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Fecha de publicación: Jul 26, 2013 9:51:53 AM
Aunque no soy muy partidario de los que se hacen llamar Izquierda Unida, y que a mi juicio ni son de izquierda y son cualquier cosa menos unidos, reconozco que a veces hacen bien las cosas, como por ejemplo esta solicitud que han presentado ante el Muy Corruptísimo HayUnatamiento de Málaga, y que aquí tengo el placer de reproducir.
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MOCIÓN URGENTE
Que presenta el portavoz del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, Eduardo Zorrilla Díaz, la portavoz adjunta, Antonia Morillas González, y la concejala Ana García Sempere, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, contra la corrupción política y en la administración municipal.
La corrupción política es una inmoralidad, a veces también una ilegalidad, que está instalada en el sistema económico y político, en diversas comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Se ha convertido en un problema de primer orden y preocupación social, agravada si cabe, por las duras consecuencias que la crisis, con más de seis millones de parados, y los recortes que el gobierno está infligiendo a importantes sectores de la población.
La corrupción está relacionada con el mal uso del poder político con el fin de conseguir un beneficio o ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. De esta forma, es corrupto cualquier comportamiento que de convertirse en conocimiento público conduciría a un escándalo, ya sea este delictivo o no. Por desgracia muchas veces la corrupción política no está considerada como lo que es, una lacra social, sino que, más bien, es considerada ya incluso como algo normal, quizás por haberse dado con demasiada frecuencia, sobre todo en los años de la cultura política del pelotazo.
La dignificación de la vida política, todo lo relativo a la transparencia, control y responsabilidad en la vida pública, no pueden ser cuestiones ajenas a la vida de la gestión municipal, sino que, por el contrario, debe extremarse el control de la misma y las acciones positivas para lograr este fin.
Ante un creciente aumento de los casos de corrupción política, en muchos casos ligados a contratos de la administración local, es necesaria una respuesta rápida de los partidos políticos ante las acciones corruptas, que se adopten los mecanismos de investigación y las reformas oportunas.
A través de la investigación judicial seguida en el denominado “caso Gürtel”, se ha conocido la existencia de muchos millones de euros en cuentas bancarias en Suiza cuyo titular es Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del Partido Popular e imputado en la citada causa. Según ha trascendido a la opinión pública, con fondos procedentes de empresas y de contratistas se pudieron hacer pagos de sobresueldos en dinero negro a cargos del PP y de la propia Administración Pública.
Estos hechos, en caso de probarse, supondrían la existencia de un sistema de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada, vinculada a un partido político. Según se ha relatado en los medios, los tesoreros del PP presionaban a alcaldes y concejales para que manipularan concursos públicos a favor de las empresas que ellos elegían, algunas investigadas por el pago de sobornos a políticos. Durante al menos los últimos 20 años el PP habría estado recibiendo donaciones en metálico de constructores y empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de la administración pública, sobre todo en Ayuntamientos y Comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Según el relato publicado en un medio de comunicación, el modus operandi comenzaba con la entrega del dinero en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero en la calle Génova. Al día siguiente de la entrega o como mucho durante la semana posterior, el tesorero del PP llamaba al alcalde o concejal competente en el asunto que afectaba al donante. Según Luis Bárcenas, siempre se recurría a la misma literalidad: «¿Qué tal? Te va a llamar fulanito. Tengo interés en que lo recibas. No conozco el tema del que te va a hablar. Sólo te pido que seas amable y te tomes un café con él».
Todo este dinero presuntamente recibido como comisión por constructoras y empresas a las que se adjudicaban contratos públicos pasaba a formar parte de la contabilidad “b” del PP. Así, hemos visto que en la supuesta contabilidad “b” del caso Bárcenas existen referencias en una docena de ocasiones a Málaga. También se puede constatar por escrito una supuesta transferencia “A Málaga” de la contabilidad nacional. Asientos contables en los papeles atribuidos a Bárcenas con las frases “De Málaga”, “A Málaga”, “Concejal de Málaga”. Hasta 12 veces y a su lado cantidades de 3.000 a 20.000 euros. Estas revelaciones podrían agravar la situación cuando menos delicada del PP con relación a los casos "Gürtel" y "Bárcenas" en Málaga. En ese sentido, recordamos que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pidió recientemente a la actual tesorera del Partido Popular los libros de contabilidad correspondientes al periodo del 1998 a 2011, 2004 y 2007 del PP en Málaga.
En relación al caso Gürtel, hay que recordar que el Ayuntamiento de Málaga, adjudicó a la empresa BEGAR, del constructor José Luis Uribarri, imputado en la operación Gürtel, las obras de 280 VPO de Soliva por importe de 22,5 millones de euros, que luego dejó colgada al presentar un expediente de concurso de acreedores. Está empresa es investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y de falsedad.
Asimismo, adjudicó a TECONSA, implicada en el caso Gürtel, las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce por valor de 4,38 millones de euros. La constructora subcontrató los trabajos a 6 empresas, algunas de las cuales denunció a TECONSA por no pagarles a pesar de haber inflado las certificaciones finales de las obras. Ante la falta de pago, las empresas dejaron paralizada la obra de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando apenas se había ejecutado un 10%, por lo que el Ayuntamiento de Málaga tuvo que resolver el contrato y rescatar la adjudicación.
En relación al caso "Bárcenas", hay que señalar que gran parte de las donaciones registradas en la supuesta contabilidad B se solapan en el tiempo con lucrativos contratos públicos decididos por administraciones gobernadas por el Partido Popular, especialmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Entre todos los constructores que aparecen en la lista, recibieron más de 6.600 millones de euros en contratos públicos durante estos años. Todo ello pese a que la ley electoral prohíbe tajantemente que empresas que contraten con la Administración donen a los partidos políticos.
Según la supuesta contabilidad B presentada por Bárcenas, el PP de Málaga ingresó en solo 4 años 160.000 euros a las arcas del PP de la calle Génova, en concreto fueron 162.270 euros entre noviembre de 1998 y junio de 2001. Tal irregularidad sirvió para que desde la provincia malagueña saliesen pagos (hasta nueve) de tres millones de pesetas, dados en intervalos de entre tres y cinco meses. La contrapartida llegó a partir de julio del año 2000, cuando el dinero esta vez llegaba a la provincia con pagos que van desde 2 millones de pesetas, varios de hasta 160.000 y 20.000 pesetas, uno de 33.072 euros, bajo diversos conceptos.
La empresa Sando supone uno de los casos donde las donaciones y las adjudicaciones se solapan de forma más evidente. Según la supuesta contabilidad B del PP, donó al PP un total de 1’15 millones de euros, en varios pagos de 100.000 euros. Cada uno de los ingresos coincide en el tiempo con una adjudicación pública. Sando entregó 100.000 euros al PP en junio de 2003. El 17 de noviembre de ese mismo año, Sando entrega otros 100.000 euros. La historia se repite en febrero y junio de 2004 donde hay dos nuevos ingresos de 100.000 euros. Esta relación causa efecto se sigue repitiendo hasta 2007. A finales de mayo de ese año se produce un nuevo envío de 100.000 euros.
En este mismo periodo, entre 2002 y 2007, la Gerencia de Urbanismo de Málaga adjudicó obras por valor de 28 millones de euros a Sando. En esos años Sando se quedó con el 11 por ciento de la obra contratada a través de una veintena de adjudicaciones en un periodo de seis años, según la respuesta oficial recibida a una pregunta formulada el pasado mes de marzo por el grupo municipal de Izquierda Unida. De igual forma, Sando también presta sus servicios al Ayuntamiento de Málaga en otras áreas, como la de Parques y Jardines, donde ha facturado a través de su filial Althenia unos 22 millones de euros en los últimos años por el cuidado de las zonas verdes.
También, si vamos a las hemerotecas, en las mismas fechas en las que supuestamente Sando entrega todo este dinero al PP, se adjudica lo que desde IULV-CA denominamos "el contrato del siglo", que fue la adjudicación a la UTE formada por FCC, Urbaser y Sando del contrato de Limasa III, la empresa mixta que gestiona la recogida de basura y la limpieza de calles. Por el que estas empresas reciben muchos millones de euros del presupuesto público cada año. En aquel momento nuestro grupo denunció presiones políticas en la adjudicación de este contrato, especialmente para la entrada de Sando, que hasta entonces no formaba parte de Limasa (Cinco Días, 28-08-03).
En el ámbito de la gestión de los concejales del Ayuntamiento de Málaga, también se han dado en estos años algunos comportamientos presuntamente corruptos o cuanto menos poco éticos. Hasta seis de los concejales que integran o han integrado el equipo de gobierno del PP se han visto salpicados por presuntas anomalías en su gestión. La mayor parte de estas irregularidades están vinculas a contratos menores, adjudicaciones directas o a procedimientos en los que se invitó a tres empresas vinculadas entre sí, es decir, de un mismo empresario.
Los concejales Manuel Díaz, Elías Bendodo, Teresa Porras, Manuel Marmolejo, Teresa López o José Hazañas, son los nombres propios afectados por dudosos procedimientos de adjudicación de contratos, concesión de subvenciones y gestiones personales. Todos se mantuvieron al frente de sus respectivos departamentos, excepto Manuel Marmolejo que dimitió tras haber adjudicado casi un centenar de obras a una empresa de su cuñado. Todos adjudicaron dudosos contratos. Aunque luego muchos de los concejales implicados no repitieron en la lista de PP.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó por unanimidad un código de buen gobierno local para combatir la corrupción en la Administración local. Es una declaración de intenciones, en la que, entre otras medidas, figura la recomendación de que alcaldes y concejales rechacen los regalos, mayor control en contratos públicos y subvenciones, y la obligación de informar y mantener reuniones con la oposición. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2009, el Partido Popular en su Conferencia Intermunicipal celebrada en Sevilla, aprobó un documento denominado “Bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción”. En dicho documento, se proponen 50 medidas que de aplicarse incrementarían la transparencia en la gestión pública y evitarían la aparición de casos de corrupción en la Administración local.
En el ámbito municipal, la corrupción tiene una gran incidencia y capacidad de contaminación. Por ello, consideramos que es necesario aprobar leyes y tomar medidas para cortarla de raíz. A estas prácticas, se une la resistencia a la trasparencia, a dar explicaciones o dirimir responsabilidades sobre prácticas poco justificables en la gestión de lo público. Para que se haya podido llegar a esta situación debemos igualmente hacer referencia al comportamiento de muchas empresas privadas que han sido colaboradores o promotores necesarios y que están contaminadas por esa corrupción. Es por ello que consideramos que ante la corrupción, es necesario garantizar y reforzar el control público y situar la transparencia en la primera línea de la agenda política.
En atención lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes
A C U E R D O S
1º.- Continuar las iniciativas de potenciación y desarrollo de todos los canales municipales
sobre la transparencia, la participación y la información sobre la gestión de los contratos públicos del Ayuntamiento de Málaga, dado que todo se hace con el dinero público del conjunto de la ciudadanía.
2º.- La reprobación del equipo de gobierno del PP por la enorme falta de transparencia en los procedimientos de contratación, abuso de contratos menores y de la contratación directa en las Áreas Municipales, Organismos Autónomos y Empresas Públicas del Ayuntamiento de Málaga.
3º.- Instar al equipo de gobierno a incorporar al Reglamento Orgánico Municipal y normas internas del Ayuntamiento de Málaga un código de buen gobierno local para combatir la corrupción en la Administración local, tal como propone la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
4º.- Mostrar nuestro desprecio y condena hacia todas aquellas personas, entidades, partidos
o empresas privadas, que aprovechándose de sus cargos públicos, poder político o económico, o de su cercanía a quienes lo ostentan, información privilegiada, o cualquier otra razón, han llevado o lo están haciendo, prácticas corruptas de aprovechamiento de su situación para lucrarse con el dinero público de los ciudadanos que se encuentran desprotegidos ante ellos.
5º.- Instar Gobierno central y al Congreso de los Diputados a realizar las reformas legislativas oportunas para luchar contra la corrupción, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa, ya que consideramos que los delitos de corrupción deben de ser tratados con más dureza y tener otro tratamiento más contundente en el Código Penal, ya que muchos han quedado totalmente impunes, o con penas y sanciones demasiado leves, así como hacer reformas para que las empresas no puedan dar dinero a los partidos ni de forma anónima ni pública.
6º.- Exigir la dimisión del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, por dignidad democrática, y la convocatoria de elecciones anticipadas, ya que el partido en el gobierno está deslegitimado por los graves casos de presunta financiación ilegal que se están conociendo y porque no puede continuar gobernando entre la sospecha de corruptelas que ha intentado ocultar a la opinión pública.
Eduardo Zorrilla Díaz Antonia Morillas González Ana García Sempere
Portavoz Grupo IULV-CA Portavoz Adjunta Grupo IULV-CA Concejala Grupo IULV-CA
Málaga a 25 de julio de 2013
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Fuente: Revista El Observador
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