En los años 70’s el gobierno tenía que decidir como parte de la política económica, mantener el control y la participación en las actividades económicas o liberalizar la economía. En el ámbito internacional el comercio mundial se había expandido y la tendencia de los países era apostar por construir economías “abiertas” aún, cuando se reconocía el papel regulador del Estado como promotor del desarrollo.
El propósito de que el eje de la inversión nacional lo ejerciera el sector público, era que, con los ingresos de la explotación y producción de los yacimientos petroleros, se financiara la inversión en infraestructura productiva, la creación de plantas productoras de bienes de capital, y la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país, bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real.
Se optó por el modelo compartido que era una política económica de corte populista, caracterizado por una participación subsidiaria del Estado para suplir o fortalecer la inversión privada.
El nivel de inversión del gobierno se mantuvo con un gasto público deficitario, que fue de 2.5 por ciento del PIB en 1971 y del 14.1 en 1981. La deuda pasó de 6 mil millones de dólares en 1971 a 20 mil millones de dólares a final del sexenio.
Si bien es cierto, el gasto público es un motor importante del crecimiento en nuestro país, estuvo vinculado al crecimiento de la deuda interna y externa, así como los recursos derivados de la extracción y exportación del petróleo.
El descubrimiento en 1970 de yacimientos de petróleo, permitió financiar una parte importante del gasto público que se orientó a la creación de infraestructura productiva, generación de empresas productoras de bienes de capital. Por otro lado, la distribución del ingreso desigual, permaneció casi intacto. La situación de la economía mexicana durante el periodo no permitió que ésta creciera más rápido para generar más empleos y un incremento en el nivel de vida de la población a través del PIB por habitante.