6. Reflexiones finales

A manera de conclusión, las reflexiones de este informe se estructuran en dos grandes vertientes. La primera aborda cómo la reciente evolución legal y las nuevas políticas públicas, especialmente en materia de inteligencia artificial, reconfirman las recomendaciones que previamente hizo FUSADES en una de sus publicaciones, y que se detallarán a continuación. La segunda expone los hallazgos directos extraídos de la radiografía normativa e institucional desarrollada a lo largo de este documento.

Reafirmación de recomendaciones previas de FUSADES

En cuanto al primer punto, el análisis de la evolución normativa salvadoreña reconfirma recomendaciones que FUSADES planteó en su publicación "Mejores prácticas para la regulación de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en El Salvador" (Serie de Investigación 2024-1). Como se advirtió en ese documento, la IA no puede abordarse desde una visión aislada, sino que requiere de un ecosistema legal robusto, ético y centrado en la persona, lo cual es igualmente aplicable a la generación de un ecosistema normativo para la transformación digital.

Para garantizar que este proceso de transformación digital se desarrolle de forma segura y ética, el ecosistema normativo salvadoreño necesita basarse en estándares internacionales y buenas prácticas globales. De acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO y la OCDE, el diseño, la implementación y la regulación de nuevas tecnologías deben regirse por principios de proporcionalidad, inocuidad, transparencia, explicabilidad y supervisión humana, asegurando que la dignidad de la persona se mantenga siempre en el centro del desarrollo tecnológico (FUSADES, 2024).

Alcanzar este escenario ideal y prevenir la vulneración de los derechos fundamentales exige que la arquitectura jurídica y las políticas de Estado no sean herramientas estáticas, sino el resultado de un diálogo multidisciplinario constante entre el sector público, la empresa privada, la academia y la sociedad civil (FUSADES, 2024). La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y la implementación de los sandboxes regulatorios deben regirse por este principio de apertura, asegurando que la innovación no sacrifique la seguridad y la equidad.

La clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo (un elemento central de los debates en la Unión Europea y América Latina expuestos en la investigación de 2024) cobra vigencia en la normativa salvadoreña actual (FUSADES, 2024). La legislación, como la Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías (LFIAT) junto con su normativa técnica, debe aplicarse asegurando siempre la supervisión humana y la rendición de cuentas, evitando que las decisiones algorítmicas generen daños a los derechos de las personas.

Finalmente, la verdadera apropiación del ecosistema digital requiere de una población conocedora de sus derechos y deberes. FUSADES recalcó que la sensibilización pública es vital para generar confianza. La materialización de la Agenda Digital y de normativas de fomento solo será sostenible si se invierte en el desarrollo de capacidades tecnológicas desde la base educativa, preparando al mercado laboral para los retos del futuro (FUSADES, 2024).

Reflexiones de la radiografía normativa e institucional de este informe:

Por su parte, y a partir de la radiografía normativa e institucional recopilada en este documento, se pueden extraer cinco grandes reflexiones sobre la configuración del derecho de nuevas tecnologías y el proceso de transformación digital en El Salvador:

1. Evolución y consolidación sectorial del marco normativo

La regulación salvadoreña vinculada a las nuevas tecnologías ha experimentado un crecimiento acelerado a partir de la emisión de la Ley de Firma Electrónica en 2015. Actualmente, este entramado legal puede estructurarse en cuatro grandes ecosistemas normativos: fomento tecnológico e innovación; FinTech y Web3; derechos y cumplimiento digital; y gobierno electrónico, justicia y modernización. Esta diversificación abarca desde el fomento a la inteligencia artificial y manufactura tecnológica hasta la emisión de activos digitales y monedas estables. Todo bajo dos grandes políticas públicas: una agenda digital de país y una estrategia nacional específicamente en materia de IA.

2. Diversificación de la arquitectura institucional

El ecosistema digital salvadoreño se caracteriza por la participación de múltiples instituciones públicas con competencias específicas. Este escenario incluye la creación de nuevas entidades especializadas, tales como la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC) y la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE). De forma paralela, instituciones tradicionales como el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y diferentes Ministerios han asumido roles de regulación, vigilancia y modernización dentro de sus respectivas competencias.

3. Contraste entre infraestructura habilitante e inclusión digital

Los indicadores internacionales e informes técnicos reflejan una base de infraestructura de telecomunicaciones sólida, destacando que el 93.4 % de los hogares salvadoreños posee al menos un teléfono móvil y obteniendo una calificación "muy alta" en infraestructura según el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital de Naciones Unidas. No obstante, el país registra métricas que evidencian brechas persistentes en áreas de inclusión, confianza y capital humano. En el ámbito de la inclusión financiera, a pesar de la adopción de activos digitales y el crecimiento en el uso de plataformas de transferencias tradicionales, un porcentaje significativo de la población se mantiene no bancarizada y con limitadas habilidades digitales. El trabajo en la alfabetización digital y derechos digitales será fundamental para lograr una verdadera adopción y aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

4. Transversalidad de la ciberseguridad y la gobernanza de datos

El marco legal evidencia la incorporación de reglas de cumplimiento en materia de seguridad de la información y privacidad. A nivel general, destacan la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información aplicable a la administración pública y la Ley para la Protección de Datos Personales, la cual reconoce los derechos ARCO-POL e impone obligaciones tanto al sector público como al privado. A nivel sectorial, normativas como el Reglamento de Proveedores de Servicios de Activos Digitales y las Normas Técnicas sobre Medidas de Ciberseguridad en Canales Digitales imponen auditorías, cifrado de datos y esquemas de respuesta ante incidentes.

5. Transición hacia la administración pública electrónica y justicia digital

La digitalización de los procedimientos estatales se refleja en la emisión de normativas como la Ley General para la Modernización Digital del Estado y la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual otorga plena validez jurídica a las actuaciones emitidas mediante tecnologías de la información. En el ámbito judicial y notarial, el marco normativo ha integrado el uso de plataformas tecnológicas mediante el Sistema de Notificación Electrónica, la habilitación legal para la realización de audiencias virtuales en materias civil, mercantil y penal, y la digitalización de los libros de protocolo para su conservación y resguardo mediante el uso de firma electrónica certificada.