorio manteniendo varias reducciones que alcanzaron para el siguiente siglo su esplendor. (Kleinpenning, 2011)

 “La primera economía de los conquistadores dependía mucho del sistema de rescate, permuta o cambio recíproco con los guaraníes y no menos con los chaqueños” (Susnik, 1965:14) quienes fueron incorporados de otras maneras. Desde la llegada de los españoles, los pueblos chaqueños mantuvieron algunos contactos con los nuevos habitantes realizando intercambios de carne y pieles con éstos sin escapar a ser capturados y convertidos en esclavos. Siempre fueron temidos por los guaraníes por las incursiones hacia su territorio así como luego lo harían con los conquistadores. Estos guerreros que hablaban idiomas diferentes al guaraní, “permanecieron hostiles a los españoles por largo tiempo y evitaron la integración” (Kleinpenning, 2011:51). Ya para la época de la conquista, ya se estimaba que era una región con baja densidad de población por kilómetro cuadrado, “pero podemos asumir en base a los cálculos de Maesder que la población de todo el Chaco oscilaba entre 180.000 a 185.000 en las primeras décadas de siglo diecisiete. Se cree que unos 87.000 indios vivían en el área entre los ríos Bermejo y Verde” (Klienpenning, 2011:52). Los pueblos chaqueños que la habitaban:

SIGLO DIECISÉIS

(Según Stunnenberg 1993:13) (Kleinpenning 2011:53)

Recién a fines de 1800 pudo ser conquistado por los misioneros anglicanos quienes aprendiendo los idiomas de esos pueblos indígenas que la habitaban pudieron relacionarse, evangelizarlos y pacificarlos. A la par comenzarían a ingresar y establecerse las empresas que habían comprado millones de hectáreas en el chaco- con su población- en la bolsa de Lóndres cuando finaliza la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Luego de la Guerra contra el Paraguay, el Estado confisca tierras y declara inviolable la propiedad privada a través de varias leyes. En ese momento, las tierras que no fueran declaradas como propias por terceros y compradas al Estado, volvían a ser fiscales; con ello, el Estado terminó vendiendo grandes extensiones de tierras a extranjeros (Pastore 2008)

“La perdida de los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas en el Paraguay fue operada arbitrariamente por el Estado a través de la promulgación de leyes y decretos de disposición de tierras, leyes confiscatorias, consistentes en la nacionalización primeramente y la enajenación posteriormente de las mismas, obviamente, sin acuerdo o participación alguna de los poseedores ancestrales (Pastore 2008)” (Tierraviva 2013).

Durante el gobierno de Francia se nacionalizaron las tierras, “en 1826 fue declarado patrimonio del Estado más de la mitad de la región oriental y toda la región del chaco” (Vazquez Ll. 1981:98) y luego, ya con Carlos Antonio López como presidente, se promociona la internacionalización del país con políticas migratorias para el asentamiento de extranjeros.

La conformación de grandes latifundios en manos de extranjeros confinaron a los pueblos indígenas a vivir cercados por alambrados y explotados como mano de obra esclava. Claro ejemplo de ello fue lo que ocurrió en el chaco cuando Carlos Casado, un banquero anglo-argentino, adquirió al oeste del río Paraguay, 5.663.598 hectáreas de tierras, haciéndose del 14% del territorio paraguayo (Horst 2011:30) y explotando a la población indígena como mano de obra en los obrajes para la deforestación y extracción de tanino. Otro ejemplo pero en la región Oriental es el de la empresa La Industrial Paraguaya, que llegó a poseer 2,5 millones de hectáreas y que junto a otras dos empresas extranjeras latifundistas más, Obraje Barthe y Mate Laranjeira poseían en total 5 millones de hectáreas empleando a miles de obreros (Riquelme 2003). Estas empresas de capital extranjero monopolizaron la tierra comprando yerbatales y bosques; constituyeron enclaves agroindustriales donde se explotaba madera, yerba mate y tanino a base de mano de obra local –indígena principalmente- gracias a la ley de 1871 de peonaje forzoso. Estas empresas “dominaron la región durante décadas, amparadas en una suerte de carta blanca otorgada por el Estado, que le permitía el control directo de la coacción y su movilización, y cuyos agentes hacían de dóciles aliados“(Riquelme 2003). En poco tiempo, los pueblos indígenas de ambas regiones pasaron a formar un recurso explotable más de las tierras vendidas, tratados con ese mismo carácter y viendo disminuidos sus recursos e impedidos lentamente de circular y disponer de ella de manera libre, como antiguamente lo habían hecho.

Leyes confiscatorias (CSJ 2003):En 1918 se comienza a impulsar la colonización del país con leyes y políticas tendientes a atraer migrantes con el reparto de tierras el cual se profundiza en los años 50 y 60 a través del IRA y luego el IBR durante el gobierno dictatorial de Stroessner que ofrecía tierras a bajo precio[1]; sin tener en cuenta, nuevamente, la población indígena y la posesión ancestral de esas tierras que se estaban ofertando.

A principios de la década del 30 Paraguay y Bolivia entran en una guerra que duraría tres largos y agotadores años (1932-1935). En la Guerra del Chaco, tanto de un lado como del otro, los indígenas tuvieron una gran participación tanto en las filas de combate como de vaqueanos sufriendo la violencia directa e indirecta de la guerra y el contacto con los militares de un bando y otro que esparcieron enfermedades entre la población local. En aquellos tiempos, migrantes menonitas deciden asentarse definitivamente en unas tierras cedidas por Carlos Casado dentro del chaco central desarrollando “un marcado proselitismo religioso y cultural (Klassen  1991). Este proselitismo legitimaba y organizaba la exclusión del universo indígena de la construcción de los nuevos espacios geográficos, económicos, ideológicos que, a su vez, iban desarrollando cada vez más gravitación. Después de aproximadamente treinta años, entonces, el constante aumento de la presión territorial, económica e ideológica” produjo el bautismo masivo entre uno de los Pueblos Indígenas con mayor presencia, el enlhet (Kalish 2007). La guerra y toda la violencia física coincidió con la llegada de los inmigrantes de Canadá y Rusia que se asentaron masivamente en medio de territorios indígenas ocasionando impactos físicos y económicos desfavorables para éstos últimos (Kalish 2007).

Para la década de 1940, con el Estatuto Agrario se dictamina que “la superficie de tierras será en hectáreas igual a tres veces el número de indígenas existentes en el país […] las colonias indígenas deberán registrarse, pudiendo enajenarse los lotes coloniales a los indígenas que demuestren aptitudes indudables para convertirse en propietarios”, todo ello bajo la supervisión de otros (Vazquez Ll. 1981:102). Los latifundios se ampliaron y para 1946 pertenecían en su gran mayoría a empresas extranjeras, “11 empresas que poseían más de 100.000hás ” en la región Oriental y en la “Occidental eran 14 las propietarias de más de 100.000has” (Glauser 2009:29). En el Chaco, la explotación de tanino para el mercado mundial requirió mano de obra prácticamente esclava proveída por los pueblos indígenas que antiguamente allí habitaron “el modelo taninero puso en funcionamiento un régimen de relación laboral similar al esclavista, donde la mano de obra –de mayoría indígena- era explotada hasta su límite máximo. Además, la deuda acumulada por los trabajadores debido al sistema, nunca se saldaba, pasando al siguiente pariente, para continuar con el trabajo”, además existían milicias privadas armadas que protegían todo este sistema pagado por el patrón (Ortega 2013:17)

Ya para la década del 60, adoptado el modelo agro-exportador para el desarrollo económico, los latifundios fueron parcelados y vendidos junto a lo que restaba de tierras fiscales a colonos brasileros y empresas agroindustriales con apoyo del Estado paraguayo- que además otorgó hasta los 80 tierras a colaboradores y familiares del régimen dictatorial-. En la década del 70, ya había cambiado la estructura agraria minifundista y latifundista anterior que había caracterizado principalmente a la región oriental (Palau, 2010). Este cambio implicó más deforestación para obtener mayores beneficios,  una “inmensa explotación del área boscosa para destinar terrenos a la agricultura y ganadería, cuando entonces los bosques fueron talados y se iniciaron varias colonizaciones hacia el norte (especialmente en los Departamentos de Concepción y Amambay) y sur del país (en el departamento de Itapúa)” (Canova 2002:320-324). Entre las décadas del 40 y 60 fue deforestado el 44% de la superficie boscosa del país y ya para comienzos del S. XXI sólo quedaba un 19% de esa superficie total, ecocidio con evidentes consecuencias en la supervivencia de los pueblos indígenas (Canova 2002:322) dado que aún con tierras aseguradas o tituladas a su nombre, cada vez les costará más ser independientes y autónomos sin tener que verse obligados a migrar y vender su fuerza de trabajo que continuará siendo explotada bajo condiciones de trabajo ya conocidas históricamente por ellos (ver Kidd 1998 y OIT 2005).

REPRESA DE ITAIPÚ

A principios de 1980, se promulga la Ley 904 de Estatuto de Comunidades Indígenas donde se crea una secretaría especial para asuntos indígenas. Los pueblos indígenas reducidos y agrupados en comunidades debían presentarse y ser reconocidos por el Estado para así comenzar los burocráticos trámites que permitierían la restitución de parte de sus territorios; otros, habían podido obtener el título de una ínfima parte de su territorio a través de iglesias y el trabajo de instituciones privadas. Sin embargo, como se observó anteriormente, sus territorios habían sido enajenados y explotados, deforestados para dar lugar al monocultivo y la ganadería. Enajenados sus territorios, disminuidos sus recursos, lo que pudieron reclamar terminó siendo una ínfima parte “despojos de sus tierras, de sus territorios tribales y su posterior incorporación como fuerza de trabajo a los mercados regionales […] implica en primer lugar el abandono de un espacio, de una bien definida fracción de tierra que siempre tiene connotaciones religiosas […] disolusión de determinadas estructucturas que le son propias, aquellas que hacen posible, por ejemplo el ejercicio del poder y las instituciones políticas, el liderazgo religioso y sus instituciones, y anula, particularmente, aquella organización social muy propia de los pueblos indígenas, derivada de las relaciones de parentesco, relaciones que constituyen el entramado social básico y el que cementa y define la solidaridad, la cooperación y reciprocidad de sus miembros”(Vysokolan, 1981:86).

En 1994, se reconoce en el capítulo V la anterioridad de los pueblos indígenas a la formación del Estado Nación, además de otros derechos fundamentales, en la nueva Constitucional Nacional.“Todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a éste como problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios teoréticos -y a veces sólo verbales-, condenados a un absoluto descrédito […] La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo ”(Mariategui 1970)