Durante años, la posibilidad de que las personas con Discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID) presentasen un trastorno psicopatológico y/o alteraciones de la conducta (TM), ha sido menospreciada tanto por profesionales como por gestores sanitarios, al considerarse menos debilitante que la propia discapacidad intelectual, o al considerarse una consecuencia inevitable de la misma. La coexistencia de ambos trastornos, el intelectual y el mental, generalmente no ha sido lo suficientemente reconocida, casi siempre infra diagnosticada y, consecuentemente, no tratada. Reiss (1982) hace referencia al fenómeno denominado “diagnóstico eclipsado” para explicar como la atribución de las alteraciones de la conducta a la propia condición de persona con discapacidad intelectual puede enmascarar un proceso psiquiátrico subyacente.

Es necesario señalar que la mayoría de personas que presentan ambos diagnósticos, casi nunca son evaluadas correctamente, ni mucho bien atendidas tanto en los Servicios de Salud Mental, como en el resto de dispositivos socio sanitarios, ya que estos no tienen ni los recursos necesarios, ni los profesionales tienen la preparación y formación adecuadas. La falta de conocimientos y de la experiencia de los profesionales de este sector, principalmente de psiquiatras, psicólogos, pedagogos, y neurólogos, ha sido uno de los principales obstáculos hasta el día de hoy.

Para una persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, con dificultades de adaptación al medio, un trastorno mental adicional puede suponer requerir de una atención más intensa, con mayores necesidades de apoyo, y puede conducir a que su calidad de vida se vea seriamente afectada si sus problemas psicopatológicos y alteraciones del comportamiento no son diagnosticados y tratados de forma eficaz.

Del mismo modo, la observación clínica nos indica que hay un aumento de la incidencia de patología psiquiátrica en las personas con discapacidad intelectual. Si lo comparamos con la incidencia en población general, los estudios nos indican entre dos y cuatro veces más.

En definitiva, hay una carencia formativa especializada muy importante en este ámbito, aunque es evidente la importancia y alcance de la situación.

Desde las organizaciones que prestan servicios a estas personas, se está trabajando de forma conjunta con la administración regional y nacional para dar pasos en estrategias de capacitación y formación del personal que ya forma parte de las redes de atención. No obstante estas estrategias se limitan a acciones formativas aisladas a través de la escuela de ciencias de la salud y de administración pública, que no permiten profundizar con calidad en este ámbito. Es por ello por lo que se hace necesario en nuestro país, y en nuestra comunidad, como ya se está promoviendo en otras universidades españolas, un Máster Universitario que venga a complementar la formación necesaria que permita una adecuada atención a este colectivo.