En Colombia, la administración pública atraviesa un proceso de transformación profundo con el objetivo de adaptarse a las exigencias sociales, políticas y ambientales del siglo XXI. Este cambio es liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que ha propuesto un enfoque innovador llamado bioadministración pública, el cual sitúa la protección de la vida en todas sus formas, la construcción de la paz y la participación ciudadana como ejes centrales de la gobernanza.

La bioadministración pública surge como una respuesta a los desafíos contemporáneos, especialmente en un contexto nacional marcado por desigualdades, violencia y degradación ambiental. Bajo este enfoque, se busca reorganizar las administraciones públicas en ecosistemas administrativos, los cuales promuevan la colaboración efectiva entre las diferentes entidades del Estado y la sociedad civil. Este modelo integra no solo la modernización tecnológica y la eficiencia administrativa, sino también la inclusión social y territorial, reconociendo las diversidades geográficas y culturales del país.

Uno de los principales objetivos de la bioadministración es agilizar los procesos administrativos para responder de manera más oportuna a las demandas ciudadanas, reduciendo la burocracia y evitando la duplicidad de funciones entre entidades. Asimismo, el enfoque se enfoca en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, factores esenciales para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Este proceso de transformación también impulsa una participación ciudadana activa en la formulación y ejecución de políticas públicas, fomentando un sentido de corresponsabilidad y control social sobre los recursos y decisiones del Estado.

A nivel territorial, la bioadministración pone especial atención en las necesidades particulares de cada región. Este enfoque descentralizado busca que las decisiones gubernamentales y los recursos públicos se gestionen de manera más cercana a las comunidades, considerando las realidades económicas, sociales y ambientales de cada zona. De este modo, las administraciones públicas tienen el reto de contribuir a la reducción de brechas territoriales, generando un desarrollo más equitativo y justo en todo el país.

El concepto de bioadministración pública también está intrínsecamente ligado a la protección del medio ambiente. En un contexto global de crisis climática, esta propuesta aboga por una gestión pública que respete y preserve los ecosistemas, garantizando que las políticas públicas promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. Esto no solo se alinea con los compromisos internacionales de Colombia en materia ambiental, sino que también refuerza el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, tal como lo consagra la Constitución del país.

Además, la bioadministración busca combatir la corrupción y fomentar la ética en el servicio público, asegurando que los servidores públicos actúen con integridad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. La transparencia se convierte en un pilar fundamental para asegurar que los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente y que los ciudadanos puedan monitorear el desempeño de las instituciones públicas.

Este proceso de transformación no es ajeno a los desafíos que enfrentan las administraciones públicas en todo el mundo. Países como Singapur y Dinamarca ya han avanzado en modelos de gestión pública basados en la sostenibilidad, la transparencia y la participación ciudadana. En el caso de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” es el marco que guía la implementación de la bioadministración, en un esfuerzo por construir un Estado más inclusivo, participativo y comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos.

Finalmente, la bioadministración pública busca ser una herramienta poderosa en la construcción de la paz en Colombia. Al priorizar la inclusión, la justicia social y la protección de la vida, este enfoque responde a la necesidad de erradicar las diversas formas de violencia que han afectado al país por décadas. A través de políticas públicas que promuevan el diálogo, la participación y el desarrollo sostenible, se espera que las administraciones públicas puedan contribuir de manera decisiva a la paz duradera y a la consolidación de una sociedad más justa y equitativa.

Consulta más detalles en la fuente: BioAdministración Pública No. 2 - Revista Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública.