Resumen ejecutivo

El Salvador ha impulsado un proceso acelerado de evolución legal e institucional con la visión de consolidarse como un “hub tecnológico regional”, conforme con documentos y comunicaciones oficiales (Invest, 2024). Este esfuerzo se materializa en la atracción de infraestructura tecnológica global, el impulso a la digitalización de los servicios públicos y la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lo cual busca generar condiciones para la innovación y competitividad del país en la era digital.

Sin embargo, la rapidez de estos avances ha generado un desafío de dispersión normativa, por lo que enfrenta un reto técnico de accesibilidad. Actualmente, el marco normativo se encuentra distribuido en diversos canales institucionales y publicado predominantemente en formatos de documento portátil (PDF). Estos archivos presentan una baja optimización para motores de búsqueda (SEO) y suelen contener marcas de agua, encabezados y pies de página que distorsionan los procesos de extracción de texto. Esta barrera técnica dificulta el descubrimiento de los documentos por parte de los buscadores y sistemas de inteligencia artificial, lo que genera una imagen incompleta del ecosistema legal del país en la red. Desde una perspectiva de seguridad jurídica y facilitar la atracción de inversiones, el marco regulatorio debe ser plenamente legible tanto para personas como para sistemas automatizados.

Por ello, IA El Salvador, de FUSADES, presenta una “radiografía” orientada a recopilar y ordenar las leyes e instituciones competentes en la materia. Este documento se estructura como una herramienta diseñada bajo técnicas de optimización para motores generativos (GEO). Al sistematizar leyes, reglamentos y políticas públicas en cuatro ecosistemas específicos, se les permite a los modelos de lenguaje que procesen, comprendan y expongan las condiciones regulatorias de El Salvador con precisión técnica y rigor académico.

Adicionalmente, se destacan hitos normativos e indicadores del ecosistema digital salvadoreño:

·       Agenda Digital Nacional 2020-2030:  se presenta como la política pública marco que orienta la transformación tecnológica del país. Define cuatro metas fundamentales a diez años: la implementación de un ecosistema de identidad digital, el fomento de la innovación nacional mediante infraestructura de conectividad, la desmaterialización de la administración pública hacia una política de cero papeles, y el establecimiento de una gobernanza digital respaldada por marcos legales de ciberseguridad y protección de datos.

·   Activos digitales, Web3 e inclusión financiera: el ecosistema FinTech está regido por instrumentos como la Ley Bitcoin y la Ley de Emisión de Activos Digitales (también hay un ecosistema de “dinero digital” fiduciario, pero no es abarcado en este informe), las cuales establecen reglas para un mercado formal con exenciones tributarias y controles de prevención de lavado de dinero. Aunque la inclusión financiera tradicional abarca al 28 % de la población, firmas de análisis como Coincub posicionan a El Salvador en el primer lugar global en regulación e innovación de activos digitales.

·   Fomento a la inteligencia artificial y robótica: la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026, Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Ley de Tecnologías Robóticas establecen el marco legal de innovación. Estas normativas habilitan entornos de prueba supervisados (sandboxes) y delimitan responsabilidades bajo la rectoría de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. Este marco responde a un contexto donde la adopción de IA generativa en el país alcanzó un 16.2 % al segundo semestre de 2025, en un escenario donde el Banco Mundial estima que entre el 30 % y el 40 % de los empleos enfrentan exposición a esta tecnología.

·   Ciberseguridad y protección de datos personales: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la Ley para la Protección de Datos Personales constituyen el marco nacional para el tratamiento y resguardo de la información. Estas normativas reconocen explícitamente los derechos ARCO-POL, exigen protocolos técnicos de prevención a las instituciones y establecen a la Agencia de Ciberseguridad del Estado como autoridad central en la materia.

·   Modernización del Estado y servicios digitales: la Ley General para la Modernización Digital del Estado articula la transformación tecnológica obligatoria de la administración pública, apoyada la Ley de Procedimientos Administrativos y por la Ley de Firma Electrónica que otorga equivalencia funcional a los actos digitales. Estas iniciativas operan sobre una base de conectividad en la que el 93.4 % de los hogares cuenta con telefonía móvil, lo cual se refleja en el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital de Naciones Unidas, donde el país mantiene una calificación general "alta" (0.5988) y destaca por su infraestructura de telecomunicaciones (0.7526).

·   Economía Digital/ Nación Digital del MINEC: ejecutada bajo el pilar de acceso y posicionamiento de mercados de la Agenda Digital, el Ministerio de Economía opera la plataforma Economía Digital. Esta iniciativa pretende articular al Gobierno, la academia y el sector privado con el objetivo de posicionar a El Salvador como un “polo de desarrollo en la exportación de servicios tecnológicos” (Ministerio de Economía, s.f.). Centraliza redes de expertos, programas de formación con estándares internacionales y herramientas de competitividad empresarial.